1. I.E.S. GINER DE LOS RIOS. Curso 2009/10. Historia de España. Temario PAU. Apuntes para los alumnos/as del IES. Tema 18. Pág. 1
Tema 18. La España democrática.
CONTENIDOS.
1. La Transición a la democracia.
2. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías.
3. La Comunidad de Castilla y León.
4. Los gobiernos democráticos y la integración en Europa.
5. Cambios económicos, sociales y culturales.
Introducción. En 1975, con la muerte de Franco, comenzó en España la llamada Transición política: un
proceso de cambios encaminados a eliminar el franquismo y establecer un nuevo sistema democrático.
Fue un cambio gradual que salió adelante gracias al acuerdo de las principales fuerzas políticas, la monarquía y
las masas populares. El nuevo marco político y social quedó plasmado en la Constitución de 1978 y se fue
desarrollando y consolidando con la actuación de los primeros gobiernos democráticos.
1. La Transición a la democracia. La transición política.
El 22 de noviembre de 1975, D. Juan Carlos juraba ante las Cortes como nuevo Rey. Su discurso sólo
dejó entrever algunas aspiraciones de cambio y decepcionó a quienes esperaban un mensaje más aperturista.
D. Juan Carlos, nacido en Roma en 1938, había venido a España cuando tenía diez años. Había crecido y había sido
educado bajo el control de Franco, que le nombró su sucesor. Muchos temían que se convirtiera en el
“continuador del franquismo”.
El primer gobierno de la Monarquía: El rey optó por mantener al frente del Gobierno a D. Carlos
Arias Navarro, franquista e inmovilista. Arias, sin embargo, introdujo en su gobierno algunos ministros
(Fraga, Martín Villa, Areilza, Osorio o Suárez) “reformistas”. Pronto aparecieron las contradicciones entre estos
ministros y su presidente, que declaró públicamente que “la finalidad de su gestión era cumplir el mandato de
Franco”.
El inmovilismo del gobierno de Arias Navarro provocó una gran movilización ciudadana. 1976 fue
un año en el que la conflictividad se desbordó. Una oleada de huelgas sacudió al país. Los motivos políticos
estaban detrás de las reivindicaciones laborales. En Vitoria la policía disparó contra los obreros. Murieron
cinco trabajadores. Dos meses más tarde, unos pistoleros de extrema derecha asesinaron a dos militantes
carlistas en Montejurra.
El segundo gobierno de la Monarquía. En julio de 1976, el Rey cesó a Arias Navarro y nombró a
Adolfo Suárez presidente del Gobierno. El nuevo gobierno, con personas jóvenes y poco conocidas en el
mundo de la política (Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, etc.), inició de forma rápida e
inequívoca el proceso de reforma y estableció un calendario para la democratización de España: amnistía
para los presos políticos, reforma constitucional y elecciones generales en el plazo de un año. Para hacer posible
la reforma se inició el diálogo con la oposición, F. González (PSOE) y S. Carrillo (PCE), aún ilegales y
defensores de la “ruptura política”.
En septiembre, Suárez presentó en las Cortes la Ley para la Reforma Política. Era un texto breve que
afirmaba la democracia y el principio de soberanía popular; entregaba a las Cortes el poder legislativo; establecía el
bicameralismo y la elección por sufragio de las Cortes que se encargarían de la reforma política constitucional. La
ley fue aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976. El franquismo desaparecía poniendo en
práctica el mecanismo de sus propias leyes. El 15 de diciembre el pueblo español ratificó la ley, mediante
Referéndum.
A partir del referéndum transcurrieron los meses más difíciles de la transición. Las medidas liberalizadoras
del Gobierno provocaron la reacción violenta de grupos ultraderechistas (asesinato de abogados laboralistas en
enero del 77). La ETA y el GRAPO intensificaron su escalada de secuestros y asesinatos. A pesar de todo, Suárez
continuó el proceso de cambio. En abril, decretó la disolución del Movimiento y legalizó el PCE y las
centrales sindicales.

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Las elecciones de 1977. En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde
1936. Votó el 79% del electorado. La Unión del Centro Democrático (UCD) fue el partido más votado,
seguido por el PSOE. Aparecía el bipartidismo y, además, los resultados electorales otorgaban un papel
importante a los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco. Ambos fenómenos se repetirán en
elecciones posteriores. La extrema derecha desaparecía del panorama político y la derecha “nostálgica” del
franquismo (Alianza Popular), solamente obtuvo 16 diputados. Fue significativo el hundimiento del PCE de
Santiago Carrillo (20 escaños) y de la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez (sin representación parlamentaria).
2. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías.
En julio de 1977 se constituyeron las nuevas Cortes, que abordaron la elaboración del texto
constitucional. Las discusiones de la Ponencia, de la Comisión (elaboración del proyecto) y de los Plenos de las
Cortes duraron dieciséis meses La constitución fue aprobado por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y
ratificada por referéndum el 6 de diciembre.
