Constitución

1. Carta Pastoral
Ante la nueva Constitución
Introducción
Desde que se inició el proceso de la reforma total de la Constitución,
la Iglesia ofreció su colaboración y procuró acompañar dicho proceso
para el mejor logro del objetivo propuesto. El mismo título de nuestra
Carta Pastoral de setiembre 1991, sintetizaba el pensamiento y el
augurio de la Iglesia: "Una Constitución para Nuestro Pueblo".
Seguimos creyendo que una tarea de bien común de tanta importancia
como esa, no podía ser realizada sin tener en cuenta las necesidades
y aspiraciones de la comunidad. Mucho menos, tomando solo aspectos
parciales o interesados de la realidad.
Nuestro pueblo manifesto más de una vez, cuáles eran dichas
aspiraciones y necesidades: la libertad, la paz, la solidaridad, la justicia social.
En la Carta Pastoral ya citada, los Obispos señalabámos como ejes
importantes del proceso constituyente dos puntos que queremos recordar:
- La realidad del país, los problemas del subdesarrollo, sus distintos
sectores sociales, la importancia de no olvidar las exigencias de la
gran mayoría pobre y de algunos grupos más débiles, como indígenas y
minusválidos.
- La cultura nacional, es decir el conjunto de valores y tradiciones del
pueblo, sus modos de comportamiento y de relacionamiento, su
profunda religiosidad cristiana.
A partir de estos puntos hemos insistido, sobre todo, en la necesidad
indispensable y urgente de buscar el bien común asumiendo nuestra
realidad y nuestro modo de ser paraguayos.
En el mismo documento que estamos mencionando anunciábamos
ya el propósito de formular un juicio sereno sobre el trabajo realizado.
Se trata de un juicio de pastores, formulado desde la fe, y desde la
recta razón y las exigencias de la ley natural.
No hacemos un juicio jurídico ni político.
1- EL PROCESO CONSTITUYENTE
Una primera observación debe ser de valoración positiva a todo este
proceso Constituyente. En efecto, ya en el "Mensaje a los
Convencionales Constituyentes", de diciembre de 1991, indicabamos
que "generaciones enteras de paraguayos desearon ver este momento,
en que con libertad se procura una forma de convivencia más justa

2. para todos, y no alcanzaron a verlo" (Nº. 1, Pag. 3).
Es la primera vez que se ha dado una participación masiva de
diferentes sectores sociales del país. Si esto es cierto con relación a
partidos políticos, mucho más lo es con respecto a otros grupos como
el de indígenas que por primera vez se han hecho presentes con
propuestas concretas o con proyectos propios. También se logró
básicamente un clima de respeto mutuo.
Por otra parte, resulta evidente que el mismo número de
convencionales (198) superó ampliamente lo necesario y prudente.
Tampoco puede desconocerse que la elección de los mismos se hizo
mucho más sobre afectos partidarios que en razón de programas y
propuestas. No faltaron momentos difíciles y no siempre los acuerdos
alcanzados respondieron a un diálogo serio entre grupos preocupados
por las necesidades del pueblo y por la fidelidad a principios propios.
En su conjunto, no puede ignorarse que el proceso de reforma
constitucional ha sido una experiencia constructiva en el caminar del país.
2. LA NUEVA CONSTITUCIÓN
Antes de emitir juicios sobre algunos puntos concretos, parece
oportuno echar una mirada de conjunto que permita conocer la
mentalidad que inspira todo el texto constitucional. Los
convencionales representaban sectores políticos y sociales, y por ello
mismo, será importante destacar dicha mentalidad.
El positivismo jurídico es la base que fundamenta los derechos y las
libertades afirmados en el texto constitucional. De ahi que la referencia
primera no sea Dios sino el hombre, quien ordena la realidad conforme
al dictámen de su propia y única razón, sin que esté basada en el
concepto cristiano de una ley natural cuyo autor es Dios.
Por consiguiente, la nueva Carta Magna tiene una visión del hombre
y de la sociedad que no es propiamente cristiana, aunque se invoque
a Dios en el preámbulo.
Merece una reflexión la diferencia entre el concepto cristiano de
libertad y el que se encuentra consagrado por la nueva Constitución.
Aunque la conciencia de la dignidad y de la libertad del hombre
forman parte de la herencia cristiana del mundo occidental, es evidente
que en la actualidad se piensa en una libertad sin relación alguna con
la moral, erigida como valor absoluto; incluso se llega a ver a Dios
como un obstáculo que limita la plena realización del hombre. Vale la
pena recordar las palabras del Papa Juan Pablo II en la Encíclica
Centessimun Annus: "La experiencia histórica…demuestra que si bien
el análisis y el fundamento marxista de la alienación son falsas, sin
embargo la alienación, junto con la pérdida del sentido auténtico de la

