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La Plata, 28 de Abril de 2014
AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados “RODRIGUEZ RAMON
ANGEL C/ ARBA S/ PRETENSIÓN INDEMNI...
Basa su defensa en la inexistencia de nexo causal entre el hecho que se
le imputa a la administración demandada y el daño ...
litigiosa se centra en verificar la existencia de responsabilidad extracontractual
del Estado por la prestación irregular ...
en el obrar administrativo que procedió a trabar una medida cautelar de
embargo sobre la cuenta del actor.-
4. De los rubr...
4.2. Daño psíquico.-
Por este rubro, el Sr. Rodríguez pretende una indemnización de pesos
treinta mil ($ 30.000) invocando...
IV-2009, entre otras), por considerar que aquel sistema no es discriminatorio ni
lesiona el derecho de propiedad.-
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Daños y perjuicios por error registral
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Daños y perjuicios por error registral

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Daños y perjuicios por error registral

  1. 1. La Plata, 28 de Abril de 2014 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados “RODRIGUEZ RAMON ANGEL C/ ARBA S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”, causa N° 19.991, en trámite por ante este Juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata, de los que:- RESULTA:- 1. Que a fs. 19/25 se presenta el Sr. Ramón Angel Rodriguez, promoviendo acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires -A.R.B.A- en los términos del art. 12 inc. 3 del C.C.A para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que estiman en la suma de pesos setenta mil ($ 70.000).- 2. Relata que a partir del año 2008 la demandada trabó erróneamente un embargo sobre su sueldo, por una deuda de impuesto inmobiliario contraída por otra persona, el Sr. Angel Rodríguez Ramos, en su carácter de dueño de una propiedad sita en la ciudad de Mar del Plata.- Narra que al tomar conocimiento de esa situación, se dirigió hasta la Delegación de la demandada correspondiente al Partido de Quilmes, donde presentó dos notas para que se aclare y solucione la cuestión, no obstante lo cual, no recibió respuesta favorable alguna.- Sostiene que la conducta negligente de la Administración demandada, la convierte en la única responsable por los serios daños y perjuicios que afectaron y afectan a su persona.- En virtud de ello, solicita una indemnización de pesos cuarenta mil ($ 40.000) en concepto de daño moral y de pesos treinta mil ($ 30.000) en concepto de daño psíquico.- Por último, funda en derecho su pretensión, ofrece prueba, y solicita se haga lugar a la demanda en todas sus partes.- 3. A fs. 26 se dio curso a la pretensión procesal según las reglas del proceso ordinario, corriendo traslado de la demanda en razón de constituir un supuesto de demandabilidad directa.- 4. A fs. 82 se presentó el Dr. Martín Alfonso Difalco, abogado de Fiscalía de Estado, quien contesta demanda, solicitando el rechazo de la misma con costas.-
  2. 2. Basa su defensa en la inexistencia de nexo causal entre el hecho que se le imputa a la administración demandada y el daño que el actor dice haber sufrido. Al respecto sostiene que el daño causado por el Estado, como cualquier otro daño, para ser indemnizado y comprometer su responsablididad requiere la existencia de un nexo causal adecuado entre el acto imputable a la Administración y la lesión sufrida por el reclamante.- Por otra parte manifiesta que en el caso de autos no existe certeza respecto del supuesto daño sufrido por el actor. En este sentido explica que de las constancias documentales acompañadas por el Sr. Rodriguez, no surge que las cuentas bancarias afectadas fueran del tipo “cuenta sueldos” y que, del expediente administrativo acompañado como prueba surge que el primer embargo solicitado por ARBA por la suma de pesos catorce mil trescientos quince con setenta centavos ($ 14.315,70) no fue practicado, en tanto la segunda medida cautelar, sólo se efectivizó por la suma de pesos noventa y ocho con cincuenta centavos ($ 98,50).- Asimismo, hace referencia al breve lapso de tiempo que el actor tomó conocimiento de las medidas trabadas hasta la fecha del efectivo y final levantamiento de las cautelares.- Por último, sostiene la improcedencia de los distintos rubros indemnizatorios peticionados en la demanda, ofrece prueba, deja planteada la cuestión federal y solicita se rechace la demanda en todas sus partes.