La constitución de 1978.
* Define al Estado como “social y democrático de derecho” y establece un sistema de monarquía
parlamentaria en la que el rey tiene básicamente funciones representativas.
* Incluye una detallada y completa declaración de derechos y deberes. Fija la mayoría de edad a los 18
años, garantiza la libertad religiosa y establece la abolición de la pena de muerte. Reconoce también los
derechos sociales, garantiza la propiedad privada y define el sistema económico como “economía social de
mercado”.
* Establece una clara división de poderes. El poder legislativo corresponde a las Cortes, que son
bicamerales (Congreso y Senado), electivas por sufragio directo y universal y de cuatro años de duración. La
elección del presidente del gobierno corresponde al Congreso, a través de la votación de investidura, y el gobierno
queda sometido al control parlamentario. El poder judicial corresponde a jueces y tribunales, y se crea el
Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional.
* Configura un nuevo modelo de Estado formado por “nacionalidades y regiones”, mediante la libre
constitución de comunidades autónomas, a través de los estatutos de autonomía que deberán ser aprobados
por las Cortes.
El sistema autonómico.
El desarrollo del proceso autonómico se inició en septiembre de 1977 con el restablecimiento de la
Generalitat Catalana y del Consejo General Vasco para dar una respuesta rápida a las exigencias de un régimen
autonómico en ambas regiones. Posteriormente, se establecieron también regímenes pre-autonómicos en el resto
de las regiones y, una vez aprobada la Constitución, se inició el proceso de configuración del mapa
autonómico definitivo.
La Constitución establecía dos tipos de comunidades y dos modelos distintos de acceso a la
Autonomía:
Las nacionalidades o comunidades históricas, con un mayor autogobierno, accederían a la autonomía
por el artículo 151, la vía rápida, que permitía, mediante la aprobación en referéndum del Estatuto de autonomía, el
acceso directo e inmediato al nivel máximo de competencias. Por esta vía accedieron Cataluña, el País Vasco,
Galicia (comunidades históricas) y Andalucía. El resto de las Comunidades, cuyas competencias eran menores, se
regirían por el artículo 143, la vía lenta. Estas comunidades podían asumir las competencias en un plazo de cinco
años y no se les exigía la celebración de un referéndum para su creación.
Entre 1979 y 1983 se llevó a cabo el proceso de creación de las diecisiete comunidades autónomas a
las que hay que añadir Ceuta y Melilla constituidas en ciudades autónomas en 1985. Las primeras en celebrar
elecciones autonómicas fueron Cataluña y el País Vasco en 1980. En ambas los gobiernos han estado, hasta las
últimas elecciones, en manos de partidos nacionalistas (CIU y PNV). En 1981 se celebraron las elecciones gallegas y
en 1982 se celebraron las elecciones al parlamento andaluz. El gobierno de la Comunidad andaluza ha estado
siempre en pode de los socialistas. Las elecciones autonómicas de las trece comunidades restantes se
celebraron en 1983. En la actualidad el mapa autonómico está consolidado y todas las autonomías tienen
traspasadas las competencias previstas en sus Estatutos.

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3. La Comunidad de Castilla y León.
La formulación del regionalismo castellano-leonés, o sea, la toma de conciencia de que la región
constituye una entidad propia dentro del territorio nacional y que, por tanto, debe organizarse políticamente como
tal, ha sido fruto del trabajo de un selecto grupo de intelectuales, políticos e instituciones localizados en los
núcleos urbanos, con escasa o nula participación popular. La euforia autonomista de la España de la
Transición, más que la propia conciencia regionalista, permitió poner en marcha el proceso autonómico en Castilla
y León.
En junio de 1978 se creó el Consejo General de Castilla y León, organismo de gobierno
preautonómico que, territorialmente, se establecía “en base a la organización de las provincias de Ávila, Burgos,
León, Logroño, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, sin prejuzgar la futura
organización de las once provincias bajo alguna de las modalidades que la Constitución establece”. Para
incorporarse al Consejo era necesario el refrendo de dos tercios de los parlamentarios. En principio, quedaron al
margen las provincias de León, Logroño y Santander. León acordó la adhesión al proceso autonómico en la
Asamblea de Alcaldes y Concejales de abril de 1980. Segovia se autoexcluyó de dicho proceso. Santander y
Logroño se constituyeron en comunidades uniprovinciales (Cantabria y Rioja) y, finalmene, la Ley Orgánica
5/1983 de 1 de marzo, incorporaba Segovia al proceso autonómico castellano-leonés “por razones de interés y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución”, quedando así configurado de forma definitiva el
territorio de la Autonomía con las nueve provincias castellano-leonesas.
