Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Colombia: situación los derechos de las niñas y los niños en el contexto del conflicto armado interno
1. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU
Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima)
PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Colombia: situación los derechos de las niñas y los niños en el contexto del conflicto
armado interno1
La situación de derechos humanos y derecho humanitario continúa siendo muy
preocupante2, durante 2007 y 2008, persisten graves violaciones e infracciones al derecho
humanitario por parte de todos los grupos que participan en las hostilidades: grupos
guerrilleros, grupos paramilitares y fuerza pública3. Niños y niñas han sido afectados en sus
derechos a la vida y a la integridad personal; a las libertades personales y sexuales; a no ser
vinculados a los grupos armados que toman parte en las hostilidades; y continúa
agravándose su situación de indefensión.
Durante los tres últimos años se ha registrado un incremento en las ejecuciones
extrajudiciales de niños y niñas directamente cometidas por miembros de la fuerza
pública, la cual, en algunos casos, ha presentado los cadáveres de las víctimas ante las
autoridades judiciales y los medios de comunicación como “insurgentes muertos en
combate”. El 6 de enero de 2008, en Colombia (Huila) un adolescente de 16 años de edad,
fue asesinado por presuntos miembros de la Fuerza Pública. El hecho se presentó cuando
miembros de la Policía y el Ejército Nacional llegaron al corregimiento de San Marcos y
abrieron fuego en un lugar público de la comunidad. El niño recibió cinco disparos por la
espalda cuando trataba de escapar del ataque. En los mismos hechos resultaron muertas
otras tres personas y heridos tres civiles4.
Otras ejecuciones extrajudiciales de niños fueron registradas en los departamentos de
Caquetá y Tolima.
A pesar de que, en el marco de las negociaciones con el Gobierno, los grupos paramilitares
se comprometieron a no cometer más ataques contra la población civil, se puede observar
que, incumplieron su palabra y continuaron violando el derecho a la vida de niñas y niños.
Por ejemplo, el 26 de marzo de 2007, en Bello (Antioquia), una niña de 14 años fue víctima
de homicidio y violencia sexual, y otra niña de 10 años resultó herida por presuntos
paramilitares entre los cuales se encontraban dos niños de 15 años de edad, víctimas a su
vez de reclutamiento5. Es de anotar que, el Bloque Cacique Nutibara del grupo paramilitar
1
Esta presentación fue elaborada con la colaboración de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado
en Colombia Coalico
2
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia, 28 de febrero de 2008, A/HRC/7/39.
3
Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, 21 de diciembre
de 2007, A/62/609–S/2007/757, párr. 118.
4
“A mi sobrino lo mataron”, Diario del Huila, 8 de enero de 2008, www.diariodelhuila.com; “ Frustran atentados en el norte del Huila”,
periódico El Mundo, 8 de enero de 2007, www.elmundo.com
5
Los hechos se presentaron en el lugar de residencia de las dos niñas, en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, cuando los
victimarios (entre ellos dos menores de edad) ingresaron de manera violenta a la vivienda propinando varias puñaladas a las dos menores
y abusando sexualmente de una de ellas. Banco de Datos de Violencia Sociopolítica del Cinep, Revista Noche y Niebla, No. 34/35, Pág.
239.
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AUC, fue el primero en participar en una ceremonia de desmovilización el 25 de noviembre
de 2003, en Medellín (Antioquia).
Se registraron también homicidios cometidos por el grupo guerrillero de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en los
departamentos de Putumayo, Nariño, Valle y Huila, entre otros. El 20 de enero de 2008, en
Palmira (Valle), Martha Liliana Machín Rodríguez, mujer con tres meses de embarazo y su
hija de nueve meses de vida fueron víctimas de una mina antipersona presuntamente
instalada por la guerrilla de las Farc. La bebé y su madre murieron como consecuencia de la
explosión, Martha sufrió la amputación de uno de sus miembros inferiores y heridas en el
otro y la niña recibió la onda explosiva, y permaneció horas junto al cadáver de su madre
sufriendo los efectos del frío y el hambre hasta que falleció. Las labores de búsqueda y
rescate de los cadáveres de las víctimas tuvieron que ser efectuadas por sus propios
familiares y vecinos6.
Por otra parte, el 24 de marzo de 2008, en Santacruz Guachavez (Nariño), un niño de 12
años de edad fue asesinado por presuntos miembros del grupo guerrillero ELN. La víctima
murió al pisar una mina antipersona instalada, según autoridades de la Alcaldía, por el
grupo guerrillero ELN. El niño era estudiante de quinto año de primaria e hijo de un
concejal de Guachavez7.
La mayoría de las lesiones contra niñas y niños registradas en el último año fueron
causadas por el uso de armas prohibidas por el derecho humanitario (minas antipersona,
armas cuyos efectos son indiscriminados, armas trampa, etc.). El 25 de marzo de 2008, en
Argelia (Cauca), dos niños fueron heridos en un atentado con explosivos atribuido al grupo
guerrillero FARC-EP. Las víctimas de 7 y 9 años de edad sufrieron lesiones en sus brazos
al explotar cinco cargas de anfo y dinamita en el parque central del municipio 8.
