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Reunión Abierta “El estado de la información pública en Argentina:
producción, conservación, acceso y publicidad” 22/10/2012
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
veintidós días del mes de octubre de 2012, a la
hora 10 y 17:
Sra. Presidenta (Alonso).- Damos comienzo a la Reunión Abierta sobre el Estado de
la Información Pública en la Argentina.
Para hacer una breve introducción a esta jornada de trabajo, tiene la
palabra la señora diputada Camaño.
Sra. Camaño.- Señora presidenta: el grupo de legisladores que nos hemos propuesto
echar luz sobre la falta de una norma que contemple el acceso a la información pública,
queremos advertir que la posibilidad de tratar este año el proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado –en el que hemos trabajado intensamente- no forma
parte de la agenda ni es motivo de preocupación por parte del oficialismo; no está
dentro de sus prioridades.
Lamento muchísimo que no hayan venido a esta reunión legisladores y
asesores del bloque oficialista. Sinceramente me hubiera gustado compartir con ellos
esta experiencia, sobre todo porque sé –por la tarea que hemos desarrollado- que el
bloque del Frente para la Victoria cuenta con personalidades entendidas en esta
materia. Algunos de sus integrantes han trabajado en normas dictadas en sus
provincias, y tan importante fue su labor que me animaría a decir que podría ser
tomada como referencia para la futura ley.
En esta introducción, no me adentraré en términos específicos sino que
simplemente trazaré un panorama sobre lo que viene sucediendo en torno del derecho
a acceder a la información pública, un derecho que tenemos no sólo los argentinos sino
toda la humanidad.
En la Cámara de Diputados, los antecedentes parlamentarios del
derecho a la información pública datan de 1996. Ya en esa época, algunos legisladores
presentaban proyectos de ley vinculados con el tema. En el año 2000, el Poder
Ejecutivo –en aquel entonces gobernaba la Alianza- decide comenzar a trabajar en una
iniciativa y encomienda al área específica, la Oficina Anticorrupción, la organización de
rondas de consulta para la elaboración del proyecto que sería enviado al Parlamento.
Como es sabido, en 2001 hubo un quiebre institucional muy profundo;
sin embargo, debemos rescatar que en 2002 se continuó con el desarrollo de una
política en la materia.
Rescato mucho esto porque me parece que son las cosas que nos
enseñan a tener una mejor democracia. Me refiero a la continuidad de las políticas que
son orientativas de la sociedad, facilitadoras o posibilitadoras, que tienen que ver con
cuestiones que no debemos abandonar por el mero hecho de que pasemos de un
gobierno a otro.
Ese anteproyecto que ingresó a la Cámara de Diputados con el número
10 de 2002 se trató y pasó al Senado. Esa Cámara lo trata con audiencias públicas, lo
modifica, y en el año 2004 lo vuelve a remitir a la Cámara iniciadora.
Hay detalles de ese tratamiento que no quiero dejar de lado. Uno que me
parece muy importante, es que quien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Senado era quien actualmente es la presidenta de la República, es decir, la entonces
senadora Cristina Fernández de Kirchner.

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En aras de dejar todo en claro debo decir que las modificaciones que
introdujo la Cámara revisora al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, no
formaron parte de las discusiones de las audiencias públicas.
Sin duda, formaron parte de las apreciaciones que tenía hacia la ley
quien de alguna manera llevaba adelante, por ser la presidenta de la comisión, la ley en
el Senado.
El proyecto ingresa a la Cámara de Diputados en 2004 y pierde estado
parlamentario en el año 2006 por falta de tratamiento.
En 2010, un grupo de legisladores de diferentes bancadas nos
propusimos trabajar intensamente porque, aunque cueste creerlo, las víctimas más
importantes de la falta de acceso a la información pública somos también los
legisladores en nuestro doble rol, el de informar a la opinión pública y el de
consumidores de la información del Poder Ejecutivo, y en ambos somos víctimas.
Fueron tres los dictámenes que se formularon en el año 2010. Uno fue
un dictamen de mayoría y dos de minoría. En dos oportunidades solicitamos
preferencia para el tratamiento del tema y aun así no pudimos abordar el debate del
proyecto.
No obstante ello, el Senado, en una estrategia conjunta, también
avanzaba en el tratamiento del tema de acceso a la información pública por su lado.
Lo que sí creo que hicimos con mucho acierto fue trabajar en conjunto;
es decir, tener la estrategia de llevar las propuestas o las inquietudes de los diputados,
traer las propuestas e inquietudes de los senadores, y entre las dos Cámaras
proponernos que quien diera la primera sanción la otra Cámara no lo pasaría para no
entorpecer el tratamiento.
Es así que actualmente tenemos en la Cámara de Diputados una sanción
del Senado, la cual deberíamos revisar.
Lamentablemente, advertimos que a punto de perder estado
parlamentario en esta Cámara, nunca se ha puesto en tratamiento en ninguna de las
comisiones específicas que tendrían que abordar el tratamiento de este proyecto.
Por esto y porque realmente estamos convencidos de la necesidad de la
que la Argentina deje de tener esta suerte de norma imperfecta, que es el decreto 1.172,
y que pasemos a tener una ley como corresponde de libre acceso a la información
pública, es que a instancias e iniciativa de la diputada que seguramente me va a seguir
en el uso de la palabra estamos hoy reunidos para darle luz a este problema que
tenemos los legisladores, que pretendemos tener una ley de acceso a la información
pública.
Reitero, lamento que los legisladores del oficialismo, que sabemos están
comprometidos con la norma, no participen ni tengan la iniciativa de forzar en su
propio bloque –esto es algo absolutamente posible en la técnica legislativa- el
tratamiento del proyecto de ley.
Con esta suerte de apertura les damos la bienvenida a todos y
comenzamos a trabajar.
Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señor diputado Ferrari.
Sr. Ferrari.- Muchas gracias a todos los que han accedido a trabajar ya que no
podemos acceder a la información.
Quiero hacer algunas reflexiones. En estos últimos tiempos uno se
encuentra hablando de presupuestos básicos de la democracia. A esta altura de la
evolución política de la Argentina resultaría innecesario tener que volver a conversar
sobre cuestiones que hacen al sistema republicano. Sin embargo, son los temas que
debatimos todos los días. Detrás de las políticas, detrás de las cuestiones que
discutimos en los medios, detrás de todo aquello que se da en la mesa familiar, hay
algunas cuestiones que son básicas de la construcción de la democracia y de la
construcción de ciudadanía. Éste es uno de los temas centrales que hace a la
construcción del sistema republicano.

