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PACTAR UNA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN SÓLIDA, ESTABLE Y
DURADERA
El objetivo del Gobierno Andaluz es situar a Andalucía entre las regiones más
prósperas de la UE. En este sentido, el principio de solidaridad financiera y las
políticas comunes de la UE, hasta hoy, nos han brindado la oportunidad de avanzar
en nuestro desarrollo económico, social y medioambiental.
En la economía andaluza el sector agroalimentario juega un papel fundamental,
pues de él depende en torno al 8 % del PIB andaluz. Además la actividad
agroalimentaria es la principal fuente de empleo de más de la mitad de los
municipios andaluces, representando el empleo agrario el 7 % del total andaluz y
el de la industria agroalimentaria más del 22 % del total industrial .
Por ello, cualquier avance en los planteamientos y principios de los dos
pilares de la Política Agrícola Común (PAC) tiene una importantísima
repercusión en nuestra región.
Andalucía, segunda región más extensa de España y cuarta de la Unión
Europea, es hoy un espacio económico dinámico, de gran estabilidad social, que
cuenta con un proyecto de futuro esperanzador claramente definido.
Un proyecto de futuro que pasa por seguir incidiendo en la mejora de los
elementos que impulsan la productividad de un sistema económico
sostenible, entre los que se encuentra el sistema agroalimentario. En ese sentido,
la política de la región andaluza sigue las siguientes líneas estratégicas: fomento
de la cultura emprendedora; diversificación productiva; sostenibilidad de los
procesos productivos; refuerzo de la investigación, innovación y nuevas
tecnologías, que apoyen el trabajo y el esfuerzo de los productores en
beneficio de ellos mismos y de la sociedad.
Andalucía ha hecho un uso ejemplar de las ayudas directas a los agricultores
y ganaderos, habiéndose conseguido, desde nuestra integración en la CEE,
aumentar la renta agraria, fijar población en el medio rural y mejorar la calidad de
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vida, conformando un sector agrario competitivo. Sin embargo, y en estos últimos
años, nuestro sector agrario se ha tornado frágil ante la creciente volatilidad de los
precios que percibe el agricultor, provocada por acontecimientos externos al sector
agrario andaluz en y europeo en general.
Unas ayudas que por sus efectos positivos deben permanecer, ya que la
pérdida de peso de los productores en la cadena agroalimentaria es cada día
más evidente. Este hecho, unido al proceso de apertura de los mercados agrarios
europeos, está provocando una reducción en los precios percibidos por los
productores, en ocasiones por debajo de sus costes de producción. La PAC actual,
por tanto, no está dando una respuesta adecuada a uno de los objetivos para
los cuales se creó, como es garantizar un nivel de renta digno a la población
agraria.
En estos momentos, se abre ante nosotros una nueva etapa, con un proyecto
estratégico para los próximos años, hasta 2020. Una etapa que debería dar
continuidad a los importantes esfuerzos inversores, tanto públicos como
privados, que hasta hoy han apoyado el progreso sostenible del mundo rural
europeo.
Para continuar nuestra trayectoria de crecimiento sostenible en el sector
agroalimentario, cuya capacidad de crecimiento económico y generación de
empleo han quedado bien constatadas en anteriores etapas, necesitamos
mantener un presupuesto fuerte y suficiente para la aplicación de las
políticas agrícolas comunitarias en nuestra Comunidad.
AVANZAR HACIA AYUDAS MÁS UNIFORMES, SOSTENIBLES, EQUITATIVAS
PERO NO IGUALITARIAS
En las décadas en que se ha aplicado la PAC en nuestra región, cada una de las
explotaciones agrícolas y ganaderas se ha especializado y ha orientado su
estructura empresarial (dimensión, inversiones, etc.) teniendo en cuenta el
escenario de apoyo existente, favoreciendo en unos casos la extensión, en
otros la intensificación, en otros la modernización, la optimización de su
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sistema de regadío, etc. No sería equitativo ni coherente introducir ayudas a tanto
alzado que igualen ese esfuerzo de adaptación continuado, y que produzcan
fuertes trasvases de ayudas entre sectores y territorios.
Teniendo conocimeinto que no es intención de la Comisión plantear reformas de
sectores específicos como el vino, las frutas y hortalizas o el algodón, en este
posicionamiento no entramos a valorarlos.
