El documento analiza las declaraciones recientes del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, sobre los inmigrantes y su posible relación con actos discriminatorios ocurridos en la ciudad. Argumenta que las declaraciones de Maroto han contribuido a crear un clima social que legitima la intolerancia hacia los extranjeros y podrían considerarse un delito de incitación al odio. También critica la falta de responsabilidad de los políticos al utilizar temas como la inmigración para ganar apoyo en lugar de promover la cohesión

1. Opinión
Que una actitud prejuiciosa
tenga un comportamiento
discriminatorio depende del
ambiente y que la persona se
sienta legitimada a actuar
Las declaraciones de Maroto
contribuyen a crear una ‘zona
gris’ que permite justificar de
manera inmoral la intolerancia
hacia los extranjeros
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¿EstáMarotoincitandoalodio?
POR AndrésKrakenberger
yMiguelÁngelNavarro
E
l refranero español es bastante
rico, y viendo los acontecimien-
tos de las últimas semanas en
Vitoria-Gasteiz, nos viene a la mente
aquel que dice de aquellos polvos estos
lodos. Sabemos que cualquier refrán es
una simplificación de una realidad
siempre compleja y variante, aunque
en este caso pensamos arroja luz sobre
algunas de las cuestiones que están
sucediendo en Vitoria-Gasteiz.
El alcalde de la ciudad, Javier Maroto,
afirmó hace unos meses que los ciuda-
danos de origen argelino y marroquí
“viven principalmente de las ayudas
sociales y no tienen ningún interés en
trabajar o integrarse”. Para él, “hay
algunos colectivos de algunas naciona-
lidades donde mayoritariamente se
produce un efecto de dependencia abu-
siva y escandalosa en materia de pres-
taciones sociales”. Las declaraciones no
son nuevas y vienen precedidas de ini-
ciativas como dar vales para adquirir
comida y productos de primera necesi-
dad en determinados supermercados
de la ciudad, en vez de los cheques que
se daban anteriormente, porque “algu-
nas veces se ve en el propio atuendo
que no tienen una situación susceptible
de recibir la prestación, van con zapati-
llas de Prada”. Por no hablar del intento
de regular los locutorios de la ciudad,
obligando a que su interior fuera visi-
ble, a través de cristaleras, desde el
exterior.
La semana pasada fueron noticia dos
hechos importantes. El primero, la
agresión de un ciudadano a otro que
salió en defensa de los inmigrantes,
cuando el primero les culpaba de apro-
vecharse de las ayudas sociales y de
copar el sistema. El segundo fue la
prohibición arbitraria de un conductor
de la empresa municipal de autobuses
de poder subirse al mismo una vecina
con hiyab. La pregunta es: ¿guardan
relación con estos sucesos las declara-
ciones que viene haciendo Maroto? Va
por delante que la responsabilidad de
los actos de cada cual es personal; esto
es, no podemos culpar a una persona
de lo que hace otra. Ahora bien, en esta
ecuación social faltan elementos
imprescindibles que deben tenerse en
cuenta, principalmente la cuestión de
las actitudes.
Un clásico en el estudio de la psicología
social son las actitudes, definidas éstas
como la predisposición a obrar, perci-
bir, pensar y sentir en relación a algo o
a alguien. Las actitudes tienen tres
componentes: el cognitivo (forma de
pensar), el afectivo (cómo nos senti-
mos) y el comportamental (lo que hace-
mos).
Los estudios sobre racismo dicen que
una persona puede tener una actitud
prejuiciosa hacia los inmigrantes pero
no necesariamente eso va a llevar a que
tenga un comportamiento discrimina-
torio o violento. ¿De qué va a depen-
der? Fundamentalmente del contexto,
del ambiente, de que la persona sienta
que socialmente está legitimada a
actuar, que no existen barreras para su
acción. El paso del pensamiento a la
acción está condicionado por el entor-
no en el que se encuentra la persona,
por las circunstancias sociales e inclu-
so históricas. Algunos sociólogos
hablan de una zona de aquiescencia,
una zona gris en la cual las personas
más reacias hacia la inmigración se
sienten capacitadas para actuar y
expresarse sin cortapisas.
Fuera del ámbito académico, este con-
cepto se explica muy bien: es aquello a
lo que la gente se refiere cuando habla
de ambiente o de un clima social enra-
recido. En la creación de ese clima tie-
ne responsabilidad toda la ciudadanía,
pero especialmente aquellas personas
que son prescriptoras de opinión; esto
es, aquellas cuyo cargo institucional o
relevancia social son especialmente sig-
nificativos. En este caso, el alcalde de
una ciudad.
Por lo tanto, a pesar de que la responsa-
bilidad de los actos es de cada uno, no
se pueden obviar que las declaraciones,
propuestas y actos de Maroto han con-
tribuido a crear una zona gris que per-
mite una justificación inmoral y un
sentimiento irreal de legitimidad de
algunos intolerantes hacia las personas
extranjeras que ven una ventana de
oportunidad en este momento. La res-
ponsabilidad de un cargo público está
en ser consciente de todo ello y actuar
en consecuencia.
