El documento describe las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la violencia política en Perú en los últimos años, incluyendo la masacre de Lucanamarca en 1983 donde Sendero Luminoso mató a 69 personas, y la masacre de La Cantuta en 1992 donde fuerzas militares secuestraron y mataron a 9 estudiantes y un profesor. También analiza los problemas de Sendero Luminoso en su relación con las comunidades campesinas y la instrumentalización política del caso de Lucanamarca por el Estado peruano para falsear la historia del conflicto interno.

1. 1- LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
PERUANA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
El Derecho a la Vida.
Concepto :
“El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se
respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas naturales o
accidentales”.
Violación al derecho a la vida( contexto de la violencia política)
Por increíble que parezca, este elemental y principal derecho del ser humano, fue
constantemente vulnerado, prueba de ello lo son las 69 280 víctimas mortales que dicho
conflicto generó según el informe de la CVR.
Por el lado del PCP-SL, este recurrió a la ejecución de autoridades políticas, dirigentes
vecinales, miembros de las fuerzas armadas; mostrando en dichos actos una extrema de
crueldad, con el supuesto fin de dar escarmiento a quienes no estaban con ellos o se oponían
a su proyecto político.
Lucranamarca :
El 5 de abril de 1983 un contigente armado del Partido Comunista del Perú, conocido como
Sendero Luminoso, realizó un ataque a la comunidad de Lucanamarca, Ayacucho. Como
consecuencia del ataque sesenta y nueve personas fueron muertas, ancianos y niños entre
las mismas. Lucanamarca es presentada por la clase política oficial peruana, Comisión de la
Verdad incluida, y los grandes medios de comunicación como expresión de la crueldad que
habría caracterizado a la guerrilla maoísta. Un revisión de los hechos demue stra, sin
embargo, que lo que se dió en Lucanamarca fue un hecho militar en una cruenta guerra en
la que el Estado peruano utilzaba las masacres, asesinatos, desapariciones y torturas como
pilares de su estrategia contrainsurgente y en la que Sendero Luminoso cometió graves
errores estratégicos que lo llevaron a su derrota.
En el discurso dominante se omite que lo que se dió en Lucanamarca fue una respuesta
militar a un hecho militar. La misma Comisión de la Verdad da fe que la comunidad de
Lucanamarca se había convertido en un Comité Popular de Sendero Luminoso. Pobladores de
la comunidad habían sido nombrados por la guerrilla como los nuevos jefes de la comunidad.
Cuando la mayoría de comuneros no quiere continuar apoyando o tolerando a Sendero
Luminoso en su comunidad deciden dar muerte a los comuneros mandos de Sendero
Luminoso. Como repuesta a esta acción, la guerrilla maoísta decide un ataque militar a
Lucanamarca. El Comité Central dió la directiva de actuar con la máxima severidad para
demostrar a las comunidades campesinas que no deberían oponerse a las fuerzas
revolucionarias. Por esa época, el Ejército y la Marina estaban organizando a comunidades
campesinas para enfrentar a Sendero Luminoso denominándolos rondas campesinas. De esta
manera, las Fuerzas Armadas implementaban la vieja táctica de enfrentar masas contra
masas como ya lo habían los yanquis en Vietnam y las fuerzas reaccionarias en Nicaragua,
Guatemala y después en Colombia.
Aún cuando Abimael Guzmán reconoció años después que había sido un exceso, desde la
perspectiva de la lucha de Sendero Luminoso, el ataque a Lucanamarca evidencia una serie
de problemas de orden político y militar de la guerrilla maoísta. Primero, la proporcionalidad
de las acciones. La acción militar de Lucanamarca no se hallaba en proporción con los hechos
que habían dado lugar a la misma. Aún cuando en toda guerra es sumamente complicado
dar una repuesta militar proporcional a un ataque del enemigo, una organización

2. revolucionaria debe tender a minimizar las muertes de personas no involucradas
directamente en el conflicto o que según el Derecho Internacional Humanitario se encuentran
protegidas. Aquí se debe resaltar, sin embargo, que el Estado peruano nunca reconoció a
Sendero Luminoso como fuerza beligerante y, por lo tanto, nunca se acogió al Derecho
Internacional Humanitario.
Segundo, el problema de los mandos en Sendero Luminoso. Como consecuencia del
crecimiento explosivo de la guerrilla, militantes sin mayor experiencia y formación política
asumieron muy pronto cargos de responsabilidad que no podían desempeñar con eficiencia .
