En este crudo relato el comandante del ELN Felipe Torres quien junto a Francisco Galán pagó condena habla del duro precio que pagan los familiares de quienes deciden alzarse en armas.

1. “Los familiares de los guerrilleros deben ser reparados”
En este crudo relato el comandante del ELN Felipe Torres quien junto
a Francisco Galán pagó condena habla del duro precio que pagan los
familiares de quienes deciden alzarse en armas.
Por: Felipe Torres | agosto 06, 2014 Las 2 Orillas
Soy Carlos Arturo Velandia Jagua, exmilitante y exdirigente del
Ejército de Liberación Nacional, organización insurgente a la que
pertenecí durante más de treinta años y en la que porté el nombre de
Felipe Torres.
En el año 1994 fui capturado y sometido a juicio bajo el régimen de la
llamada Justicia sin rostro, fui condenado bajo la jurisdicción penal
del Estado colombiano, purgué 10 años de prisión y 10 años de
interdicción de derechos políticos, derechos que hoy, luego de veinte
años no me han sido retornados. Tras haber cumplido con la totalidad
de la pena, en las condiciones que lo determinó la justicia, debí salir
del país al exilio, en el que permanecí durante siete años. Durante el
tiempo de prisión, representé al ELN como vocero político en
acercamientos y diálogos de paz, con los Gobiernos de los
Presidentes Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango y los
dos primeros años del primer gobierno del Presidente Álvaro Uribe
Vélez. Durante el exilio me vinculé a labores académicas de

2. investigación sobre paz y conflictos en el mundo, en dos importantes
centros de investigación, como son el Instituto de la Paz y los
Conflictos de la Universidad de Granada y en la Escuela de Cultura de
Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Con la misma determinación con la que un día, a comienzos de los
años 70´s me levanté en armas, he hecho dejación individual de
armas convencido de la necesidad histórica que tiene el país de parar
la guerra y construir escenarios de diálogo y negociación, en la
búsqueda de la salida política que le permita al país superar el
conflicto armado interno y crear las bases para que la nación
construya las reformas y transformaciones, que remuevan las causas
que originaron la guerra hace cincuenta años, y se construya la
justicia social que reclaman todos los colombianos.
He regresado al país, para contribuir al desarrollo de esta gran
oportunidad de paz, en mi condición de ciudadano libre, es decir sin
deudas con el Estado ni ataduras con la organización insurgente a la
que pertenecí.
Hoy hago presencia en este Foro de Víctimas, para poner en
conocimiento de la existencia, a lo largo del conflicto armado, de una
matriz de persecución y victimización a las familias de miembros de
las organizaciones insurgentes, fenómeno sobre el cual poco o nada
se habla, simplemente porque los dolientes, es decir los insurgentes
fácticamente no reclaman o cuando denuncian, éstas son desoídas

3. por el Estado y parte de la sociedad, me pregunto, si es porque
quizás ¿las encuentran justificadas?.
Me referiré al hecho puntual del secuestro y desaparición de mi
hermano Jorge Nicolás Velandia Jagua, el menor de mis 14 hermanos
y las amenazas de muerte a mis familiares junto con la conminación
de abandonar el país en un plazo de 48 horas. En actos claros de
represalias contra mí, por haberme alzado en armas, y estableciendo
de facto el “delito de sangre” como una realidad, que golpea a
familias inocentes. Esto ocurrió en el mes de marzo de 1997, en un
contexto de persecución y victimización de otras familias de líderes
insurgentes, como Alfonso Cano, Simón trinidad, Pablo Catatumbo y
Nicolás Rodríguez Bautista mediante amenazas, atentados,
secuestros y asesinatos de miembros de sus familias, las que nada
tenían que ver con la decisión individual mía y de las personas que he
nombrado, en el alzamiento en armas contra el Estado.
La más absoluta impunidad reina sobre los hechos criminales contra
personas inocentes, pese a que los operadores de justicia del Estado
han abierto procesos contra presuntos victimarios, entre los que se
entremezclan paramilitares y militares en ejercicio. Hoy cuando el
país se acerca al final del conflicto armado interno y la sociedad
reclama y reivindica el derecho que asiste a las víctimas, de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición; y las partes del
conflicto reconocen ser generadoras de víctimas y se avocan a
examinar el tema de las víctimas del conflicto, pido en mi nombre y
en mi derecho saber la verdad sobre la desaparición de mi hermano,
la persecución y represalias de que fue objeto mi familia. Por
extensión y solidaridad pido lo mismo para las familias perseguidas,
victimizadas y represaliadas de los miembros de las organizaciones
insurgentes que hayan padecido éste flagelo.
Si de verdad queremos paz, es imperativo que todos los hechos
victimizantes durante el conflicto sean examinados, que no quede por
fuera ninguna tipología de victimización sin examinar, que no quede
una sola víctima sin ser reparada y que ningún generador de víctimas
inocentes se quede sin responder. Esto es fundamental para la
reconciliación y la paz duradera.
Pido en este Foro que las familias represaliadas por su parentesco con
insurgentes sean reconocidas como víctimas de derecho pleno a la
verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición;
pido a la Mesa de La Habana, que entre los grupos de víctimas que
acudirán allí se incluya a familiares de insurgentes victimizados, en la
guerra contrainsurgente.
Cali, 3 de agosto de 2014

4. Este texto fue presentada en el Foro de víctimas de Cali.