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Cuando estudiábamos en el colegio y se nos decía lo que significaba la
República, veíamos que la misma tenía varios presupuestos, como la periodicidad de
funciones, la división de poderes y la publicidad de los actos de gobierno. Éste era uno
de los elementos centrales del sistema republicano.
El juego de publicidad de los actos de gobierno y de división de poderes
tiene una relación central y directa con el tema que hoy nos está reuniendo. ¿Por qué?
Porque efectivamente el conocer y el tener información es lo que al mismo tiempo
permite los controles recíprocos que se dan entre los poderes. Es decir, ese juego de
contrapesos.
No hay manera de poder contrapesar los distintos poderes si cada uno de
ellos y la ciudadanía, entonces, no tienen información. Nosotros jugamos claramente en
esta temática con una participación directa por parte del gobierno. Hay que entender
por qué el gobierno no pretende o no quiere que los argentinos, que los legisladores,
que los periodistas y que todo el mundo, tengan información en este país.
Evidentemente, cuando uno dice que tiene que disponer de información,
la posibilidad es un juego recíproco. Efectivamente, no se puede ejercer el poder que
corresponde a cada uno de nosotros en las funciones que tenemos si a su vez el
gobierno no facilita esa información.
En ese sentido, el gobierno tiene una decisión explícita de que no nos
expresemos. Cuando no se traslada la posibilidad de acceder a la información, el
gobierno está respondiendo a una intencionalidad que es que no nos expresemos, y
digo esto responsablemente. La intencionalidad es que no haya posibilidad de
expresarnos, ni los ciudadanos ni los medios.
Éste es un punto central que estamos debatiendo en estos días. En el
medio de esta audiencia, todos nosotros estamos imbuidos de lo que está por ocurrir -o
no, o sí, o quién sabe de qué manera- con los medios de comunicación en los próximos
días. Este debate, evidentemente, invade o inunda esta temática.
Hace tiempo que diversos tratados vienen planteando la necesidad de
que haya una ley nacional que defienda este derecho. Como lo ha dicho la diputada
Camaño, se ha intentado sancionar una ley, pero lamentablemente a lo largo de estos
años no se ha podido y simplemente tenemos un débil decreto y una subsecretaría para
la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia que teóricamente se ocupa
de esta temática, a pesar de que no tiene vocero ni página web ni asesor de prensa ni
relación con las ONG, etcétera.
¿Cuál ha sido la tarea que los legisladores hemos tratado de llevar
adelante para lograr información? En el período parlamentario 2003 a 2011, en la
Cámara de Diputados se presentaron 8.391 pedidos de informes. Solamente fueron
aprobados 1.740. Es decir, el 17,5 por ciento de la totalidad de los pedidos de informes
que se presentaron.
A pesar de que se aprobó esa cantidad, el Poder Ejecutivo solo respondió
en ese período 2003-2011 a 1.055 solicitudes. Es decir que sólo el 12 por ciento de los
pedidos de informes que presentó la Cámara de Diputados fueron respondidos por
parte del Poder Ejecutivo. Aclaro que este es un informe de la Fundación Nuevas
Generaciones.
Durante el año 2012 –esto hay que unirlo con lo que ha ocurrido
también durante el período 2011 desde que Cristina Fernández de Kirchner ejerce la
presidencia- no se respondió ninguno.
Hasta ahora se llevan presentados alrededor de mil pedidos de informes,
pero ninguno se ha respondido. Es decir que hasta el segundo mandato de Cristina
Fernández de Kirchner, se respondió el 12 por ciento, pero a partir de 2011 no se
respondió ninguno.
De esta manera, el pedido de informes se ha transformado –lo digo con
muchísima pena- en una medida que tomamos los legisladores sabiendo que no va a
servir porque no nos van a responder. Realmente no sabemos qué hacer porque
ciertamente es un elemento que nos permite tener alguna repercusión mediática, pero
nada más.
No hay forma de que uno logre una respuesta por parte del Poder Ejecutivo.

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Para terminar, decíamos que los legisladores necesitamos contar con
información, y eso es fundamental para saber cuál es el estado de ejecución de aquellas
leyes que sancionamos, si el gobierno está cumpliendo o no, pero esencialmente
quienes necesitan la información son los ciudadanos.
Los países se distinguen, respecto de su jerarquía y desarrollo, según el
ejercicio de ciudadanía que lleven adelante sus habitantes. Cuanto más ejercen su
ciudadanía, ciertamente será un país mejor. Y el ejercicio de la ciudadanía, obviamente
mediante el derecho del voto, pero esencialmente también por medio de la
participación en distintos sectores de la sociedad civil –y en esto hay una tarea
fundamental por parte de las organizaciones no gubernamentales-, es una forma
directa e inmediata para que ese ciudadano sienta que efectivamente está cumpliendo
sus obligaciones y ejerciendo sus derechos.
Cicerón decía que la verdad no solamente se corrompe con la mentira,
sino también con el silencio. Este es un punto central para entender que, a pesar de que
la verdad siempre triunfa y de que en algún momento, después de largos períodos de
silencio o de largos períodos de mentiras, se logra la verdad, debe tenerse presente que
en el medio hay una cantidad de personas que sufren, y en general son siempre las
mismas.
Ustedes preguntarán qué tiene que ver la falta de información con los
derechos de aquellos que en un país siempre terminan sufriendo. Tiene muchísimo que
ver porque, efectivamente, este problema siempre acaba generando más dolor en los
desposeídos y en los más pobres, ya que esa desinformación, esa mentira, nos lleva a
cuestiones cotidianas que todos nosotros vivimos: que no hay inseguridad, que se
puede vivir y comer con 6 pesos, que efectivamente en la Argentina hay libertad, y que
efectivamente en nuestro país existen las dos condiciones centrales que un gobierno
debe tener para asegurar la información: por un lado, la transparencia, y por el otro, la
libertad.
Como recién decía, en algún momento la verdad se hace presente,
porque en algún momento se entiende que tener información es tener poder, y alguna
vez el poder vuelve a quienes lo ejercen en procura del bien común.
Información es poder, y precisamente por eso el gobierno no la quiere
dar: porque dar poder a la ciudadanía, a los periodistas y a las organizaciones no
gubernamentales es perder poder hegemónico, según el particular criterio del gobierno,
y este es el tema central que vamos a debatir en estos días.
Sra. Presidenta (Alonso).- Me toca a mí hacer algunas consideraciones más
operativas.
Quiero contarles que esta reunión surgió con la participación de los
diputados Camaño y Ferrari, pero también de los diputados Milman, Ocaña y Garrido,
quienes se van a ir sumando a lo largo del día.
Tenemos más de treinta oradores inscriptos, y a todos aquellos que
quieran sumarse para hacer algún comentario les voy a pedir que me lo hagan saber de
alguna manera, porque armaré la lista y trataré de actuar como moderadora durante
toda la reunión.
Les anticipo que en un par de horas haremos un breve cuarto intermedio
para comer algo, porque tenemos el derecho a alimentarnos y no solo a acceder a la
información. (Risas.)
Lo que hoy vamos a hacer es hablar durante todo el día de un derecho
humano fundamental, que es el derecho humano al acceso a la información, que es
parte del derecho a la libertad de expresión. Vamos a hablar de cómo se produce
información en la Argentina, cómo se accede a la información y cómo se publicita la
información pública en nuestro país.
Además, estaremos hablando de estadísticas, de inflación, de
información ambiental, del acceso a datos públicos y de lo que hoy las tecnologías de la
información están haciendo y pueden hacer, por medio de programadores y
desarrolladores, con el manejo de los datos públicos, no solo para controlar la gestión
de gobierno sino también para producir servicios, y para que los ciudadanos, a través

