Centenares de vecinos y activistas ambientales protestaron hoy en Montevideo contra la inminente firma de un acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa minera Zamin Ferrous que habilitará el proyecto minero de Aratirí, una gigantesca mina de hierro a cielo abierto que se ubicará en el corazón del país.

1. Uruguay: Protesta contra el acuerdo por el proyecto
minero de Aratirí
12 Febrero 2014.Escrito por EFE e HispanTV
Centenares de vecinos y activistas ambientales protestaron hoy en
Montevideo contra la inminente firma de un acuerdo entre el
Gobierno uruguayo y la empresa minera Zamin Ferrous que habilitará
el proyecto minero de Aratirí, una gigantesca mina de hierro a cielo
abierto que se ubicará en el corazón del país.
Ante unas inusuales medidas de seguridad, que acordonaron una
cuadra entorno a la sede de la Presidencia de la República, los
manifestantes, en su mayoría jóvenes, expresaron su rechazo tanto
al proyecto como a las formas en las que se está desarrollando la
firma del mismo y alertaron sobre el daño medioambiental y la falta
de beneficios reales para los uruguayos que tendrá su puesta en
marcha.
"Pedimos que no se firme el contrato, que se ampara en una ley
inconstitucional, aprobada en el Parlamento solo con votos oficialistas
y de urgencia porque la empresa minera tenía urgencia", dijo a Efe
Germán Parula, de la Asamblea Pachamama Uruguay, una de las
convocantes a la movilización.
Según apuntó Parula, el proyecto Aratirí pretende desarrollarse en
una zona "fértil y productiva" y generará unos daños "inaceptables"
sin que haya nada que pueda compensar si finalmente se pone en
marcha.
El proyecto minero pretende invertir más de 1.000 millones de
dólares en un complejo minero de 6.210 hectáreas, un mineroducto
de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico
para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.

2. En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero
presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar
las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una
envergadura sin precedentes en el país.
La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas
de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las
rentas obtenidas por la venta del mineral.
Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes
beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada
a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el
país.
Sin embargo, para Parula esta capacidad de desarrollar una industria
local aprovechando el mineral "no existe", ya que el país no cuenta
con capacidad para hacerlo en el corto plazo, mientras que dudó de
los planes gubernamentales que dicen que Aratirí dejará el 50 % de
sus beneficios en el país a través de impuestos y cánones.
"Es una ilusión. Las mineras en América Latina no dejan más del 20
% de sus ganancias en cánones y aquí dicen que dejará la mitad. Es
sorprendente", añadió.
Asimismo, también dudó de la creación de puestos de trabajo, ya que
otras grandes inversiones en el país, como la planta papelera de UPM,
también prometían mucho y "hoy emplean a menos de 200
personas".
"No creemos en este tipo de crecimiento, y la historia de América en
este sentido nos ha aleccionado bastante bien", indicó Parula.
Precisamente hoy mismo el directorio del opositor Partido Nacional
(conservador), se pronunció contra la firma del convenio por Aratirí, y
exigió al gobierno respetar la ley y los procedimientos antes de hacer
nada parecido.
Documento leído en la manifestación
La Asamblea Nacional Permanente expresa su categórico rechazo a la
inminente firma del contrato de inversión entre la empresa Zamin
Ferrous (Aratirí) y el Poder Ejecutivo. Este contrato de inversión
implica la entrega lisa y llana de nuestros bienes naturales y nuestra
soberanía. Representa un paso más en la consolidación de un modelo
que hipoteca nuestras posibilidades de un desarrollo regional
soberano.
Señalamos el carácter inconstitucional de la Ley de Minería en la que
este contrato de inversión se ampara, ley que atenta directamente

3. contra el artículo 47 de nuestra Constitución artículo que tuvo su
génesis en la lucha popular-, y contra los preceptos constitucionales
de soberanía e igualdad ante la ley.
El Proyecto Megaminero, junto a la Planta Regasificadora de Puntas
de Sayago y al Puerto de Aguas Profundas en Rocha, configuran una
trilogía interdependiente que forma parte de un modelo continental
basado en una lógica depredatoria y contaminante, que antepone los
intereses del capital a las necesidades de nuestros pueblos. Nos
solidarizamos con la lucha que a través de toda Latinoamérica levanta
la bandera de la dignidad contra el atropello extractivista.
Entendemos que no existe norma jurídica ni permiso gubernamental
que pueda convertir a Aratirí en un emprendimiento aceptable. El
pueblo uruguayo va a resistirlo, como históricamente resistió otros
atropellos a su dignidad, aunque este proyecto obtenga para sus
carpetas los más variados y coloridos sellos burocráticos.
Alentamos la movilización social y popular autónoma, como forma
legítima de defender nuestros bienes naturales, y llamamos a
redoblar la lucha para superar de una vez el carácter dependiente de
nuestros pueblos y a construir una alternativa soberana y
ambientalmente sustentable.
La tierra no se vende, ¡LA TIERRA SE DEFIENDE!
Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes
Naturales
Uruguay: NO a la gran minería transnacional: NO a Aratirí
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay rechaza la minería
transnacional de gran escala y específicamente el contrato de
inversión entre la empresa india Zamin Ferrous (Aratirí en Uruguay) y
el Poder Ejecutivo, fijado para ser firmado este mes. Ese acuerdo
implicaría la profundización de un modelo de transnacionalización de
las principales cadenas productivas del país.
10 de febrero de 2014
Demasiado futuro en juego para cambiar por espejitos de
colores.
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay rechaza la minería
transnacional de gran escala y específicamente el contrato de
inversión entre la empresa india Zamin Ferrous (Aratirí en Uruguay) y
el Poder Ejecutivo, fijado para ser firmado este mes. Ese acuerdo
implicaría la profundización de un modelo de transnacionalización de
las principales cadenas productivas del país.

