Casos chile

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Ficha Nº099
Año de aparición en prensaNombre mediático del caso País
1999
Casos VinculadosCaso Aulas Tecnológicas Chile
No
Resumen caso
En 1996 los diputados Víctor Pérez (UDI) y Lily Pérez (RN) denunciaron las
irregularidades que se habrían cometido en la compra de aulas tecnológicas durante el
gobierno del Presidente P. Aylwin (DC), siendo Ministro de Educación Ricardo Lagos
(PS).
Con base en informes generados por Contraloría, se llegó a la conclusión que se habría
cometido “Fraude al Fisco” y se propuso emprender acciones civiles y penales el año
2000.
Al parecer, el Ministerio de Educación (MINEDUC) habría pagado un monto superior a
los US$ 4 millones de sobreprecio para adquirir aulas tecnológicas en un convenio con
España. También se detectaron irregularidades en los contratos de equipamiento
educativo con la empresa estatal española Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX)
(inversiones de aproximadamente US$ 13 millones).
La Cámara de Diputados armó una Comisión Investigadora, la que concluyó que no
hubo ilícitos, pese a que la Contraloría señaló que sí hubo irregularidades.
Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta
1. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1996
Actores implicados
1. Ministerio de Educación
2. Empresa internacional española Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX)
Denunciante (y cargo
si aplica)
Lily Pérez (diputada, público alto) y Víctor Pérez (diputado,
público alto)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Ricardo Lagos (Ministro de Educación, público alto)
Tratamiento del caso Situación del caso
Administrativo Sí, Cerrado
Político No
Civil No
Penal No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario-Servicios educacionales
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública -Aulas Tecnológicas
2. Empresas competidoras en servicios educacionales.
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009

2003
Casos VinculadosCaso Banco Central-INVERLINK Chile
Caso Corporación del Fomento
(CORFO)-INVERLINK
Resumen caso
El caso quedó al descubierto en febrero de 2003, cuando el presidente del Banco Central (Carlos
Massad), encontró en su computador un mensaje de correo electrónico rebotado que contenía
información confidencial. Dicho correo estaba dirigido al gerente general de Inverlink
Corredores de Bolsa (Enzo Bertinelli), y había sido enviado por la secretaria de Massad (Pamela
Andrada Díaz). A cambio de esta información económica privilegiada, Andrada habría recibido
$42 millones pesos chilenos de manos de Bertinelli. El Banco Central se querelló por los delitos
de “Cohecho” y “Violación de secreto” y “Violación a la ley de delitos informáticos”, contra
Pamela Andrada y Enzo Bertinelli. Al año 2007 la investigación aún seguía su curso. No se
lograron recabar más antecedentes, aunque el caso ha seguido siendo mencionado por la prensa
a través del caso Corporación del Fomento (CORFO)-Inverlink, vinculado a este caso (ver
ficha).
1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal No se accede al dato
2. Delitos informáticos Ilegal No se accede al dato
3. Violación al secreto público Ilegal No se accede al dato
Actores implicados
1. Empresa privada-INVERLINK
2. Bancos/Entidades Financieras-Banco Central
Denunciante (y cargo si
aplica)
Carlos Massad (Presidente, público medio)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Pamela Andrada (secretaria, público bajo), Enzo Bertinelli (gerente
general de empresa privada, privado alto)
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal No se accede al dato
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario- Servicios Financieros
Actores Afectados
1. Compradores(as)/Clientes
2. Empresas competidoras
Mayor información
Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente 691 pesos chilenos

2008
Casos VinculadosCaso Cancillería Chile
No
Resumen caso
El año 2008 se detectan irregularidades –“Adulteración de documentos contables”- en la
Embajada de Chile en Perú, a propósito del control de cuentas que se realiza por el cambio de
embajador. Se estima que el encargado del área de finanzas, Ricardo Harboe, defraudó al Fisco
por aproximadamente $66.000.000 de pesos (US$ 100.000 aprox.). Se le aleja del cargo y se inicia
un procedimiento administrativo. Una vez terminado dicho procedimiento, se inicia un
procedimiento penal en su contra.
Al momento de detectarse la irregularidad, era Embajador de Chile en Perú Cristian Barros.
1. Falsificación de documentos/Uso
malicioso de documentos
Ilegal 2006, 2007, 2008
2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Ministerio de Relaciones Exteriores – Embajada en Perú
Denunciante (y cargo si aplica) Ministerio Relaciones Exteriores, Ministerio Público
Acusado/a (cargo y jerarquía) Ricardo Harboe Gaete (funcionario, público medio)
Político No
Civil No
Penal Sí Abierto
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No
Sector Económico No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanos(as) de Chile
Mayor información
1. El diario electrónico El Mostrador fue quien hizo público el caso. Ver
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/cancilleria_investiga_millonario_f
raude_en_embajada_de_chile_en_peru

2006
Casos VinculadosCaso Chiledeportes Chile
Caso PUBLICAM-SERVEL, Caso
PUBLICAM
Resumen caso
Mediante una investigación aleatoria, Contraloría detectó irregularidades en 70 de 77 proyectos
de Chiledeportes, cometidas a fines de 2005, por un total de $417 millones de pesos.
Frente al hecho, diversas querellas emergen. Un grupo de diputados conformado por los RN
(Partido Renovación Nacional) Alberto Espina, José García Ruminot y Nicolás Monckeberg y
de la UDI (Partido Unión Demócrata Independiente), Andrés Chadwick, Marcelo Forni y Julio
Dittborn, interpusieron una querella por “Fraude al Fisco”, “Malversación de fondos públicos” y
“Uso malicioso de instrumento privado”.
En noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por los
ilícitos de “Fraude al Fisco”, “Falsificación de instrumento público” y “Apropiación indebida de
dinero”.
Por estos motivos, se detiene al ex Director Regional Metropolitano de Chiledeportes Juan
Michel Salazar, del Partido Demócrata Cristiano, quien ocupó dicho cargo entre agosto de 2005
y abril de 2006, siendo acusado por “Fraude al Fisco”. Además, su primo, Mario Salazar, es
declarado culpable por delito de “Estafa reiterada al Fisco”, por apropiarse de $23 millones de
pesos, recibidos por proyectos de asignación directa que gestionó ante Chiledeportes. También
fue acusado de fraude el ex jefe de Gabinete de Juan Michel (David Navarro), y el funcionario
del Servicio de Impuestos Internos (Luis Jofré), quien fue procesado por “Fraude al Fisco”. Este
último también estaba siendo investigado en el caso de facturas falsas de PUBLICAM, por lo
que se realizaron investigaciones paralelas en ambos casos (ver ficha del caso).
En enero de 2007, se conoce que otros 114 proyectos de asignación directa presentarían
irregularidades, habiendo sido adjudicados en fechas coincidentes con la campaña electoral de
2005. De los $135 millones de pesos auditados por Contraloría, sólo 30 fueron regularizados a
través de la entrega de antecedentes, por lo que al menos 104 millones de pesos correspondían a
gastos no justificados.
En abril de 2009, se inicia el juicio oral contra J. Michel, quien fue declarado culpable por uno
de los nueve delitos de “Malversación reiterada de fondos públicos” que se le imputaban. En el
juicio se acreditó que en los nueve casos se defraudó al fisco, pero que sólo en uno le cupo
responsabilidad a Michel en su calidad de funcionario público a cargo de la custodia de los
recursos (se le condenó por la entrega de $9 millones de pesos a fines de 2005, a través de
asignación directa y de los cuales no pudo rendirse cuentas), De los otros ocho cargos que
cuestionaban la utilización de $40 millones de pesos aproximadamente, fue absuelto a pesar de
considerarse que constituían “Fraude al Fisco”, en tanto no se acreditó la participación de
Michel como funcionario público a cargo de los caudales defraudados en ninguno de ellos. Su
condena fue de tres años de libertad vigilada, no poder ejercer cargos ni oficios públicos
mientras dure la condena, la inhabilitación perpetua de derechos políticos, y el pago de una
multa de 11 UTM ($403.502 pesos).
1. Apropiación indebida Ilegal 2005
2. Falsificación de Documentos/Uso
Ilegal 2005
3. Fraude: Malversación de caudales
públicos/Peculado
Ilegal 2005
Actores implicados
1. Otras Instituciones públicas-Chiledeportes ó Instituto Nacional de Deportes
2. Empresa Privada-PUBLICAM
aplica)
Consejo de Defensa del Estado (CDE). Alberto Espina (diputado,
público alto), José García Ruminot (diputado, público alto),

Nicolás Monckeberg (diputado, público alto), Andrés Chadwick
(diputado, público alto), Marcelo Forni (diputado, público alto),
Julio Dittborn (diputado, público alto).
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Juan Michel Salazar (Director, público medio), David Navarro
(Jefe de Sección, público medio), Luis Jofré (funcionario, público
bajo), Mario Salazar (representante de organizaciones de la
sociedad civil)
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
Al año 2005, 1US$ equivalía a aproximadamente $559 pesos chilenos
2002
Casos VinculadosCaso Coimas Chile
Caso MOP-GATE
Resumen caso
A raíz de una investigación periodística sobre falsificación de certificados de revisión técnica
(Canal 13 y revista Qué Pasa), se da a conocer que los dueños de plantas de revisión técnica
Carlos Filippi y Gabriel Álamo habrían contactado a Víctor Manuel Rebolledo (diputado PPD)
para que consiguiera de forma irregular el permiso de funcionamiento de una planta de revisión
técnica en Rancagua. El Subsecretario de Transportes en ese momento, era Patricio Tombolini
(PS). Al asumir un nuevo Subsecretario se produce el cierre de dos plantas de revisión técnica
de estas personas, tras lo cual sus dueños deciden dejar de pagar al diputado Rebolledo.
En represalia, Iván Sánchez Santibáñez (amigo y socio de Filippi recurre a los diputados
Cristián Pareto (DC) y Jaime Jiménez (DC) quienes filtran documentos que comprometían al
diputado Rebolledo y al ex-subsecretario Tombolini. A continuación, pasaron de acusadores a
acusados cuando se dio a conocer que Iván Sánchez Santibáñez giró $20 millones de pesos a los
diputados democratacristianos para que ellos a) denunciaran las coimas recibidas por Rebolledo
y Tombolini y b) consiguieran una “fórmula irregular por la vía administrativa” para recuperar
la planta de revisión técnica. Las condenas de las personas imputadas fueron dadas a conocer un
año y ocho meses después de abierto el caso:
(1) Patricio Tombolini: Sentenciado a una pena de cárcel de tres años y un día, una multa de 36
millones de pesos e inhabilidad perpetúa para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007 la Corte