Por todo ello, no nos debe extrañar que
la Fiscalía del País Vasco haya citado
mañana a declarar a Maroto para
investigar si incurrió en un delito de
incitación al odio por sus declaracio-
nes. Desde Europa llevan tiempo traba-
jando en este sentido y la Agencia de
los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA), en su último
informe sobre los delitos de odio, afir-
ma que “se precisa de una mayor
voluntad por parte de los responsables
políticos para contrarrestar los prejui-
cios dominantes contra determinados
grupos”.
Las Naciones Unidas también apelan a
las responsabilidades políticas cuando
se habla de racismo. La Declaración y
el Programa de Acción de Durban,
aprobadas en la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Cone-
xas de Intolerancia, celebrada el 8 de
septiembre de 2001, destacan el papel
fundamental que los dirigentes y los
partidos políticos pueden y deben
desempeñar en la lucha contra el racis-
mo y la intolerancia.
Apelamos a la responsabilidad de nues-
tros políticos para no utilizar un tema
como el de la inmigración y la exclu-
sión social como arma arrojadiza ante
las graves consecuencias que ello pue-
de tener en la cohesión social y la con-
vivencia pacífica entre la ciudadanía.
Son bien conocidas las consecuencias
de diferenciar un nosotros-ellos, seña-
lar con el dedo y culpabilizar. Tenga-
mos altura de miras y no nos dejemos
enredar en la madeja del racismo. G
Asociación Pro Derechos Humanos Argituz
Ellapitzero
POR
Xabier
Lapitz
B
arcina también se ha apuntado a los
“motivos personales” para explicar su
repentino cambio de estatus, de candida-
ta a semicandidata acompañante de no se sabe
quién. No es muy convincente. Salvo que entenda-
mos que en realidad, todo, cualquier motivo, la
incomunicación, el miedo a perder, a no gobernar,
el aislamiento, la inseguridad... todo eso sea tam-
bién “personal”. Al fin y al cabo, aunque haya
habido ocasiones en las que no lo haya parecido,
Yolanda Barcina no deja de ser una persona. G
Personal
Construyendoelrelato,
derribandolaimpunidad
Han pasado 38 años y seguimos luchando para que
el Estado español reconozca y asuma su responsabi-
lidad en el 3 de Marzo de Vitoria, haga justicia y repa-
re las consecuencias. No podemos admitir las versio-
nes que justifican la actuación y amparan a sus res-
ponsablesytampocoqueéstossigangozandodetotal
impunidad. En algún sentido vamos logrando des-
montar la versión oficial, pero el Gobierno del PP se
empeña en dar crédito a los informes policiales para
no reconocernos como víctimas del terrorismo.
Un ejemplo claro ha sido el argumento del Ministe-
rio del Interior para desestimar la solicitud a la ley
integral de víctimas de una madre por la muerte de
su hijo cuando expresa: “el fallecimiento se produjo
como consecuencia del enfrentamiento ocurrido en
Vitoria el 3 de marzo de 1976 entre los participantes
de una concentración prohibida que tenía su origen
enunconflictolaboralymiembrosdelapolicía”.Esta
visión de los hechos a día de hoy es inadmisible y en
absolutoseajustaalarealidad.Lospropiossumarios
recogen que “los hechos son en principio constituti-
vos de un delito de homicidio (...), pero se procederá
al sobreseimiento por no haber motivos suficientes
para acusar del delito a determinada persona”. Fue la
primera gran burla de la justicia, que ha impedido
que los crímenes de lesa humanidad durante el fran-
quismo puedan ser juzgados en España.
Argentina abrió un proceso contra el franquismo y
suscrímenesy,pesealastrabas,sigueavanzandocon
noticias como el auto de la jueza María Servini dic-
tando orden de detención internacional para tomar
declaración indagatoria a 20 exministros, jueces y
funcionariosdelfranquismo.Entreellos,MartínVilla
y Alfonso Osorio como parte del Gobierno en marzo
de 1976 y Jesús Quintana como capitán al mando de
la policía que ejecutó las órdenes y masacró a los tra-
bajadores reunidos en la iglesia de San Francisco. La
exigencia de verdad, justicia y reparación a lo largo
de estos años empieza a dar sus frutos y el esfuerzo
ha merecido la pena. Es más que probable que el
Gobierno Rajoy, como hizo con las órdenes de extra-
dicióndelostorturadoresMuñecasyBillyelNiño,no
acceda al requerimiento de la jueza, pero evidencia-
rá su nula voluntad de desligarse del franquismo. Al
igual que Argentina logró juzgar los crímenes de la
dictadura de Videla gracias a la presión social, tene-
mos que conseguir que España juzgue la dictadura
deFranco,conlasdebidas garantíasinternacionales.
AndoniTxaskoAsociación de Víctimas 3 de Marzo
Cartasaldirector
2 Diario de Noticias de Álava – Miércoles, 12 de noviembre de 2014