El documento analiza el cultivo de la palma aceitera en el departamento del Meta, Colombia. El Meta es el mayor productor de palma aceitera en Colombia, con 120,892 hectáreas sembradas y una producción de 267,973 toneladas en 2009. La palma aceitera juega un papel importante en la economía del departamento, representando más del 5% del valor agregado y empleando directamente a unas 16,000 personas. Sin embargo, el documento también plantea algunas preocupaciones sobre los posibles impactos sociales y económicos de expandir aún más el cultivo de

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Análisis de los agrocombustibles en el departamento del Meta
Emilio García Gutiérrez.
Catedrático Asociado
24/08/ 2009
Lectura complementaria para la catedra de Proyectos
Productivos. Programa de Economia. Universidad de los
Llanos
Colombia ocupa el quinto puesto, tanto en la producción mundial de
palma aceitera como en la superficie destinada a este cultivo, en ambos
casos participa con menos del 2 por ciento. Los principales productores
son Indonesia, Malasia y Tailandia que concentran el 81.7 por ciento de
la producción mundial. Igualmente, la superficie sembrada con palma de
aceite en Malasia e Indonesia representa prácticamente el 80 por ciento

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de la superficie mundial (Oíl World Annual 2010, Anuario Estadístico
Fedepalma 2010).
Para el año 2009 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
mediante la Encuesta Nacional Agropecuaria estimo un área sembrada
de 342.547 has, resaltando el departamento del Meta como mayor
productor, seguido de Cesar, Santander, Nariño y Bolívar.
Colombia ocupa el segundo lugar con mayor biodiversidad en el mundo.
Hasta ahora la palma de aceite ocupa territorios que antes eran utilizados
en otras actividades agropecuarias; en especial, ganadería de muy bajo
rendimiento. A partir de ahí, los palmicultores colombianos se
comprometen con el medio ambiente, adoptando una gestión de buenas

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prácticas que les permitan asegurar la competitividad frente a los
estándares internacionales y estar atentos a favorecer la sustentabilidad.
Los retos más importantes: el cuidado de la biodiversidad, conservar la
pureza del agua de ríos y lagunas con plantas de tratamiento, manejo y
reciclaje de subproductos, y extremar las medidas para evitar a toda costa
los incendios.
Jens Mesa señaló que en el caso Colombiano, “la expansión del cultivo no
implica la afectación de zonas de bosque tropical primario o incluso
secundario, en razón de la amplia disponibilidad de tierras aptas dentro
de la frontera agrícola y pecuaria. Quizás la única excepción, que por
demás no apoyamos en Fedepalma, corresponde a la presencia de la
oleaginosa en la zona de Urabá Chocano, al noroeste del país, cuyos
procedimientos son materia de investigación por las autoridades
competentes a efecto de hacer cumplir la ley”.
La palma aceitera en el departamento
La Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2009 elaborada por la CCI
señala que en el departamento del Meta, existen 313.105 hectáreas
dedicadas a la explotación agrícola, 4.748.549 hectáreas en uso pecuario,
221.183 para un total de 5.341.459 hectáreas estudiadas y 24.543
unidades productivas.
En el año 2.000 la Zona Oriental tenía sembradas 53.783 has., con palma
de aceite y para el presente año se tiene calculado que el área va a superar
las 150.000 has., es decir en 9 años se van a triplicar las siembras.
Según Fedepalma y Corpoica, “Colombia cuenta con un área potencial sin
restricciones para siembra de Palma de Aceite, de 3’531.844 hectáreas, de
las cuales 1’934.000 hectáreas están en la Zona Oriental. Veamos:

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Área sembrada del cultivo de palma aceite* por departamentos. Año
2009.
* A la fecha no se cuenta con el dato de producción.
** Incluye Caquetá, zona de Urabá y Choco.
Fuente: Encuesta Agropecuaria 2009 y Registro administrativo. CCI – MADR.
En este sentido y según los resultados obtenidos se observa que, en
términos de áreas sembradas, el café y el plátano continúan
predominando en el país como principales cultivos permanentes, no
obstante la palma africana se acerca cada vez más a estos dos cultivos
debido a los fuertes incrementos en las áreas sembradas durante los
últimos 4 años (ENA, 2009, p.75).
Área de Palma de Aceite, sembrada en Colombia en el año 2.008:
• Área sembrada en Colombia........................................... 336.956 Has.
• Área en producción en Colombia..................................... 221.266
Fuente: Cadena Regional de Biocombustibles (Fedepalma Anuario
2.009)