Suprema le absuelve unánimemente de esta condena.
(2) Cristián Pareto y (3) Jaime Jiménez: Fueron condenados como coautores de “cohecho”. Se
les condenó con 540 días de cárcel remitida, una multa de 20 millones de pesos e inhabilidad
perpetua para ejercer cargos públicos (ambos eran diputados).
(4) Víctor Manuel Rebolledo: Filippi denunció con comprobantes de pago que le entregó 12
millones de pesos. Inicialmente fue condenado como coautor de “soborno”. La condena fue de
300 días de cárcel conmutables por un año de firma, una multa de 30 millones de pesos e
inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007, se le redujo la pena a cien
días de reclusión menor, más una multa en beneficio fiscal de $3.333.333 y mantuvo la
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
(5) Gabriel Álamo: Inicialmente condenado como coautor de “soborno” a Patricio Tombolini.
La condena fue de 300 días de cárcel remitida, multa de 30 millones de pesos e inhabilidad
perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo 2007, su condena se modificó a cien días de
reclusión menor más una multa de $3.333.333.
(6) Carlos Filippi: Su condena consistió en reclusión nocturna por 2 años; tres multas: una de
30, otra de 20 y una última de seis millones de pesos (56 millones de pesos en total). También
se le condenó con la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007,
Filippi fue absuelto de uno de los cargos en su contra y lo condenaron a dos penas de cien días
por delitos de “sobornos”, más dos multas: una de $3.333.333 y otra de $2.500.000,
correspondientes a los montos de los beneficios que habría pagado a otros involucrados en la
causa.
(7) Iván Sánchez: En mayo de 2007 se le condena a 60 días de prisión, una multa de $2.500.000
e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
En mayo de 2007 se les concedió a todos los condenados la remisión condicional de la pena,
pero debieron permanecer bajo la vigilancia de Gendarmería por un año.
1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2000, 2001
Actores implicados
1. Ministerio de Transporte
2. Empresa privada-Plantas de Revisión Técnica
3. Poder Legislativo
Denunciante Prensa (Canal 13, Revista Qué Pasa), Jaime Jiménez (Diputado,
público alto), Cristián Pareto (Diputado, público alto)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Gabriel Álamo (dueño de empresa, privado alto), Carlos Filippi
(dueño de empresa, privado alto), Jaime Jiménez (diputado,
público alto), Cristián Pareto (diputado, público alto), Víctor
Manuel Rebolledo (diputado, público alto), Patricio Tombolini
(subsecretario, público alto).
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Actores Afectados
1. Usuarios(as) del servicio-Plantas de Revisión Técnica.
2. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
1. Reportaje detallado del caso http://www.puntofinal.cl/572/coimas.htm

2003
Casos VinculadosCaso Corporación del Fomento
(CORFO)-INVERLINK
Chile
Caso Banco Central-INVERLINK
Resumen caso
En febrero de 2003, Javier Moya (jefe de Tesorería de la Corporación del Fomento, CORFO)
sustrajo y comercializó en el mercado 159 documentos a plazo de la CORFO a través de la
administradora de fondos mutuos del holding Inverlink. Moya habría recibido a cambio una
coima de $150 millones aprox.
Moya fue descubierto en marzo de 2003, dándose a conocer que los documentos sustraídos
tenían un valor de más de US$100 millones.
El caso tuvo tratamiento administrativo, pues se desarrollo una investigación por la Contraloría,
y también tratamiento judicial por las demandas civiles y del Servicio de Impuestos Internos
(SII), pero no todos los cargos pudieron confirmarse, por lo que muchos de los imputados
fueron absueltos.
En abril de 2003, la Superintendencia de Valores y Seguros, se querelló en contra de los ex
ejecutivos de Inverlink por el delito de “Asociación ilícita”. Esta querella significó que Juan
Pablo Prieto (ex operador de la corredora del BBVA) y Larry Fletcher (ex captador de
Inverlink), fueran detenidos al establecerse el delito.
Además, se procesó por “Estafa” a Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf, Javier Moya, Enzo
Bertinelli y otros ejecutivos de Inverlink, quienes habrían cometido el ilícito entre diciembre de
2002 y marzo de 2003.
En diciembre de 2003, se procesa a las doce personas que constituían la plana mayor de
Inverlink por haber realizado operaciones fraudulentas sin respaldo económico y a espaldas de
los inversionistas que les habían confiado sus dineros. El procesamiento afecta al presidente del
holding, Eduardo Monasterio, y los directores Francisco Edwards, Pablo Schaffhauser, Ignacio
Wolff, Enzo Bertinelli, Juan Antonio Yáñez. En calidad de cómplices fueron encausados
Patricio Collarte, Eduardo Tapia, Carlos Rubilar, Guillermo Brito, José Muñoz y Carlos Berríos.
En marzo de 2008, se decide absolver a cinco integrantes de la plana mayor del holding. Así, se
exculpó a Ignacio Wulf, Pablo Schaffhauser, Eduardo Monasterio, Enzo Bertinelli y al contador
Patricio Reyes, por declarar impuestos maliciosamente incompletos o falsos y por la omisión
maliciosa de declaraciones tributarias.
1. Asociación Ilícita Ilegal No se accede al dato
2. Delitos tributarios Ilegal No se accede al dato
3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2002, 2003
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas-Corporación del Fomento (CORFO)
2. Empresa privada-INVERLINK
aplica)
Estudio de abogados Miguel Soto y Compañía.
Servicio de Impuestos Internos (SII)
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)

Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Pamela Andrada (secretaria, público bajo), Carlos Berríos
(Trabajador, privado medio), Enzo Bertinelli (director, privado
alto), Guillermo Brito (trabajador, privado medio), Patricio Collarte
(gerente, privado alto), Francisco Edwards (director, privado alto),
Larry Fletcher (trabajador, privado medio), Eduardo Monasterio
(presidente, privado alto), Javier Moya (jefe de sección, público
medio), José Muñoz (trabajador, privado medio), Marcelo Muñoz
(trabajador, privado medio), Juan Pablo Prieto (trabajador, privado
medio), Patricio Reyes (trabajador, privado alto), Carlos Rubilar
(trabajador, privado medio), Pablo Schaffhauser (director, privado
alto), Eduardo Tapia (trabajador, privado medio), Ignacio Wolff
(director, privado alto), Juan Antonio Yáñez (director, privado
alto).
Político No
Civil No
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciarios, Servicios Financieros.
Actores Afectados
1. Compradores(as)/Clientes(as)-INVERLINK
3. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
1. Libro del periodista Hugo Traslaviña “Inverlink. La ruta de una estafa”. El libro
concluye con gran cantidad de anexos, entre ellos una cronología del caso, la
reproducción del mail enviado por Pamela Andrada y un organigrama de las empresas
del grupo Inverlink. Mayores referencias en
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={23bdf15e-f03c-42d0-8883-
a8a0cf5a8ff8}
2. Tesis. “El impacto del caso Inverlink en la industria de los fondos mutuos”, de Daniela
Morales Najum y Pía Vielma Cornejo. Ver
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/morales_d/html/index-frames.html
Este caso también se conoció como “Fondos mutuos”.
2007
Casos VinculadosCaso Empresas de Ferrocarriles del
Estado (EFE)
Chile
No

Resumen caso
A comienzos de 2007, a solicitud de la Comisión de Transporte del Senado, la Contraloría
General de la República informa graves irregularidades en implementación del Plan Trienal
2003-2005 –plan de US$1.100 millones- de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE),
cuando era administrado por Luis Ajenjo (Democracia Cristiano). Entre otras, cuestiona:
a) La pérdida de $ 38.000.000 de pesos. Señala que podría deberse a posible “Fraude al
Fisco”
b) Extravío de facturas
c) Que EFE haya contratado a la empresa Evasa Consultores Ltda. para efectuar un trabajo
que no se hizo y que ya había sido realizado anteriormente por una filial de la propia
EFE
d) La compra de 4 automotores diesel para el tramo Victoria –Puerto Montt a la empresa
española RENFE debido a su baja calidad (lo que condujo a la paralización del servicio)
y el hecho de que no se hayan cobrado las garantías correspondientes. El costo total de
los automotores fue de alrededor de US$ 8 millones.
Ya con anterioridad el Sindicato de Trabajadores de EFE había solicitado a la Contraloría y al
Consejo de Defensa del Estado que investigarán el Plan Trienal, sin resultado.
Con los antecedentes entregados por la Contraloría, en abril del 2007 se constituye por la
Cámara de Diputados una Comisión Investigadora. Paralelamente, los diputados Matthei (Unión
Demócrata Independiente –UDI-) y Prokurica (Renovación Nacional) interpusieron querella
criminal por los delitos de “Malversación de caudales públicos”, “Fraude al Fisco” y “Estafa”,
en contra de quienes resulten responsables. Dichas acusaciones se interponen en los tribunales
del antiguo sistema procesal penal chileno.
Durante la investigación de la Comisión Investigadora, surgen las siguientes nuevas aristas:
a) Se denuncia ante la Contraloría a Ajenjo porque recibió, junto a sus remuneraciones
regulares, otros pagos adicionales por participar en el directorio de algunas empresas
filiales de EFE, situación prohibida por ley. Esta arista termina con la absolución de
Ajenjo, por considerarse que no era funcionario de Alta Autoridad Publica.
b) Interposición en junio de 2007 por el Consejo de Defensa del Estado de una querella en
tribunal de garantía –nuevo proceso penal- por “Fraude al Fisco” y “Estafa” contra dos
ex gerentes de EFE -Claudio Carreño, gerente de administración y finanzas, y Guido
Olavarría Ortiz, jefe de la unidad de consumos básicos- y tres de sus contratistas:
Rodrigo Tagle, Jessica Castro Soto y Anastasio Cerda González. El Ministerio Público
finalmente formalizó a Carreño y Tagle por “Fraude al Fisco”, por un contrato entre
EFE y Evasa por el que se pagaron $117 millones de pesos en dos meses.
Los congresistas querellantes solicitaron un ministro en visita, por la complejidad del caso. La
Corte Suprema acoge la petición y nombró a Omar Astudillo, en quien queda radicado el
conocimiento y fallo de las irregularidades ocurridas entre 2003 y 2005. En tanto, las
irregularidades acaecidas desde 2005 en adelante quedan radicadas en el Ministerio Público.
En noviembre de 2007, el juez Astudillo dicta sus primeros autos de procesamientos: a) el ex
gerente de EFE Claudio Carreño por “Fraude al Fisco” y “Negociaciones incompatibles” por
más de $50 millones de pesos; b) Luis Briceño y Ximena Espinoza por “Estafa”, pues se les
pagó por asesorías tributarias que no se hicieron totalmente. Posteriormente, en enero del 2008,
y en virtud de un informe del fiscal de EFE, el Consejo de Defensa del Estado presentó una
querella en contra de los que resulten responsables del “Fraude al Fisco” que asciende a
$6.187.952.000 ($US11.854.314 aprox.), por la sustracción de bienes en EFE y el abultamiento
de la contabilidad durante la gestión de Luis Ajenjo (2003-2006).
Además, a mediados de enero de 2008, fue procesado Rodrigo Tagle, por “Estafas”, pues se le
imputa la sustracción de aproximadamente $80 millones de pesos. Además, un informe pericial
señala que EFE 'sobrepagó por la instalación de sus oficinas más de $320 millones de pesos que
'no tienen justificación.
Respecto de la causa seguida en el nuevo sistema procesal penal, a Briceño se le formalizó por
“Cohecho” y a Guido Olavarría por “Fraude al Fisco” por cerca de $79 millones en complicidad
con Claudio Carreño. A mediados de enero de 2008, el Consejo de Defensa del Estado presentó
la primera querella en contra de Luis Ajenjo, ex presidente de Empresa de Ferrocarriles del