4. Denunciamos que la Ley de Minería de Gran Porte, sostén legal del
tratado de inversión con Aratirí , es inconstitucional. Esa normativa
atenta directamente contra el artículo 47 de nuestra Carta Magna.
Desde la Reforma Constitucional aprobada en el plebiscito del agua
hace una década con amplio apoyo popular, ese artículo establece la
prioridad del uso humano del recurso agua y la gestión participativa
de las cuencas hídricas, así como criterios también de participación
ciudadana en materia de ordenamiento territorial.
Rechazamos la minería transnacional de gran escala porque significa
una grave amenaza ambiental y social para Uruguay, por sus
impactos sobre suelos y agua, y el desplazamiento que conlleva de
pequeños productores familiares, ya severamente afectados por el
modelo del agronegocio instalado en el país.
Particularmente, el proyecto de Aratirí es una apuesta inconsulta, sin
dar lugar al debate nacional que requiere, y no cuenta con el aval de
la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Con la firma del
acuerdo, el país daría un paso más en la primarización de su
economía, al tiempo que pondría en peligro nuevamente su soberanía
si a la rúbrica del contrato de inversión le sigue la ratificación
parlamentaria del Tratado de Protección de Inversiones (TPI) firmado
entre Uruguay e India en 2008. (Ver más información sobre este
punto al final del texto).
Como organización basada en los principios de la ecología social,
REDES – AT lamenta que desde las autoridades del gobierno
uruguayo se decida recorrer el camino de la minería transnacional de
gran porte, con proyectos en manos de empresas extranjeras cuyo
objetivo es sólo el lucro, con uso de químicos, abuso del agua, su
consecuente contaminación y el destrozo del suelo.
Asimismo, la información pública, tanto de fuentes oficiales como de
medios de prensa nacionales de los últimos meses, ha dado cuenta
de numerosísimos casos de pequeños productores ganaderos
hostigados por la compañía Aratirí, que ha seguido la misma lógica de
presión de variadas corporaciones alrededor del mundo: “divide y
reinarás”. Los productores familiares que no quieren que sus tierras
sean usadas para la minería ven cómo operarios de Aratirí entran por
la fuerza, trabajan por las noches, perforan sus campos, generan
divisiones entre los vecinos de la zona y compran apoyo.
La gran explotación minera amenaza con agravar el mapa productivo
de Uruguay, ya caracterizado por la extranjerización, latifundización,
primarización de la economía, además de un fuerte componente
extractivista (ganadería extensiva, forestación y soja). Sobran los
ejemplos en América Latina de los destrozos de la minería
transnacional, con corporaciones que privatizan las ganancias
económicas (Uruguay agrega exoneraciones impositivas millonarias)
y socializan las pérdidas ambientales y sociales.

5. La explotación de mineral de hierro en determinados territorios no
puede verse como una actividad aislada: a ella se enlazan aspectos
de logística (mineroducto, puerto de aguas profundas) y un gran
consumo de energía, que acarrean un conjunto de impactos
ambientales, territoriales y estratégicos para Uruguay. Dista de haber
un debate suficientemente participativo, amplio y exhaustivo sobre
estos asuntos.
El pueblo uruguayo tiene derecho a ser informado y luego dar su
opinión. Al tratarse de un proyecto de impacto nacional, la población
tiene que ser consultada, como se estipula legalmente para los
directamente afectados, en un proceso que garantice que se atiendan
los aportes y preocupaciones de la gente y en el que se apueste
además al intercambio de ideas a nivel nacional.
No se puede exhortar a ese debate al mismo tiempo que se anuncia
la firma este mes de un contrato de inversión con Aratirí, del cual se
desconoce absolutamente su contenido. No es serio. Más bien se
parece a un insulto a la inteligencia y el sentido común.
Tampoco se puede afirmar, como se ha hecho, que el proyecto de
Aratirí se realizará siguiendo estándares ambientales, cuando hasta
ahora sus informes no dan ninguna garantía de ello. Por el contrario,
la DINAMA ha pedido varias veces mayores y mejores estudios a
Aratirí, que ha demostrado escasa seriedad a la hora de dar
garantías.
Lamentamos que el gobierno nacional habilite una “lógica de los
hechos consumados”, con el anuncio de la firma de un contrato de
inversión cuando la empresa ni siquiera terminó de presentar los
estudios solicitados por la DINAMA.
Reclamamos, al igual que la Federación de Estudiantes Universitarios
del Uruguay (FEUU), que se dejen sin efecto las instancias
proyectadas para la instalación de Aratirí y se convoque sin dilaciones
a un amplio y profundo debate nacional sobre las implicancias de la
minería de gran porte para un proyecto de desarrollo nacional
soberano e integrado regionalmente. Ese debate nos permitiría
interrogarnos si esos son los cambios a la matriz productiva nacional
que queremos y necesitamos para alcanzar la justicia social y
ambiental.
Para REDES – AT varios son los aspectos que nos llevan a rechazar la
gran minería transnacional en general y el proyecto de Aratirí en
particular: los impactos ambientales, sociales, el predominio en el
sector de grandes corporaciones que buscan hacer negocios con
escasos o nulos criterios ambientales, una economía que acentúa su
producción de materias primas sin valor agregado, la lógica de
especulación financiera inherente al proyecto Aratirí y una base de
protección de las inversiones de privados que amenaza la soberanía

6. nacional y, en tanto, el bienestar de nuestra población. Demasiado
futuro en juego para cambiar por espejitos de colores.
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay