El documento critica la impugnación de la coalición Bildu y la detención y encarcelación de dos personas de Zarautz por enaltecimiento del terrorismo. También expresa preocupación por las señales de resistencia de ETA a confirmar el cese definitivo de la violencia y por la posibilidad de que los tribunales invaliden las listas electorales de Bildu, violando derechos fundamentales. Finalmente, hace un llamado a superar la confrontación violenta y reconstruir una relación normalizada entre los grupos políticos libre de la violencia.

1. 4 OPINIÓN Noticias de Gipuzkoa Martes, 3 de mayo de 2011
Iraingarria
Bildu plataforma eta bere lista
guztiak ilegalizatuak izan dira.
Lotsagarria eta iraingarria.
Euskal Herrian bizi den gatazka
urrutitik dator eta ez gara inoiz
bide politiko eta bakezale definiti-
boa hartzeko orain bezain gertu
egon. Hala ere, beldurra, gorrotoa
eta interes partikularrak aitzaki,
Gobernuak zein oposizioak
euskaldun ezkertiar abertzaleekin
lotura duen edozein alderdi boi-
koteatu eta gezurrez mozorrat-
zeari ekin dio.
Demokraziaren funtsa, herrita-
rrek haien ideiak eta eskubideak
defendatuko dituen talde bat
bozkatzeko aukera izatea da, teo-
rian behintzat. Dakidanez, herri-
tarrak gara oraindik ere, baina
indepentista edo abertzale izana-
gatik eskubide hori galtzen dugu-
la dirudi. Orain Europaren txan-
da omen da, baina ez dut uste Bru-
selako eserleku erosoetan dauden
politiko eskubiarrek gure kexak
entzungo dituztenik. Prentsa gai-
nontzeko alderdi politikoen jarre-
ra eta erantzunaren zain dago, bai-
na nik euskaldunon erantzuna
ikusi nahi nuke. Prest al gaude
gezur eta engainuz beteriko demo-
krazia hau onesteko?
Lander Arretxea
Cartas a la Dirección
Último Pleno en Zarautz
E
L 27 de abril se celebró el último Pleno ordinario de la legisla-
tura, el mismo día que fueron detenidos y encarcelados por
orden de la Audiencia Nacional dos zarauztarras, Aritz Labia-
no y Haritz Gartxotenea, condenados por un delito de enalte-
cimiento del terrorismo. Todo ello provocó que ese último Pleno fuese
largo, duro y triste, un reflejo más de la situación de confrontación vio-
lenta que vivimos desde hace demasiados años. Desde el grupo munici-
pal Ezker Batua-Aralar hemos criticado en público y en privado la con-
dena de estos dos zarauztarras porque consideramos imprescindible que
en la lucha contra el terrorismo se respeten escrupulosamente los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales. Y en esta sentencia hay
dos aspectos claramente criticables. En primer lugar, la sentencia con-
sidera suficiente para demostrar la culpabilidad una única prueba tes-
tifical que identifica a los condenados. Sin embargo, eso no es suficien-
te para la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En segundo lugar, por la gravedad, a nuestro entender desproporcio-
nada, de las penas impuestas, un año de prisión y siete de inhabilitación
en relación con los hechos objeto de la acusación. Es por ello que criti-
camos y rechazamos esta sentencia y así se lo trasladamos a la propia
Audiencia Nacional y a los condenados. Desde el grupo municipal de
Ezker Batua-Aralar creemos que en este final de legislatura las expec-
tativas de que en Euskadi superemos la violencia política y las vulne-
raciones de derechos están más cercas que nunca. Sin embargo, hay sig-
nos amenazantes que no podemos ignorar. La resistencia de ETA a con-
firmar la irreversibilidad y unilateralidad de su alto el fuego unida al
tiroteo de hace dos semanas que causó heridas graves a un gendarme es
uno de estos signos.