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Perspectiva de los biocombustibles en el departamento del
Meta
• Área en desarrollo en Colombia........................................ 115.690
• Área sembrada Zona Oriental 35,9%................................. 121.135
• Área en producción Zona Oriental 33.2%........................... 73.558
• Área en desarrollo Zona Oriental 41.1%...............................47.577
• Aceite producido Zona Oriental 226.846 toneladas.
La zona Oriental cuenta con 23 plantas, las cuales están distribuidas así:
en el Meta 19 plantas; Casanare 2 plantas; Cundinamarca 1 planta y
Caquetá 1 planta.
En el Meta, las plantas están ubicadas así: San Carlos de Guaroa 5;
Acacías 7; Cumaral 2; San Martín 3; Barranca de Upía 1; Cabuyaro 1 y
Puerto Gaitán 1.
Plantas refinadoras de aceite crudo: Fanagra y Del Llano

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Palmisteria: Oleaginosas del Ocoa (Villavicencio); Palmeras del Llano
(Acacias); Hacienda la Cabaña (Cumaral); Aceites Manuelita S. A. (San
Carlos de Guaroa) y Proteína de Oriente S.A. PROTO
En el departamento del Meta existen 120.892 has., sembradas con
plantaciones de palma de aceite, con 94.135 en producción (Secretaría de
Agricultura del Meta, diciembre de 2009). Considerando los anteriores
datos las posibilidades de crecimiento en la región son altas y el respaldo
de la política del gobierno para el sector de los Biocombustibles da un
buen índice de garantías a los inversionistas (Gobernación del Meta,
Secretaria de agricultura, ganadería y desarrollo, “Caracterización,
avances y prospectiva de la cadena I. A. Edgar Bolaños Aranda,
Villavicencio, diciembre 2.009 p. 4).
La cadena de la palma de aceite juega un papel muy importante en la
economía del departamento ya que, este sector representa más del 5% del
valor agregado y el empleo departamental. Estos mismos cálculos
permiten deducir un empleo directo en el sector de aceites y oleaginosas
de alrededor 16.000 personas.
El producto agrícola de la cadena pertinente para la actividad económica
del departamento es la palma africana, ya que la producción de algodón
en el Meta es prácticamente insignificante. El departamento es el primer
productor de palma africana a nivel nacional, con una participación del
21.2% de la producción y 26.6% de la superficie cosechada en el país en el
año 2004. De acuerdo al Observatorio de Agrocadenas (2005), en el
departamento se encuentran 18 plantas extractoras de aceite, el 60% de
las cuales se encuentran en Acacías y San Carlos de Guaroa.
Se observa que este cultivo ha sido muy dinámico en el departamento, ya
que el crecimiento promedio anual de su producción es superior al 6%.
Este fuerte crecimiento de la actividad de la palma durante los últimos
años indica que la producción agrícola de la palma africana, y
agroindustrial del aceite de palma, podrían ser motores fundamentales
de la actividad económica local en los próximos. Para confirmar estas
sospechas se requieren analizar los indicadores de competitividad del
sector y las características de la actividad productiva en el departamento.

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En el periodo 2008 a 2009 se creció de 111.665 a 120.892 hectáreas
sembradas, con una variación del 8,26% destacándose entre los
municipios con mayor área sembrada San Carlos de Guaroa con
33.000hectareas, San Martin 16.200, Acacias 13.500, Castilla La Nueva
9.500,Cabuyaro 8.200 ,Barranca de Upia 7.7 12 y Cumaral con 6.793
hectáreas , entre otros .
La producción departamental para el 2.009 fue de 267.973 toneladas y el
rendimiento promedio de 2,74 toneladas /hectárea (Secretaria de
agricultura y desarrollo rural del Meta, diciembre de 2009)
Si se analizan los agrocombustibles, llama la atención el silencio o el
escaso énfasis sobre partes de un negocio –para solo referirnos a este
aspecto– que se dice podría ampliarse de 129 mil hectáreas a entre tres y
siete millones de hectáreas en materia prima para producir biodiesel y
etanol.

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Primero: las enormes diferencias de costos entre Colombia y países
como Brasil, Malasia e Indonesia, realidad que hoy impone, y así lo
reconocen los propios productores colombianos, que el país carezca de
cualquier posibilidad de exportar y solo se tenga como opción el mercado
interno colombiano.
Segundo: el consumo interno de agrocombustibles implica enormes
transferencias del Estado, del orden de 220 millones de dólares anuales
para el etanol con la actual mezcla a la gasolina del 10%, a lo que habría
que agregarle una suma igual o mayor para el agrodiesel que se le
mezclará al ACPM al 5 por ciento, para un total de 400 millones de
dólares al año, sin duda una suma enorme.
Tercero: ¿A qué porcentajes hay que llevar las mezclas de
agrocombustibles con la gasolina y el ACPM para poder absorber el
incremento de las hectáreas de que se está hablando, que multiplican
entre 2.300 y 5.400 por ciento el área sembrada? ¿Cuánto le costarán al
fisco esos mayores porcentajes? ¿Si es eso conveniente o siquiera
posible? ¿Si debe aceptarse que el gobierno utilice las cifras que se le
antoje, sin analizarlas?

