El documento analiza las barreras al acceso a la justicia en asuntos ambientales según el Convenio de Aarhus, como limitaciones a la legitimación, dificultad para obtener asistencia legal, falta de sensibilidad en los organismos revisores, lentitud de los procedimientos y barreras económicas. Propone soluciones como programas de capacitación, sensibilización de jueces, uso de medidas cautelares y fondos para financiar litigios ambientales.