La impugnación por el Estado de las listas electorales presentadas por
la coalición Bildu es otro paso negativo que se verá agravado si final-
mente se confirma por los tribunales una vez más la violación de dere-
chos fundamentales, como el de elegir y ser elegido. En este caso con la
agravante de afectar a fuerzas políticas cuyas convicciones y actuacio-
nes democráticas nadie pone en duda, como Eusko Alkartasuna, y que
además en el caso de Zarautz hay que recordar que fue la lista más vota-
da en las últimas elecciones municipales. Denunciamos esta impugna-
ción y reclamamos que en las próximas elecciones municipales sean
válidos los votos a todas las listas presentadas, y que sea solo la volun-
tad popular la que decida quién representa a las ciudadanas y ciudada-
nos de Zarautz en el Ayuntamiento. Confiamos en que la próxima legis-
latura alcancemos la paz porque es la inmensa mayoría de la ciudada-
nía, tanto vasca como zarauztarra, la que exige que se supere de una vez
por todas la confrontación violenta que nos divide y se acabe con todas
las vulneraciones de derechos humanos. En esta nueva situación todos
debemos cambiar nuestras actitudes y es imprescindible y necesario
empezar a reconstruir una relación normalizada entre los grupos polí-
ticos, libre del factor distorsionante de la violencia.
Mariana Aranburu Garate
Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz
E
L pasado 25 de marzo, el Comité
para la Prevención de la Tortura
(CPT) del Consejo de Europa publi-
có el informe de su visita en 2007 a
España, donde muestra su preocupación por
las alegaciones de severo maltrato que reco-
gieron –unidas a evidencias médicas– e insis-
te en sus recomendaciones concretas para
prevenir la tortura.
El 8 de marzo, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo (TEDH) con-
denó al Reino de España (caso Beristain Ukar
contra España) por no haber investigado las
denuncias de torturas realizadas por el
demandante, que afirmaba haber sido tortu-
rado en 2002. El 28 de septiembre de 2010, el
mismo tribunal había condenado al Reino de
España (caso San Argimiro Isasa) por el mis-
mo motivo.
En ambos casos, el tribunal no certifica que
hubiera torturas, pero condena a España por
una violación “procesal” del artículo 3 del
Convenio de Derechos Humanos. Es decir,
porque la imposibilidad de establecer si hubo
o no tortura se deriva precisamente de no
haberse investigado adecuadamente.
A la vista de ambas sentencias y del infor-
me del CPT, temporalmente tan seguidas, y
teniendo en cuenta cuál es la función de inter-
vención excepcional del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, el tema es de la máxima
gravedad y el tirón de orejas al Estado espa-
ñol es de una intensidad inusitada. No es para
menos: la falta de investigación no solo es
desidia. Cuando sucede de forma reiterada
es un mecanismo activo y consciente de
impunidad.
Esta política choca frontalmente con las
obligaciones contraídas legalmente por Espa-
ña al ratificar los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, pero también con la
propia Constitución española, como lo ha
recordado recientemente el propio Tribunal
Constitucional en el caso Majarenas (Sen-
tencia 63/2010, de 18 de octubre). En esta sen-
tencia insiste: los tribunales ordinarios no
investigan y, en definitiva, están incum-
pliendo su obligación.
Desgraciadamente, las sentencias no son
nada nuevo y la actitud de España en relación
a las denuncias de tortura nunca ha sido
garantista. Como insistentemente denuncia
Amnistía Internacional, las denuncias no se
investigan y se archivan directamente; cuan-
do se investigan, los procedimientos duran
una media de 15 a 20 años hasta que se pro-
nuncia la sentencia definitiva; si a pesar de
las trabas de todo tipo se llega a identificar y
condenar a alguno de los perpetradores, las
sentencias suelen ser benignas, seguidas ade-
más por indultos –expresamente condenados
y rechazados por la jurisprudencia del
TEDH– cuando no de condecoraciones e
incluso ascensos. Las indemnizaciones civi-
les de las víctimas se calculan con el baremo
utilizado para los accidentes de tráfico, y no
como exigiría la gravedad de un delito, dolo-
so por naturaleza, contra el núcleo de los
derechos humanos.
Cuando se van a cumplir más de 30 años de
la respuesta del Gobierno a los diez puntos
para la erradicación de la tortura de Amnis-
tía Internacional, y a la vista de los sucesivos
informes publicados desde entonces, una de
las excusas más oídas para no actuar consis-
te en atribuir a los denunciantes de tortura
una aviesa intencionalidad y pregonar que
siguen consignas políticas de ETA, o que
denuncian para empañar el buen nombre del
Estado y lograr así ser ellos mismos exone-
rados. Mientras, la investigación, salvo hon-
rosas excepciones, se ha visto atravesada por
numerosos obstáculos impropios de un Esta-
do democrático. Las sentencias de Estras-
burgo no solo señalan estos obstáculos –que
ya conocemos gracias al trabajo de los rela-
tores sobre la tortura de Naciones Unidas, del
CPT del Consejo de Europa y sus respectivos
informes–, sino que las sentencias ponen de
manifiesto algo más: la inacción.