Estado, por “Malversación de caudales públicos”, por $14.444.443. Este monto se pagó a
Patricio de Gregorio, a instancias de Ajenjo, por asesorías que no se realizaron. La querella
también es en contra de De Gregorio; el ex gerente general Eduardo Castillo y el ex gerente de
Administración, Claudio Carreño.
Se sumaron la senadora Matthei y el diputado Alvarado, ambos de la UDI, a través de una
querella por delitos de “Malversación de fondos”, “Falsificación de documento público” y
“Negligencia inexcusable” en contra de Luis Ajenjo.
En octubre de 2008, y dentro del nuevo proceso penal, se condena a Claudio Carreño por 83
delitos reiterados de “Fraude al Fisco” y dos delitos de “Cohecho”.
En enero del 2009, el ministro en visita Astudillo, condena por “Fraude al Fisco” –por más de
$80 millones de pesos- a Claudio Carreño, además de otros procesados.
1. Cohecho/Soborno/ Extorsión Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006
2. Falsificación de
documentos/Uso malicioso de
documentos
Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006
3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006
4. Fraude: Malversación de
caudales públicos/Peculado
Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006
5. Licitaciones públicas
fraudulentas
Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006
6. Negociaciones incompatibles/
Conflicto de intereses
Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006
Actores implicados
1. Empresa Pública–Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)
2. Empresa Privada– Evasa
3. Empresa extranjera-RENFE
aplica)
Sindicato de Trabajadores de EFE, Evelyn Matthei (diputada,
público alto), Baldo Prokurica (diputado, público alto), Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados, Contraloría General de
la República, Ministerio Público,
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Luis Ajenjo (director, público alto), Luis Briceño (asesor), Claudio
Carreño (jefe de sección, público medio), Eduardo Castillo
(gerente, público alto), Jessica Castro (trabajador, privado medio),
Anastasio Cerda (trabajador, privado medio), Ximena Espinoza
(otro), Patricio de Gregorio (trabajador, privado medio), Guido
Olavarría (jefe de sección, público medio), Juan Rodríguez Tagle
(gerente, privado alto)
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario- Servicios de transporte
Actores Afectados
1. Trabajadores(as) de EFE
Mayor información
1. Fiscalía cierra caso EFE y pide 5 años de presidio para ex presidente de la empresa Luis

Ajenjo. 17 de junio de 2002. Véase en:
http://latercera.com/contenido/680_142984_9.shtml
Fecha del registro: Septiembre/2009
2008
Casos VinculadosCaso Frambuesa Chile
No
Resumen caso
El diario electrónico El Mostrador denunció en abril del 2008 el uso indebido de un vehículo
fiscal por parte de la subsecretaria de Transporte, Elinett Wofft, puesto que la usaba para la
distribución de frambuesas, como parte de su microempresa familiar.
Según la legislación chilena, su conducta contraviene la ley de probidad administrativa, puesto
que los funcionarios de exclusiva confianza no pueden desempeñar actividades económicas
ajenas a sus cargos ni tampoco usar infraestructura fiscal para fines distintos al trabajo público.
Aunque la acusada negó las acusaciones, terminó renunciado a su cargo.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2008
Actores implicados
1. Ministerios-Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones – Subsecretaria
aplica)
Medios de comunicación escrita-Diario Electrónico “El Mostrador”
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Elinett Wofft (Subsecretaria de Transportes, público alto)
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal No
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Reportaje del El Mostrador que denunció el caso. Disponible en
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/el_ins/

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Ficha Nº 107
2008
Casos VinculadosCaso GMA-Huechuraba, Recoleta,
Viña del Mar.
Chile
Caso Sobresueldos en
Municipalidad de Viña del Mar
Resumen caso
El caso se da a conocer en marzo de 2008, cuando se denuncian irregularidades en los contratos
que sostenía la Municipalidad de Huechuraba con la empresa de Gestión Municipal Avanzada
(GMA). Esto conlleva a que se investiguen otros municipios que también tenían contratos con
esta empresa, estimándose que son 11 municipios (todos pertenecientes al partido UDI “Unión
Demócrata Independiente”). Sin embargo, en los medios de comunicación sólo se han dado a
conocer cuatro municipios: Huechuraba, Recoleta, Viña del Mar y Renca tratándose en mayor
profundidad los tres primeros mencionados.
Huechuraba.
En abril 2008, Isaac Givovich acusa a la alcaldesa Carolina Plaza por las irregularidades
existentes en los contratos con GMA. Givovich debía trabajar con los productos que entregaba
GMA (Ficha la Ficha Vecina y el Sistema de Información Georreferencial, SIG), enterándose
que existía un contrato desde mayo 2005 y que el municipio había pagado los servicios cuando
éstos no se habían realizado.
En junio de 2008, Contraloría confirmó irregularidades por $160 millones de pesos. Un segundo
contrato por las mismas funciones entre la municipalidad y GMA, poseía el doble del costo del
primer contrato: $2 millones mensuales los años 2005, 2006 y 2007, para luego cobrar $6
millones por el mismo servicio.
En agosto de 2008, Isaac Givovich declara ante al Tribunal Electoral por la solicitud de
destitución que pesaba sobre Plaza por los cargos de “Notable abandono de deberes y Faltas a la
probidad”.
Recoleta.
En julio de 2008, Contraloría confirma una serie de irregularidades en Recoleta, cuyo edil era
Gonzalo Cornejo (UDI). Las irregularidades también se refieren a los contratos que la
municipalidad contrajo con GMA, cuya gerente general y representante era Jenny Acevedo
Sepúlveda (desde marzo de 2005), que también se desempeñaba como Jefa de Gabinete en la
municipalidad (entre marzo de 2001 y mayo de 2005). Además, Cornejo y Acevedo eran socios
en la empresa Rush S.A. Los contratos firmados por Cornejo con GMA son de agosto 2006 y
por un monto de $1.500.000 pesos. Luego, suscribieron otro en mayo de 2007 por $9.282.0000
pesos.
Por estos motivos, en julio de 2008, el Primer Tribunal Electoral Metropolitano acogió el
reclamo formal de los concejales Francisca Zaldívar (Demócrata Cristiana), Jadille Baza
(Partido Por la Democracia) y Fernando Pacheco (Partido Socialista), por “Notable abandono de
deberes” y “Contravención de las normas sobre probidad administrativa”.
En agosto de 2008, la Fiscalía indagaría la triangulación de $32 millones de pesos, entregados
por GMA a Rush S.A, empresa del alcalde Cornejo. Este pago se habría realizado mediante
cuatro cheques de $8 millones cada uno, fechados entre 2005 y 2007.
En junio 2009, Contraloría confirmó las irregularidades y derivó el caso a la Fiscalía Centro
Norte, para que se abriese una investigación criminal. Por esta investigación, se formalizaría al
ex edil de Recoleta (Gonzalo Cornejo); el ex operador de la UDI (Iñaki Busto); uno de los
dueños de GMA (Jaime Jullian); la asesora personal de Cornejo (Jenny Acevedo) y la edil de
Huechuraba (Carolina Plaza), entre otros.
De momento no se tendrían más noticias de los avances del caso, pero el monto total ascendería

a cerca de $300 millones de pesos. El uso de estas empresas supuestamente estaría vinculado al
financiamiento de las campañas municipales de Plaza, Cornejo y también de Claudia Nogueira,
esposa de Cornejo y candidata a diputada.
Los cargos que han aparecido en los medios de comunicación, hablan de “Negociación
Incompatible” y “Fraude al Fisco” en Recoleta, además de investigarse la “Asociación Ilícita”
por la existencia de otros casos en otros municipios de la UDI.
Viña del Mar.
También desde marzo de 2008 se investigó la vinculación de GMA con la alcaldesa de Viña del
Mar, Virginia Reginato. En esta alcaldía, se requirieron los servicios de GMA junto a otras
empresas e instituciones (Esrri, Dell Computación y la Fuerza Aérea de Chile), para actualizar
la carta geográfica.
Virginia Reginato dictó un decreto para adjudicar la contratación de los servicios de GMA
(asignación directa), pero Contraloría Regional de Valparaíso objetó este decreto, ordenando un
sumario por los quince millones de pesos pagados a GMA.
A su vez, esta investigación de Contraloría también generó que se conocieran las irregularidades
en cuanto a sobre sueldos pagados a funcionarios de la Municipalidad, con Fondos del Casino
de la ciudad (ver ficha sobre caso de sobresueldos en Viña del Mar).
1. Asociación Ilícita Ilegal 2005, 2006, 2007
3. Negociación incompatible/Conflicto de
intereses
Ilegal 2005, 2006, 2007
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de Recoleta
2. Gobierno Local-Municipalidad de Huechuraba
3. Gobierno Local-Municipalidad de Viña del Mar
4. Empresa privada-Gestión Municipal Avanzada (GMA)
aplica)
Contraloría General de la República, Jadille Baza (concejal,
público medio), Isaac Givovich (Jefe de sección, público medio),
Fernando Pacheco (concejal, público medio), Francisca Zaldívar
(concejala, público medio).
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Jenny Acevedo (jefa de sección, público medio), Iñaki Busto
(colaborador de campaña), Gonzalo Cornejo (alcalde, público
medio), Jaime Jullian (propietario de empresa, privado alto),
Carolina Plaza (alcaldesa, público medio), Virginia Reginato
(alcaldesa, público medio).
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario-Servicios personales/profesionales/técnicos.
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona- Comuna de Huechuraba
2. Habitantes de la zona- Comuna de Recoleta
3. Habitantes de la zona- Comuna de Viña del Mar
Mayor información

