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Desafuero

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En el día de la fecha presenté por motivación propia una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que se expida sobre mi conducta con motivo de la acusación del Fiscal Romero.

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  1. 1. SOLICITO SE EXPIDA SOBRE LA SUSPENSIÓN REQUERIDA POR EL FISCAL ROMERO Sr. Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Dr. Ulises Alberto Giménez S/D Luis Federico Arias, DNI. 17.620.956, con domicilio real en calle xxxx de la localidad de xxxx, Partido de La Plata, en mi carácter de Juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, denunciado en la IPP N° 06-00-024714-13 caratulada “Juez Doctor Guillermo Federico Atencio s. Denuncia” en trámite por ante la Unidad Fiscal de Instrucción N° 6 de La Plata, constituyendo domicilio procesal en calle xxxxxx de La Plata, me presento y digo:- 1. Objeto:- Que vengo por el presente a solicitar a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, se expida en los términos previstos por los arts. 182 de la CPBA, 300 del CPP y 19 de la Ley 13.661, sobre si resulta procedente el requerimiento de suspensión o destitución formulado por el Agente Fiscal interviniente, Dr. Marcelo Romero ante la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General. – 2. Los antecedentes: 2.1. La resolución judicial emitida por el infrascripto: - En los autos N° 27.067 caratulados "CADAA MARCELA MONICA C/ PODER EJECUTIVO S/HABEAS DATA", en trámite por ante el Juzgado a mi cargo, la parte actora formuló un planteo de competencia y solicitó se requiera al Titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de la Plata, Dr. Jorge Paolini, que se abstenga de ejercer
  2. 2. cualquier actuación vinculada a la determinación oficial y la difusión pública del número de víctimas del temporal acaecido en ésta Ciudad el día 2 de abril del corriente, por considerar que tales cuestiones desbordan la competencia penal que aquel funcionario ejercía, limitada a investigar la posible comisión de delitos. – Para resolver dicho planteo, se ponderó especialmente el pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de dirimir el conflicto de competencia planteado con el Titular del Juzgado de Garantías N° 1, Dr. Guillermo Atencio, mediante el cual el citado Tribunal declaró que la cuestión vinculada a la información pública adecuada y veraz frente a la administración pública, así como la actuación u omisión de los órganos estatales en el ejercicio de funciones administrativas resulta materia de exclusiva competencia contencioso administrativa, quedando reservados a la esfera penal las cuestiones relacionadas con la comisión de presuntos delitos (SCBA, B. 72538, "Defensor Oficial de Responsabilidad Penal Juvenil s/ Diligencia Preliminar --Confl. de Competencia Art. 7 Inc. 1° Ley 12.008" Resolución del 17-IV-2013). - Sin perjuicio de constatarse que las actuaciones realizadas por el Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 vinculadas a la determinación oficial y cómputo de víctimas fatales del temporal acaecido en esta ciudad el día 2 de abril del corriente año, desbordaban la esfera de competencia penal, e invadían la competencia exclusiva de éste fuero, se consideró que no resultaba prudente en aquella instancia de las investigaciones, reiterar el conflicto de competencia ya suscitado.- No obstante ello, se resolvió requerir al Fiscal Paolini, que se abstenga de ejercer cualquier actuación vinculada a la determinación oficial y difusión pública de las víctimas y/ o posibles víctimas del temporal acaecido en ésta Ciudad el día 2 de abril del corriente, evitando interferir en la competencia contencioso administrativa que fuera definida por la Suprema Corte en la causa B-72538 ya citada, puesto que la determinación oficial de la cantidad de víctimas fatales con motivo de la inundación, así como la modificación de los registros públicos, corresponden a la competencia de éste fuero (confr. arts. 166 de la CPBA, 1 2 y ccdtes. del CCA). –
  3. 3. Ello así, por cuanto el Agente Fiscal reviste carácter de parte en el proceso penal, y su intervención no admite la determinación oficial y difusión pública de las víctimas y/o posibles víctimas del temporal, en tanto sus decisiones carecen de fuerza de verdad legal, calidad que solo puede adquirir mediante una sentencia emitida por un juez competente, con la debida participación de la contraparte, es decir de la Administración provincial. Una solución contraria, implicaría un abuso funcional en el ejercicio de la competencia del Ministerio Público, y una palmaria violación de la garantía del debido proceso (arts. 18 Const. Nac., 10, 11, 56 y 57 de la Constitución Provincial; art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). – 2.2. La denuncia del Juez Guillermo Atencio: El Agente Fiscal, Dr. Jorge Paolini consintió el citado pronunciamiento. No obstante ello, remitió los antecedentes al Juez de Garantías, Dr. Guillermo Atencio, quien resolvió platear un conflicto de competencia ante la Suprema Corte de Justicia (Causa B. 72.627), la cual resolvió declarar abstracta la cuestión planteada, por considerar que importaba una reedición del planto de competencia ya resuelto en la Causa B.72.538 “Defensor Oficial de Responsabilidad Juvenil”, res. del 17-IV-2013. Por su parte, el Dr. Atencio denunció ante la Procuradora General que la actuación del infrascripto podría configurar los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e instigación a cometer delitos. - 2.3. La actuación de la Procuradora General: Con motivo de la denuncia efectuada por el Dr. Atencio, la Procuradora General encomendó al Agente Fiscal Dr. Marcelo Romero, la instrucción de una investigación tendiente a esclarecer la veracidad de la denuncia formulada. – En tiempo record, el Fiscal Romero instruyó la investigación y determinó que la autoría del infrascripto en los hechos investigados. – Resulta por demás llamativa la celeridad que la Procuración General imprimió a la denuncia efectuada por el Juez Atencio, teniendo en consideración la falta de