En julio de 1981, la Asamblea de Parlamentarios y Diputados provinciales aprobó el texto del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León que fue remitido al Congreso de los Diputados. El texto no fue
aprobado por las Cortes hasta febrero de 1983. La Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, sancionaba el estatuto
de Autonomía de Castilla y León.
El Estatuto es la norma básica que establece la organización de la Comunidad. Las tres instituciones
fundamentales son las Cortes, máximo órgano representativo, La Junta de Castilla y León, órgano superior de
gobierno y administración y el Presidente de la Junta, elegido por las Cortes y nombrado por el Rey.
En mayo de 1983 se celebraron las primeras elecciones autonómicas, ganadas por el PSOE que colocó
como primer presidente de la Junta a D. Demetrio Madrid. Cuatro años después, en 1987, el gobierno pasó a manos
del PP que ha gobernado hasta la actualidad teniendo como presidentes a José Mª Aznar, Juan José Lucas y Juan
Vicente Herrera.
4. Los gobiernos democráticos y la integración en Europa.
Los gobiernos de UCD. (1979-1982). Tras la aprobación de la Constitución, la UCD volvió a ganar las
elecciones generales del 1 de marzo de 1979 y Suárez siguió en la presidencia del gobierno hasta enero de 1981,
fecha en la que, agotado por las tensiones, los problemas y el acoso político, presentó su dimisión. Tuvo que
enfrentarse a una situación muy difícil por:
*La descomposición de su propio partido, minado por rivalidades y luchas internas entre los “barones”.
*El terrorismo de ETA, del GRAPO y de Terra Lliure. Fue especialmente duro el terrorismo etarra que
actuó mayoritariamente contra el ejército y las fuerzas de seguridad con el objetivo de provocar la
desestabilización política.
*El deterioro de la economía. La inflación se situaba en torno al 20% y la cifra de parados era muy elevada.
*Los enfrentamientos, discusiones, agravios entre regiones, etc., y las protestas de los sectores más
integristas, originados por la configuración del Estado de la Autonomías.
*El final de la “política de consenso”. Tras la victoria de la izquierda (PSOE y PCE) en las grandes ciudades,
en las elecciones municipales del mes de abril, el PSOE inició una dura oposición al gobierno y el PCE adoptó
una postura de distanciamiento. En mayo de 1980 el presidente Suárez tuvo que sufrir una dura moción de
censura presentada por el PSOE.
*La pérdida del apoyo de parte de la Iglesia y del sector democristiano por el proyecto del Gobierno de
legalización del divorcio y por las reformas en el sistema educativo.
Tras la dimisión de Adolfo Suárez, otro político de UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, ocupó la
presidencia del Gobierno. Durante la votación de investidura del nuevo presidente, el 23 de febrero de 1981, se
produjo el golpe de Estado (el 23 F). El fracaso del golpe produjo un gran alivio pero el intento había
demostrado que el sistema constitucional aún no estaba completamente consolidado.

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La desintegración de la UCD, la presión de la Iglesia por la aprobación de la Ley del divorcio, el
escándalo del envenenamiento masivo por el aceite de colza adulterado y la tensión política desencadenada por
los hechos del 23-F acabaron con el gobierno de Calvo Sotelo, que decidió adelantar las elecciones antes de
finalizar su mandato.
En política interna, los gobiernos democráticos de UCD iniciaron el desarrollo orgánico de los
principios constitucionales. Sus principales aportaciones fueron la puesta en marcha de las Autonomías y la
aprobación de las leyes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del divorcio y de la reforma fiscal.
En política exterior normalizaron las relaciones internacionales, estableciendo relaciones diplomáticas
plenas con todos los países de Europa. Sus dos objetivos prioritarios fueron el ingreso en la Comunidad Económica
Europea y en la OTAN. Las negociaciones (difíciles) para la integración de España en el Mercado Común
Europeo se iniciaron en 1978. El ingreso en la OTAN se formalizó en mayo de 1982, durante el gobierno de Calvo
Sotelo.
Los gobiernos del P.S.O.E. (1982-1996).
El PSOE ganó las elecciones de octubre de 1982 con más de diez millones de votos y 202 diputados, la
mayoría más cualificada de la moderna democracia española y repitió su éxito electoral en 1986, 1989 y 1993.
Felipe González, líder indiscutible del partido, ocupó la jefatura del gobierno durante cuatro legislaturas, hasta
1996.
En política interior, los gobiernos socialistas continuaron el proceso de desarrollo constitucional y
realizaron una serie de reformas encaminadas a:
* Consolidar el sistema democrático. Concluyeron el proceso autonómico, reconocieron nuevos
derechos y libertades (ley del jurado y legalización parcial del aborto), reformaron las Fuerzas Armadas, los
Cuerpos de Seguridad del Estado y el Poder Judicial.
