Este documento propone una política pública anticorrupción en Honduras. Identifica que la corrupción es un problema estructural que afecta la independencia judicial, la transparencia en el gobierno y la rendición de cuentas. Propone cinco ejes para combatir la corrupción: asegurar la independencia judicial, juzgar los delitos de corrupción, fortalecer al Ministerio Público, promover la participación ciudadana en las instituciones anticorrupción y crear un sistema integrado contra la corrupción. El objetivo es promover una reforma del sistema de

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Resumen Ejecutivo
La corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública: una
propuesta de cambio.
Este documento focaliza sus propósitos en el conocimiento de la situación que
atraviesa actualmente la institucionalidad creada en Honduras para combatir la
corrupción pública y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la
gestión gubernamental, que constituye un punto de partida indispensable para
proponer los lineamientos básicos de una política pública anticorrupción que
responda a necesidades y demandas sociales concretas, entre estas el
fortalecimiento del Estado de derecho garantizando la independencia judicial y la
democratización de los órganos de justicia.
Con tal finalidad, este documento se divide en tres partes en las que se describen
los rasgos fundamentales de los temas y problemas que caracterizan actualmente
la corrupción pública, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión
gubernativa, identificando sus carencias y obstáculos, los actores principales, las
articulaciones que se producen en la dinámica política y social, así como las
respuestas que emergen de las organizaciones de la sociedad civil.
Desde el inicio de la década anterior se reconoce que en Honduras la corrupción
pública es “estructural, trasversal, sistémica, conductual y globalizante”,
promoviéndose desde entonces la necesidad de “diseñar e implementar una
estrategia anticorrupción integral”, como lo hizo el Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA). La misma entidad distinguió tres grupos de actores
participantes en la corrupción pública: 1) los operadores privados; 2) los políticos;
y, 3) los funcionarios no electivos, incluyendo los empleados de la administración
pública y la judicatura.
Los avances formales en la lucha contra la corrupción, concretados en el
reconocimiento del problema, la legislación y la creación de una institucionalidad
destinada a tal fin, no han sido garantía de éxito o un freno significativo para
contener el crecimiento de la corrupción pública y sus consecuencias políticas y
sociales. Por el contrario, en 2008 el FOSDEH y otras organizaciones de la
sociedad civil reconocían que los conflictos de interés más agudos en la cúpula
gubernamental se producían alrededor de los rubros económicos más rentables,
dependientes de concesiones estatales.
En julio de 2011, el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
(CVR) reconoció que “en la crisis del 28 de junio existieron elementos de
corrupción que influyeron y agravaron directamente el conflicto. (…) Asimismo,
hemos encontrado que existen una serie de vacíos legales y procesales, como
debilidades en las instituciones encargadas del control de la corrupción en el país”,
por lo que su principal recomendación en esta materia se orientó a facilitar la suma
de esfuerzos, la coordinación y acción común en el combate a la corrupción

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pública, fomentando la participación y el fortalecimiento de las capacidades de
control de la ciudadanía organizada.
Los informes de la Comisión Multinacional de seguimiento a las reformas en el
sector justicia revelaron, en 2012 y 2013, mecanismos específicos utilizados por
altos funcionarios gubernamentales para mediatizar los procesos o inhabilitar las
propuestas que buscan redefinir la reforma institucional iniciada para llenar los
vacíos identificados en el Estado de derecho. En tal contexto concluyó que ante
los altísimos niveles de impunidad que se viven en Honduras, “No basta señalar
que la justicia no funciona porque la policía y los fiscales no producen resultados.
La necesidad de contar con jueces profesionalmente idóneos, honestos,
motivados y valientes no puede ser soslayada”.
La propuesta con lineamientos básicos para una política pública anticorrupción,
expuesta en este documento, constituye un intento para responder a las carencias
identificadas, que en este caso actúan como ejes articuladores de soluciones y
alternativas específicas para enfrentar los problemas presentes.
Estos ejes no solo expresan las carencias y vacíos institucionales existentes, sino
también demandas sociales y políticas concretas, cuyas alternativas de solución
reúnen las propuestas y esfuerzos de diversas organizaciones civiles vinculadas a
esta problemática, destacándose los siguientes ejes articuladores:
I. Asegurar la independencia judicial.
II. Juzgar y sancionar los delitos para erradicar la corrupción y la impunidad.
III. Reconstituir la institucionalidad del Ministerio Público.
IV. Promover la participación ciudadana en las instituciones anticorrupción.
V. Crear el sistema integrado de erradicación de la corrupción pública.
II. LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
La institucionalidad vinculada con la transparencia y la rendición de cuentas data
en su mayoría del primer decenio del siglo actual. A pesar de los avances
puntuales que se le reconocen, sufre estancamientos y retrocesos que facilitan la
acumulación de problemas sin resolver. Algunos avances fueron reseñados en los
Informes Nacionales de Transparencia (2007, 2009), que vincularon la corrupción
pública, la falta de transparencia y las debilidades de los procedimientos de
rendición de cuentas con la gobernabilidad, el desarrollo y la reducción de la
pobreza. No obstante, un factor clave a tener en cuenta es el escaso grado de
legitimidad de dicha institucionalidad en la ciudadanía.
Los principales problemas en este ámbito son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
Los procesos de contratación del Estado;
El financiamiento dudoso de las campañas de los partidos políticos;
El desvío de fondos de proyectos del Estado;
El soborno a funcionarios públicos para adjudicarse compras del Estado;