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del manejo de datos públicos, puedan acercarse a la gestión de una manera
completamente distinta.
Vamos a estar hablando de periodismo de datos, de cómo el acceso a la
información y a datos garantiza mejor calidad de periodismo de investigación, y cómo
la falta de acceso a la información público afecta el ejercicio y la exigibilidad de otros
derechos humanos.
Seguramente, muchas veces habrán escuchado decir que el derecho a la
información es una suerte de derecho instrumental, una palanca que sirve para activar
otros derechos humanos. Por eso esta discusión es importante.
Como bien decían mis colegas, la Argentina no cuenta con una ley de
acceso a la información pública. En este aspecto, tenemos una deuda pendiente. Desde
hace muchos años, concretamente desde la reforma constitucional, se plantea la
necesidad de sancionar una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, pese a
las demandas y reclamos realizados, los expedientes no han avanzado.
Por otro lado, me parece importante hacer la siguiente aclaración porque
en los últimos meses hubo una pequeña discusión reglamentaria. Las comisiones de
Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda guardan en sus
cajones el proyecto de ley sancionado por el Honorable Senado en noviembre de 2010.
El asunto está en condiciones de ser tratado; por eso este grupo de diputados, junto con
otros, solicitamos a las tres comisiones –presididas por los diputados Diana Conti,
Jorge Yoma y Roberto Feletti respectivamente- que convoquen a una reunión plenaria
para considerar esa iniciativa. Como no fue archivada, desde el punto de vista del
tratamiento parlamentario tiene vida.
En suma, existe la posibilidad de tratar en un plenario de las comisiones
antes del 20 de noviembre esa iniciativa sancionada por el Honorable Senado, de emitir
un dictamen y de llevarlo al recinto para transformarlo en ley antes de que finalice ese
mes.
En otras palabras, es posible contar este año con una ley de acceso a la
información pública; pero la responsabilidad es pura y exclusivamente del oficialismo.
Como dije antes, la lista de oradores es muy larga. Antes de comenzar
con las exposiciones, quiero decir que hemos invitado a dos funcionarios del Poder
Ejecutivo: el doctor Juan Antonio Travieso, director nacional de Protección de Datos
Personales –seguramente en el transcurso del día se entenderá por qué invitamos a este
funcionario, quien no ha contestado- y el doctor Franco Vitali, subsecretario para la
Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Hubiera sido interesante
que la autoridad de aplicación nos informe sobre lo que se está haciendo para dar
cumplimiento al decreto 1.172/03, una norma que -como todos sabemos- en los últimos
años ha sufrido una merma no sólo en su difusión sino también en su implementación.
Este fin de semana, en un informe que ha salido publicado, un grupo de ONG ha
descripto muy bien la situación; por lo tanto, seguramente se hablará sobre el tema a lo
largo del día.
Otro comentario que quiero hacer es el siguiente. Cada vez que hay una
actividad en la Cámara de Diputados, se publica un mensaje del día. Es un mensaje en
el sistema interno, es decir, en la Intranet de la Cámara de Diputados; o sea que todos
los empleados y legisladores nos enteramos de su contenido cuando encendemos
nuestras computadoras. Puede ser información administrativa, parlamentaria o bien
vinculada con la realización de eventos.
La reunión que ahora estamos celebrando no fue publicada en el
mensaje del día, y me parece importante mencionarlo para que nos demos cuenta si se
ayuda o no a la difusión de estas actividades. De todas formas, informamos sobre la
realización de esta jornada a través de la dirección de correo creada para todos los
diputados; para quienes no la conocen, esa dirección de e-mail es
diputados@diputados.gov.ar. Si una persona manda un mensaje a esa dirección, éste
llega a todos los diputados.

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Puedo adelantar que algunos legisladores se irán sumando en el
transcurso de la jornada; si bien no pertenecen al comité organizador, se harán
presentes para contar sus experiencias en materia de acceso a la información pública.
Antes de comenzar con la ronda de exposiciones –a efectos de que se
vayan preparando, adelanto que los cuatro primeros oradores serán Víctor Beker,
Agustín Salvia, Andrés Nápoli y Marta Oyhanarte-, tiene la palabra al señor diputado
Gerardo Milman.
Sr. Milman.- Señora presidenta: sin duda, el acceso a la información pública es un
tema que puede ser analizado desde varias ópticas.
El punto 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza diciendo: “El acceso a
la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos.”
Podemos pensar sobre el acceso a la información pública en términos de
ejercicio del poder; concretamente, podemos preguntarnos por qué los gobernados
tienen el derecho de acceder al mismo conocimiento que poseen los gobernantes. En
verdad, esto se encuentra íntimamente ligado con la discrecionalidad y la corrupción.
Immanuel Kant decía que el principio de transparencia y la publicidad
de las acciones del Estado, es considerado un elemento esencial, una “fórmula
trascendental del derecho público”.
Por supuesto que la transparencia es beneficiosa tanto en los mercados
económicos como en los contextos políticos. En cambio, la opacidad genera
concentración en el poder económico y político, afecta negativamente el desarrollo
social y económico y aumenta ostensiblemente la desigualdad.
La falta de transparencia le da oportunidades a la corrupción –como
decíamos-, que implica daños al crecimiento económico, a la gobernabilidad y a la
democracia.
Falta de transparencia y corrupción están íntimamente relacionadas, y
obviamente la corrupción tiene efectos negativos sobre la equidad y la lucha contra la
pobreza.
Hay muchos trabajos científicos que confirman esta relación. Una mayor
corrupción implica una mayor desigualdad. De manera que la transparencia es una
herramienta fundamental en el acceso a la información en el poder del Estado.
Este instrumento ha tenido un desarrollo mundial intenso en los últimos
años. En 1990 sólo doce países contaban con leyes de acceso a la información pública. A
fines de 2006 ya eran cerca de setenta. Hoy, en todo el mundo, al menos ochenta países
tienen normas constitucionales que garantizan el derecho de acceso a información.
La regulación del acceso a la información pública determina
definitivamente los flujos de información existentes y facilita el control ciudadano
sobre el gobierno.
Esta información puede ser proactiva o reactiva. Información proactiva
es aquella que el Estado tiene la obligación de publicar sin ninguna solicitud, y reactiva
es aquella que a pedido expreso de los ciudadanos, debe ser publicada sin que medie
ninguna objeción.
Por su parte, la transferencia es más que solo información. Es el acceso
fluido y oportuno de información confiable, relevante y verificable.
Como sostiene Transparencia Internacional, es el principio que permite
a quienes son afectados por determinadas decisiones, conocer no sólo los hechos y las
cifras, sino también los mecanismos y los procesos en la toma de decisiones.
Por medio de la transparencia se permite favorecer la predictibilidad
respecto de los criterios de toma decisiones sobre políticas públicas.
En la medida que los procesos de toma de decisiones y de formulación
del políticas públicas son más transparentes se reducen los riesgos de corrupción y
disminuye la influencia de los grupos de presión.

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La transparencia promueve un mejor gasto de recursos públicos en
forma más eficiente que otras alternativas, como nuevas regulaciones o entidades
gubernamentales.
A través de un mayor escrutinio público de la gestión del Estado, el
acceso a la información pública también contribuye a aumentar la calidad de las
políticas públicas.
Un proceso de formación de políticas públicas en que los movimientos
de los actores son observables y sus acciones verificables, disminuye los costos de
transacción políticos e incentiva la cooperación.
Señala Stiglitz que todo agente tomador de decisiones se enfrenta a la
eventualidad de errores u omisiones. Por ello, tiende a preferir procedimientos secretos
y limitados a un número mínimo de participantes, ya que cuando se trata de decisiones
relevantes existe además el riesgo de filtraciones.
Para evitarlas, los actores reducen todavía más el número de
participantes en los procesos de decisión, privándose de fuentes diversas de
información relevante con el consecuente efecto negativo en la calidad de las políticas
públicas. Aun más, en ambientes corruptos, los funcionarios tienden a aumentar el
secreto y limitar la entrada de nuevos potenciales benefactores de coimas y sobornos.
Como afirma Stiglitz, información pública -aquella elaborada con fondos
públicos- no está, en definitiva, cubierta por ninguna medida de propiedad intelectual
ya que debe ser considerada un bien público.
¿Que ha hecho el gobierno con este bien público? Alterar las estadísticas
oficiales, no actualizar la información de los portales de gobierno –y en algunos casos,
eliminarlas-, negar información en la IGJ sobre sociedades, bloquear aprobación de
pedidos de informes parlamentarios, la concurrencia de los ministros a brindarlos,
etcétera.
¿Para qué? La respuesta es muy sencilla. Para eludir responsabilidades
políticas y penales, ocultar la ausencia de un plan de gobierno estratégicamente
diseñado, la impericia de sus funcionarios y el fracaso de un modelo.
Para terminar, hace poco vimos un evento en el cual los funcionarios
representantes del Poder Ejecutivo en este Congreso, intentaron deslegitimar al
presidente del Colegio de Auditores de la Nación.
Los órganos de control están directa y estrictamente relacionados a una
correcta gestión del Estado y distribución de los fondos públicos, ya sea en el sector
comunitario como en los servicios públicos, como un eje central para servir de alerta en
situaciones de una incorrecta prestación de los servicios.
En marzo de 2010, la Auditoría General de la Nación, ente de control
externo del sector público nacional, para el cumplimiento de sus funciones solicitó a la
SIGEN -órgano de control interno de las jurisdicciones que componen el Poder
Ejecutivo y los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado que
dependen del mismo- que remitiera todos los informes de control realizados al
gobierno durante el año 2009 para incorporar en su base de datos un pedido de acceso
a la información pública por el decreto 1.172.
A ese pedido, por medio de una carta, la SIGEN contestó que no
brindaría los informes de control por el respeto a los principios de protección de datos
personales.
El caso derivó en un amparo por denegación de acceso a la información
pública y por el decreto 1.172, expediente N° 22.927/2010, donde en abril del 2011 la
Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo le ordenó que haga
entrega de la misma.
Igualmente, la SIGEN, le niega la información, el Banco Central y la
AFIP, alegando secreto fiscal. La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria –
ONCCA-, la Administración de Programas Especiales –APE-, las empresas de
ferrocarriles y el órgano que controla las concesiones viales –OCCOVI- obstaculizaron
en distintas oportunidades y por diversos motivos el acceso a la información de su
gestión para ser auditados.

