El documento discute el impacto de las expropiaciones llevadas a cabo por el gobierno venezolano desde 2005 en el capital productivo del país. Señala que alrededor de 3,355 actos contra la propiedad privada han tenido lugar, incluyendo 915 industrias y comercios expropiados. Esto ha implicado una transferencia significativa de capital del sector privado al público, reduciendo la capacidad productiva general y la eficiencia. Además, el mantenimiento de estas empresas expropiadas representa un gran gasto adicional para el

1. EXPROPIACIONES Y CAPITAL PRODUCTIVO
Por Alicia Sepúlveda*
En Venezuela existe una política sistemática y continuada de violación a los derechos de
propiedad (confiscaciones, expoliaciones, estatizaciones, expropiaciones) adelantada por el
Gobierno Nacional desde el año 2005, primero denominada método CHAZ y ahora
institucionalizada como sanción administrativa en la mayoría de las leyes promulgadas hasta la
fecha.
Llevar un registro de todas las propiedades afectadas ha sido una labor titánica. No obstante,
según cifras del Observatorio de la Propiedad que llevan adelante CEDICE y Liderazgo y Visión,
alrededor de 3.355 actos contra la propiedad se han llevado a cabo entre los años 2005 y
2011. De ellos, 915 son industrias y comercios, 1.911 son rescate de tierras (70% no eran
latifundios) y 529 son invasiones. Durante 2012 el ritmo de afectación ha descendido, según
apunta CONINDUSTRIA.
Si sólo llevar la cuenta de de las afectaciones es una colosal labor, estimar la pérdida de capital
productivo como resultado de dichas acciones resulta doblemente retador, principalmente
porque en manos del sector público los planes operacionales, estratégicos e indicadores de
productividad son inexistentes. Pero lo que es innegable, es que existe una transferencia de
capital desde el sector privado hacia el sector gubernamental, lo cual ha implicado un
incremento considerable del gasto público. Cuando los factores de producción pasan a manos
del Estado, la consecuencia es una reducción de la capacidad productora además de pérdida de
eficiencia que al final afecta negativamente el nivel de vida de la sociedad. Cabe destacar que la
administración de las empresas estatales se caracteriza por la ineficiencia e ineficacia, resultado
de la injerencia política. Por otra parte, el gobierno tiene que erogar un gasto adicional para el
mantenimiento de esas empresas, en algunos casos, reactivar una empresa expropiada resulta
prácticamente inviable, por lo cual se convierte en una carga para el Estado y, por ende, para la
sociedad.
En las naciones libres del mundo es fácil apreciar que el capital privado permite un aumento
inmediato de la productividad en la economía. Por el contrario, mayor capital en el Estado
significa menor capital en los particulares. Esto trae como consecuencia un menor aumento en
la producción de bienes y servicios que componen la canasta familiar, afectándose por ende la
calidad de vida. Vale la pena señalar que los factores de producción de un país son limitados
(término conocido en economía como frontera de la producción).
En Venezuela el Gobierno Nacional ha cancelado, principalmente a empresas transnacionales,
alrededor de US$13.000 MM, y aún adeuda U$21.000 MM. A haciendo un ejercicio
matemático, suponiendo un rendimiento de 10%, ese monto hubiese generado US$ 2.400
millones, pero no ha sido así, la las empresas en manos de Estado más bien registran pérdidas.
Otro efecto nocivo se tiene cuando se habla de merma de capital. Tomando como ejemplo el
caso de la estatización de SIDOR, se registra un descenso de 43,7% en la producción de acero
líquido, con una pérdida de US$ 442 millones en el primer semestre del 2012, ello en
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2. consecuencia deriva en un anuncio presidencial de una inyección de recursos por US$ 324
millones, para levantar la producción, la cual aún está muy alejada de la promesa de de 3,7
millones de toneladas. Esto es simple compensación de las pérdidas vía gasto fiscal. Al mismo
tiempo, también se entiende por pérdida de capital productivo la expropiación de los negocios
en Catia, fondos de comercio que servían de fuentes de empleo y ahora, a dos años de su
intervención, son espacios abandonados, sin capacidad de generar puestos de trabajo, ni
bienes y servicios.
En cuanto al empleo, para los trabajadores de las empresas expropiadas (según declaraciones
gubernamentales) lo importante no debe ser la productividad y la competitividad, sino el
trabajo colectivo, comunitario y endógeno.
En conclusión las expropiaciones, han significado pérdida de capital productivo, incremento de
empleo precario y desmejora en la calidad de vida de los venezolanos.
*Coordinadora del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE
cedice@cedice.org.ve
@cedice
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