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e) La entrega de la dirección de entes claves a personas ligadas a grupos
económicos y políticos, que toman sus decisiones con un amplio rango de
discrecionalidad, por lo general favoreciendo intereses corporativos o
personales.
f) Una alta concentración en ciertos proveedores estatales en áreas como la
adquisición de bienes y servicios para el sistema de salud, educación,
construcción de infraestructura, otorgamiento de licencias para el trasporte,
entre otros rubros.
III. LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos es crucial
para generar confianza social en la democracia, como lo reconoce el Tribunal
Superior de Cuentas (TSC), que aboga por una “cultura de la legalidad, la
transparencia y la honestidad”. No obstante, en 2012 la misma institución
reconoció que la situación de la rendición de cuentas en las instituciones estatales
manifiesta avances y retrocesos, manteniendo su institucionalidad en pie pero sin
lograr plenamente los objetivos y resultados esperados.
Un reconocimiento similar fue hecho en mayo de 2013 por la comisión
gubernamental nombrada para revisar las exoneraciones fiscales otorgadas por el
Estado a organismos privados, civiles, estatales, religiosos y extranjeros, cuyo
Informe Final reveló la falta de transparencia y control sobre los derechos de
exoneración concedidos por el Estado. Tal situación genera un ambiente propicio
para la comisión de actos de corrupción por parte de los beneficiarios, que no
están obligados a rendir cuentas ante el Estado y la ciudadanía. Sin embargo,
como lo reconoce dicha Comisión, “… el impacto económico y social de las
exoneraciones fiscales es evidente, el actual sistema de incentivos ha servido para
favorecer a determinados grupos y sectores económicos en menoscabo de otros
sectores y grupos que han tenido que competir en condiciones desiguales”.
Ante la precariedad en que se encuentran actualmente los tres temas principales
de la institucionalidad considerada en este documento, la propuesta de política
pública que se esboza al final se orienta no solo a enfrentar los problemas
inherentes a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, sino la
globalidad del sistema judicial y los operadores de justicia cuya reforma es
indispensable para fortalecer el Estado de derecho, asegurar el acceso de la
ciudadanía a la justicia y consolidar la institucionalidad anticorrupción. Todo lo cual
se concreta en los objetivos siguientes:
1. Promover una reforma integral del sistema de justicia en correspondencia con
sus necesidades y vulnerabilidades actuales, para erradicar las prácticas corruptas
en la administración gubernamental a través de medidas de política pública que
fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones
estatales.
2. Asegurar una amplia participación ciudadana en la definición, implementación,
seguimiento y control de los resultados en todos los planes, proyectos y

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estrategias orientados a una reforma integral de los operadores de justicia y la
institucionalidad vinculada a la transparencia y la rendición de cuentas.
3. Promover consensos políticos y sociales que conduzcan a un proceso ordenado
de reforma integral del sistema de justicia que fortalezca el acceso de la
ciudadanía a la justicia y su aplicación imparcial, potenciando por esta vía el
combate a la corrupción, la impunidad y la desigualdad de oportunidades que
generan inequidad y desintegración social.
Estos objetivos, sumados a los ejes articuladores y los lineamientos estratégicos
que los concretan, buscan constituirse en un conjunto satisfactorio y coherente de
iniciativas para darle cumplimiento a los propósitos y contenidos de esta
propuesta. Esperando, además, concretar los fines de Honduras Debate en cuanto
a aportar insumos específicos que contribuyan a fortalecer el Estado de derecho y
la democratización política y social de Honduras.