En las épocas de la guerra interna, Sendero Luminoso respondía a estas crítica afirmando
que “eran necesidades de la guerra” y que “la guerra iría forjando a los mandos”. Dos
afirmaciones quizás racionales en un contexto de guerra; pero este fue definitivamente uno
de los factores para la derrota de la guerrilla maoísta.
Tercero, la relación de la guerrilla con las comunidades campesinas. Sendero Luminoso tuvo
grandes problemas en su trabajo con comunidades campesinas. Las más conocidas críticas
que se la hace a la guerrilla son que esta les prohibía a las comunidades vender sus
productos en mercados regionales, que las obligaba a la autosubsistencia y que las exponía a
las arremetidas crimimales de las Fuerzas Armadas y policiales dejándolas sin protección.
Estas críticas exponen sólo una parte de una línea de trabajo errónea con comunidades
campesinas. Sendero Luminoso no supo manejar un trabajo de base de larga duración con
comunidades campesinas. Esto tuvo como consecuencia, por ejemplo, que muchas
comunidades que en un principio habían apoyado a la guerrilla después de un tiempo les
diera la espalda y se sumen a las rondas campesinas, fuerzas paramilitares. Aquí hay que
resaltar que no hay una explicación monocausal para la relación entre Sendero Luminoso y
las comunidades campesinas; esta tuvo formas muy variadas y estuvo determinada por el
trabajo de base de la guerrilla en la región, por la experiencia de los mandos guerrilleros,
con del desarrollo y duración del conflicto, con la ubicación de la comunidad en las relaciones
de propiedad y dominación a nivel local y, fundamentalmente, por la correlación de fuerzas
militares en el campo.
En este contexto hay que resaltar, sin embargo, tres aspectos fundamentales que son
omitidos o tergiversados en los discursos oficiales respecto a Lucanamarca. En primer lugar,
el caso de Lucanamarca les sirve a políticos, periodistas e investigadores de derecha para
presentar a Sendero Luminoso como una máquina de matar y oprimir campesinos. Lo cierto
es que la mayoría de senderistas que reailzaron la acción de Lucamarca eran también
campesinos quechuahablantes, incluso algunos eran miembros de la comunidad de
Lucanamarca. En segundo lugar, después de reconocer los excesos cometidos en
Lucanamarca, el Comité Central de Sendero Luminoso dió directivas a sus militantes para
que sean más prudentes en sus incursiones tratando de evitar excesos. Esto marcó un giro
en el accionar militar de Sendero Luminoso.
En tercer lugar,el papel que jugaron conflictos de intereses o enemistades entre
comunidades campesinas o dentro de una misma comunidad. Aun cuando algunos
investigadores e incluso la Comisión de la Verdad mencionan este aspecto, no es parte
importante de la historiografría oficial de la guerra interna. En los andes peruanos muchas
comunidades tienen intereses de conflictos por acceso a tierras, pastizales o al agua. Esto
lleva, en muchos casos, a que comunidades se hallen enemistades por décadas o incluso por
centurias.
En muchas oportunidades, si una comunidad apoyaba a la guerrilla maoísta era muy
probable que la comunidad enemistada apoyase a militares y policías y se organizara como

3. rondas campesina. Este fenómeno se dió con mucho mayor frecuencia de lo que se supone y
fue un factor fundamental para determinar la correlación de fuerzas en el campo que al final
se inclinaron por las fuerzas del Estado peruano. Los ajustes de cuenta dentro de una
comunidad se expresaron también en la guerra interna. Lucanamarca no estuvo excenta de
este fenómeno.
Aquí cabe enfatizar como funcionan los discursos en la creación de víctimas y perpetradores,
de buenos y malos. Si uno revisa el informe la Comisión de la Verdad cuando se encuentran
referencias a acciones de la guerrilla maoísta casi siempre se hallan expresiones como
“Sendero asesinó, masacró campesinos”; aun cuando estos campesinos hallan sido ronderos
paramilitares. Cuando se trata del accionar de militares y policías abundan expresiones como
“el ejército o la policía eliminaron o ejecutaron a terroristas, senderistas”; aun cuando este
probado que estos civiles hayan sido senderistas. El lenguaje es fundamental en la formación
de símbolos que van orientar juicios de valor. De la que se trata es de presentar a la guerrilla
como criminales y a militares y policías como funcionarios que cumplían su función
“eliminando, ejecutando terroristas”.