3. existencia, es una realidad incluso en las sociedades occidentales…"
"Es necesario iluminar, desde la concepción cristiana, el concepto
de alienación, descubriendo en él la inversión entre los medios y
los fines: el hombre, cuando no reconoce el valor y la grandeza
de la persona en sí misma y en el otro, se priva de hecho de la
posibilidad de gozar de la propia humanidad y de establecer una
relación de solidaridad y comunión con los demás hombres, para
lo cual fue creado por Dios…La obediencia a la verdad sobre
Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad,
que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos
y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores,
de manera que la posesión de las cosas sea para él un medio de crecimiento" (C.
A. Nº 41).
La nueva Constitución representa un avance importante en el campo
jurídico. Pero no podemos olvidar que el problema del destino del
hombre no se reduce a lo jurídico. La experiencia muestra con toda
claridad que la garantía constitucional de los derechos humanos ayuda
al hombre cuando la libertad es ejercida responsable e
inteligentemente. No está de más recordar que la salvación integral
del hombre solo se encuentra en Jesucristo. Es nuestro papel
proclamarlo también en esta circunstancia.
3. ASPECTOS POSITIVOS
La nueva Constitución, como fruto de una elaboración jurídica
sometida a presiones opuestas y a transacciones obligadas, tiene
forzosamente aspectos positivos y negativos. No podemos aceptar
las posturas rígidas que algunos han adoptado para ignorar o minimizar
el progreso que el nuevo texto constitucional ha alcanzado en muhos
órdenes. Al mismo tiempo, lamentamos que muchos aspectos
positivos no hayan alcanzado esa plenitud que la personalidad cristiana
de nuestro pueblo exige, por causa de las ideologías que hemos
mencionado más atrás. Pero los Obispos pensamos realmente que
los logros positivos de la nueva Constitución, aun con esas
limitaciones, que traerán difíciles problemas en el futuro, son
innegables, y merecen gratitud.
Vemos conquistas positivas en estos campos: en el de los derechos
humanos, de los derechos culturales, de la organización del Estado y
de las relaciones Iglesia-Estado.
Nos alegra subrayar, en primer lugar, la mejor especificación y la
mayor garantía de los derechos humanos en su conjunto. En este
campo, la nueva Constitución ha superado, con creces y con
propiedad, cuanto las anteriores Cartas rectoras de nuestra vida
independiente han logrado consagrar.

4. No podemos dejar de destacar, dentro de este Capítulo, y a más de las
instituciones de protección, el reconocimiento de los derechos: de
los indígenas, de la niñez, de los impedidos, de la mujer, así como los
relacionados con la ecología, reconocimiento tantas veces apoyado
por los Pastores de la Iglesia y por el pueblo todo.
Destacamos, asi mismo, como una conquista de gran valor, la
habilitación legal de la objeción de conciencia, que pone a salvo
convicciones íntimas, constitutivas de la personalidad y de la
formación moral y religiosa. Nos alegramos del progreso de este gran
capítulo de los derechos fundamentales, básico de cualquier
Constitución, porque consagra la supremacía irreductibles de la
dignidad de la persona humana, a cuyo servicio está ordenado todo
el sistema jurídico e institucional.
Celebramos que los convecionales hayan sido sensibles a la situación
de los más débiles y al reclamo de igualdad de las mujeres con los
hombres, en una sociedad que evoluciona hacia exigencias de justicia
más auténticas y correspondientes a los nuevos desafíos.
Nos reconforta, en segundo lugar, que la nueva Constitución haya
consagrado el guaraní, como una de las lenguas oficiales del país, y
por tanto, como un instrumento autorizado para la organización de la
educación. Era una expectativa que debía ser atendida en justicia,
para la gran mayoría del pueblo, que ansiada abrirse al mundo de la
cultura en la confianza de su propia comprensión de la vida,
profundizando libre e integradamente el patrimonio de experiencias
y de esperanzas de sus mayores.
Nos reconforta, asimismo, que toda la educación, base insustituible
del desarrollo nacional, tan largamente distorsionada, haya sido objeto
de atenta reformulación, con la definición de objetivos de alcances
universales y comunitarios y un mayor apoyo en el Presupuesto
nacional. Pensamos que a la luz de esos objetivos habrá de establecerse
un sistema operativo, que, desgraciadamente, no ha quedado plasmado
con suficiente claridad, pero que confiamos será llevado por las leyes
reglamentarias hacia una plena y fecunda libertad de enseñanza.
Nos alienta, en tercer lugar, que, para la organización del Estado, la
nueva Constitución haya previsto un equilibrio de los Poderes,
reduciendo a más justa medida el arbitrario exceso de las funciones
del Ejecutivo; que haya dado un valor superior a la misión
independiente del Poder Judicial; que haya puesto límites a una
exagerada centralización del Estado unitario, gracias a nuevas fórmulas
políticas y económicas para el desarrollo de las regiones del país. Estos
cambios deberían asegurar una marcha más democrática de las
instituciones; una mayor personalización del interior del país, tantas