* Mejorar los servicios públicos. La Ley General de Sanidad (1986) hizo posible que la población que se
beneficiaba de los servicios públicos sanitarios pasara del 86% en 1983 al 99% en 1991; la Ley de Reforma
Universitaria (1983) y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985) reformaron y democratizaron la
estructura de los centros educativos y la LOGSE de 1990 estableció la Enseñanza Secundaria Obligatoria y
amplió la escolaridad hasta los 16 años. Se mejoró el sistema de pensiones y se ampliaron las prestaciones por
desempleo. Para luchar contra el terrorismo etarra, que continuó su estrategia de atentados indiscriminados, se
reforzó la colaboración francesa y se pusieron en marcha los Pactos de Ajuriaenea y Madrid, y se iniciaron -sin
éxito- conversaciones con ETA (Conversaciones de Argel).
En el terreno de la política exterior, las relaciones de España con los países europeos recibieron un
impulso definitivo. La etapa socialista tiene sus hitos más importantes en la culminación de la negociación y
posterior ingreso en la CEE el 1 de enero de 1986 y en la confirmación de la permanencia de España en la
OTAN, en marzo del mismo año. En 1989 España presidía, por primera vez, la Comunidad Europea.
En 1988 se firmó un nuevo convenio de Cooperación con los EE.UU., que supuso el comienzo del
desmantelamiento de las bases norteamericanas. En los años siguientes el ejército español participó en
operaciones militares internacionales (bombardeo de la OTAN en la guerra de Bosnia y participación de España en
la guerra del Golfo, participación que suscitó una dura polémica en el interior del país). En el mismo año se celebró
en Madrid la Conferencia Internacional de Paz en Oriente Medio que reunía, por primera vez, en una misma mesa
a israelíes y palestinos y a la que asistieron los presidentes de la URSS y de EE. UU. Los actos del 92 (Juegos
Olímpicos, Exposición Universal de Sevilla y la celebración de V Centenario) confirmaron el prestigio internacional
de España.
El final de los gobiernos socialistas. A principios de los noventa se inició el declive del PSOE. Los
socialistas volvieron a ganar las elecciones de 1993 pero por un margen de sólo cuatro puntos y sin mayoría
absoluta. La crisis económica, el desencanto de las masas populares por la política económica y social, que se alejó
de los planteamientos socialistas iniciales, la aparición de los primeros casos de corrupción y el estallido del
escándalo del GAL, supusieron el inicio de un proceso de descrédito político que se fue agravando en los años
siguientes con la aparición de nuevos escándalos financieros (Banesto y Torras-Kío) estafas (Luis Roldán) y
corruptelas políticas (Filesa e identificación de los cadáveres de Lasa y Zabala). En 1995 Convergencia rompió el
pacto con el PSOE y votó en contra de los presupuestos. Felipe González, bombardeado desde todos los frentes,
aceptó la derrota y convocó elecciones en 1996.

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Los gobiernos del Partido Popular. (1996-2004).
Las elecciones de mayo de 1996 dieron la victoria al PP, liderado desde 1989 por José María Aznar, que
había dirigido la renovación del partido. Se producía la alternancia política, fenómeno normal en cualquier sistema
democrático.
En su primera etapa de gobierno (1996-2000) el PP estuvo obligado a gobernar con el apoyo de otros
grupos parlamentarios, al carecer de mayoría absoluta en las Cortes. En general, desarrolló una política de centro
y dialogante. En política interna continuó las trasferencias a las Comunidades Autónomas, mantuvo el
poder adquisitivo de las pensiones y el equilibrio financiero de la Seguridad Social e inició el proceso para
establecer un ejército profesional que acabó con el servicio militar obligatorio en el 2002.
Durante su segunda legislatura, iniciada con el triunfo por mayoría absoluta en las elecciones del
2000, los gobiernos del PP abandonaron su talante dialogante y optaron más por la imposición que por la
negociación. Su política fue protestada desde sectores muy diversos:
* Los sindicatos (huelga general del 2002) se manifestaron en contra de los recortes de los derechos
laborales y de las reformas del mercado de trabajo.
* Los nacionalismos con los que el presidente Aznar ejerció una política de confrontación, especialmente
con los líderes del PNV y, en menor medida con los del BNG y CIU, grupo que necesitaba el apoyo del PP para
gobernar en Cataluña.
* La política educativa. Las reformas previstas en la LOCE (2002), la escasez de recursos para la enseñanza
pública, la ampliación de ayudas a la enseñanza privada, etc. originaron las protestas de docentes y alumnos.
En política exterior, el PP inició su andadura ampliando y completando la integración de España en
Europa con el ingreso en la Unión Económica y Monetaria Europea adoptando como moneda el euro, que se puso
en circulación en enero del 2002.