- 5. A fs. 104/105 se celebró la audiencia preliminar recibiéndose la causa a prueba. A fs. 267 se certificó el vencimiento del plazo probatorio y encontrándose a fs. 273/277 los alegatos de la parte demandada, se llaman autos para sentencia y:- CONSIDERANDO:- 1. El ámbito de la reparación reclamada.- En autos se reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos por el actor como consecuencia de la actuación de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, quien habría cometido un error respecto de la persona sobre la cual pesaba una deuda por impuesto inmobiliario, trabando un embargo sobre las cuentas del actor, cuando debió hacerlo sobre la persona de Ángel Rodríguez Ramos. De tal modo, la cuestión
  3. 3. litigiosa se centra en verificar la existencia de responsabilidad extracontractual del Estado por la prestación irregular de un servicio.- 2. La falta de servicio.- Conforme surge del escrito de demanda y de las constancias obrantes en autos, ha quedado acreditado que, por un error de la Administración demandada, el 22-VIII-2008 se embargó la cuenta correspondiente al sueldo del actor de autos N° 325792-001, en el Banco Supervielle, por un monto de pesos once mil ciento veintisiete con noventa centavos ($ 11.127,90), siendo levantado el 2-X-2009 (conforme informe obrante a fs. 178).- Sin embargo, al contestar demanda, la Fiscalía de Estado sostuvo que resulta improcedente la pretensión de autos, negando el nexo causal entre su error y la lesión sufrida por el actor, trasladando asimismo la responsabilidad al banco destinatario del oficio. Al respecto considero que en el caso de autos, la responsabilidad del Estado surge de su ilegítima actuación respecto del Sr. Rodríguez y sus bienes, error éste reconocido por la propia Administración; ello sin perjuicio del reclamo que la demandada estime pertinente efectuar respecto del Banco en cuestión.- En virtud de ello, cabe recordar que en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 1112 del Código Civil, ha dicho que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de modo objetivo y directo de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos: 306:2030, “Vadell”; 307:821, “Hotelera Río de la Plata S.A.”; y 315:1892, “García, Ricardo Mario y otra”).- 3. Vínculo causal.- Sentado lo expuesto, es preciso determinar la relación de causalidad entre la conducta de la Administración y los perjuicios sufridos por el accionante.- Al respecto, y no obstante lo expuesto por la Fiscalía de Estado en su escrito de responde, y conforme a las constancias de la causa, las molestias y perjuicios que sufrió el actor de autos, quien fue erróneamente considerado como un sujeto pasivo del de la relación tributaria, reconoce su causa eficiente
  4. 4. en el obrar administrativo que procedió a trabar una medida cautelar de embargo sobre la cuenta del actor.- 4. De los rubros resarcibles.- En función de lo expresado, corresponde estimar los rubros reclamados y su cuantificación:- 4.1. Daño Moral.- En concepto de daño moral, el actor pretende el pago de la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-). – Sobre la base de lo normado por los artículos 522, 1068 y 1078 del Código Civil, la doctrina ha definido el daño moral como la privación o disminución de bienes fundamentales de la vida del hombre, tales como la paz, la libertad, la tranquilidad, el honor y los afectos (conf. Acuña Anzorena, Arturo, Estudios sobre la Responsabilidad Civil, Ed. Platense, 1963, pag. 64).- Aunque no existen reglas claras sobre la forma y los supuestos en que dichos padecimientos requieren acreditación, conforme a la doctrina del Máximo Tribunal bonaerense, en ciertos supuestos, ha de tenerse por demostrado el daño moral frente a la mera existencia de la acción antijurídica – daño in re ipsa-, adjudicando al responsable del hecho dañoso la carga de demostrar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad del daño (SCBA, causas B 52.123, "Toti", sent. de 26-XII-1995; B 53.291, "Alvarez", sent. de 22-IV-1997; B 53.899, "Contreras", sent. de 4-XI-1997; entre muchas otras).- Considero, conforme lo he resuelto en una causa que guarda sustancial analogía con la presente (“Martín Leila Sergio y otros c/ ARBA s/ Pretensión Indemnizatoria”, causa N° 18.909, sent. del 23-IX-2013), que ésta doctrina legal resulta plenamente aplicable al caso de autos dónde las molestias injustas sufridas por el actor, deben tenerse por demostradas por el solo hecho de la acción antijurídica.- Con relación a la dimensión del daño -sin duda existente-, esto es, la tasación de su quantum, teniendo en cuenta la sensación de injusticia, intranquilidad y angustia que la situación de autos provocó en el demandante, la duración del perjuicio, y su entidad por haber recaído sobre el sueldo del actor, considero prudente reconocer el monto de pesos veinticinco mil ($ 25.000).-