El derecho a la libertad personal también ha sido gravemente vulnerado, se han
registrado tomas de rehenes cometidas por las FARC-EP y por grupos paramilitares
supuestamente desmovilizados en contra de niñas y niños. En el mes de enero de 2008 se
constató la situación que tuvo que padecer un niño nacido en cautiverio. Se trata del hijo de
Clara Rojas, una mujer que estuvo secuestrada por el grupo guerrillero FARC-EP, durante
más de cinco años. El niño, estuvo en poder del grupo armado durante sus primeros meses
de vida en compañía de su madre y luego fue entregado a José Crisanto Gómez, un hombre
que dijo haber llevado al menor de edad que le entregaron las FARC-EP a un hospital de
San José del Guaviare (300 kilómetros al sudeste de Bogotá), el niño nació el 20 de julio de
2004 y él lo entregó en un hospital del sur del país el 15 de junio de 2005. Meses después,
el ICBF, al haber encontrado al niño en situación de abandono, lo remitió a uno de sus
programas de atención. No obstante, luego de las gestiones para liberar a tres secuestrados,
6
“Martha nunca quiso dejar la montaña”, diario El Tiempo, 3 de marzo de 2008, pág. 1-9; “Campesina y sus dos bebés mueren en campo
minado”; diario El Tiempo, 29 de enero de 2008, Pág. 1-13 y “Mueren madre y pequeña hija al pisar mina”, diario El País, 29 de enero de
2008, www.eltiempo.com.
7
“Mina antipersona mató a niño de 12 años”, diario El Tiempo, 23 de marzo de 2008, pág. 1-6; “U estudiante fue otra víctima de las
minas”, Diario del Sur, 25 de marzo de 2008, www.diariodelsur.com;
8
“Ejército contrarresta avance de subversivos”, diario El País, 26 de marzo de 2008, www.elpais.com.
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entre los que se encontraba el niño, al momento de la liberación de su madre en enero de
2008, el Estado informó a la opinión pública que el niño estaba en su poder desde hacía
varios meses9.
Adicionalmente, miembros de la fuerza pública violaron el derecho a la libertad de niñas y
niños a través de detenciones arbitrarias, entre las víctimas se encuentra un niño indígena
hijo de un líder de su comunidad, y también niñas y niños campesinos. En los hechos de
detención las niñas y niños son agredidos física y verbalmente, y, en muchas oportunidades,
señalados de ser guerrilleros. El 23 de Febrero de 2007, en la ciudad de Bogotá, fueron
detenidos arbitrariamente dos adolescentes indígenas kankuamos de 15 y 16 años,
respectivamente, por parte de integrantes de la Policía Nacional. El hecho se presentó en el
momento en que los dos menores de edad se dirigían del colegio “Camilo Torres” hacia su
lugar de residencia. Una vez detenidos y dirigidos a la Estación de Policía ubicada en la
calle 26 con Carrera 7, fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos y puestos en libertad
luego de las 10 de la noche tras ser víctimas de hostigamientos10.
Respecto a los hechos de violencia sexual contra las jóvenes y las niñas, dichos actos
continúan siendo una práctica recurrente que afecta gravemente su integridad personal.
Guerrillas, grupos paramilitares y fuerza pública continúan realizando acciones que atentan
contra la integridad personal de las mujeres, afectando gravemente sus derechos sexuales y
reproductivos, y haciendo cada vez menos factible que las jóvenes y niñas puedan gozar del
derecho a tener una vida libre de violencia.
La vinculación de niños, niñas y adolescentes en grupos o fuerzas armadas que toman
parte en las hostilidades es una situación de gran preocupación. La vinculación puede darse
de manera directa, mediante el reclutamiento de niños y niñas para que se integren a las
filas de estos grupos como combatientes, o de manera indirecta, mediante acciones de
inteligencia, vigilancia, servicios domésticos o sexuales, o mensajería entre otras
actividades11.
Los grupos guerrilleros han continuado siendo autores del delito de reclutamiento de niñas
y niños12, es así como el 1º de abril de 2008, en el municipio de Samaná (Caldas), se
entregó al Ejército Nacional, una niña de 15 años, víctima de reclutamiento por parte del
Frente 47 del grupo guerrillero FARC-EP13.