5. veces sacrificado a los intereses de la Capital; y sobre todo, una
organización de la justicia que, superando dolorosos vicios, restablezca
el ansiado tratamiento igualitario de los ciudadanos, sin el cual Estado
alguno puede alcanzar paz y convivencia constructiva.
Nos satisface, en fin, que la Convención haya aseverado los principios
de independencia, autonomía y cooperación en las relaciones entre
el Estado y la Iglesia Católica, que inauguran un nuevo régimen, sin
subordinaciones institucionales, de respetuoso trato recíproco y de
ayuda mutua en el ejercicio de la respectiva competencia, y en la
promoción del único pueblo, destinado a ser servido por ambos. De
estos principios habrá de descenderse, en el futuro, a mecanismos
específicos, que aseguren un permanente diálogo y una oportuna
colaboración en programas concretos, siempre en beneficio del mismo
pueblo, que alienta esperanzas de armonizar crecimiento espiritual y progreso
temporal.
No podemos dejar de manifestar nuestra complacencia por el
reconocimiento de la libertad religiosa y de culto, y porque se garantiza
a las Iglesias y Confesiones religiosas su independencia y autonomía.
Así, queremos creer, y esperamos confiadamente, que la nueva
Constitución pueda abrir -a pensar de sus condicionamientos
ideológicos, que nos preocupan, y de sus aspectos negativos, que son
delicados y conflictivos - una etapa más fecunda en realizaciones
positivas que las que le precedieron. Mucho dependerá, para ello, de
la ardua labor de legislación reglamentaria que debe ser ahora iniciada,
y que habrá de contar con la lucidez, espíritu patriótico y sentido realista de los
Parlamentarios.
4. ASPECTOS MENOS POSITIVOS
Los Obispos queremos manifestar, con el debido respeto, nuestro
parecer sobre los aspectos menos positivos de la nueva Constitución.
El texto no otorga relieve alguno a la dimensión y a la experiencia
comunitaria de nuestro pueblo.
Una inspiración, al mismo tiempo neoliberal y estatista, hace que
contemos con una ley fundamental que, no reconociendo con claridad
las tendencias asociativas y operativas propias de nuestra gente, sobre
todo de las de los campesinos, mantiene la política social y económica
sin definiciones precisas, sometidas al vaiven de las circunstancias y
de las interpretaciones contradictorias, lo cual puede conspirar contra
el adecuado desarrollo de nuestra sociedad.
De esta manera es evidente que en la Nueva Constitución no hay una
concepción global de la convivencia a partir del bien común, ni una
idea clara del hombre, de la sociedad y del Estado.
Debemos mencionar nuevamente el Artículo 4º. Sobre el derecho a

