En el caso singular del Sr. Aramayo, tal es la historia procesal sin fundamento legal que ha motivado la redacción de esta publicación, que muestra paso a paso los actos de incumplimiento del Estado boliviano frente a los derechos fundamentales y judiciales de un ciudadano. A su vez, el informe hace una sistematización del tipo de actos cometidos por la justicia y la policía —quienes transgreden a menudo la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura que Bolivia ratificó en 1999—. Además, muestra el no respeto a la vida, ya que se ha puesto en riesgo la vida del Sr. Aramayo en repetidas ocasiones, dejando graves secuelas físicas y psíquicas en su integridad, sin que nunca se haya emitido ninguna denuncia por parte de las autoridades que están sujetas a la obligación de denunciar vulneraciones de DDHH si hay existencia o conocimiento de tales hechos. De tal modo, se pueden considerar a las autoridades implicadas en este caso como directamente relacionadas a actos de tortura, ya sea en calidad de autores o de cómplices.