9
“Clara Rojas visita a su hijo Emmanuel en un orfanato de Bogotá”, diario El País, 14 de enero de 2008, www.elpais.com; “ICBF
entregará a Emmanuel cuando Clara Rojas lo decida”, diario El Tiempo, 11 Enero 2008, www.eltiempo.com. “FARC/rehenes: el acertijo
del ADN”, BBC Mundo/América Latina, Jueves, 3 de enero de 2008, en
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7168000/7168297.stm
10
Vale la pena resaltar que estos niños indígenas se encuentran en condición de desplazamiento y son victimas de persecución, pues no se
trata de la primera detención arbitraria a la que los niños de esta familia indígena son sometidos. En el mes de abril de 2006, una de las
víctimas, fue encañonada con un revolver y obligada a salir de una tienda de la calle 33 Sur con Avenida Caracas, por miembros de la
Policía del CAI del barrio Gustavo Restrepo. Esta situación no fue denunciada por considerarla como un hecho aislado, pero teniendo en
cuenta las amenazas, allanamientos y otras detenciones arbitraras de las cuales han sido víctimas su padre y hermanos menores de edad,
es evidente que se trata de una persecución a la familia indígena por parte de miembros de la Fuerza Pública. Información que reposa en
la base de denuncias de la Comisión Colombiana de Juristas, denuncias Nº. D- 06269, D-06270 y D-06272. Revista Noche y Niebla, No.
34/35, Febrero 23/2007, Bogota-Cundinamarca, pág. 212
11
Ver al respecto, VII Informe sobre violencia sociopolítico contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, 2006-2007.
12
“Varios niños guerrilleros han desertado de las Farc”, Diario del Sur, 24 de enero 2008, www.diariodelsur.com.
13
“Se entregó quinceañera del Frente 47 de las Farc”, diario La Patria, 2 de abril de 2008, www.lapatria.com.
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Adicionalmente, se sigue presentando la utilización de espacios escolares por parte de
grupos paramilitares que controlan la vida de niñas y niños, los sancionan y los reclutan a
partir de amenazas u ofrecimientos económicos. El mes de abril de 2008, en el
departamento de Antioquia, se presentaron denuncias sobre la incursión de grupos
paramilitares en colegios. Presuntos paramilitares entraron en un plantel educativo en el
corregimiento de San Cristóbal en Medellín (Antioquia) para castigar a niños que en su
opinión tenían mal comportamiento cortándoles el pelo y amenazándolos. Los respectivos
personeros delegados para los Derechos Humanos de San Cristóbal y Medellín coinciden
en señalar que se han presentado múltiples denuncias, que los casos denunciados
corresponden a acciones de control paramilitar y que dichas violaciones de los derechos de
los niños y niñas se vienen presentando continuamente14.
Igualmente, se han constatado casos de vinculación indirecta por parte de la Fuerza Pública
a partir de actividades de integración y utilización en tareas militares o como informantes.
La utilización de niños desvinculados como informantes o guías para ubicar los
campamentos de los grupos a los que pertenecen, por parte de la fuerza pública, ha sido
documentada ampliamente por la Defensoría del Pueblo.
En cuanto al proceso de desvinculación de niños y niñas este enfrenta graves problemas a
saber: por un lado, según información de la Defensoría del Pueblo, tan sólo el 12,2% de los
niños incorporados al programa de atención del ICBF ha manifestado haber llegado
directamente al mismo, 32.6% a estaciones de policía y 58.9% a los batallones militares.
Por el otro lado, los pocos niños que logran desvincularse de los grupos armados y que
actualmente hacen parte del programa de atención del ICBF no mejoran sustancialmente su
situación15.
Preocupa enormemente la situación de vulneración de los derechos de los niños y niñas
que siguen vinculados a los grupos paramilitares no desmovilizados, que cambiaron de
denominación o se rearmaron, pues, aunque el Gobierno nacional ha afirmado que dichas
estructuras son organizaciones de delincuencia común, lo cierto es que varios informes -
entre ellos, algunos de los realizados por la MAPP/OEA- consideran el fenómeno mucho
más complejo, razón por la cual no hay garantía de que van a ser entregados al programa de
atención del ICBF16.
Finalmente, el desplazamiento forzado continúa siendo un problema de gran preocupación,
como bien lo determinó la Corte Constitucional es un estado de cosas inconstitucional que
pone en extremas condiciones de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes17. En este
14
“Incursión al colegio fue para, Personería”, diario El Colombiano, 24 de abril de 2008, www.elcolombiano.com; “En colegio paras
castigaron alumnos”, Caracol Noticias, 22 de abril de 2008, en Sala de Videos (Noticias, Nacional, Conflicto Armado) en
www.canalcaracol.com.
15
Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –
Unicef-, Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: Inserción social y productiva
desde un enfoque de derechos humanos, Bogotá, 2006.
16
Noveno Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
(MAPP/OEA), OEA/Ser.G CP/doc. 4237/07, 3 julio 2007, pág. 5.
17
Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004.
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sentido, el Secretario General en su informe indicó que: “El reclutamiento de niños y el
desplazamiento interno están estrechamente relacionados, como en Colombia, pues en
muchos casos el desplazamiento es el único medio que tienen las familias en ciertas zonas
para evitar que sus hijos sean reclutados por grupos armados”18.
Bogotá, mayo de 2008
18
Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, 21 de diciembre
de 2007, A/62/609–S/2007/757, párr. 6.
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