El editorial argumenta que los países modernos cuentan con entidades de referencia para guiar las decisiones de salud del gobierno y la población. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) cumple este papel como autoridad técnico-científica en temas de salud, a pesar de limitaciones presupuestales. Sin embargo, recientemente se han puesto en duda los conceptos del INS y han surgido cuestionamientos internos, lo que merece acciones del gobierno para fortalecer la institución y protegerla de influencias burocráticas y

1. Editorial: Una entidad que exige respeto
Urge fortalecer y blindar de apetitos burocráticos y políticos
al Instituto Nacional de Salud.
Por: EDITORIAL |
12:31 p.m. | 21 de febrero de 2015
Todo estado moderno que se respete cuenta con una entidad de referencia para guiar a las
autoridades y a la población cuando se presentan situaciones que afectan la salud colectiva.
Cada decisión que los gobiernos tomen en este sentido, siempre estará soportada por los
criterios de estas entidades, que constituyen la última palabra en esta materia. De ahí que
sus desarrollos técnicos, la capacidad científica de su recurso humano y la solidez de sus
procesos deben resistir toda prueba. Y no es para menos: ellos responden con sus conceptos
y orientaciones por el bienestar de poblaciones enteras.
El Instituto Nacional de Salud (INS), considerado desde sus inicios, hace 98 años, un centro
de referencia en estos temas, desempeña ese papel en Colombia. En su condición de
autoridad técnico-científica, cumple, entre otras tareas, con la gestión del conocimiento en
salud y en biomedicina, y la vigilancia y seguridad sanitaria; también actúa como
laboratorio nacional de referencia, hace investigación científica aplicada a estos campos y
hasta produce insumos biológicos.
A pesar de los altibajos y las naturales restricciones de presupuesto, realiza su papel de
manera decorosa. Y tiene que seguir haciéndolo, en forma transparente y desprovista de
intereses que excedan su razón de ser.
Es claro, aquí y en cualquier lugar, que los conceptos emanados de instituciones de este
tipo deben ser debidamente valorados. Aun cuando no le gusten a todo el mundo, es
evidente que el escenario idóneo para debatirlos es el académico, científico y técnico, no
los pasillos, los medios de comunicación o la calle.
No se entiende, por ejemplo, que el concepto final rendido en enero por investigadores del
Instituto, que analizaron rigurosamente, y en un contexto de salud pública, el caso de las
niñas del Carmen de Bolívar, sea desoído por grupos que lo descalifican de oficio,
simplemente porque no se ajusta a sus intereses. Siendo la entidad con la capacidad y el
deber de certificar qué tan extendido está un mal como el chikunguña o la malaria, a
menudo, y con una enorme irresponsabilidad, se oyen voces no idóneas que cuestionan los
reportes que presenta, con lo cual desinforman y siembran alarmas innecesarias.
Que esto ocurra frente a casos tan serios, merece que el Gobierno y sus autoridades actúen.
Que se ponga en duda la credibilidad del Instituto amerita la inmediata puesta en marcha de
acciones conducentes a fortalecerlo.
A lo anterior hay que sumar ahora los cuestionamientos promovidos por un grupo de
funcionarios del propio Instituto, que, con la curiosa excusa de defender al INS, desde
adentro lanzan una propaganda negativa que incluye el ataque a decisiones y

2. pronunciamientos de la entidad.
Nadie dice que el Instituto sea una entidad inmaculada y ajena a los problemas que
típicamente afectan a organismos del Estado. Pero no se puede aceptar que estas
situaciones, ajenas a su labor científica y técnica, se usen tendenciosamente para pasarse
por la faja sus conceptos.
Se avecinan cambios en el cuerpo directivo del Instituto, lo cual abre la oportunidad para
fortalecerlo desde el plano conceptual, financiero y administrativo, con el objeto de
proyectarlo como la entidad sólida que debe ser. Y eso incluye blindarlo de apetitos
burocráticos y políticos.
EDITORIAL
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