1. Municipalidad de Huechuraba Informe Final - Junio 2008. Informe de Contraloría
General de la República de Chile sobre el caso.
2. Municipalidad de Recoleta Informe Final - Junio 2008. Informe de Contraloría General
de la República de Chile sobre el caso.
En mayo de 2008, Carolina Plaza renuncia al partido Unión Demócrata Independiente (UDI)
por el escaso apoyo brindado por este ante los hechos.
Año de apariciónNombre mediático del caso País
2000
Casos VinculadosCaso Indemnizaciones Chile
No
Resumen caso
En septiembre del 2000 el Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile denuncia a diversas
autoridades que altos ejecutivos de la empresa recibían millonarias indemnizaciones por su
desvinculación o cese de funciones. Posteriormente, su gerenta general –María Soledad Lascar-
solicita la investigación de Contraloría.
Entre las medidas inmediatas que toma el gobierno de Lagos, destacan: dictación de un
instructivo presidencial para limitar las indemnizaciones al máximo establecido en la normativa
laboral; publicación de un informe con 59 altos funcionarios que recibieron indemnización por
encima de la establecida en el Código del Trabajo; y exigir la devolución de las
indemnizaciones o, si se niegan, la desvinculación de su cargo a quienes todavía seguían
prestando servicios al Estado. De estos últimos, diez acogieron la petición de devolución y otros
seis renunciaron a sus cargos. Con todo, el presidente Lagos manifiesta que aunque
reprochables desde la ética, son conductas legales.
Entretanto, se descubre que dichas prácticas se extienden a otras empresas públicas: ENAP,
Polla Chilena de Beneficencia, CODELCO y Ferrocarriles del Estado; y que estas prácticas se
vienen cometiendo desde el gobierno del anterior presidente.
Se forma una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Ésta termina su investigación
concluyendo que unos 875 ejecutivos obtuvieron indemnizaciones millonarias. Entre ellos
destacan:
a) Correos de Chile: i) Facundo René Labraña Larrondo, recibió en total $124.087.920 ii)
Fernando Rau, recibió $ 46.312.301; iii) Roberto Morales Puelma, recibió $
46.666.667; iv) Jorge Figueroa Groenmeyer, $ 19.317.168, v) Marcelo Zapata, $
10.000.000.
b) Empresa Nacional de Petróleo (ENAP): Alvaro Garcia Alamos, por $211.840.615, ii)
Marcelo Iván Rodríguez Concha, $89.507.029, iii) Jaime Jorge Jara Miranda,
$83.075.733, iv) Alex Avsolomovich Callejas, $290.796.419.
c) Polla Chilena de Beneficencia: Orlando Cantuarias, 90 millones de pesos
d) Empresa ferrocarriles del estado: i) Patricio Corvalán M., $ 41.000.000, ii) Hernán
Riquelme, $ 69.000.000.
e) Empresa Nacional de Minería (ENAMI): i) ex vicepresidente de la empresa, Patricio
Artiagoitía, $ 37.192.597 ( prefiriendo renunciar a su cargo antes que devolver el
dinero); ii) María Verónica Baraona Del Pedregal, $ 34.356.237, iii) Santiago

Cadenasso Saure, $ 220.649.817
Contraloría expone su informe frente a la Comisión. Señala que no puede imponer sanciones
administrativas a los ejecutivos, pues no son empleados públicos sino funcionarios sujetos a la
normativa laboral privada.
La Comisión resuelve asignar responsabilidad política a dos ex ministros: Sergio Jiménez, de
Minería, y Carlos Hohmann, de Transportes y Telecomunicaciones, porque no velaron por el
adecuado uso de los recursos públicos de sus respectivas reparticiones, al no fiscalizar el
cumplimiento de instructivos emanados del Ejecutivo, facilitando que se produjeran abultados
pagos en las empresas bajo su tuición (Codelco, ENAP, ENAMI, Correos y Ferrocarriles).
La Comisión solicita, además, la designación de un ministro en visita. Pero dicha petición es
rechazada por la Corte Suprema.
Entretanto, el Consejo de Defensa del Estado interpone 25 denuncias para perseguir
responsabilidades penales. Entre ellas: i) en Correos: contra los ejecutivos René Labraña y
Fernando Rau por fraude al fisco y estafa; ii) en ENAP: contra el ex gerente Álvaro García
Álamos, ex secretario general Marcelo Rodríguez Concha y ex fiscal Jaime Jara Miranda, todos
por negociaciones incompatibles. También interpone 18 denuncias para perseguir
responsabilidades civiles.
Respecto del procedimiento seguido contra funcionarios de ENAP, los diputados Lily Pérez y
Baldo Prokurica se hacen parte del procedimiento y se querellan contra Álvaro Álamos y Sergio
Jiménez por fraude al fisco, y contra Marcelo Rodríguez y Jaime Jara por negociaciones
incompatibles. La jueza que conoce de la causa, Carmen Garay, finalmente se niega a
procesarlos por falta de antecedentes.
Respecto del procedimiento seguido contra funcionarios de Correos, en el 2001 fallece
Fernando Rau, por lo que la causa penal abierta en su contra es cerrada.
1. Abuso de funciones/de autoridad Legal No se accede al dato
2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal No se accede al dato
3. Negociación incompatible/
conflicto de intereses
Ilegal No se accede al dato
Actores implicados
1. Empresa pública – Correos de Chile
2. Empresa pública – Empresa Nacional de Petróleo ENAP
3. Empresa pública – Empresa Nacional de Minería ENAMI
4. Empresa pública – Ferrocarriles del Estado EFE
5. Empresa pública – Polla chilena de beneficencia
6. Empresa pública – Corporación Nacional del Cobre CODELCO
aplica)
Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile, María Soledad
Lascar (gerenta, público alto), Contraloría General de la República,
Consejo de Defensa del Estado, Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Patricio Artiagoitía (vicepresidente, público alto)
Alex Avsolomovich Callejas
María Verónica Baraona Del Pedregal
Santiago Cadenasso Saure
Orlando Cantuarias
Patricio Corvalán M.
Facundo René Labraña Larrondo
Roberto Morales Puelma
Jorge Figueroa Groenmeyer
Álvaro García Alamos (gerente)
Carlos Hohmann (ministro, público alto)

Jaime Jorge Jara Miranda (ex fiscal)
Sergio Jiménez (ministro, público alto)
Fernando Rau
Hernán Riquelme
Marcelo Iván Rodríguez Concha (secretario general)
Marcelo Zapata
Político Sí, Cerrado
Civil No se accede al dato
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Primario-Minería
Secundario-Industria petrolera
Terciario-Servicios de comunicaciones
Terciario-Servicios de transportes
Terciario-Servicios de Ocio y Entretenimiento
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Otras fuentes de información
1. Millonarias indemnizaciones. El entierro de un escándalo publico. Diario El Mercurio.
Miércoles 31 de octubre 2001. Véase en
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={e2c2ec6d-7b2a-4caf-9518-
52f46b45b3f5}
2. Caso Indemnizaciones: segunda parte y ¿final?. Diario El Mercurio. Cuerpo D
Reportajes. Domingo 25 de Marzo 2001. Véase en
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={78d5880e-9678-4375-8e27-
fe3f02d80997}
3. Entregan lista de algunos involucrados en caso indemnizaciones. El Mercurio
Electrónico. Jueves 28 de septiembre 2000. Véase en
http://www.emol.com/noticias/todas/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=33902
1998
Casos VinculadosCaso INJUV Chile
No
Resumen caso
En 1998 se conocieron una serie de irregularidades administrativas y financieras que afectaron
al Instituto Nacional de la Juventud. Se acuso a la Dirección del organismo, en su mayoría
militantes del Partido Socialista.

La Contraloría inició sumario administrativo. En su investigación, detectó pérdidas por cerca de
$600 millones de pesos. Los ilícitos más comunes fueron: fallas administrativas, falsificación de
facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y consultorías
millonarias.
Finalmente, se destituye a Leonardo González, su director, junto al resto de la dirección del
organismo.
1. Falsificación de Documentos/Uso
Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997
2. Fraude/Estafa al Fisco Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997
3. Licitaciones públicas fraudulentas Ilegal 1994, 1995, 1996, 1997
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas – Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
aplica)
Contraloría General de la República
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Leonardo González (director, público medio), Jorge Torres
(funcionario, público medio), Rafael Vera (director, público medio)
Político No
Civil No
Penal No
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
Mayor información
2003
Casos VinculadosCaso Mirage Chile
Caso Riggs, Caso Ventas de
armas en Ecuador, Caso Ventas
de armas a Croacia, Caso
Tanques Leopard
Resumen caso
En diciembre de 2003 se inició la investigación sobre el supuesto pago de coimas en la adquisición
de 25 aviones Mirage Elkan. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), fue quien denunció la

situación por el delito de “Exacción ilegal”.
La conducta reprochable, se habría cometido en 1994, cuando Chile pagó supuestamente $US 109
millones a Bélgica por estos 25 aviones. No obstante, sólo $US 70 millones llegaron a ese país, pues
los $US 39 millones restantes quedaron en manos de Sabca, la empresa encargada de reacondicionar
los aparatos y que, según la investigación, habría repartido $US 15 millones para comisiones a altos
uniformados a través de otra empresa (Europavia) que habría actuado como intermediaria.
Hasta el momento se han acreditado los delitos de “Malversación de caudales públicos”, “Cohecho”,
“Negociación incompatible” y “Fraude al Fisco”. A julio de 2009, estaba procesado Ramón Vega
Hidalgo (ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y ex senador designado), quien habría
ocultado su relación con Bernard van Meer (ciudadano británico y yerno del militar), quien fue el
principal impulsor del negocio y que confesó recibir $US 2,7 millones de comisión. Otros
procesados en calidad de cómplices, son Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro (Generales
en retiro) y Luis Bolton Montalvo (Coronel). También se ha analizado la participación de civiles,
tales como Conrado Ariztía (empresario) y Henriette Bahna (viuda de Carlos Honzik, comerciante
de armas de origen checo).
1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 1994
3. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado Ilegal 1994
4. Negociación incompatible/Conflicto de intereses Ilegal 1994
Actores implicados
1. Fuerzas Armadas de Chile
2. Empresa privada – Safca
3. Empresa privada – Europavia
Denunciante (y cargo si aplica) Consejo de Defensa del Estado
Acusado/a (cargo y jerarquía) Conrado Ariztía (empresario, privado alto), Henriette Bahna
(otro), Luis Bolton Montalvo (militar, público medio), Florencio
Dublé Pizarro (militar, público alto), Jaime Estay Viveros
(militar, público alto), Bernard van Meer (familiar), Ramón
Vega Hidalgo (militar, público alto)
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Económico Secundario-Industria bélica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona-Chile
Mayor información
1. Libro “Pinochet: El gran comisionista” de Benedicto Castillo (2009). El periodista vincula
los casos Riggs (ver Ficha de Registro) y Mirage.
2. Noticia de La Nación Domingo que detalla el caso y los destinos de los dineros
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090117/pags/20090117224315.html
Esta investigación ha ameritado exhortos a Bélgica, Inglaterra y otros países para llamar a declarar a
personas extranjeras y también ha ameritado viajes a Bélgica para solicitar documentos generados
por las investigaciones en torno a la misma causa en dicho país. Otros antecedentes que han