De igual manera, críticas que en muchas oportunidades se le hace a Sendero Luminoso
respecto a su falta de respeto de derechos humanos ignora que lo que se dió en el Perú fue
una guerra. En una guerra las partes beligerantes actúan de acuerdo a la lógica de guerra,
es decir, de preservar las propias fuerzas y de aniquilar las del enemigo. Alguien critica, por
ejemplo, que el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial sancionara la deserción
con el fusilamiento. La guerra lleva, asimismo, a acciones barbáricas. Por ejemplo, cuando el
Ejército Rojo invadía Alemania hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se dieron
violaciones a mujeres alemanas por parte de soldados soviéticos. En algunos casos los
violadores fueron ejecutados por sus mandos soviéticos, en la mayoría no. Cuando
historiadores progresistas analizan este hecho recuerdan que los alemanes fueron cruentos
en su incursión en la Unión Soviética; 20 millones de soviéticos perdieron la vida a causa de
la marcha nazi; casi todos los soldados soviéticos habían perdido a algún familiar cercano.
Según crónicas de guerra, habían casos en que los alemanes, cuando arrasaban un pueblo,
mataban a los adultos y al final clavaban a los niños por la manos en las paredes, dejándolos
morirse de hambre y frío. Aquí no se trata de justificar aquellas violaciones por parte de
soldados soviéticos, por demás deleznables, sino de mostrar lo cruento de una guerra y de
como hechos van ser analizados y presentados por clases y grupos dominantes para de una
u otra manera para acuñar las imagénes de los “buenos” y los “malos”.
Lucanamarca se han convertido en el caballito de batalla del Estado peruano, de la clase
política dominante y su prensa e intelectuales serviles para escribir la historia oficial de la
guerra interna que pretende negar que la lucha contrainsurgente del Estado peruano se
basaba en masacres, torturas, despariciones y asesinatos. Lucanamarca está en boca de
políticos, periodistas, senderólogos y seudo defensores de derechos humanos cuando se
trata de demonizar a la guerrilla maoísta. Todos repiten como un estribillo “Lucamarca”. Si
tendría que referirse a masacres perpretadas por el Estado peruano la lista les quedaría
corta: Accomarca, Soccos, Putis, Base Militar Cabitos, Madre Mía, las masacres de las
cárceles de Lurigancho (1985, 1986) y El Frontón y Santa Bárbara (1986) y Canto Grande
(1992) y cientas más.
En Lucanamarca se ha construido un museo, se ha erigido un monumento a la memoria y,
quizás lo más importante, es el único lugar histórico para la guerra interna que ha sido
visitado por 3 presidentes de la República, por Toledo, García y Humala. ¿Cuando han
visitado Soccos o Madre Mía? ¿Cuándo han pedido perdón por las masacres cometidas por

4. militares, policías y ronderos paramilitares? ¿Cuántas de las miles de víctimas de los
militares, policías y ronderos han sido indemnizadas por el Estado peruano?
Las mal autdenominadas organizaciones de derechos humanos se suman a esta campaña del
falseamiento de la historia de la guerra. La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
tiene una oficina en Lucanamarca la que cuenta con una biblioteca. Aquí cabe preguntarse si
el COMISEDH ha puesto el mismo encono para mantener viva la memoria de las masacres de
los agentes estatales y paramilitares y para hacer respetar los derechos de las víctimas de
los mismos. La respuesta es un contundente no. De esta manera, Lucanamarca y s us
muertos son instrumentalizados por el Estado peruano, las clases políticas dominantes, su
prensa e intelectuales serviles incluidos, para tratar de escribir una historia de la guerra
interna del olvido y del falseamiento de los hechos.
La masacre de la Cantuta
Secuestro y muerte de 10 personas.
El día 18 de Julio de 1992, tan solo a diez días de cumplirse el segundo aniversario
de gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, un grupo militar denominado Colina,
ingresó a las Ciudad Universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La
Cantuta y secuestró a nueve estudiantes y a un profesor. Los padres de los
alumnos y las autoridades universitarias denunciaron el hecho ante el Poder Judicial
con las respectivas peticiones de Habeas Corpus pero la autoridad judicial se
pronunció en contra de tales recursos argumentando que los denunciantes tenían
que probar la existencia de las víctimas antes de los hechos. La investigación de la
causa se vio frustrada por el tecnicismo planteado. Los padres de las víctimas y las
autoridades universitarias, irritados, insistieron y acusaron a los miembros de las
fuerzas armadas como autores de esa conspiración, pero estos negaron su
participación, aun cuando el mencionado centro de estudios estaba bajo estricto
control militar. Aún así la autoridad judicial permaneció sin pronunciamiento.