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Cuando el ex presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1.172, muchos
sentimos que era un paso en el sentido correcto. Pero cuando uno intenta utilizar este
decreto, muchísimas veces se encuentra con este tipo de respuestas que recibe un
órgano de la Constitución, como es la Auditoría General de la Nación, de otro órgano
que también está en nuestro marco normativo, como es la SIGEN, y de otras
experiencias de control.
Si las propias instituciones de control en la Argentina no funcionan, no
lo hacen porque estén mal diseñadas desde el punto de vista institucional, sino porque
están gobernadas por funcionarios que expresan y desean la opacidad por sobre la
transparencia.
Muchas gracias y espero que tengamos una jornada muy fructífera.
Sra. Presidenta (Alonso).- Quiero recordarles a los oradores que tienen diez minutos
cada uno para exponer. Tenemos más de treinta inscriptos en la lista. Además, les
vamos a pedir que se tomen treinta segundos para presentarse, así lo hacemos más
breve e informal.
Tiene la palabra el señor Víctor Beker.
Sr. Beker.- Señora presidenta: mi presentación va a ser breve.
Soy director nacional de Estadísticas Económicas del INDEC,
actualmente soy profesor titular consulto en la Universidad de Buenos y director del
Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.
Ante todo, quiero felicitar a los señores diputados por esta iniciativa, y
agradecerles al mismo tiempo la invitación para exponer sobre una de las distintas
formas en que el derecho a la información es conculcado en la Argentina.
Comienzo citando la declaración de una de las primeras asambleas de las
Naciones Unidas, ocasión en la que se señaló que la libertad de información es un
derecho fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están
consagradas las Naciones Unidas. Repito, es la piedra angular de todas las libertades.
Por lo tanto, estamos hablando de algo que es sustantivo.
En la Argentina se manipula información, como viene sucediendo desde
enero de 2007 en el INDEC. Se la oculta, como lo testimonian trescientos retrasos y
retaceos en la información sobre la ejecución presupuestaria, composición, volumen del
empleo público, distribución de la publicidad oficial, etcétera; o lisa y llanamente se la
proscribe, como dan testimonio la persecución a los consultores académicos y la
reciente medida contra asociaciones defensoras de los consumidores.
A mi juicio, desde 1983 en nuestro país nunca hubo tal nivel de
cercenamiento al derecho a la información.
El tema específico en el que me voy a centrar se relaciona con la
adulteración de las estadísticas, o lo que es lo mismo, el país que nos relata el INDEC.
Según este organismo, hoy una persona adulta puede vivir en la Argentina con 17 pesos
por día, o sea con 510 pesos mensuales.
Esto quiere decir, por ejemplo, que en el país del INDEC el 80 por ciento
de los jubilados -que ganan la mínima de 1.880 pesos- pueden ahorrar unos 1.370
pesos al mes, o sea 17.800 pesos por año. La pregunta es qué hacen estos jubilados con
esos jugosos ingresos que perciben, que les permiten esta magnitud de ahorro. ¿Serán
ellos lo que se dedican –o dedicaban- a adquirir dólares para viajar a Miami?
Por otra parte, los individuos que ganan menos de 510 pesos al mes, o
los hogares de cuatro miembros con ingresos inferiores a 1.576 pesos, son los únicos
que en la Argentina son pobres, según el INDEC, y representan apenas el 6,5 por ciento
de la población total; esto es menos que en Suiza, que en Noruega, que en el Reino
Unido, que en los Estados Unidos o que en Alemania, y se ubica casi en el mismo nivel
que en Suecia.
El 6,5 por ciento de 40 millones de habitantes representa a 2.600.000
personas. Ahora bien; la asignación universal por hijo, por ejemplo, llega casi a 2
millones de hogares, o sea una población de aproximadamente 8 millones de

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habitantes. Es decir que incluye a 5,5 millones de personas que, según el INDEC, no
serían pobres. ¿Qué hacen estas 5,5 millones de personas con los 340 pesos mensuales
que reciben por hijo? ¿Serán también culpables –en este relato oficial- de la fuga de
divisas, en el país imaginario del INDEC?
Además, entre junio de 2007 y mayo de 2012 el salario promedio de los
trabajadores registrados se incrementó en un 187 por ciento. Este es un dato confiable
que surge de las declaraciones empresarias al realizar los aportes a la seguridad social.
Ahora bien, en el mismo período, los precios al consumidor, según el INDEC,
aumentaron tan solo un 53 por ciento.
De esta comparación entre estos datos -el 187 por ciento y el 53 por
ciento que acabo de mencionar- surge que el salario real habría crecido un 88 por
ciento, o sea un 17 por ciento al año, el doble de lo que creció el producto bruto interno
por año durante todo este período.
No existe en el mundo un antecedente de semejante suba en el salario
real. Esta “proeza” debería ser considerada candidata al Libro Guinness de los récords,
pero de los disparates estadísticos.
Cabe recordar que aún está pendiente el envío al Congreso del informe
elaborado en 2010 por las universidades integrantes del Consejo Académico de
Evaluación y Seguimiento creado por decreto 927/09 del Poder Ejecutivo nacional, que
incluía dicha obligación. El Poder Ejecutivo, autor de ese decreto, no ha cumplido en
estos dos años con esa obligación.
Por otra parte, la Justicia tiene una deuda con la sociedad argentina en
esta materia: llevar a término las investigaciones realizadas por el ex fiscal de
Investigaciones Administrativas Manuel Garrido –hoy diputado nacional y uno de los
auspiciantes de esta reunión-, con el fin de deslindar responsabilidades en el
desmanejo del INDEC a partir de enero de 2007.
La veracidad de la información pública, como se ha señalado, es uno de
los supuestos fundamentales del régimen democrático. El pueblo puede ejercer su
soberanía sólo en la medida que cuente con información confiable y veraz. El acceso a
información fehaciente es condición necesaria para la evaluación, por parte de los
ciudadanos, de la labor que realizan los gobernantes.
La manipulación, tergiversación u ocultamiento de la información
pública no sólo atenta contra la calidad institucional sino que hace desaparecer una de
las premisas básicas del sistema democrático. Cabe preguntarse si la gravedad
institucional de lo que ha ocurrido con el INDEC no ameritaría una intervención de
oficio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El INDEC huele tan mal como el
Riachuelo.
Finalmente, quiero dejar una propuesta a los organizadores de esta
reunión: la constitución de una comisión permanente para la defensa del derecho a la
información. Es decir, una comisión que vele por ese derecho, lo defienda y denuncie
todos los casos de violación de esa garantía esencial para el funcionamiento del sistema
democrático.
Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señor Agustín Salvia.
Sr. Salvia.- Señora presidenta: felicito esta iniciativa de un grupo de diputados
preocupados por este tema. Creo que coincide con la de otros diputados y senadores de
la oposición, quienes también están preocupados por lo que se ha planteado como un
bien público: el derecho a la información, que también es parte de la investigación y de
la producción social.
Soy investigador del Conicet, organismo del que he sido becario a
mediados de los ochenta y en el que hice la Carrera de Investigador Científico y
Tecnológico. Soy doctor en Ciencias Sociales, director del Programa de Cambio
Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y director del Programa Observatorio de la
Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina.