retardado la investigación, es la incineración que hizo la FACH de la documentación del periodo
1981 a 1996, la cual había sido solicitada por el Congreso para realizar mayores averiguaciones de
otros posibles casos similares. Esta incineración, supuestamente fue autorizada por la Contraloría
General de la República.
2003
Casos VinculadosCaso MOP GATE Chile
Caso Coimas
Resumen caso
En agosto de 2000, el frustrado autorrobo perpetrado por Sara Oliva, secretaria y persona de
confianza de Héctor Peña Véliz (dueño de GATE), destapó el vínculo comercial entre el Ministerio
de Obras Públicas (MOP) y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE S.A.).
Oliva declaró ante los tribunales, que su ex jefe Peña Veliz obtenía licitaciones del MOP para
financiar campañas políticas. Así Contraloría comenzó a investigar dos contratos por un total de
$1.440 millones de pesos que el MOP le adjudicó a GATE en 1999 y 2000, lo que correspondería a
sobresueldos para cerca de 79 funcionarios.
Por “Fraude al fisco” fueron procesados el Ministro Carlos Cruz, Sergio Cortés (ex jefe de
Finanzas de Vialidad del MOP, comisionado por el Partido Socialista para recolectar fondos al
interior de Obras Públicas para las elecciones municipales de diciembre 2000), y Roberto Salinas
(ingeniero de la Coordinación General de Concesiones), porque en representación de la Dirección
General de Obras Públicas firmó con consultoras contratos cuyos precios habrían sido abultados.
Entre los antecedentes revelados trascendió que existieron otras empresas vinculadas al MOP que
pagaban sobresueldos. Entre estas figuran Auditorías Ambientales Ltda. de Gustavo Alfaro y de
Héctor General; y Asyr Contadores, propiedad de los dos anteriores más Yerko General. Además
de Belfi, M.I.S. y C.C.P. Ingenierías.
A Sergio Cortés, Contraloría lo acusó de “Falta de Probidad administrativa”. En abril de 2003,
Carlos Cruz y otros 3 ex funcionarios de la cartera son encausados por “Fraude” y “Estafa al
Fisco”. En agosto de 2006. La ministra Chevesich absuelve al ex ministro Cruz en una de la arista
que indagaba “Exacción ilegal”. En julio de 2007, tras incautar correos electrónicos de la
Coordinadora General de Concesiones, se condenó al ex funcionario del MOP Julio Toro a 541
días de cárcel remitidos por “Exacción ilegal”. En agosto de 2008, se vuelve a procesar al ex
ministro Cruz por “Fraude al Fisco” por $30 millones de pesos.
A raíz del caso MOP, se dieron a conocer diversos casos de corrupción que ameritaron
investigación en cuanto a los vínculos con otras empresas o instituciones (ver ficha del caso
Coimas). En agosto de 2008 aún continuaban abiertas 4 aristas de las 27, muchas de las cuales ya
habían prescrito en diciembre de 2005.
Una pericia contable concluyó que el perjuicio fiscal defraudado alcanzó un total de
$1.253.352.295 de pesos, sólo en la causa principal.
1. Asociación ilícita Ilegal 1999, 2000

3. Exacción Ilegal Ilegal No se accede al dato
4. Falsificación de documentos/ Uso
Actores implicados
1. Ministerios-Ministerio de Obras Públicas, MOP
2. Empresa privada- Gestión Ambiental y Territorial, GATE S.A.
aplica)
Sara Oliva (secretaria, público bajo)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Eduardo Arriagada (jefe de sección, público medio), Sergio Cortés
(jefe de sección, público medio), Carlos Cruz (Ministro, público
alto), Sergio Hinojosa (jefe de sección, público medio), Héctor
Peña Véliz (propietario de empresa, privado alto), Héctor Quiroz
(otro, público medio), Roberto Salinas (jefe de sección, público
medio)
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario, Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Chile
2. Empresas competidoras de GATE
Mayor información
1. El expediente judicial del caso MOP GATE se abrió bajo el rol judicial Nº 56.288 y está
caratulado como “Negociación incompatible”.
Otras personas que habrían recibido sobresueldos son: Guillermo Díaz, ex seremi y ex
subsecretario de Transportes. ($15.555.000). Ricardo Trincado, ex seremi y ex intendente de la
Sexta Región. ($4.660.000). Patricio Zapata, ex seremi y ex intendente de la Primera Región.
($2.880.000). Sergio Cortés, ex inspector fiscal de Gate y ex jefe de Finanzas de Vialidad.
($8.374.184). Dolores Rufián, directora de Planeamiento del MOP. ($14.740.000). Patricio
Tombolini, ex subsecretario de Transportes. ($2.750.000). Eduardo Bartholin, director de Obras
Hidráulicas. ($10.900.000). Humberto Peña, director de Aguas. ($10.800.000). René Ruiz, ex
director de Administración y Finanzas del MOP. ($9.900.000). Juan Rusque, director de Obras
Portuarias. ($9.000.000). Pablo Anguita, ex director de Vialidad. ($22.409.100). Yasmín Balboa,
seremi Novena Región. ($2.880.000). Gonzalo Berríos, abogado, ex asesor de Carlos Cruz.
($1.386.000). Walter Brunning, subdirector de Planeamiento. ($10.935.000). Ivannia Goles,
directora de Arquitectura. ($8.100.000). Sergio Alburquenque, asesor de la Dirección General de
OO.PP. ($5.670.000). Juan Lobos, ex director general de OO.PP. ($900.000). Ximena Tudela, ex
secretaria de Carlos Cruz. ($2.552.440). Eduardo Abedrapo, ex miembro unidad de Concesiones.
($4.583.333). David Guzmán, director de Aeropuertos. ($9.000.000). Gonzalo Castillo, jefe de
gabinete de Juan Carlos Latorre. ($9.000.000). Daniela Devoto, asesora del MOP. ($1.350.000).
Mario Tala, jefe de gabinete de Dolores Rufián. ($8.910.000). Osvaldo Aguayo, ($1.300.000).
Carlos Alert ($2.880.000). Alia González, ($270.000 y $1.350.000). Roberto Alonso, ($5.691.413).
Alvaro Parra ($1.351.238). Gladys Antezana ($756.000). Patricia Araneda ($1.211.796). Juan
Arrese ($7.200.000). Carlos Brito ($4.050.000). Juan Bustos ($1.110.000). Manuel Castañeda
($2.880.000). Carolina Cisternas ($150.000). Pilar Concha ($600.000). Patricio Contador
($121.500). Paula Cruz ($2.909.984). Claudia De la Rivera ($860.000). Miguel Espinoza
($1.175.000). Patricio Estay ($2.495.026). Patricia Fuentes ($1.005.483). Carlos Gárate

($5.600.000). Pamela Gómez ($14.000.000). Hernán González ($480.000). Raúl Gutiérrez
($2.880.000). Carlos Inostroza ($1.800.000). Enrique Jiménez ($4.660.000). Claudio Lara
($1.100.250). Pedro Martínez ($2.880.000). Lissette Maureira ($1.413.000). Ginnette Menares
($152.000). Myriam Montecinos ($45.000). Vladimir Morales ($2.880.000). Cecilia Moreno
($756.000). Jeannette Moya ($195.300). Juan Muñoz ($2.880.000). Rodrigo Muñoz ($2.407.970).
Javier Narbona ($4.860.000). Mónica Pardo ($4.860.000). Vicente Pardo ($7.800.000). Alvaro
Parra ($1.451.428). Manuel Peña ($2.880.000). Ximena Pérez ($2.566.667). Carolina Quintana
($2.335.000). Mario Quiñones ($1.350.000). Carlos Salazar ($4.860.000). Miguel Silva
($2.160.000). Paula Soto ($2.265.000). Osvaldo Torres ($1.600.000). Daniel Vásquez
($6.157.887).
2008
Casos VinculadosCaso Municipalidad de Algarrobo Chile
No
Resumen caso
En abril de 2008, a partir de un informe de Contraloría (resolución Nº 1421 del 2008), se dio a
conocer que la Municipalidad de Algarrobo tenía serias dificultades en su rendición de cuentas,
sistemas de licitaciones de compras públicas, entre otras.
En julio de 2008 se inicia un proceso, ya que tres concejales del municipio -Hipólito Aravena
(Democracia Cristiana), José Luis Yáñez (independiente) y Jaime Jamett (Unión Demócrata
Independiente)- deciden denunciar las irregularidades ante el Tribunal Electoral de la V Región.
Lo que solicitaban era la destitución del alcalde Guillermo Urquízar Tapia (independiente pro
Renovación Nacional), por “Notable abandono de deberes y contravención graves a las normas de
probidad”, cargos que se justificaban por mantener hasta el 01 de abril a su esposa (María
Victoria Araya) como directora de la Oficina de la Familia, pese a la prohibición de contratar
parientes.
También lo acusaron de desórdenes administrativos (que Contraloría ya había detectado), abusos
en el manejo de dineros del Fondo Común Municipal, infracciones a la ley de compras públicas, y
la no existencia de conciliaciones bancarias.
Por estos motivos, en mayo 2009, el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) confirma
unánimemente la destitución de Urquízar, quien cumplía su segundo período al mando del
municipio.
Junto con la destitución del alcalde Urquízar en mayo de 2009, también se notifica de su
destitución al director de Obras del municipio, el arquitecto Alejandro Navarrete, por “Falta a la
probidad administrativa”. Esta decisión fue notificada por la Contraloría General de la República,
con base en la autorización que Navarrete habría dado para la construcción de un edificio de ocho
pisos en un sector donde el plano regulador permite una altura máxima de cuatro pisos.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal No se accede al caso
Actores implicados

7. Gobierno Local-Municipalidad de Algarrobo
aplica)
Hipólito Aravena (concejal, público medio), Jaime Jamett
(concejal, público medio), José Luis Yáñez (concejal, público
medio)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Guillermo Urquízar (alcalde, público medio)
Alejandro Navarrete (público, medio)
Político No
Civil No
Penal No
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
2. Habitantes de la zona-Comuna de Algarrobo
4. Electores(as)
Mayor información
2006
Casos VinculadosCaso Municipalidad de Camarones Chile
No
Resumen caso
En octubre de 2005, el concejal Manuel Alvarado (RN) denunció a Sonia Salgado (alcaldesa
DC) por cohecho o fraude electoral, pues en Camarones votaron más personas de las que viven
en dicha localidad.
Se inició una investigación para formalizar a la alcaldesa, pero no fue posible por encontrarse
prófuga junto a su marido Ciro Albornoz (consejero regional DC), procesado también por el
mismo delito. Salgado y Albornoz aparecieron días antes de que prescribiera el caso, en
diciembre de 2005. Albornoz justificaba que habían desparecido por la enfermedad que tenía
Salgado: un trastorno bipolar de personalidad. En ese momento son formalizados junto a otras 6
personas, entre ellas su hermana Olga Salgado; Orlando Gómez; Emilio Jiménez (PPD, Jefe de
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI) y Gastón Montero.
Si bien el caso fue sobreseído en primera instancia por haber prescrito, el Ministerio Público y
Hernán Mery (UDI) apelaron a mediados de diciembre de 2005 por lo que la investigación
continuó. Después de un año y medio de investigaciones (marzo de 2007), se absolvió de los dos
cargos a la alcaldesa, a su marido y a su hermana.
Además, en octubre de 2006, se inició una investigación en contra de Salgado por supuesto