Ante la presión del pueblo, el periodismo, los padres de los afectados, las
autoridades de La Cantuta y los estudiantes de dicho centro, el Comandante
General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nicolás Hermoza
Ríos, al quedar sin escapatoria, admitió que el 18 de Julio de 1992 las fuerzas
armadas llevaron a cabo una incursión en la Universidad La Cantuta por órden del
Alto Comando porque "habian sospechas fundadas que en ese lugar se ocultaban
terroristas". La admisión de la responsabilidad de los cuerpos armados por parte de
Hermoza Ríos no fue suficiente pues en ningún momento este militar dio razón del
paradero de los afectados por la mencionada incursión ni, tampoco, de los
miembros de las fuerzas armadas causantes de las desapariciones. Cínicamente
enfatizó que no habían detenidos. Las declaraciones de Nicolás Hermoza Ríos
generaron el repudio general y provocaron una división marcada de opiniones en el
seno de las fuerzas armadas, hasta el punto que dichas opiniones se filtraron hacia
el conocimiento público.
El general Rodolfo Robles y el grupo "Leon Dormido".
Día a día circulaban comentarios que causaban dolor y pena en unos y la repulsa de
otros y se murmuraba con insistencia la oposición de un grupo de generales a
Hermoza Ríos. Cuando ello sucedía, el 3 de abril de ese año, apareció en escena un
grupo llamado "León Dormido" cuyos miembros hicieron llegar informes detallados
a varios representantes del Congreso Constituyente Democrático en los que se
consignaba el rapto o ilegal detención, asesinato y, también, ilegal sepultura de la

5. diez personas de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, todo ello
ejecutado por el el escuadrón de la muerte llamado grupo Colina. El congresista
Henry Pease se encargó de formular la denuncia que dió lugar a la formación de
una comisión investigadora salida de la Comisión de Derechos Humanos del propio
Congreso Constituyente Democrático.
La cúpula militar restó importancia a las informaciones proveídas por el
denominado grupo "León Dormido", aduciendo que se trataba de anónimos que no
ofrecían garantía alguna en la investigación. Descalificada esta fuente de búsqueda,
la Comandancia de las Fuerzas Armadas propaló una serie de mensajes y
comunicados entorno a este doloroso caso insistiendo que no habían detenidos. La
actitud indiferente, cínica y mentirosa de dicha comandancia puso en tela de juicio
la ya escasa idoneidad de los oficiales de las fuerzas armadas y se gritó a voz en
cuello la ausencia de un mínimo sentido de consideración humana y sentimiento
cristiano. Pero hubo una sorpresa y esta la dio el general Rodolfo Robles Espinoza
quien, con fecha 06 de Mayo de 1993, envió cartas al Congreso y a diferentes
medios de comunicación para confirmar las sospechas contra las fuerzas armadas y
acusó tanto a Vladimiro Montesinos Torres, Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional y asesor del Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, así como
al general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, a otros generales y oficiales superiores y a
los integrantes del tenebroso grupo Colina, de las desapariciones de 10 personas de
La Cantuta. El general Rodolfo Robles describió con lujo de detalles la operación del
grupo Colina en La Cantuta, descripción muy aproximada a las proporcionadas por
el denominado grupo "León Dormido", lo que indicaría que Robles pertenecía a un
grupo dentro de las fuerzas armadas dispuesto a terminar con la aterradora
represión militar.
Los implicados: acorralados, maniobreros pero impunes.