  5. 5. 4.2. Daño psíquico.- Por este rubro, el Sr. Rodríguez pretende una indemnización de pesos treinta mil ($ 30.000) invocando como fundamento de su pretensión, la afectación que sufrió en su psiquis como consecuencia de los hechos que motivan la presente demanda. Al respecto, el actor manifiesta haber sufrido diversos padecimientos entre los que destaca: temores, ansiedad, insomnio, pesadillas, entre otros.- Para acreditar dichos extremos, el actor ofreció como prueba una pericia psicológica la cual fue llevada a cabo por el licenciado Héctor Omar Basalo, quien luego de entrevistarse con el Sr. Rodríguez efectuó un informe pericial dónde de forma clara y concisa ha dejado en claro que el actor no padece afectación psicológica alguna que determine daño psíquico, aclarando que no existen secuelas incapacitantes ni ninguna alteración psíquica que implique disminución de su capacidad laboral (ver pericia obrante a fs. 250/252).- Así, en función de ello, juzgo que corresponde desestimar el rubro en tratamiento (arts. 384 y 474 del CPCC.).- 5. Costas:- Al respecto, es preciso recordar que en diversas sentencias me he pronunciado acerca de la inconstitucionalidad de la reforma introducida al art. 51 del CCA por la Ley 13.101 (vgr. Causas: Nº 1488 “Nitti”, Sent. del 4-V-06, Reg. Sent. 109/06; Nº 726 “Adamo”, Sent. 15-VI-06, Reg. Sent. 237/06; y “Montes de Oca”, Sent. del 1-IX-2006, Reg. 583/06, entre otras, de este Juzgado a mi cargo), al considerar –entre otros aspectos- que las costas integran el derecho sustantivo, y que el sistema de costas en el orden causado genera en el vencedor un detrimento patrimonial, que resulta contrario a los principios constitucionales de igualdad y propiedad; toda vez que una condenación de ese tipo a los accionantes constituye un detrimento inadmisible al derecho de propiedad reconocido por la presente sentencia, en la medida en que la indemnización que se reconoce consiste en una suma fija de pesos.- Que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, ha revocado el citado criterio (causas, “Grassi”, Sent. del 19-IX-2008; y “Montes de Oca”, Sent. del 8-III-2007, entre muchas otras); y en sentido coincidente se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, A. 68.418, “Asenjo, Daniel Horacio y otros”, sent. del 15-
  6. 6. IV-2009, entre otras), por considerar que aquel sistema no es discriminatorio ni lesiona el derecho de propiedad.- Que finalmente la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ha sancionado la Ley 14.437, retornando al originario sistema de costas a la parte vencida en el proceso, tal como era previsto por la Ley 12.008, de modo que corresponde imponer las costas a la demandada vencida, de conformidad a lo establecido en el art. 51 inc. 1 del CCA, en su actual redacción.- Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, lo normado por los artículos 50 del C.C.A. y 163 del C.P.C.C.- FALLO:- 1. Haciendo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por el Sr. Ramón Angel Rodríguez, DNI 21.768.880, contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A), a quien se condena a pagar la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) en concepto de daño moral con más el interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días (tasa pasiva). La demandada deberá cumplir con el pago de la indemnización en el plazo de sesenta (60) días contados a partir del momento en que adquiera firmeza el presente decisorio (artículo 163 de la CPBA).- 2. Imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 51 del CCA conf. Ley 14.437), y difiriendo la regulación de los honorarios correspondiente para la oportunidad en que se encuentre aprobada la liquidación respectiva (art. 51 del Dec. Ley 8904/77).- REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-

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