“Nombramiento Ilegal de un funcionario”, pues había contratado a un pariente de su ex jefe de
campaña en abril de 2005. Esta acusación fue impuesta por Manuel Alvarado ante el Ministerio
Público, el mismo concejal que interpuso la primera querella. Finalmente la Fiscalía determinó
que Salgado había cometido dicho delito y que debía cesar sus funciones de alcaldesa además de
pagar una multa monetaria.
1. Fraude electoral Ilegal 2004
3. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2005
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipal de Camarones, XV Región
Denunciante Hernán Mery (ex alcalde, público medio), Manuel Alvarado
(concejal, público medio)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Ciro Albornoz (concejal, público medio),
Orlando Gómez (no se accede al dato),
Emilio Jiménez (jefe se sección, público medio),
Gastón Montero (no se accede al dato),
Olga Salgado (familiar),
Sonia Salgado (alcaldesa, público medio).
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Habitantes de Camarones
2. Candidatos competidores- elecciones municipales
Mayor información
2005
Casos VinculadosCaso Municipalidad de Coquimbo Chile
No
Resumen caso
En octubre de 2005, la senadora Evelyn Matthei (UDI) presentó dos querellas contra el alcalde

Pedro Velásquez (DC). La primera querella fue por presunto “fraude al fisco”, relacionado con
la venta de terrenos municipales a precios inferiores al avalúo comercial. La segunda querella
fue por “negociación incompatible” por haber asesorado a privados, cuando su cargo se lo
impedía. En octubre de 2006 se suspendió al alcalde, eligiéndose como sucesor a uno de los
concejales. En enero de 2007 se emitió la sentencia: Velásquez fue condenado a 300 días de
presidio condicional, debía pagar como multa el 10% del monto de los dineros en cuestión,
además de quedar inhabilitado perpetuamente para ejercer cargos públicos y de representación
popular. Esta sentencia fue dada a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena.
2. Negociación incompatible/Conflicto de intereses Ilegal No se accede al dato
Actores implicados
1. Gobierno Local - Municipalidad de Coquimbo
Denunciante Evelyn Matthei (senadora, pública alta)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Pedro Velásquez (Alcalde, público medio)
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona- Municipalidad de Coquimbo
3. Electores(as)
4. Compradores(as)/Clientes(as)
Mayor información
1.
2003
Casos VinculadosCaso Municipalidad de Iquique Chile
No
Resumen caso
En septiembre del 2000, a través de un informe de Contraloría Regional (que cubría el periodo
de agosto a diciembre de 1999), se conocieron diversas irregularidades en la Municipalidad de
Iquique, cuyo alcalde era Jorge Soria Quiroga (Partido Regional Fuerza País). En junio de 2003,
Contraloría formalizó su demanda por “fraude” al acreditarse que $123.667.844 fueron

utilizados indebidamente: $100 millones aproximadamente para el pago de horas extras y $23
millones por la cancelación de jornadas de trabajo no realizadas. Estos dineros fueron a parar a
una empresa de aseo cuyo dueño era Ernesto Wittmann. La posterior investigación judicial
indagó los nexos entre el alcalde y Ernesto Wittmann, la existencia de planillas de trabajadores
falsas, cobros de horas extraordinarias adulteradas y nóminas de empleados inexistentes,
irregularidades cometidas con el fin de cobrar remuneraciones y acceder a los beneficios de
Decreto con Fuerza de Ley Nº 889, que bonifica la mano de obra en la zona, flujos de dinero
que aumentaban durante los períodos de campaña electoral.
En junio de 2009, tras cinco años de investigación, se conoció la condena de Jorge Soria por los
delitos de “fraude al fisco”, “negociación incompatible” y “cohecho”. La condena fue de 1.082
días de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el período de castigo e
inhabilitación perpetua para ejercer cargos de elección popular. Además se le impuso el
decomiso de un terreno y una multa de $65 millones de pesos.
También fueron condenados el ex administrador municipal Ernesto Lo, a 541 días por “fraude al
fisco” y los contratistas municipales Ernesto y Edwin Wittmann, a 541 días cada uno por
“estafa”.
3. Negociación incompatible/Conflicto de
intereses
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de Iquique
2. Empresa Privada de Aseo
Denunciante Contraloría Regional de Tarapacá
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Jorge Soria (alcalde, público alto),
Ernesto Lo (funcionario, público bajo)
Ernesto Wittmann (propietario de empresa, privado alto)
Edwin Wittmann (propietario de empresa, privado alto)
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario-Servicios Básicos
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Municipalidad Iquique
Mayor información
1. La denuncia de la Contraloría Regional de Tarapacá , dio inicio a la causa rol No.
782958, radicada en el Segundo Juzgado de Letras de Iquique,
El artículo 239 del Código Procesal Penal chileno, contempla dos formas de comisión de delitos
para los empleados públicos: una defraudación abierta y otra pasiva. Esta última corresponde a
la que incurrieron Jorge Soria y Enrique Lo, pues permitieron que se ocasionaran pérdidas al
patrimonio del Fisco.
Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente $691 pesos chilenos.

2006
Casos VinculadosCaso Municipalidad de María Elena Chile
No
Resumen caso
En noviembre de 2004 dos carabineros denuncian ante la Fiscalía Local que había personas que
teniendo sus permisos de circulación retenidos en otras municipalidades, contaban con permisos
de conducir provisorios. La investigación determinó que el alcalde Lambert -en su calidad de
titular del Juzgado de Policía Local- había entregado al menos 20 de estos permisos de conducir
provisorios a familiares, amigos y conocidos. Esta irregularidad se habría cometido entre 2001 y
2004
El caso apareció en la opinión pública al momento de iniciarse el juicio oral en el año 2006.
Los cargos formulados fueron “Otorgamiento irregular de permisos provisionales de conducir”,
encontrándosele culpable en agosto de 2006 con una condena a pena remitida de tres años y un
día.
En el proceso actuaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio
Público.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de María Elena
2. Poder Judicial-Juzgado de Policía local (cuyo titular era Lambert)
Denunciante Carabineros (Policía), Consejo de Defensa del Estado, Ministerio
Público
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Santiago Lambert (alcalde y titular del Juzgado de policía local,
público medio)
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Comuna de María Elena
Mayor información
Este delito figura en la Ley del Tránsito chilena, Nº 18.290. Disponible en
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29708

2003
Casos VinculadosCaso Municipalidad Pitrufquén Chile
No
Resumen caso
En febrero de 2003 el Concejo Municipal de Pitrufquén denuncia ante la Contraloría Regional
que el alcalde de la localidad habría incurrido en irregularidades administrativas al gastar $78
millones de pesos en viáticos y horas extraordinarias entre los años 2001 y 2002.
Esto ocasiona que en septiembre de 2004, el Tribunal Electoral Regional (TER) lo destituyera
por “Faltas a la probidad” y “Notable abandono de deberes”. Fue acusado de “Manejo irregular”
de $100 millones de pesos de un comité habitacional, además del pago ilegal de viáticos a
funcionarios de su confianza y de estudios no realizados.
En octubre de 2004, se confirmó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años,
según el Tribunal Calificador de Elecciones.
Sin embargo, Lizama había repostulado al cargo de alcalde, y fue electo, pero en noviembre de
2004 el Tribunal Electoral Regional de la región de La Araucanía resolvió que el Concejo
Municipal debía oficializar un nuevo nombramiento para el cargo de alcalde.
Al no poder asumir como alcalde reelecto por su sanción, Lizama decide viajar a Santiago para
solicitar el indulto del presidente de esa época, Ricardo Lagos (el cual no le fue concedido). En
esa época, Lizama también se autoproclama alcalde en algunas ceremonias públicas, lo que
causa conmoción pública.
Cabe destacar que por el actuar del partido que albergaba a Lizama (Unión Demócrata
Independiente), una concejala y el diputado de la zona, deciden renunciar a dicho partido.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002
2. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado Ilegal 2001, 2002
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de Pitrufquén
Denunciante Concejo Municipal
Acusado/a Pedro Lizama (alcalde, público medio)
Político No
Civil No
Penal No
de Derechos Humanos
No
Sector Económico No Aplica
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Comuna de Pitrufquén
2. Beneficiarios(as) de la política pública- del comité habitacional
Mayor información

2007
Casos VinculadosCaso Municipalidad de Quinta
Normal
Chile
No
Resumen caso
A raíz de un sumario administrativo que acreditaba la extensión de permisos de circulación sin
que los interesados entregaran todos los antecedentes necesarios, pagos con cheques a fecha y
cobros por un valor inferior por los permisos, en una resolución de noviembre de 2007,
Contraloría resolvió destituir al Director de Tránsito (Juan Cuevas Alarcón); al jefe del
Departamento de Permisos de Circulación (Carlos Mora Saldías), y a una empleada del mismo
departamento (Claudia Jerez Vargas). Asimismo, el organismo contralor pidió la suspensión
durante tres meses, con el goce de sólo el 50% de su sueldo, de la cajera de la Tesorería
Municipal (María Rosales Ahumada); y la suspensión durante 60 días, también con el 50% de
su sueldo, de la Tesorera Municipal (Mireya Toro Rojas). Finalmente, la Contraloría dispuso
multas en contra de la directora de Administración y Finanzas (Nora González Hernández), y de
las funcionarias del Departamento de Permisos de Circulación (Rosa Vallejos Urrutia, Victoria
Leiva Rodríguez y Mónica Ríos Araneda).
En julio de 2008, se da a conocer que el alcalde de Quinta Normal, Manuel Fernández
(Democracia Cristiana), no aplicó estas medidas de Contraloría. No obstante, según el Asesor
Jurídico de la municipalidad, el único facultado para sancionar en un sumario administrativo es
el alcalde, por lo que no existían irregularidades si el alcalde decidió no aplicar las sanciones
dispuestas por Contraloría.
En cuanto a las irregularidades en los permisos de circulación, generaron un perjuicio de $20
millones a la Municipalidad de Quinta Normal y la pérdida de 958 sellos verdes.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2003, 2004
Actores implicados
1. Gobierno Local-Dirección Municipal de Tránsito
2. Gobierno Local-Municipalidad de Quinta Normal
aplica)
Contraloría General de la República
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Juan Cuevas Alarcón (jefe de sección, público medio), Manuel
Fernández (alcalde, público medio), Nora González Hernández
(director/a, público medio), Claudia Jerez Vargas (funcionaria
público bajo), Victoria Leiva Rodríguez (funcionaria, público
bajo), Carlos Mora Saldías (jefe de sección, público medio),
Mónica Ríos Araneda (funcionaria, público bajo), María Rosales
Ahumada (otro, público bajo), Mireya Toro Rojas (Tesorero/a,
público medio), Rosa Vallejos Urrutia (funcionaria, público bajo)