Los altos mandos castrenses reaccionaron de inmediato ante las evidencias
mostradas por Robles y los anónimos del grupo "León Dormido", resolviendo llevar
a cabo su propia investigación, constituyéndose -de paso- en jueces y partes del
conflicto. Con la formación de una comisión paralela a la del Congreso de la
República se buscaba entorpecer la labor de esta última. Para ello, adicionalmente,
se recurrió a la intimidación verbal descarada y a la amenaza pública contra los
congresistas de la oposición que bregaban por el esclarecimiento de la muerte de
diez peruanos. Hermoza Ríos haciendo gala de poder dijo que no permitiría que el
Congreso llevara a cabo una investigación que era competencia del fuero castrense
ignorando las facultades del Poder Legislativo plasmadas en la Constitución del
Estado. Su amenazante perorata estuvo aderezada con un comunicado que
pretendía restarle credibilidad a la comisión investigadora del Congreso y con un
despliegue generoso de tanques de guerra y otros vehículos blindados que
ocuparon las vías céntricas de Lima por más de 48 horas. Uno de los miembros de
la comisión investigadora retrucó al militar señalando que en el momento del
secuestro de las víctimas, la universidad estaba intervenida por el ejército el que
tenía absoluto control de la Ciudad Universitaria y que, además, nada se podía
hacer en ese centro de estudios sin el consentimiento de esa institución. Por ello se
tiene que afirmar que el ejército conoció las actividades del grupo secuestrador y
autorizó su ingreso a las instalaciones universitarias, por lo que resultó, también,
ser uno de los implicados principales en el masivo crímen.
Todo esto dio orígen en el Congreso Nacional a las detestables legislaciones de los
fujimoristas que culminaron en la dación de la Ley La Cantuta. Primeramente la
mayoría parlamentaria constituída por Cambio 90, partido del presidente Alberto
Fujimori Fujimori, aprobó un proyecto de ley que restringía el campo de
investigación de la Comisión Investigadora del Congreso. Dicho instrumento
prohibía tomar testimonios a aquel personal subalterno de las fuerzas armadas bajo

6. sospecha de haber participado en la ejecución del secuestro y muerte de diez
personas vinculadas a la Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta y
solamente los oficiales del alto comando castrense quedaban autorizados para ello.
Así, la oficialidad superior evitó que algun subalterno implicado hiciera
declaraciones comprometedoras como aquellas del subteniente Hurtado en relación
con la masacre de Accomarca. Estas fueron disposiciones que servirían de
protección en la comisión de futuros delitos contra los derechos humanos.
Dentro de las limitaciones impuestas por la mayoría parlamentaria, la Comisión del
Congreso encargada de la investigacion continuó sus funciones y el 24 de Junio de
1993 la mayoría de sus integrantes presentaron un informe al Congreso de la
República en el que acusaron a:
Nicolás Hermoza Ríos, Comandante General del Comando Conjunto de la Fuerza
Armada;
Vladimiro Montesinos Torres, asesor del Presidente de la República;
Luis Pérez Documet, Jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE);
Juán Rivero Lazo, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (DINTE);
Luis Salazar Monroe, Comandante de la Segunda Región Militar;
Julio Salazar Monroe, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN);
Luis Martín Rivas, jefe del escuadrón de la muerte denominado "Grupo Colina"
sindicado como responsable de la ejecución de la operación; y,
otros.
En respuesta a esta acusación y haciendo eco de las declaraciones de Hermosa Ríos
de que no habían detenidos, la mayoría del Congreso (Cambio 90) aprobó el
informe de los miembros de la comisión presentado en minoría que relevaba la
teoría del "autosecuestro" que un tiempo después utilizaria la congresista
fujimorista Martha Chávez para justificar la tortura conta la ex agente Leonor La
Rosa. La bancada oficialista del Congreso, finalmente, rechazó la moción que
presentaron la mayoría de los integrantes de la comisión investigadora.
Hallazgo de los cuerpos y un fiscal de la nación. Ley La Cantuta o del
abuso.
Seguido a la aprobación de las disposiciones que limitaban los ámbitos de pesquisa
de la Comisión Investigadora del Congreso, apareció en escena una de las
evidencias mas contundentes contra los implicados en las desapariciones y contra
los autores de la ridícula "teoría del autosecuestro" en el Congreso de la República.
En Julio de 1993 se hizo público el hallazgo de los cuerpos de algunas de las
víctimas de La Cantuta y por investigaciones periodísticas se llegó a descubrir otros
lugares de sepultura. El hecho de que las pertenencias hallados con los cuerpos
fueran reconocidas por los parientes, motivó la exasperación contra el gobierno y
contra los aparatos militares que habían ocultado la verdad.
