Los agentes partidarizados del Estado promueven una verdadera cacería judicial contra Lula simultáneamente en varios frentes jurídicos, violando la Constitución y los principios universales de derecho. A pesar de las numerosas investigaciones a lo largo de décadas de vida pública, nunca se ha demostrado ninguna irregularidad por parte de Lula. Sin embargo, la persecución en su contra continúa con filtraciones ilegales y violaciones de sus derechos fundamentales, con el objetivo de excluirlo del proceso político brasileño