  4. 4. impulso, o en su caso, la falta de acusación, de las investigaciones vinculadas tanto al delito de estrago, cuya comisión se atribuye a las autoridades provinciales y municipales (IPP N° 12.771/13), como a los múltiples delitos denunciados por el infrascripto (IPP N° 14056-13, vinculada a la falta de instrucción de una causa penal por el fallecimiento del Sr. Juan Carlos García con motivo de la inundación; IPP N° 18116/2013, por desobedecimiento de la orden judicial por parte del Comisario General Pablo Vazquez, al impedir al Juez y otros funcionarios del Juzgado el ingreso a la Morgue; IPP N° 18.157/13, por incumplimiento de la orden judicial de exhibir los libros y asientos de las defunciones ocurridas con motivo del temporal, por parte de las Delegadas a cargo del Registro de las Personas de Berisso y Ensenada y la Dra. Natalia Panella, a cargo de la Dirección de Delegaciones del Registro Provincial de las Personas; entre otras). – 3. Circunstancias que deben ponderarse en la presente: - Sentado lo expuesto, es preciso advertir las siguientes cuestiones: 3.1. Que el único destinatario de la resolución judicial dictada por el infrascripto, fue el Agente Fiscal Dr. Jorge Paolini, quien no recurrió la medida judicial, ni efectuó oposición alguna con relación a la misma. Razón por la cual, no resulta posible que la Procuradora, por intermedio de otro Agente Fiscal –el Dr. Romero- pretenda reeditar una cuestión que ya se encontraba consentida por el propio Fiscal Paolini. - Del mismo modo, tampoco resulta posible que un magistrado ajeno al ámbito de la Procuración General, como lo es el Juez Atencio, pueda agraviarse de una cuestión, de la cual el Agente Fiscal Paolini no se agravió. – En suma, la Procuración General utilizó un pronunciamiento judicial firme y consentido como fundamento para imputar un delito, cuya investigación fue impulsada con sugestiva premura.
  5. 5. 3.2. Que la decisión judicial dictada por el Infrascripto encuentra fundamento en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia en la Causa B.72.538 “Defensor Oficial de Responsabilidad Juvenil”, res. del 17-IV-2013, la cual despejara toda duda respecto a la competencia contencioso administrativa para la determinación de las víctimas y/o posibles víctimas del temporal acaecido en la Ciudad los días 2 y 3 de abril de 2013. Pero además, nada impidió el ejercicio de la competencia específica del Fiscal Paolini, vinculada estrictamente a la investigación de delitos y no a la determinación del número de víctimas. – 3.3. Que más allá de la voluntad del Poder Ejecutivo en reconocer al fuero penal como único interlocutor en la contienda, el Fiscal Paolini no podía válidamente dirimir, con fuerza de verdad legal, el conflicto suscitado por la cantidad de víctimas de la inundación, por su condición de parte en un proceso penal, contrapuesta –claro está- con la función jurisdiccional, que se sustancia en el marco de un proceso de carácter bilateral y culmina con el dictado de una sentencia. – 3.4. Que las sentencias judiciales en sí mismas, sin la necesaria existencia de otros hechos que confluyan en alguna ilicitud, no pueden constituir ilícito alguno y deben ser impugnadas a través de los procedimientos previstos por el ordenamiento procesal (apelación y otros recursos) y, cuando estén referidos –como en el caso- a una cuestión de competencia, mediante la decisión del tribunal superior a ambos magistrados, que en el caso es la Suprema Corte, que ya se había expedido sobre el punto. – 3.5. Que la actuación del infrascripto por los hechos denunciados, ya fue juzgada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa S.J. 223/13 caratulada “Arias Luis Federico Juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata s. Denuncia”. No obstante lo cual, frente a la insistencia del Agente Fiscal, Dr. Marcelo Romero, a efectos de evitar un dispendio jurisdiccional con la intervención de la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia, solicito a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, se expida
  6. 6. en los términos previstos por los arts. 182 de la CPBA, 300 del CPP y 19 de la Ley 13.661, sobre si resulta procedente el requerimiento de suspensión o destitución formulado por el Dr. Marcelo Romero en el marco de la IPP N° 06-00-024714-13 caratulada “Juez Doctor Guillermo Federico Atencio s. Denuncia”. - 4. Prueba:- Ofrezco la siguiente:- a) Causa Penal 06-00-024714-13 caratulada “Juez Doctor Guillermo Federico Atencio s. Denuncia”. – b) Resolución dictada el día 29-V-2013 en autos N° 27.067 caratulados "CADAA MARCELAMONICA C/ PODER EJECUTIVO S/HABEAS DATA", en trámite por ante el Juzgado a mi cargo. – c) Resoluciones dictadas por la SCBA, en la causa B. 72538, "Defensor Oficial de ResponsabilidadPenal Juvenil s/ DiligenciaPreliminar --Confl. de Competencia Art. 7 Inc. 1° Ley 12.008", Resolución del 17-IV-2013 y B. 72627 “Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata s/ Incidente de Competencia”, Resolución del día 30-IV-2014. – d) Causa S.J. 223/13 caratulada “Arias Luis Federico Juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata s. Denuncia”. – 5. Petitorio:- Por todo lo expuesto, al Sr. Secretario, solicito:- Se expida en los términos previstos por los arts. 182 de la CPBA, 300 del CPP y 19 de la Ley 13.661, sobre si resulta procedente el requerimiento de suspensión o destitución formulado por el Dr. Marcelo Romero en el marco de la IPP N° 06-00- 024714-13 caratulada “Juez Doctor Guillermo Federico Atencio s. Denuncia”. – Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración. -

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