La Fiscalía de la Nación, que se mostró vacilante y parcializada en todo momento,
ordenó el retiro de todas las personas (familiares, amigos y autoridades de
organizaciones de derechos humanos) que se encontraban en las cercanías de
aquel lugar donde habían sido hallados los restos de los universitarios y del
profesor a fin de iniciar sus pesquisas. El fiscal a cargo de la investigación generó
una dilación de una semana aproximadamente y en el interin desaparecieron
algunas prendas identificadas durante el descubrimiento de las tumbas. Sin
embargo, las evidencias mostraron que dichos cuerpos pertenecían a los
desaparecidos de La Cantuta y que no se autosecuestraron como lo afirmó la
mayoría oficialista del Congreso de la República. El "grupo Colina", jefaturado por el

7. mayor del ejército Luis Martín Rivas, fue señalado como el responsable de esta
atrocidad.
El encubrimiento era descarado y hasta los jueces civiles se prestaron para facilitar
la impunidad de los supuestos autores de los crímenes. A la sazón el Poder Judicial
estaba bajo absoluto control del Poder Ejecutivo y los jueces eran forzados a seguir
las indicaciones gubernamentales o simplemente las seguían con sumisión en
compensacion por sus nombramientos emanados desde el Ejecutivo. Así, cuando el
sistema judicial había entrado en su período de receso, el Juez de Turno
(reemplazante) en ilegal procedimiento, derivó lo actuado hacia la competencia
judicial miltar y, con ello, puso fin a la responsabilidad de la justicia civil de hacerse
cargo de los delitos comunes. La justicia militar decidió conducir sus investigaciones
en secreto. El Ministerio Publico, sin embargo, reabrió la investigación presionado
por la visible presión peruana e internacional y en Diciembre de 1993 acusó a once
subalternos de las fuerzas armadas, dejando establecido que Hermoza Ríos,
Montesinos Torres sólo comparecerían en calidad de testigos para proporcionar
pública informacion de los hechos.
Simultáneamente la Corte Suprema de Justicia también había decidido estudiar el
problema jurisdiccional generado entorno a los acontecimientos de La Cantuta, aun
cuando era conocida la posicion de la Corte de derivar casi todos los casos hacia el
fuero castrense, pero sorpresivamente el Congreso Contituyente Democrático -el 6
de Febrero de 1994- aprobó la Ley 26291 mediante la cual la jurisdicción militar se
hacía cargo de la investigación de los crímenes de La Cantuta, así como del
respectivo jucio a los que resultaren responsables de la masacre.
Fujimori rubricó la ley tres días después y con ello promulgó la consumación de la
injusticia. Fujimori, asimismo, fue la pieza principal que promovió en el Parlamento
todas las demandas de los militares para que el fuero castrense reemplazara a la
Corte Suprema del Perú en las funciones de investigación de los hechos que
causaron pena e ira a la Nación y del juicio de los responsables. Con ello los
culpables directos jamás fueron sancionados y la impunidad de los delincuentes
quedo institucionalizada.
Posteriormente, el 26 de noviembre de 1996, el general Rodolfo Robles fue
secuestrado por un grupo de ocho personas pertenecientes al servicio de
inteligencia y encarcelado en el Cuartel "Real Felipe" de El Callao. Los altos mandos
de las fuerzas armadas lo acusaron ante el fuero militar de "ultraje a la fuerza
armada", "insubordinación", "insulto al superior" y "oposición a la ley de amnistía"
entre otros cargos. Durante el seguimiento de la causa, el abogado de Robles,
Heriberto Benítes Rivas, fue suspendido por tres meses por la autoridad judicial
militar por supuestas ofensas "a la honorabilidad y la mejestad del Fuero Privativo
Militar", sanción que luego fue extendida a cinco meses. Con esta medida se
pretendia dejar a Robles Espinoza sin el derecho de defensa para obligarlo a
aceptar la dudosa asesoría de un defensor de oficio.
Como se sabe Rodolfo Robles Espinoza apareció en escena al hacer pública su
protesta contra las violaciones de los derechos humanos. Por medio de Robles se
llegó a saber la verdad de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, el atentado
contra Global Televisión en Puno llevado a cabo para encubrir actividades de tráfico
de drogas, así como el atentado contra contra la vida del Presidente del Tribunal
Constitucional; actividades delictivas llevadas a cabo por el escuadrón de la muerte
"grupo Colina", dirigido por Vladimiro Montesinos Torres asesor del Presidente de la
Republica Alberto Fujimori Fujimori y por el Comandante General del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas general Nicolás de Bari Hermoza Ríos.

8. Los asesinos de los nueve estudiantes y del profesor de la Universidad Enrique
Guzmán y Valle, La Cantuta, aún gozan de impunidad y muchos de ellos se
encuentran en otros países