El propio Ararteko hizo público reciente-
mente, en un pronunciamiento oficial, que
encima de su mesa hay tres estudios que
muestran la relevancia de la problemática
de la tortura. Uno de ellos, titulado Tortura:
una aproximación científica 2000-2008, fue
realizado por un grupo de médicos forenses
y muestra que existe una alta correlación
entre las denuncias de torturas y tres varia-
bles: el cuerpo policial que ha hecho la deten-
ción, la duración de la incomunicación, y la
aplicación o no de los protocolos de preven-
ción existentes. Numerosos detenidos que
luego fueron puestos en libertad sin cargos
denunciaron torturas y malos tratos. Por
otra parte, los informes del CPT señalan que
la incomunicación crea un contexto donde
la posibilidad de tortura es mayor y más difí-
cil de investigar, aunque, como señala
Amnistía Internacional, la tortura va más
allá de la detención incomunicada, especial-
mente en casos de detenciones de personas
inmigrantes.
Hasta la misma Audiencia Nacional en el
caso Egunkaria cuestiona por qué no se inves-
tigaron las denuncias de tortura. No ha habi-
do una sola condena de torturas en materia
de terrorismo desde que entró en vigor el nue-
vo Código Penal de 1995, hasta el caso Portu
y Sarasola. ¿A qué se espera para abordar este
grave problema con la honestidad que se
merece? ¿Dónde queda la sensibilidad demo-
crática y el respeto hacia toda víctima de una
grave violación de derechos humanos como
esta, independientemente de los motivos de
La falta de investigación
no es solo desidia, es también
un mecanismo activo y
consciente de impunidad
-
Enfrentar, reconocer y poner
coto a la tortura exige
valentía. El primer paso
es sacarla a la luz
Tribuna Abierta
P O R X A B I E R U R M E N E TA , B E N I T O M O R E N T I N Y N E R E A
G O I K O E T X E A ( * )
Reino de España,
¿reino sin tortura?
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2. Noticias de Gipuzkoa Martes, 3 de mayo de 2011 OPINIÓN 5
ONDA VASCA 94.8/95.6 FM
¿De verdad se ha hecho justicia como proclama solemne Obama? Si se entiende la justicia
como mera venganza, es posible. Muchos compatriotas del presidente norteamericano pare-
cen coincidir con él. Pero no deja de ser un crimen de Estado. Bin Laden ha sido asesinado
sin juicio. Y mejor que pasear su cadáver como trofeo hubiera sido llevarlo en vida ante un
tribunal. Obama ha ido más allá que González y sus dudas sobre volar a la cúpula de ETA.
Impropio de un premio Nobel de la Paz.
El lapitzero
Obama
su detención? No obstante, el Gobierno actual
sigue afirmando, como hicieron los anterio-
res, que en el Reino de España la tortura no
existe. Pero no se deciden ni a realizar una
investigación seria e independiente ni a
seguir las recomendaciones de los organis-
mos internacionales, y menos a establecer un
mecanismo independiente de investigación
como han hecho otros países de nuestro entor-
no cercano. ¿Por qué? Los gobiernos español
y vasco tienen que mostrar una voluntad real
de erradicar e investigar la tortura. De no ser
así, van a seguir produciéndose condenas por
no investigar las denuncias e informes inter-
nacionales cuestionando al Estado español.
Esconder la cabeza debajo del ala no es la
manera de abordar el problema. Enfrentar,
reconocer y ponerle coto a la tortura –un pro-
blema acumulado y enquistado durante años,
cuya existencia cada vez afecta más al cuer-
po de la democracia– exige valentía. Para ello,
el primer paso es sacarla a la luz: investigar.
Una investigación independiente, que ayude
a tomar decisiones sobre los casos denuncia-
dos, el derecho de las víctimas y la prevención.
Y que nos dé una imagen real de su extensión.
Es posible, Chile lo hizo con la Comisión
Valech. ¿Cuántos años tendremos que seguir
esperando aquí?
