1. Política Criminal en los Delitos de Drogas
Por Iván Allonca
Abogado
Definitivamente que no es tarea fácil diseñar una estrategia para prevenir y reprimir el
flagelo de las drogas ilícitas, cuando ni siquiera las naciones del mundo tienen claro, si su
combate conviene por razones de salud universal, preservación y vigencia de la
institucionalidad del Estado Moderno de Derecho o bien sencillamente, porque amenace
la seguridad de los países que diseñan e imponen una política mundial, sirviéndose de
organizaciones de carácter internacional que los impulsa como “dueños del mundo” y la
cinematografía que, a través de las pantallas, los proyecta a su vez como “soldados
universales”.
Resulta aún más difícil establecer una política criminal en materia de drogas ilícitas,
cuando ella es diseñada e impuesta por aquellas naciones que sobre la bases de su
hegemonía, siempre tienden a menospreciar la realidad social, económica y política de
países como el nuestro que de igual forma, no escapan de los efectos asfixiantes y
extorsivos de sus empréstitos, gracias también a la inadecuada política económica
ejecutada por nuestros gobiernos durante muchos años.
Mientras tanto bajo una óptica distinta, otros estiman que la dificultad no sólo está en la
inteligencia del concepto drogas ilícitas o prohibidas, sino también en la adopción de una
acepción válida jurídicamente. Atribuyen su importancia porque a su juicio, permite la
despenalización del consumo de aquellas como la marihuana, considerada dentro de la
comunidad científica una “droga blanda” por sus efectos terapéuticos en el tratamiento
de ciertas enfermedades respiratorias.
Asimismo lo advierten, porque hay muchas drogas que generan dependencia física y
síquica; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no se esfuerza porque se
incluyan en el listado de drogas ilícitas, por no afectar los intereses de las grandes
transnacionales, propietarias de los laboratorios farmacéuticos.
Basta mirar cómo nuestra legislación a medida que internacionalmente se adoptan nuevas
acepciones, las hace suyas modificando el artículo 256 del Código Penal como por
ejemplo, cuando se aprovechó la Ley No. 13 de 27 de julio de 1994 para incluir los
precursores y substancias químicas indispensables para la elaboración de drogas ilícitas.
Ahora bien, cómo diseñar una adecuada política criminal en materia de drogas si por un
lado, mi profesor MUÑOZ POPE advierte que las cifras reales de la criminalidad conexa
a los delitos de drogas es desconocida y por tanto, la magnitud del fenómeno criminal.1
Mientras que por el otro, el Secretario de Estados Unidos James Baker el 22 de febrero de
1990, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, revela que en un incidente de
1
MUÑOZ POPE, Carlos Enrique. Ensayos Penales, Edic. Panamá Viejo, Panamá, 2001, p. 64-65.

2. tráfico ilícito de drogas en la ciudad de Los Ángeles, lograron la incautación de veintidós
toneladas de cocaína almacenadas y por su valor en el mercado ilícito de la droga supera
el “producto nacional individual de las cien naciones representadas actualmente en la
Asamblea General”.2
No obstante, lo cierto es que frente aquella realidad debemos reaccionar y reformular
posiciones. Pues, la familia que sirve como núcleo de la sociedad moderna, se encuentra
en un franco proceso de degeneración social en que si bien es cierto, los valores morales
y éticos permanecen incólume; sin embargo, las nuevas generaciones adoptan otros
ajenos a la espiritualidad como esencia natural del ser humano. Por tanto, la materialidad
va malogrando la sociedad actual y hace de cada uno de sus miembros, presa fácil de la
criminalidad.
Resulta interesante preguntarnos los penalistas y criminólogos, frente aquella realidad
también, será que la solución al fenómeno de la criminalidad está por ejemplo, en la
Sociología, Sicología o Siquiatría forjando mejores miembros y sanando aquellos que en
medio de esta vorágine social conforman la sociedad; en la Economía procurando una
distribución de las riquezas y calidad de vida más equitativa y justa; en la Ciencia Política
ofreciendo una nueva corriente ideológica o forma de gobierno que sirva para dirigir la
vida política del Estado Moderno de Derecho Constitucional; en la Teología que nos
ofrece pasar de la vida terrenal a la celestial, o sencillamente ya es tiempo de convenir un
nuevo pacto social y sumarnos en un solo as de voluntades en procura de nuevos
derroteros sociales.
