1. 11 de Abril, 2011.
Sr. Ignacio Larraechea
Rector (s)
Universidad Central de Chile
Presente.
Estimado Rector:
He recibido su carta pública dirigida a la comunidad de docentes, y considerando el rol de
los académicos tanto como formadores de nuevas generaciones en la capacidad reflexiva,
como en la contribución al debate respetuoso de las ideas para fortalecer el espíritu
universitario y preocupado por el futuro de la casa de estudios donde trabajo desde hace
13 años, me permito expresarle mis opiniones por el mismo canal.
Valoro enormemente su reconocimiento de que la información es fundamental en el
proceso que actualmente vive la Universidad, pues es lo que le permite formarse un juicio
y tener una posición fundamentada a todos los estamentos de nuestra comunidad. La
información para que sea útil debe ser precisa, para no confundirla con opinión.
El país ha mejorado en los últimos años su legislación y sus estándares de transparencia
de la información del sector público. Y no son pocas las iniciativas ciudadanas que han
obligado a los organismos estatales a dar información o han obligado a los privados a
hacerlo (casos FFAA, fusión Lan Chile‐TAM, etc.), así como la presión ha obligado a
instituciones como la Iglesia a someterse a normas propias de un Estado de Derecho. En
otras palabras, entregar información veraz es hoy en día un elemento clave en la
confianza que se construye con el entorno y los miembros de cualquier institución.
Entonces, lo que se debiera reconocer es que nuestra institución vive un conflicto desde
el año 2010. Se inició en sus niveles superiores ante la proposición de concretar una
“alianza estratégica” para obtener recursos que financiaran el Plan Estratégico 2010‐2020,
que intenta responder de una forma particular al entorno cada vez más competitivo de la
educación superior en el país. Este conflicto ha entrado en una fase más aguda la semana
recién pasada al extenderse hacia la comunidad estudiantil, tensionando la relación entre
éstos y nosotros los académicos. Entre medio se ha destituido al Rector, al Fiscal, al
Director de Calidad, a una Decana y la información a este respecto ha sido opaca, al punto
que hay informes jurídicos que no están accesibles al Consejo de Decanos y la
participación activa e interesada de la comunidad universitaria ha sido desalentada.
Como usted afirma el proceso de Alianza Estratégica fue aprobado por la Asamblea de la
Corporación en Agosto del año pasado y se informó que el proceso se cerraría a más

2. tardar a fines de año. Hemos entrado al mes de Abril y el Ministerio de Educación aun no
aprueba las modificaciones estatutarias, sin nosotros poseer información sobre los
motivos de esto, lo que ha abierto una situación de incertidumbre para todos y de
cuestionamientos sobre si ese era el mejor camino para obtener recursos
complementarios para la Universidad.
Lo anterior plantea el grave problema de la prolongación del mandato a los delegados a
la Asamblea de la Corporación. A mí no me parece bueno, como práctica en una
institución universitaria, que se proceda de esta manera pues el Estatuto se interpreta
para la conveniencia de una mayoría transitoria y no se le respeta, al no existir motivo
alguno que impida convocar a la elección de los delegados caducados. Esto deslegitima a
esa instancia y deteriora la confianza en las autoridades, pues es como si los diputados
autolegislaran la prolongación de sus mandatos de 4 a 6 años para resolver sobre las leyes
pendientes de su período. Por otra parte, el Grupo Norte – Sur, es un grupo empresarial
que busca invertir en nuestra casa de estudios para obtener rentabilidades como todo
grupo económico y si fuese necesario en el futuro podrían deshacerse de esta inversión,
como ha ocurrido en otras universidades, dejándonos en la zozobra. No se trata de un
enfoque ideológico, pues son varios los grupos económicos que han tenido un desempeño
más propio de la codicia y el lucro, que de cumplir con las leyes y normas que los regulan.
Entre éstos no ha estado Norte Sur, pero otros como los grupos farmacéuticos, los del
Retail (Cencosud, CMR, Líder), Inverlink por nombrar algunos han dejado una estela de
daños a las personas con tal de acumular ganancias. En este sentido, integrar a un grupo
económico al que hacer de la Universidad es del todo discutible.
Es cierto que la UCEN tiene deudas producto de las inversiones realizadas, pero son
normales y cancelables en los plazos contraídos. Lo que se discute es si vender lo que nos
pertenece para posteriormente arrendarlo al comprador es un “negocio estratégico” para
la Universidad. En la heterogeneidad de universidades chilenas, existen aquellas que no
teniendo Facultad de Medicina están bien rankeadas (U. F. Santa María, U. Adolfo Ibáñez)
y otras que teniendo masivas cantidades de alumnos no están bien valoradas en el
mercado laboral. Es decir, en mi opinión, la UCEN no necesita arriesgar hoy lo que posee
para intentar ser de gran tamaño, toda vez que ello no es un indicador de calidad,
excelencia académica ni del prestigio del título que recibirán nuestros egresados.
Es obvio que títulos seguirán teniendo el nombre de la U. Central, pero esta alianza, en
ningún punto, garantiza la excelencia académica la que es la que otorga valor a los títulos.
Al igual que con los principios, la excelencia no se logra ni depende de declaraciones, sólo
puede ser producto de un largo proceso, de instancias validadas y respetadas por todos,
mayoritariamente académicas, que realizan el trabajo real de la universidad. La
Universidad no puede quedar dependiendo de directivos sin trayectoria académica y/o
que no respetan los informes académicos, que se guían por el afán de la ganancia. La
confusión entre empresa y Universidad será fatal para la excelencia académica y el
prestigio del título que ahora tiene la Universidad Central.

3.
Es importante que la autoridad universitaria precise la información sobre la distribución
de las acciones de las que seríamos propietarios, respecto de los niveles directivos y
también de los delegados a la Asamblea que aprobó la reforma estatutaria, toda vez que
éstos últimos son transitorios y –se dice‐ habrían recibido un porcentaje mayor al que les
corresponde por ser docente y su antigüedad. Esto último sería de extrema gravedad.
La Universidad vive momentos críticos. Los estudiantes han desarrollado un movimiento
nunca antes conocido, que es producto de la confusión generada por la escasa e
imprecisa información, la incertidumbre ante el futuro y sobre todo por su compromiso e
interés en el destino de la casa de estudios que la sienten como propia. Sería lamentable
que la forma de solución del conflicto fuese presionar a los académicos a realizar las clases
o dar por enseñadas materias ante las salas vacías, en un contexto de formación por
competencias, que hacen indispensable la participación de los estudiantes. En ese caso es
preferible incrementar el diálogo, mejorar la información y buscar caminos de solución a
la manera universitaria.
Atentamente,
Osvaldo Torres G
Docente FACSO.