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En suma, no sólo por mi formación académica sino también por mi labor
profesional, vengo trabajando con datos del campo económico-social desde mediados
de la década del ochenta. Puedo afirmar, en el contexto de esta práctica profesional,
que nunca ha ocurrido en el país lo que efectivamente viene ocurriendo desde el año
2007.
Sobre la base de la experiencia adquirida durante este tiempo, me
gustaría hablar de algunas de las situaciones que -a mi entender- han llevado a que se
viole el derecho a la información, que como dije antes es también poder conocer,
reclamar y transformar la realidad social. Es un recurso o insumo fundamental para el
desarrollo científico y tecnológico, que abre la posibilidad de intervenir sobre lo real
para modificarlo en función de un proyecto de país distinto.
Desde esta perspectiva, quiero señalar que venimos utilizando
información básicamente vinculada con aspectos económicos y sociales, a partir de
estadísticas censales y de la Encuesta Permanente de Hogares, desde mediados de la
década del ochenta. Esa información fue vertida por el INDEC no sin dificultades; es
decir, con problemas técnicos y profesionales vinculados no sólo con la calidad de la
información sino también con la capacidad de transferirla a quienes somos usuarios en
el campo académico.
Sin embargo, advertimos que hubo un esfuerzo sistemático por parte del
INDEC para mejorar tanto la capacidad de producción de la información como la
aptitud de transparentar las condiciones en que dicha información se produce, para
luego ofrecerla al público y a los usuarios académicos.
En la década del noventa, esta situación devino en la posibilidad de
contar con bases de datos y asesorías para la evaluación de la problemática de la
pobreza, de la desigualdad social y del desempleo.
Asimismo, después de la crisis que tuvo lugar entre los años 2001 y
2002, cuando asumo como director del Programa Observatorio de la Deuda Social
Argentina y emprendemos desde la UCA la tarea de llevar adelante una encuesta propia
sobre aspectos más integrales del desarrollo humano –es decir que considerábamos no
sólo el ingreso, el empleo u otros indicadores tradicionales asociados con el monitoreo
de la situación social-, contamos con toda la colaboración de los equipos técnicos del
INDEC en cuanto a la elaboración del marco muestral.
Sin ellos no hubiésemos podido hacer esa encuesta.
Además, colaboramos en el intercambio de la validez y confiabilidad de
los indicadores que íbamos a tomar en nuestra encuesta. Con ellos hubo un acuerdo de
cooperación conjunta, incluso, respecto de la información. Nosotros, en otros campos
del desarrollo social, íbamos a evaluar la posibilidad de cooperar con el propio INDEC
en el desarrollo temático de los indicadores sociales.
Esta vinculación estrecha se dio desde el año 2004 hasta el año 2006. La
última experiencia positiva que tuvimos al respecto fue bajo la dirección del doctor
Mármora en el INDEC.
A partir de la intervención del instituto, todo diálogo quedó suspendido.
Toda cooperación y ofrecimiento de información quedó clausurada. Toda posibilidad
de ofrecer nuestra información y evaluarla a la luz de la que producía el INDEC se vio
claramente interrumpida.
Esta situación no fue por voluntad política o académica nuestra sino por
voluntad política o técnico-profesional de la nueva conducción del INDEC, que
consideraba que la información estadística que íbamos proveyendo desde el
Observatorio de la Deuda Social Argentina no era veraz.
Tampoco hubo un espacio de intercambio y validación o confrontación
de esa información, e incluso, de poder establecer mutuamente los parámetros con los
cuales se estaba trabajando.
Nosotros veníamos produciendo información asociada a aspectos
vinculados como el desarrollo humano y social en cuanto a vivienda, condiciones de
hábitat, inseguridad alimentaria, evaluación de la pobreza subjetiva, de la felicidad,
indicadores vinculados a la calidad de empleo, a la satisfacción sobre el empleo, a

11. 11
recursos psicosociales o calidad de los recursos psicosociales asociados al mundo del
trabajo y a las condiciones de vida de la reproducción social.
Todos estos indicadores que nosotros veníamos proveyendo como
indicadores que ampliaban el horizonte de los derechos humanos y sociales desde esa
perspectiva, fueron efectivamente menoscabados y básicamente quedamos asociados a
cómo medíamos o no medíamos la pobreza y la indigencia.
El INDEC estableció a las autoridades de la Encuesta Permanente de
Hogares, fundamentalmente, una serie de denuncias vinculadas a cómo veníamos
produciendo esa información y que ésta no era veraz.
Algunos portavoces o consultores del gobierno vinculados a la consultora
eQuis, que conduce Artemio López, también difamaron nuestro trabajo identificándolo
como el de una consultora privada y no reconociendo el carácter académico de ese
trabajo.
En tal contexto, obviamente, conocemos lo que Víctor Beker viene
mencionando en cuanto a aspectos que han alterado la producción de la información.
Yo no soy quién para informar cómo se altera la producción de la
información. Sí puedo señalar cómo, efectivamente, ha sido alterado uno de los
indicadores que eventualmente ha servido para evaluar no solo la evolución de los
precios en el país y el nivel de inflación -el índice de precios al consumidor-, sino
también el impacto que tiene esa evaluación de los precios en el país sobre un indicador
muy sensible a nivel social: la medición de la pobreza y la indigencia a partir de la
perspectiva de los ingresos.
En el año 2006, la Canasta Básica Alimentaria por adulto equivalente
informada por el INDEC, era de 126 pesos. De acuerdo con la Encuesta Permanente de
Hogares, tomando la información relativa a ingresos, correspondía una tasa de
indigencia de la población del 10 por ciento.
Cuando ese mimo indicador lo ajustábamos a nuestra propia
información de ingresos, nos daba una pequeña diferencia: nos incrementaba la tasa de
indigencia a un 12 por ciento.
En el año 2011, el INDEC informa una Canasta Básica Alimentaria, para
un adulto equivalente, de 203 pesos, y ubica la tasa de indigencia, a fines del año 2011,
en el 2,1 por ciento; y cuando nosotros hacíamos la medición en nuestra propia
encuesta usando esa valoración de la canasta, veíamos que el 1,9 por ciento de la
población estaba en situación de indigencia. Es decir, casi ninguna diferencia o poco
significativa desde el punto de vista estadístico.
Sin embargo, cuando evaluábamos la incorporación de otro valor para esta canasta,
usando la evolución de los cambios en los precios, llegábamos a una Canasta Básica
Alimentaria, para un adulto equivalente, de 360 pesos; nuestro indicador de indigencia
casi se triplicaba ya que pasaba a ser del 5,4 por ciento de la población.
Esa misma situación ocurrió con el indicador de pobreza a partir de los
ingresos.
Cuando para el INDEC la población en situación de pobreza era del 7,4
por ciento, al medir nosotros la Canasta Básica Total, por adulto equivalente, de 720
pesos, la tasa de pobreza se ubica en el 21,9 por ciento de la población.
Este indicador sensible que importa evaluar la capacidad de consumo
que puede tener la población para acceder, a partir de sus ingresos, a un conjunto de
bienes y servicios fundamentales, tanto para la subsistencia como para el desarrollo
humano y social, efectivamente se estaría devaluando, afectando, degradando y
teniendo una muy pobre consideración o valoración del derecho de los pobres a no ser
pobres. Estamos generando, submidiendo o subreconociendo la existencia de la
pobreza. Esto afecta no solo el derecho a la información sino también el derecho al
reclamo de la población a no ser pobre o indigente, en la medida que alteramos las
estadísticas a partir de estos tipos de procedimientos.
Los modos en que se valoriza la canasta o los procedimientos
metodológicos utilizados por el INDEC para valorizar la canasta, no son conocidos, no
son transparentes y no han sido informados.