En enero de 1977 se produjo la plena integración de España en la estructura militar de la OTAN, en
contradicción clara con lo aprobado en el referéndum del 84. Posteriormente, aviones españoles
participaron en la guerra yugoslava sin la previa autorización de las Cortes y el PP dio un viraje
inesperado a al aliarse oficialmente España con la política agresiva del presidente de los EE UU, apoyar la
intervención militar en Irak y enviar tropas españolas a dicho país. El Gobierno del PP ha sufrido aquí su mayor
golpe político por la oposición del resto de las fuerzas políticas y de las masas populares. Aun es pronto para
valorar esta decisión, pero posiblemente esta sea una de las causas de que en marzo del 2004 perdiera las
elecciones y el PSOE regresara de nuevo al poder.
El retorno del PSOE.
El PSOE, liderado por J.L. Rodríguez Zapatero, obtuvo la victoria las elecciones generales el día 14
de marzo de 2004 con un 43,27% de los votos emitidos y 164 escaños, frente al 37,81% de los votos y los 146
escaños obtenidos por el PP. El PSOE revalidó su victoria en 2008, ganando los comicios con 169 escaños (5 más
que en las elecciones de 2004) frente a los 154 del Partido Popular (6 más que en las elecciones de 2004).
Durante la primera legislatura los gobiernos de Rodríguez Zapatero han abordado, en especial,
políticas sociales: legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ley contra la violencia de género,
ley de Dependencia, etc. También se han establecido unos nuevos marcos autonómicos con las reformas de los
Estatutos, y se han regulado los estudios universitarios para adecuarlos al Plan Bolonia. Fracasaron los intentos de
negociación con ETA. La segunda legislatura está marcada por la crisis económica, especialmente grave porque
el parón económico está deteriorando seriamente a la economía y ha disparado las cifras de paro hasta unos niveles
muy superiores a los del resto de Europa.
5. Cambios económicos, sociales y culturales.
La evolución económica.
La transición coincidió en el tiempo con una gravísima recesión económica mundial (crisis del
petróleo) que en España –por las características de nuestra industria- tuvo una incidencia mayor que en el resto del
mundo desarrollado. La crisis se prolongaría durante más de diez años y afectó fundamentalmente a la
industria y al sector bancario.
Las circunstancias políticas habían llevado a los primeros gobiernos de la Transición a “aparcar” las
medidas económicas para afrontar la crisis. En 1977, con cuatro años de retraso y con unos indicadores económicos
demoledores (una inflación próxima al 40%, aumento del paro y crecimiento desorbitado del déficit exterior), el
gobierno de UCD tomó las primeras medidas con la firma de los llamados Pactos de la Moncloa. Se
establecieron acuerdos económicos, sociales y políticos que comprometieron a los agentes sociales

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(partidos, patronal y sindicatos) y al Gobierno en la lucha contra la crisis, en el reparto de sus costes y en
la continuidad del proceso democrático y, en 1979, se aprobó el Plan Energético Nacional destinado a
racionalizar el consumo, una medida que en otros países estaba en vigor desde 1974.
En 1982, cuando los socialistas llegaron al poder la situación económica seguía siendo preocupante. El
crecimiento anual era muy bajo, la inflación se situaba en torno al 14 % y el paro en torno al 16%. El primer
gobierno socialista inició una política de reajuste económico: devaluación de la peseta, subida de los tipos de
interés y de los impuestos y saneamiento de bancos y entidades financieras. Pero, sobre todo, emprendió el
proceso de reconversión industrial que afectó a las empresas siderometalúrgicas y navales y a las explotaciones
mineras del INI, deficitarias y tecnológicamente obsoletas. Durante dos años la situación económica fue muy dura.
Las empresas menos rentables desaparecieron, aumentó el paro y cayó el consumo. La inflación bajó al 8% en 1985,
pero el paro aumentó hasta el 22%.
Los efectos del reajuste económico, reforzados por una coyuntura favorable de expansión económica
internacional - que permitió la entrada de inversiones extranjeras y de divisas del turismo- comenzaron a notarse a
partir de 1985. Se recuperó la inversión y reapareció el crecimiento económico que se prolongará hasta 1992.
Este crecimiento económico implicó el enriquecimiento rápido de empresarios, banqueros y de
algunos políticos (la beautiful people), en buenas relaciones con el poder, una minoría escandalosamente rica
frente al elevado número de parados. Esta situación y el cambio de orientación de la política del PSOE (recorte de
pensiones en 1985 e introducción de medidas liberalizadoras en el mercado de trabajo en 1988) provocaron la
huelga general del 14 de diciembre del 88 en la que participaron ocho millones de trabajadores, el 90% de la
población laboral. Obligaron al presidente a negociar y retirar las medidas de liberalización laboral.