10. Análisis de los agrocombustibles en el departamento del Meta
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Cuarto: ¿Si debe cifrarse el “futuro” del agro nacional en un negocio en
el que el país no es competitivo internacionalmente, con sus ventas en el
mercado interno atadas a grandes subsidios del Estado, cuyo futuro
depende de lo que pase con los precios internacionales del petróleo y de
los cambios tecnológicos en su fase industrial y en el que, además,
Colombia podría terminar de importadora? ¿Carece de importancia que
el Presidente de Fedepalma pida “cautela”? (Portafolio, Abril 0 de 2008).
Creemos que no es demasiado pedir que en este tema se analicen con
rigor las cuentas del gobierno y se promueva un serio debate sobre lo que
más le conviene a Colombia.

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¿Y cuál es el futuro?
La avaricia con los necesitados y la generosidad con los poderosos,
incluidos consorcios, financieros y rentistas, bien nacionales o foráneos,
así como con quienes, al amparo del Estatuto, puedan legalizar
muchísimas hectáreas venidas del despojo, introduce no sólo un
ordenamiento del uso del suelo, según “las potencialidades” que el
gobierno neoliberal del Presidente Uribe defina como derivación del TLC
y del mandato imperial, sino que con él se genera un nuevo “arreglo”
social en el campo colombiano.
¿Cuál es el futuro de los casi 25 millones de jornales anuales,
involucrados en la producción de algodón, cereales y fríjol dejados a su
suerte? ¿Cómo se modificará en el nuevo marco el inicuo régimen de
propiedad rural imperante donde el 0,4% de los propietarios tienen cerca
del 65% de la tierra?
¿Cómo se mantendrá la producción campesina y empresarial de
alimentos que están excluidos de los beneficios de la política y que brinda
más de la mitad de las subsistencias a los colombianos y que como
secuela de esta política regresiva se vendrá menos? (Los
agrocombustibles ¿bendición o desdicha para el Meta? Emilio García
Gutiérrez; p.45)
Es evidente que la política agraria lesiona la soberanía alimentaria. Pero
con la entrega de baldíos a empresas, inclusive extranjeras, puede
configurarse menoscabo de la soberanía territorial, se vuelve realidad lo
que el Presidente Uribe catalogó en un momento dado como entelequia
de los opositores al TLC.
A contramano, se trama la expulsión de nuevas capas de productores, de
campesinos y de obreros rurales, se expanden las siembras de géneros de
tardío rendimiento mientras se empeora la provisión nacional de
alimentos por habitante y se incrementa la dependencia alimentaria del
país; entre tanto, crece la dramática situación de miseria y ruina de las
comunidades rurales, incluyendo a las afrocolombianas y a las indígenas,
a quienes el ministro Arias, califica como “los más grandes
terratenientes del país”.

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El viraje gubernamental no es neutro. Está al servicio de determinadas
clases e intereses: “La visión del desarrollo rural y de la política de
tierras en que se fundamenta esta propuesta se enmarca en las nuevas
realidades de la economía nacional, caracterizadas por los procesos
acelerados de liberalización comercial, de
internacionalización de la economía de Colombia y del
mundo, que requieren de un renovado impulso al desarrollo
empresarial y al papel central de la iniciativa privada… la
economía campesina, más que cualquier otra, requiere de un
ajuste radical en las políticas estatales diseñadas”( Exposición
de Motivos, Proyecto de Ley Estatuto de Desarrollo Rural).
Para sobrevivir dentro del nuevo ordenamiento institucional, territorial,
productivo y social que se está estructurando, los empresarios,
campesinos, comunidades afro-colombianas, indígenas y jornaleros, que
no sean expulsados, estarán forzados a una nueva servidumbre hacia
quienes captarán las mayores rentas derivadas de la reafirmación del
modelo agro-exportador, de la más inicua distribución de la tierra y de su
“aprovechamiento”, empezando por quienes controlan los eslabones
mercantiles y se lucrarán del vil comercio de los bienes tropicales básicos,
de la producción y transformación de ellos con base en la mano de obra
barata y en los bajos precios de compra a los productores agropecuarios,
y de la posesión de los recursos genéticos, de la biodiversidad, del agua y
del territorio, satisfaciendo así una enorme necesidad imperial : el acceso
fácil y rebajado a los recursos naturales.
En los últimos 16 meses los precios internacionales del arroz subieron
135 por ciento, los del trigo 116 por ciento, los de la soya 93 por ciento y
los del maíz 41 por ciento, aumentos que también afectan a Colombia,
como lo prueban la mayor inflación y el desaparecimiento del pan de
doscientos pesos.
La debilidad del país ante esta asechanza se origina en que las
importaciones agrarias superan los ocho millones de toneladas –con un
incremento de dos millones en el gobierno del presidente Álvaro Uribe–
y en que, según la FAO, ya para 2002 el 51 por ciento de las proteínas y
las calorías y el 33 por ciento de las grasas de origen vegetal que
consumían los colombianos venían del extranjero.