6. la vida. A la rotunda afirmación de ser un "derecho inherente a la
persona humana", se añade que "se garantiza su protección, en general, desde la
concepción".
Así, el primero de los derechos fundamentales del hombre queda
expuesto a los vaivenes de ocasionales mayorías parlamentarias. A
tiempo hemos expresado el Juicio de la Iglesia y por la gravedad del
tema, lo hemos reiterado insistentemente. No se escuchó este llamado.
Se sentó un precedente que puede traer consecuencias graves para nuestro
pueblo.
También el tema de la libertad de prensa suscita inquietud.
Ciertamente, la Iglesia considera que, para ser auténtica, la libertad
de prensa debe estar dirigida al bien común y reconocer límites
morales, como toda actividad en que estén implicados intereses
profesionales, sociales y económicos.
Ahora bien, ¿Cómo determinar la responsabilidad y la ecuanimidad de que habla
el Artículo 28?
No podemos dejar de mencionar, seguidamente, la situación incierta
en que queda, en la práctica, la Reforma Agraria. Es muy conocida la
doctrina de la Iglesia sobre la propiedad privada y la extensión de
ésta a todos los hombre, pues es don de Dios para todos. Por eso
mismo compartimos la desilución de tantos paraguayos por la
disposición constitucional que dispone criterios aceptables para la
reforma, pero al mismo tiempo limita sus posibilidades reales al dificultar la
expropiación.
Queremos expresar la profunda preocupación de la Iglesia por lo
dispuesto en el Artículo 61. En efecto, en el segundo párrafo dice
textualmente "Se establecerán planes especiales de salud
reproductiva y salud materno-infantil para la población de escasos
recursos". La experiencia de la Iglesia hace que manifestemos nuestro
rechazo a una disposición que hace factible cualquier tipo de
legislación, que puede afectar la libertad y la dignidad de la persona
y de la familia con programas antinatalistas; y que sea precisamente
la población de escasos recursos la que se vea así afrentada por una norma
inadmisible.
Finalmente, algunas cuestiones de mucha importancia debieran haber
sido tratadas más profundamente, a fin de superar situaciones que no
permiten un pleno desarrollo del país. Así, el tema de las Fuerzas
Armadas, el de la educación, el de la familia. No debemos olvidar el
peligro cierto de la politización del Poder Judicial por el mecanismo
adoptado para la integración del Consejo de la Magistratura. Además
no es fácil comprender las razones que movieron a negar el derecho
al voto a los compatriotas residentes en el extranjero. Más difícil es

7. entender la finalidad del Arículo 6 de las "Disposiciones
Transitorias": se mantienen las Juntas Electorales de negativa
memoria para todos y se establece una aparente contradicción con
las propias normas constitucionales permanentes.
5. DE CARA AL FUTURO
Terminamos nuestra reflexión diciendo que la nueva Constitución,
con sus luces y sombras, nos convoca a todos a participar en la gran
tarea de construir un Paraguay mejor.
Juzgamos imprescindible alentar un alto sentido ético personal y
colectivo. Definitivamente debe quedar de lado toda pretensión de
violencia para la solución de nuestros problemas. Sería grave retroceso
pensar en golpes de Estado o recursos similares para ello. El número
y gravedad de defectos señalados no nos impide apreciar la
importancia de un instrumento que con la colaboración de todos hará
posible una convivencia justa, fraterna, pacífica, jurídica. Quiera Dios
que para siempre queden relegadas la obsecuencia y el servilismo, la
prepotencia y la soberbia, la cobardía y el interés mezquino.
Una renovación profunda de la moral pública y privada hará posible
la búsqueda efectiva del bien común. Queremos insistir en esto pues
se abre una etapa de ardua labor legislativa para la puesta en práctica
de la nueva Constitución. No queremos dejar de insistir en la
participación ciudadana exigiendo el respeto de los principios
constitucionales. La formación de una opinión pública celosa velará
por el logro de tan importantes objetivos.
Con particular instancia, queremos dirigir un llamado a los miembros
de nuestra Iglesia que procuran vivir coherentemente su fe. La nueva
Constitución otorga a los creyentes y ciudadanos una crecida
responsabilidad. La realidad pluralista y el nuevo ordenamiento
jurídico exigen, más que nunca, por encima de las divisiones
partidarias y sociales, el aporte lúcido y generoso de los creyentes
que no olvidan la misión evangélica de ser, con su testimonio de
vida, "sal de la tierra y luz del mundo" (Mateo, 5, 13-14). La Iglesia,
con sus estamentos y organismos, promoverá una efectiva y
perseverante educación cívica que permita el logro de los propósitos enunciados.
Desde la fe y con un gran sentido de esperanza cristiana, los Obispos
procuraremos perserverar en el empeño de edificar una comunidad
eclesial abierta y viva, capaz de animar el crecimiento de un Paraguay
fraterno y justo. Invocamos para ello la interseción de la Virgen de
Caacupé de San Roque González de Santa Cruz mientras bendecimos a todos
con entrañable afecto.
Asunción, 20 de Agosto de 1992

8. Por mandato de la 131 Asamblea Plenaria Extraordinaria
+ Celso Yegros Estigarribia
Obispo de Carapeguá
Secretario General de la CEP