A partir del 92, la euforia desatada por la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la
inauguración de la primera línea del AVE y las grandes inversiones en obras públicas (carreteras, puertos y zonas
urbanas) dio paso a una grave crisis económica que en España tuvo un carácter especial ya que llegaba justo
tras las enormes inversiones realizadas en el 92 y cuando el Tratado de Maastricht, aprobado en febrero del
mismo año, establecía unos criterios de convergencia económica que obligaba a los países miembros a
cumplir una serie de requisitos para poder ingresar en la unión económica y monetaria y utilizar una moneda
común, el euro. En pocos meses se disparó la inflación, se hundió el consumo y el número de parados
alcanzó el récord de tres millones de desempleados (24%). España se comprometió a cumplir el programa de
Mastrich y el PSOE aplicó una serie de medidas sumamente impopulares como la contención del gasto público y la
congelación de los salarios de los funcionarios, pero no consiguió alcanzar los criterios de convergencia, a pesar de
que la mala situación económica se palió en parte con la llegada de los Fondos de Cohesión de la UE.
Los gobiernos del PP pusieron en marcha una política económica de orientación neoliberal,
encaminada a reducir el gasto público en beneficio de la actividad privada.
Los años finales de siglo coincidieron con un crecimiento económico mundial, que, en el caso de España
superó los índices de los países desarrollados. Se consiguieron los criterios impuestos por Maastricht y el euro
comenzó a circular como moneda de cambio 1999 y como moneda corriente en el 2002. El auge económico ha
permitido también a los gobiernos del PP reducir el paro, mantener el nivel de las pensiones y aumentar los
fondos de la Seguridad Social. A la bonanza económica de los últimos años ha contribuido también la venta de
empresas públicas (las que obtenían mayores beneficios) como Telefónica, Repsol o Argentaria y la ayuda europea
(Fondos de cohesión).
La política económica del PP de reducción del déficit ha incidido negativamente en los servicios
públicos originando insuficiencias en el sistema sanitario, en prestaciones a la tercera edad, en la escuela pública
o en las fuerzas de seguridad. Los recortes del gasto público se han notado también en la disminución de los
presupuestos para investigación y desarrollo y en las carencias que el país tiene a la hora de afrontar catástrofes
naturales como la rotura de la presa de Aznalcóyar o el hundimiento del Prestige. En conjunto la política neoliberal
del PP también acentuó el desigual reparto de la riqueza.
Evolución social y cultural.
La sociedad española ha evolucionado aceleradamente en los últimos veinticinco años. Entre los
cambios más significativos que ha experimentado podemos señalar:
* Cambio en el comportamiento demográfico. La tasa de natalidad ha experimentado un descenso
espectacular y España presenta la tasa de fecundidad más baja de la CE, 1,3. Como consecuencia las familias han
reducido el número de sus componentes. También han aumentado las familias monoparentales. La baja natalidad
y el aumento de esperanza de vida han provocado un proceso acelerado de envejecimiento de la población.

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* La sociedad ha alcanzado un alto nivel de bienestar que se expresa en las elevadas tasas de
consumo. Sin embargo, el crecimiento económico no ha sido homogéneo y una parte considerable de la sociedad
se ha encontrado abocada a situaciones de paro permanente, o salarios muy bajos y a dificultades insalvables para
acceder a la vivienda.
* Desde el punto de vista laboral, la sociedad española ha evolucionado hacia un predominio claro del
sector terciario, con un aumento de la mano de obra cualificada y de cuadros intermedios, y hacia una plena
integración de la mujer en el mundo laboral.
* Las costumbres se han liberalizado y secularizado. La sociedad española, en general, es tolerante y
permisiva en relación con conductas personales que antes se ocultaban o eran causa de marginación social y ha
abandonado el tradicionalismo religioso en favor de una libertad más amplia en cuestiones religiosas.
En el campo de la cultura, el restablecimiento de un régimen de libertades creó un nuevo clima
que provocó un aumento espectacular de la oferta y la demanda culturales. La actividad cultural
(exposiciones, conciertos, conferencias, recitales, ferias de arte, etc.) o la creación de museos, bibliotecas y
auditorios cobró un dinamismo extraordinario. Tal vez la asistencia masiva a actos culturales que se registró en
toda España en los años setenta y ochenta haya sido el acontecimiento más significativo de la cultura española de
finales de siglo.
Desde 1975, la literatura, el arte y el cine han visto la aparición (o confirmación) de un número
considerable de individualidades creadoras, que ha cultivado temas y géneros diversos en un ambiente de
libertad y diversidad.
Junto a estos logros considerables debemos colocar también carencias y defectos. Por ejemplo, los
bajos índices de lectura, la carencia en bibliotecas o las insuficiencias en la conservación del patrimonio y la
extensión de una cultura generalista, vinculada a la actualidad inmediata y efímera, cuando no chabacana y
deleznable, que un elevado número de españoles recibe a través de algunos medios de comunicación que han
desbordado en mucho la función informativa que tradicionalmente se les venía asignando
Conclusión.