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Foto: Cultivo privado de palma africana en territorio colectivo en Llano Rico. Constanza Vieira/IPS)
Las razones de esta carestía son conocidas: aumentos del consumo en
algunas partes, estímulos a los agrocombustibles, que ponen a competir
la comida de las naciones pobres con las gasolina de las ricas,
concentración de la producción agrícola en unos países y su reducción o
eliminación en otros, mayor poder de las transnacionales del comercio de
los alimentos, revaluación del peso, encarecimiento del petróleo y los
agroquímicos y que convirtieran en commodities los bienes agrícolas, es
decir, en objeto de especulación de los tiburones de las finanzas, todo lo
cual puede llamarse globalización neoliberal, “libre comercio”,
capitalismo salvaje ( Los agrocombustibles ¿bendición o desdicha para el
Meta? Emilio García Gutiérrez; p. 46).
También es de notoria importancia saber que países como Brasil,
Tailandia, Argentina, Vietnam, India y Egipto limitaron sus
exportaciones de alimentos para asegurarse su abastecimiento interno,
decisión apenas obvia y que nuevamente pone en ridículo a quienes
hablan de un mundo con mercados con intercambios perfectos, que solo
existen en los libros de texto y que aquí usan los panegiristas del “libre
comercio” para presentar como teorías suyas las imposiciones de
Washington de importar la dieta básica de los colombianos. Y es
indudable que el concepto de seguridad alimentaria, que establece el
valor estratégico que tiene para una nación producir la comida en su

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territorio, so pena de hambrear a su pueblo y perder la soberanía, lejos de
haber caducado, está siendo confirmado por los hechos.
En medio de los debates del TLC, cuando se explicaba que Estados
Unidos mantendría los enormes subsidios agropecuarios porque así se lo
exigía su seguridad alimentaria y que Colombia debía utilizar el mismo
concepto para negarse a desproteger a su agro, Jorge Humberto Botero,
el ministro que encabezaba la “negociación”, explicó que no acogería ese
punto de vista porque le era indiferente que se importara la comida de
los colombianos (La República, Abril 21 de 2004) y fue capaz de agregar:
“Mil y mil gracias por los subsidios (agrícolas extranjeros)
porque nos permiten, por ejemplo, comprar trigo barato” (La
Patria, Mayo 16 de 2004). Por su parte, cómo olvidar a Andrés Felipe
Arias explicando, la conveniencia de comprar en el exterior los cereales
para reemplazar su producción por hipotéticas exportaciones de uchuvas.
A pesar de que el encarecimiento de la comida ratifica la desastrosa
concepción agraria del gobierno colombiano, la cual no ha generado
peores efectos porque el TLC no ha entrado en vigencia, ahora salió el
ministro de Agricultura a decir Colombia está “blindada” frente a
la crisis alimentaria global, como si las cifras no mostraran lo
contrario. ¿No es una burla obligar a los colombianos a consumir comida
extranjera y luego afirmar que están “blindados” contra sus costos? ¿No
constituye un fraude analítico meter en el mismo saco carnes, huevos,
granos, cereales y oleaginosas con tubérculos, frutas y hortalizas, cuyo
valor nutricional es inferior –en calorías, carbohidratos y proteínas–,
para ‘probar’, contra toda evidencia, que aquí no pasa nada?
La astucia de Andrés Felipe Arias de que los colombianos pobres pueden
reemplazar los alimentos encarecidos por otros más baratos recuerda a
María Antonieta, reina de Francia, quien, ante las protestas del pueblo
por la falta de pan, preguntó: “¿Y por qué no comen tortas?” (María
Antonieta, que coman torta. http://youtu.be/gQRXmlG-zsQ ).