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Los modos en que esto impacta claramente sobre la línea de indigencia y
pobreza son conocidos desde el punto de vista metodológico; el problema es la
valoración de la canasta.
Al ser modificado este insumo fundamental, se altera -entre otros
indicadores económicos y sociales- este indicador tan sensible.
Para finalizar, quiero señalar que cuando evaluamos la evolución de
período 2004/2011, no sólo en los indicadores de indigencia y de pobreza se observa
esta clara divergencia que a partir de 2007 se acumula cada vez más, sino que también
se la advierte en otros dos indicadores. Ahora no tengo tiempo de presentarlos, pero se
encuentran en la página web del Observatorio de la Deuda Social.
Uno de esos indicadores, para cuya medición se toman trece ítems, se
llama “inseguridad alimentaria”. Ese ítem de inseguridad alimentaria, efectivamente
cayó en forma sistemática desde 2004 hasta 2006 ó 2007. A partir del año 2007 se
estanca ese indicador, llegando hoy por hoy a tener un nivel de inseguridad o riesgo
alimentario del 11,5 por ciento, a nivel general, y del 5,4 por ciento, a nivel de la
inseguridad alimentaria severa. Alrededor de ese valor va fluctuando.
Efectivamente, no se produjo una disminución de la inseguridad
alimentaria desde el año 2007 hasta el año 2011, a diferencia de la estadística del
INDEC que estaría marcando una caída sistemática de la tasa de indigencia y de
pobreza.
El otro indicador es la pobreza subjetiva, es decir, aquello que la
población reconoce en términos de que no le alcanzan los ingresos para cubrir
necesidades y consumos básicos.
Este indicador se estancó en un 30 por ciento de hogares a partir del año
2007, y ha variado entre 29, 30, 31 y 32 por ciento en el último año, casi sin variación
sistemática entre 2007 y 2011.
La situación del país que describen estos indicadores en cuanto a
estancamiento o barrera para atravesar el problema de la pobreza estructural, de la
pobreza alimentaria o de la pobreza en términos de calidad de vida, altera justamente el
diagnóstico. Por lo tanto, se alteran también las posibilidades de formular políticas y de
que los ciudadanos demanden por sus derechos.
Esto, en cuanto a inseguridad alimentaria, pobreza subjetiva e
indicadores directos de indigencia y pobreza medidos por ingresos, que describí hasta
hace un momento.
Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señor Andrés Nápoli.
Sr. Nápoli.- Señora presidenta: represento a la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales. Actualmente, dirijo todo lo que tiene que ver con el litigio del área del
Riachuelo, pero durante una década trabajé con todo lo relacionado a la cuestión de
litigio ambiental, donde el tema del acceso a la información ha sido una de las prédicas
fuertes que hemos trabajado en la fundación.
La fundación se dedica a la protección del derecho al ambiente. Voy a
hacer una revisión de lo que ha sido nuestra práctica para fortalecer la permanente
petición que tenemos en procura de la sanción de una ley de acceso a la información.
En materia ambiental, nosotros somos aventajados. La Argentina tiene
la ley 25.831 de acceso a la información pública ambiental, y además cuenta con la
ventaja y la suerte de que esa ley sea de presupuestos mínimos. Esto significa que,
como reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, se aplica de manera directa
en la Nación, las provincias y los municipios.
Ustedes saben lo que eso ha significado, en términos de ventaja, para
poder aplicar esta norma por parte de las comunidades originarias, por ejemplo, en
Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero o Formosa. Cuando uno tiene una norma con
esta ventaja para el acceso a la información pública, ya tiene un derecho consagrado
que puede hacer valer.

13. 13
La cuestión de la información en términos ambientales es muy
importante, porque como dice la última línea del gráfico que se proyecta en este
momento, en materia ambiental hay mucha incertidumbre. Todo es incertidumbre: no
se sabe si se contamina o no; no se sabe, por ejemplo, cuáles son los impactos de las
antenas de telefonía celular o de las actividades que pueden desarrollar las industrias.
Como siempre hay una gran incertidumbre, el Estado es el que puede, con su
información, comenzar a esclarecer estos aspectos y empezar a correr ese velo que
rodea la información ambiental, para brindar un poco de certeza, y además, para
ayudar a los vecinos fundamentalmente a ejercer el derecho a gozar de un ambiente
sano y a participar en los procesos de toma de decisiones.
El Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, establece que la mejor forma de tratar los temas ambientales
es con la participación de todos los involucrados, y prescribe además que los Estados
deberán garantizar, a nivel nacional, el acceso a la información y también el acceso a la
Justicia. Esto, que nosotros llamamos “principio de los tres accesos”, es lo que
claramente termina de cerrar este tema.
Desde nuestra organización venimos trabajando en estos temas desde los
años noventa, impulsando la consolidación del acceso a la información pública, y las
audiencias públicas, como complemento. En la primera década de este siglo, con otras
organizaciones hemos hecho infinidad de reclamos sobre este tema, e incluso hemos
firmado la declaración que se emitió hace pocos días.
Me parece que lo interesante es ver cuál ha sido nuestra experiencia en
cuanto a hacer valer una ley de acceso a la información pública ambiental. Nosotros
tenemos esta pequeña ventaja, no obstante lo cual esto no significa que con la ley
hemos solucionado todos los problemas. La ley es apenas un requisito inicial, pero lo
fundamental es vencer la cultura del silencio, la cultura del poder que tiene la
información y todo lo que ustedes ya conocen y en lo que han trabajado in extenso.
En verdad, la ley 25.831 nos ha permitido avanzar en ese sentido, y
hemos hecho algunos ejercicios que tienen que ver con indicadores de acceso a la
información pública.
Con esto quiero decir que, además de la ventaja de la norma, tenemos la
ventaja de la práctica. En la primera columna del gráfico que aparece en la pantalla
vemos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la OPDS –que es el organismo de la Ciudad de Buenos Aires-, a la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y al Consejo Federal de Medio Ambiente.
La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de acceso a la información
pública desde hace más de quince años. Fue una batalla muy importante que se dio al
principio, en cuanto a poder acceder a la información pública. Pero a partir de la
cantidad de acciones que presentaban los vecinos, las organizaciones, etcétera, y la
cantidad de litigios que se generaron, la ciudad claramente fue mejorando su
performance. No en vano figura allí esa columna, con los datos correspondientes a los
años 2010 y 2011, y aclaro que hemos hecho el mismo ejercicio para todos los
organismos.
Sin embargo, todavía siguen existiendo diferenciaciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, un pedido de información es
tratado en forma diferente según que lo presente un vecino o una ONG, pues a esta
última le responden y a aquel no. Este es un dato muy interesante a tener en cuenta.
La Ciudad de Buenos Aires está muy organizada, y de hecho, tiene una
oficina de acceso a la información pública. Cuando uno presenta un pedido de
información sobre temas ambientales, generalmente lo llaman y le preguntan qué es lo
que está pidiendo, para saber claramente si se está yendo en una dirección o en otra; en
fin, son todos temas que se han podido pulir en este tiempo. Sin embargo, eso no nos
permite superar lo que es la cultura del silencio.
Ustedes están trabajando en la necesidad de acceder a la información
pública y en la sanción de una ley al respecto, que es lo que nosotros denominamos “el
acceso a la información pública en expediente”, es decir, poder acceder al expediente, a
la información que tiene el Estado, preguntar a los funcionarios determinados temas y