A principios del siglo XXI, los grandes problemas que habían condicionado la historia de España desde el
XIX –organización territorial, forma de Estado, alternativa democrática y supremacía del poder civil- parecen
solucionados. Definitivamente, con el restablecimiento y la consolidación de la democracia, España ha entrado en
la modernidad y aparece como un país dinámico, europeo y democrático.
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La España democrática. Cronología.
1975. Juan Carlos jura ante las Cortes como rey (22 de noviembre).
Carlos Arias Navarro preside el primer Gobierno de la Monarquía.
1976. Oleada de huelgas (enero).
Acontecimientos de Vitoria (marzo).
Enfrentamientos entre carlistas en Montejurra.
Gobierno de Adolfo Suárez (julio).
Las Cortes aprueban la Ley para la Reforma Política (noviembre).
Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política (15 de diciembre).
1977. Asesinato de los abogados laboralistas de Atocha (24 de enero).
Legalización de PCE (9 de abril).
Legalización de los sindicatos (28 de abril).
Se constituye la Unión del Centro Democrático (mayo).
Primeras elecciones generales (15 de junio).
Firma de los Pactos de la Moncloa (15 de octubre).
1978. Se promulga la Constitución (6 de diciembre).
1979. Elecciones generales con victoria de la UCD (1 de marzo).
Elecciones municipales: la izquierda gobierna las principales ciudades (abril).
1981 Dimite el presidente Adolfo Suárez (29 de enero).
Intento de golpe de Estado (23 de febrero)
Gobierno presidido por Calvo Sotelo (25 de febrero).
Se aprueba la Ley del divorcio (abril).
1982 Ingreso de España en la OTAN (mayo).
Triunfo del PSOE en las elecciones generales (octubre).
1984 Despenalización del aborto.
1986. Entrada de España en la CEE (1 de enero).
Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN (marzo).
Elecciones generales, victoria del PSOE (julio).
1988. Se firma el Pacto de Ajuriaenea (enero).
Huelga general (14 de diciembre).
1989. Elecciones generales, victoria del PSOE (diciembre.
1991. Participación de España en la guerra del Golfo.
Se aprueba la Ley de Reforma Educativa (LOGSE).
1992. Exposición Universal de Sevilla (abril-octubre).
Juegos Olímpicos de Barcelona (julio).
España ratifica el Tratado de Maastricht (octubre).
Se destapa el escándalo de los GAL.
1993. Elecciones generales, triunfo del PSOE.
Se destapa el escándalo Luis Roldán, director general de la Guardia Civil (noviembre).
1996. Elecciones generales. Victoria del PP (mayo).
1997. Crisis en el País vasco y firma del acuerdo de Lizarra.
1999. España se incorpora al grupo de países que implantan el euro.
2000. El PP gana las elecciones por mayoría absoluta.
2002. El euro sustituye a la peseta como moneda circulante.

9. I.E.S. GINER DE LOS RIOS. Curso 2009/10. Historia de España. Temario PAU. Apuntes para los alumnos/as del IES. Tema 18. Pág. 9
VOCABULARIO.
Alianza Popular.- Partido político español de ideología liberal conservadora, fundado por Manuel Fraga Iribarne en octubre de
1976. Después de cuatro derrotas electorales en coalición con otras fuerzas políticas (1977, 1979, 1982 y 1986), Fraga llevaría a cabo en
1989 la refundación de esta organización, que tomó el nombre de Partido Popular y en cuya presidencia fue sustituido por José Mª
Aznar (1990), aunque él continuó como presidente honorífico. Las elecciones de 1996 dieron la mayoría al Partido Popular y Aznar
accedió a la presidencia del Gobierno. En el 2000 el PP volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta.
Aznar, José María. (Madrid, 1953).- Licenciado en Derecho. Militó en su juventud en el Frente de Estudiantes Sindicalistas,
organización ultraderechista de orientación católica. En 1976 ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado. En 1979 inició
su carrera política en Alianza Popular como presidente de este partido en la Rioja. En 1985 pasó a dirigir Alianza Popular en Castilla y
León, comunidad de la que fue presidente entre 1987 y 1989. A partir de esta fecha dirigió el Partido Popular y fue candidato del mismo
a la presidencia del Gobierno en 1989 y 1993. En 1996, tras el triunfo electoral de su partido, accedió a la jefatura del Gobierno, cargo
que renovó en el año 2000.
ETA. - Organización clandestina surgida en 1959 de la fusión de un grupo de militantes de diversos movimientos autonomistas
vascos, defensores de la independencia de Euskadi. Ese mismo año inició la lucha armada y la práctica terrorista. En 1976 se escindió en
dos ramas, militar y político-militar; la segunda abandonó la lucha armada en 1982. Para financiar sus acciones, exige el “impuesto
revolucionario” a los empresarios vascos. Actúa en pequeños comandos que cuentan con apoyos en el sur de Francia.