La pregunta la consideramos oportuna, porque nuestra ciencia el Derecho Penal,
pareciera encontrarse en una encrucijada entre la prevención y represión del delito, por
una parte y por la otra, la Criminología que a pesar de conocer las posibles causas de la
criminalidad y contar con un diagnóstico de la misma, no dispone de un sistema propio
para enfrentarla y contrarrestarla, al tiempo que los penalistas no escuchan a sus expertos,
como afirma mi Profesora MARCELA MARQUEZ; motivo por el cual seguimos
buscando la solución al fenómeno de la criminalidad, respondiendo con una “hipertrofia
legislativa” o tal cual lo advierte TOCORA, a través de una “hemorragia legislativa”
tipificando conductas que no merecen ser penalizadas.
Preguntémonos por último, también frente aquella realidad, si verdaderamente
corresponde al Derecho Penal resolver el fenómeno de la criminalidad, cuando su
fundamento filosófico hoy se debate entre servir como un mecanismo de control social,
protector de determinados bienes jurídicos o represivo preocupado sencillamente, por la
vigencia y restablecimiento de la norma penal cada vez que es quebrantada.
2
DAVID, Pedro R. Globalización, Prevención del Delito y Justicia Penal, Edit. Zavalia, Buenos Aires,
1999, p. 242.

3. Si la respuesta a la pregunta formulada es afirmativa, sólo resta aceptar el compromiso y
comenzar a trabajar en una verdadera política criminal, eso sí ajustada a la realidad
advertida en párrafos anteriores, tan efectiva y democrática que sin violar los derechos
humanos, nos permita a su vez ponderarlos en función de la obligación que demandamos
cumpla el Estado Moderno de Derecho Constitucional de arrostrar la criminalidad.
En cambio si la respuesta es negativa, consideramos que nuestra ciencia debe colaborar
con otras en especial, ofreciendo su sistema a la criminología y se sirva de él para “curar
la enfermedad”, conforme a su diagnóstico de la criminalidad.
Permitiendo a los sociólogos, sicólogos y siquíatras sanar primero, a quienes sueñan con
un “mundo gótico” y se promueven como parte de una “subcultura de contra cultura”,
segundo a los que la vida cotidiana sólo un trauma ha significado y por último, la de
aquellos cuyos crímenes responden a una patología o son parte de una lucha ideológica.
Asegurándoles a los economistas un mercado nacional, internacional o globalizado libre
y mucho más justo, donde la oferta y demanda converjan sin temer que en medio de
ambas fuerzas económicas, aparezca una empresa transnacional, ciudadano extranjero o
nacional, o servidor público con intenciones de apoderarse de las riquezas aumentando
los cinturones de marginalidad y pobreza.
Garantizándole a la Ciencia Política que la nueva corriente ideológica o forma de
gobierno que sirva para administrar el poder político del Estado Moderno de Derecho
Constitucional, jamás sea aprovechado por una clase política y del poder se valga, para
gobernar en medio de la miseria de un pueblo y sólo en función de su estabilidad en el
gobierno, así como también relegando a un segundo plano, cuantas veces le plazca y le
parezca oportuno, los derechos humanos de sus conciudadanos.
Velando porque los teólogos no vuelvan a reivindicar la Santa Inquisición, junto a su
organizador y principal Magistrado Inquisidor Tomás de Torquemada, para perseguir a la
clase laica dentro del Estado Moderno de Derecho Constitucional, así como también para
no volver a verlos legitimando el poder político de un gobierno abusivo y arbitrario, o
bien ellos mismos se sirvan de la fe religiosa, aprovechando la ignorancia y debilidad
espiritual de un pueblo, para asumir el gobierno u orientar la sociedad moderna hacia una
lucha o guerra religiosa.
La verdad es que a nuestro juicio, no compete exclusivamente a nuestra ciencia el
Derecho Penal diseñar y fijar una política criminal para enfrentar la criminalidad, mucho
menos cuando de acuerdo al bosquejo que de la realidad ofrecemos, queda claro que el
problema debe preocuparnos a todos y contrarrestarla primero, reconstruyendo la familia
como núcleo de la sociedad moderna, reforzando los valores morales y éticos, así como
también procurándole una mejor calidad de vida a sus miembros y por último,
convirtiendo los cinturones de marginalidad y pobreza en campos propicios para el
cultivo de la cultura y el deporte.