A continuación, se ilustra el esfuerzo inversor, de organización y de orientación
productiva que se viene produciendo en Andalucía desde nuestro ingreso en la
entonces CEE; y se caracterizan, desde la perspectiva socioeconómica, algunos
sectores de especial importancia por su capacidad vertebradora del territorio y de
conservación ambiental:
El olivar, cultivo permanente, asociado a una realidad social y territorial de
alto valor natural y ambiental.
El olivar es un cultivo permanente característico de las regiones mediterráneas
y que ha definido nuestro paisaje andaluz.
En Andalucía es uno de los principales sectores agrarios, representa la principal
actividad en más de 300 municipios, genera el 32 % del empleo agrario andaluz,
proporciona más de 22 millones de jornales al año y es capaz de producir el 30%
del aceite de oliva y el 20% de la aceituna de mesa a nivel mundial. Es un cultivo,
con un sector agroindustrial, de investigación y de empresas asociadas muy
desarrollado.
Por tanto, que el olivar siga siendo productivo, es vital para el mantenimiento de la
renta de numerosos agricultores, muchos de ellos con explotaciones pequeñas y
medianas, así como para el empleo del 20% de municipios andaluces. Cuestión
más significativa aún, si consideramos la falta de oportunidades de empleo en los
sectores industrial y de servicios en las zonas rurales andaluzas.
Es importante conocer que el 40% del olivar se ubica en pendientes superiores al
20%, con las siguientes consecuencias:
no existe alternativa para otro aprovechamiento agrícola,
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no es mecanizable, por lo que el nivel de empleo que genera es muy
considerable,
preserva la biodiversidad y previene la erosión de estos territorios (el 23%
de los terrenos de olivar está sometido a un riesgo de erosión alto y muy
alto y el 25% a un riesgo moderado).
Cualquier cambio en la configuración de las ayudas agrarias tendrá una importante
repercusión en este sector, puesto que por su importancia agrícola también le han
correspondido hasta ahora, aproximadamente, el 50 % de los pagos directos de
Andalucía.
La sostenibilidad y la fragilidad de la ganadería extensiva del sur de Europa
Es necesario reflexionar sobre la situación de algunos sectores agrícolas y sus
modelos productivos que, por su fragilidad, pueden verse comprometidos, como la
dehesa y su ganadería extensiva de porcino ibérico, vacuno de carne y ovino-
caprino.
La dehesa existente en la península ibérica está considerada como un
ejemplo de sistema de alto valor natural, cuya supervivencia en el tiempo es
una muestra del éxito de la combinación equilibrada de la agricultura y la
conservación de los recursos naturales.
La rica diversidad biológica, el carácter de refugio para muchas de las especies
amenazadas, el papel que desempeñan en territorios en los que apenas hay otras
alternativas económicas, la producción de alimentos de gran valor añadido o el
gran potencial para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas y el
turismo rural, constituyen algunos de los rasgos más destacados de las dehesas.
La estrategia productiva de la dehesa se orienta fundamentalmente hacia la
ganadería, teniendo la agricultura y los aprovechamientos forestales un
carácter complementario que resaltan su carácter multifuncional (leña, corcho,
carbón vegetal, especies silvestres, setas, caza, etc).
La ganadería extensiva a pesar de contribuir al cuidado, desarrollo y gestión de
un ecosistema que es singular y exclusivo en el mundo, no viene percibiendo
ninguna contraprestación por sus externalidades. Es un modelo productivo muy
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vulnerable, con una especificidad y dificultad de manejo, muy dependiente de las
condiciones climatológicas que determina la disponibilidad de los pastos y
dependiente de los precios de la alimentación complementaria, muy volátiles en los
últimos años, con unos costes de producción elevados, y unos precios en origen
con tendencia a la baja. Por ello, este manejo de las explotaciones en dehesa, con
altos compromisos en la protección del medio ambiente, debería ser retribuido de
algún modo.
Ejemplo de esfuerzo inversor en Andalucía. un regadío responsable asociado
a producciones sostenibles y competitivas
La consolidación del sector agroalimentario en Andalucía y su liderazgo en España,
junto con su capacidad exportadora, no puede entenderse sin contar con nuestros
regadíos: un tercio de la superficie cultivada, casi dos tercios de la
producción, con un valor de más de 5.000 M€ y unos 155.000 empleos
agrarios. De ahí la importancia en la continuidad de este modelo de sistema
productivo.