14. 14
que ellos contesten. Pero hay otros elementos que seguramente aquí van a ver: los
datos públicos, los datos primarios del Estado y la necesidad de relación entre las
personas que viven en el territorio con el organismo público, que creo que se debería
comenzar a pensar.
Por eso analizamos el tema del Riachuelo como un caso donde la información pública
es una herramienta estratégica. ¿Qué se logró desde el año en que la Corte Suprema
dictó sentencia? Sin lugar a dudas, información; si se me permite daré algunos datos.
Cuando a la secretaria de Medio Ambiente se le preguntó en 2007
cuántas industrias estaban asentadas a orillas del Riachuelo, su respuesta fue “cuatro
mil”. A partir de aquel caso, pudimos saber que en realidad son once mil, de las cuales
mil doscientas son agentes contaminantes y deben ser controladas.
Hablamos de una herramienta claramente estratégica. Entonces, además
de observar la ley, debemos comenzar a analizar todos aquellos elementos de carácter
técnico que permitan a la gente relacionarse más allá del pedido de información. Es
decir, que le den la posibilidad de relacionarse con los organismos públicos a través de
los datos primarios o abiertos que tiene el Estado.
A partir de la tarea efectuada por las organizaciones que, de alguna
manera, intentamos ejercer cierto tipo de control sobre este complejo caso, surge el
sitio web www.quepasariachuelo.org.ar; si ingresamos, podemos ver que hay un menú
donde cada opción tiene su color: uno para industrias, otro para basurales, otro para
asentamientos y finalmente uno distinto para alertas territoriales. Sobre esta última
opción, resaltada en color amarillo, luego voy a hablar porque me parece muy
interesante tenerla en cuenta para progresar en el dictado de una norma.
En el sitio podemos encontrar información sobre aquellas mil doscientas
industrias que, a nuestro juicio, deben ser controladas.
A esto debemos agregar la existencia de una plataforma de monitoreo
online, cuyo objetivo es visualizar la problemática del Riachuelo. ¿Por qué en
cuestiones ambientales la información es importante? Si analizáramos el caso del
Riachuelo como si se tratase de cualquier cuestión ambiental, se transformaría en un
problema oculto; nadie lo vería. Si pregunto dónde está el Riachuelo, seguramente la
mayoría respondería que en el puente de La Boca, cuando en realidad ocupa 2.200
kilómetros cuadrados y afecta a 5 millones de personas, ya que comprende un conjunto
de barriadas del conurbano bonaerense. Hay mucha gente que necesita hacer visible su
problema.
¿Cuántos barrios hay en la provincia de Buenos Aires que sólo pueden
llevar sus reclamos ante la industria que contamina o el periódico local, con lo cual la
noticia no trasciende y no nos enteramos? Eso transforma el problema en algo oculto.
Para nosotros es muy importante que la gente pueda informarse,
reportar, decir lo que le pasa. En suma, que pueda trascender. Hay un conjunto de
problemáticas muy calientes vinculadas, por ejemplo, con la relocalización de las
poblaciones asentadas en la cuenca. La gente tiene muchos reclamos y mucho para
decir, y la información es un vehículo para que pueda alcanzar ese objetivo.
Por las razones expuestas, solicito a los señores diputados que cuando
sancionen la ley contemplen estas situaciones y traten de encontrarles una solución.
(Aplausos.)
Sra. Presidenta (Alonso).- Antes de conceder el uso de la palabra a la señora Marta
Oyhanarte, quiero dar la bienvenida a las señoras diputadas Graciela Ocaña y Patricia
de Ferrari Rueda, que pertenece a la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba
y se enteró de esta convocatoria por el e-mail enviado a todos los diputados.
Tiene la palabra la señora Oyhanarte.
Sra. Oyhanarte.- Señora presidenta: en primer lugar, agradezco por esta oportunidad
de reunirnos para reflexionar y exponer sobre nuestras experiencias respecto del
derecho de acceso a la información.

15. 15
Soy abogada y mediadora, y me desempeñé como subsecretaria para la
Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, es decir, como autoridad de
aplicación del decreto 1.172/03.
Actualmente, soy miembro de la comisión directiva del Comité de
Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas. Las veinticuatro personas que integramos el comité no representamos a
nuestros países. Fuimos seleccionados por antecedentes para ocupar ese lugar que, a mi
entender, es de privilegio, porque nos permite estudiar las administraciones públicas
de distintos países, ver en qué aspectos funcionan bien y cuáles se podrían replicar.
Habiendo sido autoridad de aplicación del decreto 1.172/03, no puedo
dejar de hablar sobre lo que dicha norma significó. Como es sabido, el decreto fue
producto de la Mesa de Reforma Política del Diálogo Argentino, de la Oficina
Anticorrupción, del Foro Social para la Transparencia, de un conjunto de ONG y de la
propia subsecretaría.
Cuando esa norma fue sancionada en diciembre de 2003 supimos que
hasta ahí había ocurrido lo más fácil, es decir, la norma: algo modesto, por supuesto,
como es un decreto, pero importante porque abarcaba a todo el Ejecutivo nacional.
Entonces, decidimos realizar un abordaje sistémico, que es lo que debe
hacerse en la implementación de toda norma, sobre todo las que tienen tanta relevancia
como ésta.
Ello significó que organizáramos una red de enlaces dentro del Ejecutivo
nacional, que llegó a constituirse, aproximadamente, con doscientas cincuenta
personas amigables a la idea de esta cultura de la transparencia. Nos reuníamos
periódicamente con ellos, llevábamos registros de los casos y estadísticas, buscábamos
criterios orientadores, interpretación de la normativa vigente para que no colisionara
con el decreto 1.172, etcétera.
Hicimos muchos cursos de capacitación que fueron recibidos por cientos
de funcionarios; la mayoría de ellos manifestaron su entusiasmo y compromiso. Luego,
también creamos un sitio web y dimos herramientas de facilitación. Armamos un
sistema de acceso electrónico, a imagen y semejanza de Infomex, que se iba a llamar
“Informar” –hasta el nombre nos salía redondo. Elaboramos con distintas áreas de la
administración pública nacional un proyecto muy completo, teniendo en cuenta los
cinco años de experiencia que habíamos podido acumular; trabajamos con gobiernos
locales, y hubo réplicas de normativas de acceso a la información. Así, muchos
sancionaron ordenanzas, y algunos gobiernos provinciales emitieron decretos como el
1.172.
Podría seguir mencionándoles algunas de las cosas que hicimos. Por
ejemplo, trabajamos mucho con organizaciones no gubernamentales, y acá hay algunas
que saben que en todo momento tratamos de articular.
Como ustedes también saben, la Subsecretaría para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia ha sido mandada a cumplir con otros
menesteres; por consiguiente, este trabajo ha sido discontinuado.
En relación con la situación actual de esta temática que es tan
importante, tengo dos comentarios para hacer y una reflexión, para ver cómo se sigue.
El primer comentario es malo –empiezo por éste- y tiene que ver con que
la decisión política –ustedes lo saben- es no dar información. Por consiguiente, soy
bastante escéptica en cuanto a que este proyecto pueda llegar a tener la sanción que
necesitaría para convertirse en ley antes de fin de año. Es lamentable que una vez más
esto se postergue, pero esta es la realidad.
El segundo comentario, que es bueno, apunta a indicar que todo lo que
se hizo está latente. Estas cosas, cuando se siembran, quedan; algunas florecen y otras
permanecen ocultas. Nosotros trabajamos con cientos de funcionarios de planta
permanente, que siguen estando allí y manifestaban de buena fe su compromiso con la
cultura de la transparencia.
No hay que olvidarse de esto porque está latente, al igual que las
interpretaciones normativas. Si ustedes ingresan a la página de Jefatura de Gabinete de
Ministros -parece realismo mágico pero es así-, en la parte de acceso a la información,