4. Frente al combate de la criminalidad conexa al tráfico de drogas ilícitas que no reconoce
las fronteras de los Estados, PEDRO R. DAVID plantea una pregunta, cuya respuesta
exige la adopción de un nuevo esquema penal y cuando convengamos adoptarlo a nuestro
juicio, revolucionaría todo el ordenamiento jurídico penal. En efecto, él considera que es
tiempo de preguntarnos:
“si es hoy apropiado nuestro modelo tradicional del delito
que lo ubica sólo en los márgenes de la legalidad, y si no
debemos cambiar ese imaginario social por otro donde las
forman hoy vigentes de la legalidad y de la criminalidad
debieran mejor representarse como dos caras de una misma
moneda que se abastecen una en relación con la otra,
aunque a veces se conflictúen agónicamente. De hecho, la
globalidad, dentro del profundo cambio cualitativo de la
sociedad que aún concebimos como vigente en el
imaginario social, cuando es otra la realidad, implica que
esas enormes sumas que se originan en incontables
despojos del delito transnacional, alimentan los circuitos
bancarios y financieros internacionales.
Son así las fuentes más directas de un
trastocamiento de las instituciones democráticas y
republicanas en todos los países sin excepción, y han
puesto al margen un sistema jurídico penal concebido para
sociedades nacionales tradicionales y no para agregados
heterogéneos de la sociedad vicariante global y universal
insolidaria que afrontamos a fines del milenio. Por ello
también la sensación de desprotección y desamparo de los
habitantes del planeta frente al colapso de las soluciones
jurídicas penales de otro tiempo, esto es, el que pervive
hasta hoy en todas las sociedades y que recién comienza un
nuevo enfoque de renovación ideológica y conceptual sin
haber llegado aún a las etapas de concreción del cambio
imprescindible porque tampoco hay una nítida concepción
de la nueva realidad socio-política y cultural.
Piénsese cuidadosamente en el poder de corrupción
de estas enormes sumas en manos de sistemas económicos
y financieros pujantes, socios privilegiados del sistema de
legalidad mundial añadido a los grandes cambios de la
humanidad. Es así como las instituciones del sistema penal
en todo el mundo, policías, fiscales, jueces y los estamentos
del poder político republicano, legislaturas, parlamentos,
prensa o los del poder administrador, se encuentran en un
bajísimo nivel de credibilidad.

5. Por otra parte hay Estados y naciones convertidos
en agentes protagónicos de la legalidad, ya que el delito
organizado se encuentra simbióticamente estructurado en
ellos, conviviendo sin distinción alguna con las
instituciones de la aparente democracia.”3
Por nuestra parte, no compartimos la opinión del autor cuando de ella comprendemos que
propugna por el relajamiento del principio de legalidad, frente a la criminalidad
globalizada; pues, preferimos seguir honrándolo al igual que los derechos humanos. Sin
embargo, sí comparto la tesis que en el combate de la criminalidad en materia de
narcotráfico y delitos conexos es necesario, muchas veces, sacrificar algunas de las
Garantías Fundamentales de quienes viven de la criminalidad, en función de la
salvaguarda y resguardo de los Derechos Fundamentales o Derechos Humanos de los
que creemos en una sociedad mejor, más democrática y justa socialmente.
Concluimos entonces que a nuestro juicio, las naciones jamás deben claudicar en la lucha
contra la droga; porque su existencia está en juego, a menos que se resignen a compartir
el gobierno con los amos y señores de la droga. Recordemos sólo por un instante cuando
uno de ellos, cuyo nombre preferimos no recordar, por evitar su extradición como
nacional de un Estado, ofreció a sus gobernantes asumir el pago de la deuda externa de la
hermana República de Colombia. Oferta que demuestra parte del poder con que cuentan y
el desprecio que tienen hacia el sistema social y democrático.
Ahora bien, sin pretender justificar o defender la medida jurídico procesal adoptada por
nuestros hermanos históricos, cuando sus Diputados miembros del Congreso aprobaron la
extradición de sus conciudadanos hacia los Estados Unidos de América, para que fueran
procesados por encontrarse involucrados en el tráfico internacional de drogas ilícitas, no
olvidemos que lo hacen en medio del asalto al Palacio de Justicia, ordenado y
patrocinado por los jefes del cartel de Cali y Medellín, donde asesinan a casi todos sus
Magistrados y a su Magistrado Presidente, el célebre Maestro del Derecho ALFONSO
REYES ECHANDÍA, hecho sin precedente en la historia universal.
En fin, consideramos necesario cambiar la estrategia y reorientar la batalla buscando
minimizar el consumo de las substancias ilícitas de tal manera, que los esfuerzos y
recursos disponibles no se concentren sólo en combatir su producción y trasiego tanto a
nivel nacional como internacional. Por tanto, abrigamos la esperanza que se diseñe una
programa dirigido a la reconstrucción de la familia; porque a nuestro juicio, ahí está gran
parte de la solución al problema de las drogas ilícitas, específicamente con miras a
reducir su consumo notablemente y que abraza a nuestra juventud.
3
DAVID, Pedro R. Ob, cit., p. 22-23.