En Andalucía nos hemos preocupado de apoyar a los regantes y a las
comunidades de regantes, desde el inicio del proceso autonómico, impulsando la
transformación de regadíos de iniciativa pública y, desde hace tres lustros,
cofinanciando la modernización de nuestros regadíos. Desde 1995 se han
modernizado más de 350.000 ha, lo que representa el 43% de los regadíos
existentes en 1995. La inversión total realizada por los regantes asciende a
1.380 millones de euros, que contaron con una subvención de 870 millones
de euros, unas inversiones a largo plazo que hoy todavía se siguen pagando
a las entidades financieras.
Nuestra agricultura de regadío es muy dinámica y ha sabido adaptarse a los
cambios en el mercado y a la evolución de la PAC. En el período 1997-2008 ha
aumentado la superficie de regadío casi un 36% (este incremento ha sido
prácticamente en su totalidad para un regadío altamente tecnificado), con una
intensificación de los cultivos regados y una duplicación de la superficie de olivar en
riego.
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Gracias a una reducción de un 25% el consumo de agua por hectárea, con los
mismos recursos hídricos que hace una década, se puede regar un 35% más
de superficie. Por tanto, el modelo de regadío andaluz se ha caracterizado,
por su responsabilidad y sostenibilidad.
NUEVOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DE MERCADO, Y ADAPTACIÓN Y
MEJORA DE LOS EXISTENTES A LA SITUACIÓN ACTUAL
Estamos ante una falta de materias primas que será mayor a medio plazo por el
aumento de la población mundial, de la cabaña ganadera mundial y de la demanda
para uso energético.
Entendemos que ha de volverse a iniciar la reflexión sobre el futuro del conjunto de
mecanismos de intervención y regulación de mercados, a la vista del aumento de la
volatilidad y turbulencias de los mercados mundiales que se reconoce en el
documento de la Comisión.
Ante esta situación, consideramos que se deberían reforzar y actualizar los
sistemas de intervención, por ejemplo, la actualización de los precios del umbral
de almacenamiento privado de aceite, tratando, con ello, de corregir el desequilibrio
actual en la cadena alimentaria.
Asimismo, es necesario avanzar en sistemas de gestión de crisis que vayan
más allá de los seguros de cosecha, de los que España ya dispone. Uno de los
sistemas a poner en marcha podrían ser los seguros de renta, ya que
principalmente el cambio climático provocará en el medio plazo sequías e
inundaciones más frecuentes, nuevas plagas y enfermedades, e incluso el
desplazamiento del calendario de producciones.
VALORIZAR EL PAPEL DE LA AGRICULTURA ANTE LOS NUEVOS RETOS
Entendemos que la seguridad alimentaria, el cambio climático, el medio
ambiente, el equilibrio territorial, son retos que afectan al conjunto de la
sociedad y no deberían ser financiados únicamente con presupuesto del
sector agrario. Y si así debe ser, la sociedad tiene que conocer los valores
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positivos que el sector agroalimentario implementa en beneficio del bien
social, del equilibrio de nuestros territorios, en el cuidado de nuestros
paisajes y reservas naturales, en nuestra alimentación, etc.
Las prioridades de la política agraria deben pasar por mantener la agricultura en
zonas frágiles, y por poder compensar de forma efectiva la dedicación a la
actividad agraria y las externalidades positivas de la agricultura, pues de otra forma
se perderá población en el medio rural y se deslegitimará cualquier tipo de apoyo.
Es un reto mantener el empleo que genera el sector agrario, puesto que la
creación y el mantenimiento de empleo en un medio rural en el que se
abandone la actividad agraria, es mucho más compleja y requiere más
tiempo.
Las grandes potencias están variando sus estrategias de apoyo a la
agricultura, y quizás sea el momento de reflexionar, de establecer nuevas
regulaciones con coste cero que contribuyan a un mejor equilibrio y a una mayor
transparencia de la cadena alimentaria. Asi mismo, es importante mantener y
mejorar algunos de los instrumentos de la PAC tradicional, no forzando su
desaparición, que fue acordada en un contexto económico y político mundial muy
distinto al actual. De esta manera, podríamos evitar resultados similares a los
ocurridos con la reforma de la PAC del 2003, como por ejemplo el caso del sector
de la remolacha, con una reestructuración que no se plantearía en la situación
actual.