Político No
Civil No
Penal No
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Usuarios(as) del servicio-permisos de circulación en Municipalidad de Quinta Normal
2. Habitantes de la zona-Comuna de Quinta Normal
Mayor información
1. Municipalidad Quinta Normal Informe Final sobre auditoría de ingresos - Febrero 2009
Informe de Contraloría General de la República de Chile sobre el caso
2002
Casos VinculadosCaso municipalidad de San Fernando Chile
No
Resumen caso
En julio de 2001 cuatro concejales de la Municipalidad de San Fernando denunciaron
irregularidades ante el Tribunal Electoral (TRICEL): acusaron al alcalde José Figueroa (PC) de
“notable abandono de deberes” y de “falta a la probidad administrativa”.
Estos hechos se dieron a conocer públicamente en mayo de 2002. Entre las irregularidades
figuraban una sobredotación de personal y altos sueldos pagados a 150 funcionarios de la
Corporación de Educación de la Comuna, los que supuestamente correspondían a favores
políticos. No obstante, finalmente se concluyó que no había pruebas contra José Figueroa,
siendo absuelto en julio de 2003 por el TRICEL.
Paralelamente, el alcalde Figueroa enfrentó otras querellas criminales. Una, interpuesta por los
mismos concejales por “malversación de caudales públicos”, y otra interpuesta por el Colegio
de profesores por “apropiación indebida de recursos”, ya que estos pensaban que el alcalde era
el responsable por sus sueldos impagos. De estos cargos se le sobreseyó por no acreditarse el
presunto delito.
Posteriormente, la administración sucesora encabezada por Juan Paulo Molina (alcalde),
investigó de forma privada el déficit financiero de la municipalidad y ante estas averiguaciones,
decidió interponer una querella criminal por el “delito de apropiación indebida” contra el ex
alcalde José Figueroa y contra Ricardo Ulloa López, ex Secretario General de la Corporación
Municipal de San Fernando. Los resultados de esta querella a agosto de 2009, aún se
desconocen.

1. Apropiación indebida Ilegal 2001
2. Fraude: Malversación de
caudales públicos/Peculado
Ilegal 2001
Actores implicados
1. Gobierno Local-Corporación Municipal de Educación y Salud
Denunciante Concejales, Colegio de Profesores, Juan Paulo Molina (alcalde
sucesor)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
José Figueroa (alcalde, público medio)
Ricardo Ulloa (Jefe de sección, público medio).
Político No
Civil No
de Derechos Humanos
No
Sector Económico No Aplica
Actores Afectados
1. Habitantes de zona-Comuna de San Fernando.
2. Trabajadores(as)-Profesores de colegios municipalizados.
Mayor información
2005
Casos VinculadosCaso Programa de generación de
empleos
Chile
No
Resumen caso
En diciembre de 2005, el alcalde de la comuna de Quillota, Luis Mella (Democracia Cristiana),
denuncia al Ministerio Público que se estaban desviando fondos públicos para la campaña del
candidato a diputado Marco Enríquez-Ominami (del Partido Socialista en ese entonces). Dichos
fondos estaban destinados a financiar los “Planes de Generación de Empleo” (programa público
destinado a disminuir la cesantía) pero se desviaban para pagar a los brigadistas de campaña.
Iniciada la investigación, el fiscal a cargo se encuentra con que dicha práctica se había
extendido fuera de la circunscripción electoral del candidato investigado inicialmente, como
Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe y San Antonio.
Paralelamente, la Contraloría Regional de Valparaíso inicia su procedimiento administrativo en
contra del Intendente de la Región Luis Guastavino. Se le sanciona con la censura por su
responsabilidad administrativa en la supervisión de los funcionarios de los gobiernos locales.
Si bien no se encuentran antecedentes suficientes para sustentar la acusación contra los

candidatos a diputado Marco Enríquez-Ominami, ni contra el senador Carlos Ominami (en ese
entonces del Partido Socialista), sí se encuentran para formular acusación en contra de otros
funcionarios públicos. Así, se da inicio a tres procedimientos penales:
a) Concejal Marisol Paniagua (Partido Por la Democracia PPD) –hija de la diputada Laura
Soto (PPD)- y su pareja Uziel Valle, jefe de finanzas de la Intendencia Regional de
Valparaíso, por utilizar los fondos para financiar la campaña de la concejala en el 2004.
Fueron formalizados por “Estafa”
b) Diputada Laura Soto y sus asesores –y entre ellos, también su hija Paniagua y yerno-,
por utilizar fondos para la campaña de la diputada en el 2005. Se les formaliza por los
delitos de “Fraude al Fisco” y “Estafa” por $9.000.468 pesos
c) Diputado Rodrigo González y sus asesores, formalizados también por el delito de
“Fraude al Fisco” y “Estafa” por $15.768.000 pesos, durante su campaña el 2005.
En el procedimiento penal en contra de Laura Soto y sus asesores se dictó sentencia absolutoria
para la diputada y para el jefe de su campaña electoral, Cristián Gatica. Respecto del resto,
fueron declarados culpables: a) por el delito de “Fraude al Fisco”: el secretario regional
ministerial (seremi) del Trabajo, José Manuel Mancilla; b) por “Estafa reiterada”: la concejal
Marisol Paniagua y su cónyuge Uziel Valle; Luis Gatica, jefe de gabinete de la diputada; y los
contratistas Luis Vargas y su hijo Sergio Vargas.
En el procedimiento penal seguido en contra de Rodrigo González (PPD) y sus asesores el
diputado no fue acusado por no reunirse suficientes pruebas por el Ministerio Público. Respecto
de sus asesores, se les formulo acusación y el procedimiento sigue en curso.
Actores implicados
1. Poder Legislativo- Congreso Nacional – Cámara de Diputados
2. Gobierno Local – Municipalidad de Valparaíso – Consejo Comunal
3. Gobierno Regional – Intendencia de Valparaíso
4. Gobierno Regional – Gobernación de Valparaíso
5. Ministerios – Ministerio del Trabajo – Secretaria Regional Ministerial del Trabajo
aplica)
Luis Mella (alcalde, público medio)
Contraloría Regional de la República
Ministerio Público
Consejo de Defensa del Estado
Sergio Romero (Renovación Nacional) (senador, público alto)
Jaime Arancibia (senador, público alto)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Fernando Avendaño (funcionario, público medio)
Max Bastidas (concejal, público medio)
Luigi Fernández (colaborador de campaña)
Cristián Garrido (colaborador de campaña)
Cristian Gatica (colaborador de campaña)
Luis Gatica (jefe de sección, público medio)
Luis Guastavino (funcionario, público alto)
Rodrigo González (diputado, público alto)
Víctor Hueniful (funcionario, público medio)
Ricardo León (concejal, público medio)
Edgardo Lepe (funcionario, público medio)
Giuseppe Malatesta (colaborador de campaña)
José Mancilla (funcionario, público medio)
Hugo Meza (contratista, privado alto)
Marisol Paniagua (concejal, público medio)
Jaime Quiroz (funcionario, público medio)
Laura Soto (diputada, público alto)
Uziel Valle (jefe de sección, público medio)

Luis Vargas Leiva (contratista)
Sergio Vargas Pérez (contratista)
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Electores(as) de la zona-Región de Valparaíso
2. Beneficiarios(as) de la política pública-Programas de Empleo
3. Candidatos(as) competidores(as)
Mayor información
1. Reportaje: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={416db632-66e4-4c3c-a60d-
f39256d3ae20}
El cargo contratista para efecto de la base de datos, se clasifica como Propietario(a) de empresa
2006
Casos VinculadosCaso PUBLICAM Chile
Caso PUBLICAM-SERVEL, Caso
Chiledeportes
Resumen caso
El caso PUBLICAM salió a la luz pública luego que Contraloría emitiera un informe en el que
daba cuenta de una serie de irregularidades cometidas al interior de Chiledeportes (ver Ficha de
Registro).
El ilícito consistió en crear empresas ficticias que comercializaban sus facturas. La principal de
estas empresas era PUBLICAM, cuyo principal dueño y gestor era Manuel Arancibia. Publicam
operaba vendiendo facturas falsas destinadas principalmente a empresas que pretendían evadir
impuestos con documentación falsa, aunque sus papeles aparecieron vinculados casos de
corrupción descubiertos en 2006 (ver casos vinculados). Algunas de las facturas fueron
descubiertas en la adjudicación de proyectos presentados a Chiledeportes, los que finalmente no
se ejecutaban, mientras que otras fueron a parar a la rendición de gastos de algunos políticos
ante el Servicio Electoral en las parlamentarias de diciembre de 2005.
Al violarse el Código Tributario se presentaron cargos contra la contadora Gloria Pavez Chávez,
la secretaria María Chávez Chávez, y Margarita Arancibia, hermana de Manuel Arancibia. El

Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó, a su vez, cargos contra uno de sus funcionarios -
Luis Jofré- quien facilitó la creación de más de 40 sociedades y el timbraje de 1.082 facturas de
la firma PUBLICAM S.A.
Junto a Manuel Arancibia como encargado de PUBLICAM, figuraban Juan Meyerholz y
Claudio Zalaquett Breschi. Este último fue condenado a cuatro años de pena remitida y una
multa de 10 unidades tributarias anuales (la multa asciende a un total de US$8.053 aprox.),
mientras que Meyerholz fue condenado a tres años de reclusión nocturna y a una multa de 10
unidades tributarias mensuales (la multa asciende a un total de US$623 aprox.)
De otros implicados por comercialización de facturas falsas, no se conocieron sus sanciones
(condenas). Este hecho provocó un perjuicio fiscal de $303.634.738 de pesos (US$ 552.064
aprox.), por concepto de evasión de impuestos (al emitirse facturas falsas se genera un crédito
que redunda en evasión del Impuesto al Valor Agregado)
1. Asociación ilícita Ilegal No se accede al dato
2. Delitos tributarios Ilegal No se accede al dato
3. Falsificación de documentos Ilegal No se accede al dato
4. Fraude: Estafa al fisco Ilegal No se accede al dato
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas-Servicio de Impuestos Internos
Denunciante Caso conocido a raíz de las investigaciones en el caso
Chiledeportes
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Manuel Arancibia (propietario de empresa, privado alto),
Margarita Arancibia (familiar),
María Chávez Chávez (trabajadora, privada baja),
Luis Jofré (funcionario, público bajo),
Juan Meyerholz (propietario de empresa, privado alto),
Gloria Pavez Chávez (trabajadora, privada baja),
Claudio Zalaquett (propietario de empresa, privado alto)
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario
Actores Afectados
Mayor información