FRAP. (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico).- Formación clandestina de extrema izquierda que perpetró varios
atentados en los últimos años de la dictadura franquista y en los primeros de la Transición.
OTAN. (Organización del Atlántico Norte).- Organismo político-militar internacional creado en Washington el 14 de abril de
1949. Formado inicialmente por diez países europeos (Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos y Portugal) y dos americanos (Canadá y Estados Unidos), más tarde se sumaron Grecia y Turquía (1952), la República
Federal Alemana (1955) y España (1982).
Suárez González, Adolfo.- (Cebreros, Ávila, 1932).- Político español. Durante el franquismo, fue funcionario de la Secretaría
General del Movimiento, gobernador civil de Segovia, director general de Radio y Televisión y vicesecretario general del Movimiento
(1975). En julio de 1976, el rey le nombró presidente del segundo gobierno de la monarquía. Comenzó el proceso de la Transición
democrática: inició la reforma política, concedió amnistía a los presos políticos, legalizó el PCE y las centrales sindicales, abrió el diálogo
con las fueras políticas de la oposición, que defendían la “ruptura” política, y convocó elecciones generales en 1977. Fue el líder de la
Unión del Centro Democrático, grupo político formado por personalidades provenientes de diferentes ideologías (democristianos,
liberales, socialdemócratas y franquistas renovadores). Fue presidente del gobierno hasta enero de 1981, fecha en la que presentó su
dimisión. Posteriormente se salió de la UCD y fundó su propio partido, el CDS, que lideró hasta 1991. Luego se retiró de la vida política.
Pactos de la Moncloa.- Acuerdos firmados por las agentes sociales –partidos políticos, patronal y sindicatos- y el Gobierno, en
octubre de 1977, con el fin de afrontar la grave crisis económica por la que atravesaba el país. Tenían dos objetivos fundamentales:
reducir la inflación y articular un programa de reformas para repartir con equidad los costes de la misma. Las medidas más importantes
que se tomaron fueron: devaluación de la peseta, moderación y control del gasto público -incluyendo a la Seguridad Social-, diseño de
un programa energético, puesta en marcha de la reforma fiscal y un nuevo marco de relaciones laborales (se devolvió a las centrales
sindicales su patrimonio y se acordó una subida salarial acorde con la inflación anual). Fueron un paso importante tanto para detener el
avance de la inflación como para llegar a un consenso que favoreciera el desarrollo del proceso democrático de la Transición.
González Márquez, Felipe.- (Sevilla, 1942). Político socialista. Licenciado en Derecho, comenzó su actividad profesional como
abogado laboralista. Miembro de las Juventudes Socialistas, se afilió al PSOE, y en 1974 fue nombrado secretario general del partido,
puesto desde el cual dirigió su renovación. Fue elegido diputado en 1977. En 1979 forzó el abandono del marxismo en el Congreso del
partido, y tras el triunfo socialista en las elecciones de 1982 se convirtió en el presidente del Gobierno. Como tal ejerció durante cuatro
legislaturas, siempre con gobierno monocolores. Derrotado en las elecciones de 1996, abandonó la dirección del partido meses
después.
Carrillo, Santiago.- (Gijón, 1915). Político comunista. Inició su actividad en las Juventudes Socialistas y fue redactor del
periódico El Socialista. Encarcelado por su participación en la Revolución de 1934, fue liberado tras las elecciones de 1936. Impulsor de
la fusión de las Juventudes Socialistas y Comunistas, durante la guerra fue miembro de la Junta de Defensa de Madrid, y en 1937 entró
en el Comité Central del PCE. Formó parte del Gobierno republicano en el exilio. En 1960 fue elegido secretario general del PCE,
iniciando un cambio en la estructura del partido que le alejó progresivamente de la URSS, hasta desembocar en el eurocomunismo.
Regresó clandestinamente a España en febrero de 1976 y se convirtió en uno de los principales protagonistas de la Transición. Fue
diputado desde 1977 hasta 1982, fecha en que dimitió de su cargo. Tras un intento de fundar un nuevo partido comunista, en 1993
abandonó la política.
U.C.D. Unión del Centro Democrático.- Partido político creado en 1977 por iniciativa de Adolfo Suárez. Se formó con la
coalición de demócrata-cristianos, liberales, socialdemócratas y personas procedentes del Movimiento, como el propio Suárez o Martín
Villa. El partido tenía muchos dirigentes (barones) en su seno. Todos eran de ideología centrista, pero con proyectos de Estado muy
diferentes. El liderazgo inicial de Suárez mantuvo unida la coalición y garantizó los éxitos electorales de 1977 y 1979. Lentamente el
partido se fue desintegrando, víctima de las luchas internas, y en las elecciones de 1982 obtuvo solamente 12 escaños. Prácticamente,
había desaparecido como partido político.
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