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POSICIONAMIENTO DE ANDALUCIA ANTE LA REFORMA DE LA
PAC
1. La PAC futura deberá seguir respondiendo:
a) a los objetivos fijados en el Tratado de la Unión Europea, hoy en día
vigentes: incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida
equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la
seguridad del abastecimiento y asegurar al consumidor suministros a precios
razonables;
b) a los objetivos horizontales: elevado nivel de empleo, protección de la
salud humana, protección del medio ambiente, la protección de los
consumidores, bienestar animal y cohesión socioeconómica y territorial;
c) a la consecución de las prioridades fijadas en la Estrategia UE 2020, es
decir, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
d) a la preferencia de la agricultura comunitaria.
2. Para que la PAC futura sea capaz de afrontar adecuadamente los objetivos y
adaptarse a los nuevos retos señalados, será necesario que Andalucía siga
percibiendo un presupuesto fuerte y suficientemente dotado para garantizar la
actividad agraria y ganadera.
3. Se considera que la estructura actual de la PAC es adecuada. Así, debe
mantenerse el primer pilar como eje principal presupuestario, cuya financiación
debe ser estrictamente comunitaria, destinado a los mecanismos de gestión de
mercados y las ayudas a la renta, con el objeto de mantener una actividad
agraria rentable y sostenible en todo el territorio. Por otra parte, el segundo pilar
se destinaría a las medidas de desarrollo rural, cuyos objetivos principales
serían incrementar la competitividad de la agricultura, y remunerar los bienes
públicos suministrados por la agricultura.
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4. Las futuras ayudas directas, deben tener en cuenta que los agricultores y
ganaderos se enfrentan a distintas condiciones, y por tanto es necesario
establecer criterios de diferenciación objetivos que permitan mantener el
apoyo adecuado y suficiente para los distintos tipos y orientaciones de nuestra
agricultura y ganadería, diferenciando, por ejemplo, entre secano y regadío,
entre cultivos anuales y permanentes, entre pastos y tierras labradas, etc.
5. Se debe permitir la concesión de ayudas acopladas para determinados
sectores vulnerables desde el punto de vista económico, social o ambiental.
6. Apostamos por una PAC sólida, estable y duradera. Tras el debate comunitario
y nacional, las regiones deben tener la necesaria subsidiariedad para adaptar
el modelo de ayudas resultante a sus especificidades.
7. En cualquier caso, la introducción de cualquier cambio en la distribución actual
de las ayudas directas requiere un periodo transitorio suficientemente largo
que permita la adaptación de las explotaciones a la nueva situación.
8. Es preciso reforzar y actualizar los mecanismos de gestión de los mercados,
con una dotación adecuada, adaptados a la realidad económica y comercial de
cada producto, y flexibles, que puedan actuar de forma rápida en casos de crisis
graves.
9. Es necesario mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria,
permitiendo a los agricultores participar del valor añadido creado a lo largo de la
misma y que tengan en cuenta las particularidades del sector agrario en materia
de competencia a través de una excepcionalidad.
10. En relación con los intercambios comerciales con terceros países es
necesario exigir reciprocidad en las condiciones de producción a los productos
importados, articular compensaciones para los sectores afectados por las
nuevas concesiones y asegurar el cumplimiento de los acuerdos, en particular
el control aduanero por parte de la Unión Europea.
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11. La política de desarrollo rural deberá seguir ocupando un papel relevante en
la futura PAC como instrumento de mejora de la cohesión territorial y social,
para la mejora de la competitividad del sector agroalimentario en su conjunto, y
seguir promoviendo la diversificación económica en las zonas rurales.
12. Es fundamental el reconocimiento, integración y fomento de la participación de
la mujer a través de la perspectiva de género como elemento potenciador de
las políticas públicas en el medio rural.
13. Para garantizar el futuro del campo andaluz, es imprescindible facilitar la
incorporación de los jóvenes a la actividad agropecuaria como única manera
de conseguir el relevo generacional.
14. Rechazamos las tendencias hacia la renacionalización de esta Política Común,
y resaltamos la necesidad de dotarla de un marco de estabilidad, que permita
a los productores la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.
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