2006
Casos VinculadosCaso PUBLICAM- SERVEL Chile
Caso PUBLICAM, Caso
Chiledeportes
Resumen caso
En octubre de 2006, el senador Guido Girardi (PPD) incluye dos facturas falsas emitidas por la
empresa PUBLICAM S.A en la rendición de sus gastos de la campaña ante el Servicio Electoral
(SERVEL). Girardi reconoció públicamente que se utilizaron dichas facturas para justificar
gastos de campaña pero señaló que esto se hizo sin su consentimiento. Esto llevó a que
finalmente fuese absuelto (en septiembre de 2007), recayendo la responsabilidad penal sobre su
administrador electoral, Ricardo Farías, quien fue formalizado por el delito de “estafas
reiteradas”, ya que a juicio del Ministerio Público se abultaron gastos con el fin de no devolver
los excedentes de la campaña al Servicio Electoral.
A Ricardo Farías se le condenó a 541 días de presidio remitido y al pago de una multa de 21
UTM (US$ 1.283 aprox.) por el delito de “estafa al fisco”.
Paralelamente, se investigó al dueño de PUBLICAM S.A, Manuel Arancibia, por el delito de
“estafa” en calidad de cómplice, por vender facturas falsas al comando del senador Guido
Girardi. Posteriormente a Arancibia se le enjuició por una serie de “delitos tributarios” que se
conocieron como el Caso PUBLICAM (ver caso vinculado), que salió a la luz pública luego que
Contraloría emitiera un informe en el que daba cuenta de una serie de irregularidades cometidas
al interior de la institución pública Chiledeportes (ver caso vinculado). También se investigó la
presentación de facturas PUBLICAM S.A. para justificar gastos de las campaña de Lily Pérez y
Sebastián Piñera (ambos de RN), quienes aspiraron sin éxito al Senado y la Presidencia.
De acuerdo a lo señalado por la prensa, el fiscal del caso habría estimado que el perjuicio fiscal
de este caso alcanzó aproximadamente $55.890.981 pesos (US$106.055 aprox.)
1. Delito tributario Ilegal 2006
Actores implicados
2. Otras instituciones públicas-Servicio Electoral
Denunciante Partido de oposición (Renovación Nacional)
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Guido Girardi (senador, público alto)
Ricardo Farías (colaborador de campaña)
Manuel Arancibia (propietario de empresa, privado alto)
Administrativo No se accede al dato
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario-Servicios de publicidad
Actores Afectados
1. Candidatos(as) competidores de senador Girardi, Lily Pérez y Sebastián Piñera
2. Electores(as) de Chile
Mayor información

2008
Casos VinculadosCaso Red de Corrupción Chile
No
Resumen caso
Los primeros indicios sobre una supuesta red de corrupción entre la Policía de Investigaciones de
Chile (PDI), el sistema judicial y carabineros, aparecieron en abril de 2007, cuando un
narcotraficante pidió el beneficio de baja de condena presentando documentos falsos.
A raíz de estos hechos, comenzaron las investigaciones que conllevaron a que en octubre de 2008,
se detuviera a 10 detectives (cuyos rangos fluctuaban entre inspectores y comisarios), además de
gendarmes, un juez y carabineros.
El ilícito consistía en adulterar antecedentes penales de delincuentes (órdenes de arraigo y de
detención) y también en entregar información en cuanto a los operativos y allanamientos
programados. Esta situación se venía produciendo desde el 2003, dándose de baja a los
funcionarios implicados y presentándose querellas por abuso de confianza en el uso de las claves
de acceso al sistema informático interno.
Con el paso de la investigación, se descubrió que la red también estaba relacionada con los ilícitos
cometidos por Francisco Lapolla (ex jefe de la Brigada Investigadora del Crimen de la PDI de
Macul, subprefecto), quien fue detenido por filtrar información policial a una banda de
narcotraficantes denominada “Los Valladares”, en alusión al nombre de su líder: Luz Valladares
Araya.
La principal imputada en el caso es Margarita Cuadros, ex trabajadora de PDI y del poder judicial,
quien actuaba como el nexo entre los funcionarios de la policía civil y los funcionarios judiciales.
1. Asociación ilícita Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
3. Delitos informáticos Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
4. Falsificación de documentos/Uso
Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
5. Obstrucción de la Justicia/investigación Ilegal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
Actores implicados
1. Policía de Investigaciones (PDI)
2. Poder Judicial
3. Carabineros de Chile
4. Gendarmería de Chile (GENCHI)
aplica)
Ministerio Público
Acusado/a (cargo y Margarita Cuadros (funcionaria, público medio), Manuel Donoso

jerarquía) (policía, público medio), Uberlinda Elizondo (funcionaria,
público bajo), Diego Inostroza Flores (policía, público bajo),
Ricardo Morales Calquín (policía, público bajo), Marcelo
Palavecino Flores (policía, público bajo), Óscar Ruiz Silva
(policía, público bajo)
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Usuarios(as) del servicio-Internos(as) que no obtuvieron beneficios por conductos
regulares
2. Ciudadanía
Mayor información
Libros, Reportajes de todo el caso, Noticias ilustrativas, Fallos judiciales, etc.
1. Noticia que relata cada arista detalladamente. Ver
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={84c65cb2-239c-46b0-b2b2-
017600b769aa}
2. Noticia que detalla los nombres y cargos de los involucrados
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081017/pags/20081017210241.ht
ml
2008
Casos VinculadosCaso Registro Civil-TATA Chile
No
Resumen caso (no más de doscientas palabras)
El año 2007, el Servicio de Registro Civil e Identificación inició un proceso de licitación para el
Proyecto de Integración de Plataforma Tecnológica, Comunicaciones e Informática (manejo de
actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, vehículos motorizados, etc.).
TATA Consultancy Services BPO Chile S.A, se adjudicó la propuesta por más de US$ 80
millones. La Empresa Quintec, junto con INDECS Ltda., denunciaron un “Tráfico de
influencias” ante la Contraloría de la República en octubre de 2007, alegando que en este
proceso se cometieron una serie de irregularidades. En enero de 2008, la Contraloría impugnó el
proceso y ordenó retrotraer todo a la etapa de evaluación. No obstante los reparos, en marzo de
2008 el Registro Civil volvió a entregarle la licitación a TATA. Sin embargo, el gobierno
ordenó reiniciar el proceso tras salir a la luz pública que Andrés Contardo -quien había
participado en el diseño de las pautas y requerimientos de la licitación como asesor de
Guillermo Arenas (Director Nacional del Registro Civil)-, trabajaba simultáneamente para

TATA en el extranjero.
Luego de este incidente, se decidió remover al Director Nacional (Arenas), y a cuatro
subdirectores del servicio: Gabriela Huarcaya (Jurídica); Enzo Pistacchio (Operaciones); Luis
Mella (Administración y Finanzas) y Andrés Moreno (Estudios y Desarrollo).
Arenas sostuvo una serie de reuniones con los ejecutivos de TATA, donde se decidió elevar el
precio de la licitación para que él obtuviese una comisión mensual por $16 millones de pesos
aproximadamente.
Luego de esto, también se formaliza a los ejecutivos de la empresa TATA: Henry Manzano,
gerente para Iberoamérica de TATA; Arturo Nahum, ex gerente general de TATA; Pablo
Cisterna, ex gerente general de TATA y Andrés Tupper, ex gerente comercial de TATA. Los
cargos fueron “Cohecho” y “Fraude al Fisco frustrado”.
La última información del caso es que Guillermo Arenas estaba en prisión preventiva, al igual
que Danilo Rivas (gestor de negocios), quien habría sido el nexo entre TATA y el Registro
Civil.
3. Tráfico de Influencias Ilegal 2007
4. Violación al secreto público Ilegal 2007
Actores implicados
1. Empresa multinacional- Consorcio indio TATA
2. Otras instituciones Públicas- Registro Civil de Chile
Denunciante Empresa Quintec e INDECS Ltda. denuncian ante la Contraloría de
la República.
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Guillermo Arenas (Director, público alto), Andrés Contardo
(funcionario, público bajo), Danilo Rivas (funcionario, público
bajo), Henry Manzano (gerente, privado alto), Arturo Nahum
(gerente, privado alto), Pablo Cisterna, (gerente, privado alto),
Andrés Tupper, (gerente, privado alto), Gabriela Huarcaya (Jefa de
sección Jurídica); Enzo Pistacchio (Jefe de sección Operaciones);
Luis Mella (Jefe de sección Administración y Finanzas) y Andrés
Moreno (Estudios y Desarrollo).
Político No
Civil No
Penal Sí, Abierto
de Derechos Humanos
No
Sector Económico Terciario-Servicios computacionales
Actores Afectados
1. Empresas competidoras-Quintec
2. Empresas competidoras-INDECS LTDA.
3. Usuarios(as) del servicio-Registro Civil de Chile
Mayor información

2006
Casos VinculadosCaso Revistas Chile
No
Resumen caso
El alcalde de Quilpué Mauricio Viñambres y su Consejo Municipal denunciaron al Ministerio
Público a la diputada Amalia Herrera y a algunos de sus funcionarios, pues, cuando ella tenía el
cargo de alcaldesa en dicha municipalidad en 2004, utilizó fondos municipales para financiar
propaganda para su campaña parlamentaria. En concreto, la entonces alcaldesa encargó a su jefe
de marketing, Ricardo de la Barrera, que solicitara a las empresas privadas que tenían deudas
con la Municipalidad aportes en dinero para financiar unas 17.000 revistas que daban cuenta de
su gestión como alcaldesa, sumando en total $8.745.384 pesos. Dichos montos nunca llegaron a
las arcas municipales.
El fiscal inicia la investigación penal y la formaliza en febrero del 2008 por los delitos de
“Estafa”, “Fraude al Fisco” y “Ejercicio ilegal de la profesión de abogado”.
Interviene posteriormente el Consejo de Defensa del Estado, como querellante solicitando la
pena por delito de “Cohecho”.
El tribunal penal declara culpable a la diputada Herrera y a De la Barrera, ambos por el delito de
“Cohecho”. No se reúnen pruebas suficientes para condenarlos por “Estafa”.
Posteriormente ambos intentan anular la sentencia. Los tribunales anulan el juicio solo respecto
de la diputada Herrera.
2. Ejercicio ilegal de la profesión Ilegal 2004
Actores implicados
1. Gobierno Local – Municipalidad de Quilpué
2. Empresas privadas
aplica)
Mauricio Villambres (alcalde, público alto)
Consejo Comunal de Quilpué
Ministerio Público
Consejo de Defensa del Estado
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Ricardo de la Barrera (colaborador de campaña), Amelia Herrera
(diputada, público alto)
Administrativo No
Político No
Civil No
Penal Sí, Cerrado
de Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Electores(as) de la zona-Región de Valparaíso
2. Candidatos(as) competidores

Casos chile

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Casos chile

Similar a Casos chile (20)

Más de Torres Saavedra Nelson Alberto

Más de Torres Saavedra Nelson Alberto (20)

Último

Último (19)

Casos chile