* En representación de la Asociación Pro Derechos
Humanos Argituz
Colaboración
P O R C A R L O S A I T O R Y U S T E A R I J A ( * )
Tailandia y Camboya:
una crisis constante
A
finales de 1940, mien-
tras la atención del
mundo entero estaba
pendiente de si la
Alemania nazi sería capaz o
no de invadir la Gran Bretaña,
a decenas de miles de kilóme-
tros de allí se libró otra guerra
mucho menos conocida. Entre
las junglas que separaban al
reino de Tailandia y los terri-
torios de la Indochina france-
sa se produjeron una breve
pero salvaje serie de batallas
por el control de unos pocos
miles de kilómetros cuadra-
dos.
Tailandia, el único país del
sur de Asia que había logrado
mantener su independencia,
lo había conseguido en gran
medida a base de ceder enor-
mes porciones de su territorio
a los poderosos imperios colo-
niales británico y francés. Sin
embargo, en 1940, las tornas
parecían haber cambiado con-
siderablemente: si los británi-
cos aparentemente estaban
contra las cuerdas, y no eran
pocos los que creían que antes
o después acabarían rindién-
dose, los galos, que ya habían
firmado una vergonzosa capi-
tulación ante Hitler, no daban
la sensación de aguantar ni un
solo asalto más.
Estando así las cosas, el Ejér-
cito tailandés probó suerte y
atacó por diversos puntos a lo
largo de la frontera. Las tie-
rras y los cielos de los actua-
les Laos y Camboya se vieron
así inmersos en una guerra de
la que nadie dijo gran cosa y a
la que nadie prestó mucho
interés. Una guerra, aun así,
en la que hubo incluso una
batalla naval, la de Koh Chang,
la única que ganó la marina
francesa a lo largo de las dos
guerras mundiales. En resu-
men: un conflicto en toda
regla.
Y en el que, como suele pasar
en estos casos, al final perdie-
ron los dos. Japón, que ya vela-
ba armas en vísperas a su asal-
to contra los imperios británi-
co y norteamericano, quería
ganarse a los tailandeses pero
sin sacrificar su amistad de
conveniencia con los franceses,
dependientes de Vichy y, por
tanto, más o menos aliados.
Francia cedió unos cuantos
miles de kilómetros cuadrados
y a cambio, Tailandia les dio
una pequeña compensación
económica. Era mayo de 1941,
faltaba algo más de medio año
para el ataque de Pearl Harbor.
Devolver las tierras
a los franceses
A largo plazo aún les iría peor
a ambos contendientes: en el
47, acabada la guerra, los tai-
landeses fueron conminados
por los vencedores a devolver
esas tierras a los franceses,
pero solo para que estos, pocos
años después, se viesen a su
vez obligados a abandonarlas.
Es evidente que, por mucho
que al final ganasen la Guerra
Mundial, la debilidad que mos-
traron ante los tailandeses fue
la prueba última que necesita-
ban los indochinos para auto-
convencerse de que sus amos
eran vencibles. Cuatro nuevos
estados surgieron de la Indo-
china francesa: Camboya,
Laos, Vietnam del Norte y Viet-
nam del Sur.
Nuevos nombres, viejas cica-
trices: Tailandia pasó de recla-
mar a Francia aquellas tierras
que consideraba suyas a empe-
zar a pedírselas a Camboya.
Con especial ímpetu en
momentos como el actual,
cuando parece que la tensión
entre los partidarios del
Gobierno –los camisas amari-
llas– y los de la oposición –los
camisas rojas– podría estar a
punto de provocar nuevos
enfrentamientos dentro del
país. Más cuando se espera que
haya elecciones en pocos
meses.
Tal vez el temor a una repeti-
ción de los acontecimientos del
año pasado, cuando los cami-
sas rojas ocuparon durante
semanas la capital del país,
Bangkok, esté detrás de todo.
Siendo así, no es de extrañar
que los esfuerzos de la ONU y
los países de la zona, sobre todo
de Indonesia, estén sirviendo
de bien poco y sean, de nuevo,
las armas las que se contem-
plen como la opción más eficaz
para solucionar los viejos pro-
blemas provocados por las
armas.
* Historiador
Tailandia pasó de
reclamar a Francia
las tierras que
consideraba suyas a
pedírselas a Camboya