fallo Tribunal

1. Declaración sobre fallo favorable del
Tribunal Superior de Justicia
Electoral a Nicanor Duarte Frutos
Ante los últimos hechos ocurridos en nuestro país en el ámbito político
y jurídico y que crean en la ciudadanía desconcierto y perplejidad,
los Obispos del Paraguay queremos ofrecer nuestra visión de Pastores.
Esta es una responsabilidad ineludible que la compartimos con todos
los cristianos y personas de buena voluntad que quieren construir
una nueva sociedad.
1. EL HECHO
La Corte Suprema de Justicia resolvió por mayoría suspender en forma
temporal el considerando del fallo del Tribunal Superior de Justicia
Electoral que inhabilita al Presidente de la República a asumir como
presidente del Partido Colorado.
2. LAS SOMBRAS
Esta actuación del máximo tribunal de la República deja serias dudas
en amplios sectores de la ciudadanía, sobre la legalidad de la decisión
y sobre la actuación de los magistrados.
Los Obispos recogemos la preocupación e indignación que produjo
la decisión judicial en los principales actores políticos y sociales de nuestro país.
Nos parecen atendibles las razones de forma y de fondo expuestas
por los especialistas que hemos consultado para expresar que nos
encontramos ante un hecho que significa violentar el espíritu y la
letra del Artículo 237 de la Carta Magna.
Las circunstancias en que se produce la decisión de la Corte y la
posición e influencia del recurrente proyectan sombras e incertidumbre
sobre la independencia del Poder Judicial y daña los fundamentos de
la institucionalidad democrática.
3. RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
Si todos los ciudadanos estamos obligados a respetar y a cumplir los
preceptos de la Constitución y de las leyes de la República, los más
altos exponentes de los Poderes del Estado deben dar el ejemplo en este sentido.
El accionar de los gobernantes debe ser transparente e incuestionable.
Las sospechas de supuestas maniobras políticas y mañas jurídicas
para ensombrecer claros principios constitucionales, socavan la
autoridad moral de aquellos y ponen en duda la existencia de un Estado de
Derecho.

2. En este momento de tensión política y de confusión, las autoridades
del Gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben respetar la
Constitución Nacional y las leyes que rigen la vida de nuestra Nación.
De no ser así, estarán poniendo en peligro la propia institucionalidad
de la República y conducirán al país hacia el totalitarismo o el caos.
La ciudadanía deberá estar siempre alerta y vigilante para exigir el
cumplimiento y respeto a los principios constitucionales.
Estamos todos convocados a trabajar generosamente por el bien
común y a asumir con decisión la necesidad de construir una sociedad
más honesta, fraterna, solidaria y justa.
4. SOBRE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE
Los Obispos creemos que la Constitución Nacional de 1992 necesita ser
reformada.
Tiene artículos, instituciones y principios que deberían ser revisados
cuidadosamente para favorecer el logro de un verdadero "Estado
Social de Derecho" que permita el desarrollo y la concreción de
mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la República.
Una Convención Nacional Constituyente debe ser el fruto de un
amplio Pacto Social entre las entidades políticas, organizaciones
intermedias y la ciudadanía organizada.
La Constitución resultante será entonces fundamento motivador del
"Proyecto País" que irá cristalizándose en leyes favorables al desarrollo de la
nación.
Consideramos que en el momento presente no se dan esas condiciones
para abordar una tarea que requiere consenso de la sociedad nacional.
Percibimos que no hay un ambiente ni las actitudes propicias para el
diálogo. El debate público está polarizado, lo que no permite una
discusión seria sobre los fundamentos para una reforma constitucional.
Además, las razones que se aducen y los mecanismos que se proponen
para modificar la Constitución denotan actitudes oportunistas y un peligroso sesgo
autoritario.
Como en la anterior Reforma Constitucional, los Obispos ofrecimos
una Carta Pastoral en la cual presentamos orientaciones pertinentes
al espíritu y el contenido de la Carta Magna, es nuestra intención
hacer lo mismo ante una eventual convocatoria a una Convención Nacional
Constituyente.
Asunción, 10 de marzo de 2006
Por mandato de la Asamblea Plenaria

3. + Adalberto Martínez
Obispo de San Lorenzo - Secretario General de la CEP