16. 16
van a ver la lista de los enlaces, la normativa vigente en distintos lugares de la
República, los formularios de acceso a la información y también encontrarán todo lo
referido a las reuniones y audiencias de los funcionarios. Eso es parte del decreto 1.172
y está íntimamente ligado al acceso a la información.
Por supuesto, van a ver que su cumplimiento es caótico y hasta
provocador en algunas de sus cosas, porque algunos cumplen, otros no cumplen, otros
ponen disparates porque no hay una comprensión –o hay y no se tiene en cuenta- de lo
que es una gestión de interés; pero lo más importante –que insumió mucho tiempo- es
la plataforma, que está. Creo que hay que tener conciencia de todas las cosas que están
y que en algún momento pueden recuperarse.
En cuanto a qué se puede seguir haciendo, lo cual finalmente es el
motivo de estos encuentros, diré lo siguiente.
La cultura de la transparencia, de la que el acceso a la información es un
componente esencial, es directamente proporcional a la cultura cívica de la ciudadanía
y a la calidad del sistema democrático.
La cultura cívica es mínima. Las Naciones Unidas, en su informe sobre
desarrollo humano en la Argentina, de 2002, muestran que el 1 por ciento de la
población asocia la información como un derecho importante inherente a la
democracia.
Oportunamente, desde la subsecretaría hicimos un trabajo de campo
muy intenso para evaluar la calidad de las prácticas democráticas en los municipios
junto con consultores relevantes e incluso con universidades -aquí hay personas que
han participado en esos programas-,2 y reconfirmamos el dato de que la gente no sabe
lo que es el derecho de acceso a la información.
En nuestro trabajo, que fue de 2002 a 2008, ese guarismo del 1 por
ciento había subido al 1,5 por ciento, y no creo que en la actualidad haya cambiado
demasiado.
De ese porcentaje, sólo una mínima parte sabe de qué manera ejercer el
derecho de acceso a la información. Quiere decir que acá hay una enorme tarea por
hacer en cuanto a la cultura cívica.
En lo relativo a institucionalidad democrática, ustedes saben que las
instituciones se encuentran estalladas; si medimos la calidad de la democracia por la
calidad de sus instituciones, es decir, las reglas de juego que una sociedad se da para
organizar su vida pública y los mecanismos para hacer cumplir esas reglas de juego,
huelga decir que estamos muy mal.
Como punto final y recomendación, entiendo que además de repetir este
tipo de encuentros, deberíamos llevar este tema afuera, es decir, hacer docencia.
En el proyecto que elaboramos sobre ley de acceso a la información -que
distribuí entre muchos diputados ya que el proyecto fue realizado con dineros públicos
y por consiguiente es público- habíamos incorporado un artículo que disponía que el
Ministerio de Educación –aunque la ley federal de educación ya lo determina- debía
incorporar en el currículo cuestiones relativas a la educación como derecho
fundamental.
Esta tarea de afuera, que las organizaciones no gubernamentales pueden
hacer, así como también puede llevarse a cabo desde el ámbito académico y el
Parlamento, implica transmitir a la gente cuál es la utilidad del acceso a la información.
Es decir, por qué es un derecho humano.
Los derechos humanos, entre tantas características, tienen la de ser
interdependientes. Es decir que si se viola un derecho humano, esa violación se
multiplica en cantidad de violaciones a otros derechos.
El derecho de acceso a la información es fundamental y, a su vez, es un
derecho instrumental para ejercer otros derechos, ya sean políticos, económicos o
sociales, y su violación es gravísima.
Entonces, hay que salir a explicar a la gente en qué la afecta, con casos
concretos, con expresiones que tengan que ver con lo que cada uno puede hacer, para ir
aumentando el interés y generar la demanda o la presión suficiente para que esa ley y
ese derecho se impongan de una vez. (Aplausos.)

17. 17
Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señor Ricardo Brom, de Nación Data.
Sr. Brom.- Señora presidenta: soy gerente de Tecnología y Seguridad Informática del
diario La Nación. No estoy acá en ningún rol periodístico; de hecho, no tengo nada que
ver, porque soy ingeniero en electrónica, pero formo parte de un grupo que se creó hace
un par de años, que tiene que ver con el periodismo de investigación basado en datos.
Acá tengo una breve definición de lo que es el periodismo de
investigación basado en datos, sacada de Wikipedia, en donde rápidamente hablamos
de los datos como materia prima del fin, que es contar una historia, y toda la cadena de
valor que hay en el medio, que permite agregarle un valor creciente para el público.
Los datos solos, por su cuenta, no son nada; necesitan un trabajo de
filtrado, de análisis, muchas veces de comparación con otras fuentes de datos, una
visualización, y finalmente, contar la historia. Estos datos crudos por sí solos pueden o
no decir nada.
Entonces, el desafío para esta nueva rama del periodismo que se llama
periodismo de investigación basado en datos, tiene que ver con contar una historia a
partir de los datos. Por lo tanto, huelga decir la importancia que tienen los datos.
Nosotros podemos visualizar como un iceberg la cantidad de datos visibles en la
superficie y suponer lo que hay en la profundidad.
Por un lado tenemos la tecnología –que es software comercial o software
abierto-, que se suma al talento de personas provenientes de diversas disciplinas. De
hecho, el grupo que estamos trabajando en periodismo de investigación basado en
datos está conformado por personas provenientes de muchas disciplinas absolutamente
diferentes.
Como decía, la tecnología se suma al talento de gente proveniente de
diversas disciplinas, y permite sacar a la superficie conclusiones que no estaban a la
vista.
En definitiva, si miramos lo que nosotros llamamos “el ciclo de vida de
los datos”, por un lado tenemos los datos, el periodista que investiga toda esa
información y un proceso que se debe hacer con esos datos -que obviamente tuvieron
que estar disponibles primero-, de adaptación, de formateo. En efecto, muchas veces
esos datos vienen en un formato que no es amigable para quien lo va a analizar, sea o
no periodista.
En definitiva, una vez que se terminó ese análisis periodístico, a partir de
esos datos, se llega a las noticias que vemos en los diarios o en los dispositivos móviles
de distinta naturaleza.
Para el periodismo de investigación, la base de análisis es lo que se llama
“dataset”, y al respecto hemos traído algunos ejemplos concretos. Para el tema de
subsidios al transporte de pasajeros conseguimos información pública de la Secretaría
de Transporte, a partir del subsidio que se llama SISTAU, del subsidio al gasoil que se
entregaba a las compañías de transporte, y acá tenemos algún ejemplo de los 1.600
archivos en PDF que subían todos los meses y que afortunadamente existían. En ese
sentido hay que sacarse el sombrero, porque la información estuvo disponible.
Pero acá vemos que estos documentos están en archivos PDF de hasta
1.200 filas y 21 columnas. El jefe de Economía y otros periodistas que trataron de sacar
algo en limpio de esta información, pasaron meses abriendo documentos, anotando en
una planilla de Excel, cerrándolos y abandonándolos. Finalmente, cuando hicieron la
propuesta a este grupo de periodismo de investigación basado en datos, nosotros
empezamos a traer la tecnología para recuperar esos 1.600 archivos, procesarlos,
prepararlos -convertirlos de PDF a Excel-, y en definitiva, poder presentar un informe
de este tipo, que es un documento consolidado, mensual y anual, sobre los tres
subsidios que se pagaba a todas las empresas de transporte.
De esta información pudimos extraer un dato que ignorábamos: el pago
de 4.260.000 dólares diarios en efectivo, en cash, en concepto de subsidio sólo al
transporte público de pasajeros. Es decir que faltaría agregar el transporte fluvial y los

18. 18
ferrocarriles. Durante muchos años nos sorprendimos porque los ferrocarriles
arrojaban una pérdida de un millón de dólares por día, pero resulta que ahora estamos
hablando de 4.260.000 dólares.
De la misma manera, es decir, con las mismas planillas e igual nivel de
complejidad, pudimos saber que se estaba subsidiando a las compañías de colectivos
con 55.361.000 litros de gasoil. Nuevamente, queda afuera toda la información
vinculada con el transporte fluvial y los ferrocarriles.
Asimismo, pudimos obtener alguna información que nos permitió
entender cómo ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo. Incluso, llegamos a
determinar cuánto recibió cada empresa. El Grupo Plaza, por ejemplo, recibió 64.000
metros cúbicos de gasoil; dado que un metro cúbico equivale a 1.000 litros, en
definitiva estamos diciendo que al Grupo Plaza le subsidiaron 64 millones de litros de
gasoil.
Hace instantes me referí al análisis de la información, al cruce de datos y
a los datasets. La relevancia que este procedimiento radica en que los datos pueden ser
obtenidos no sólo a partir de un grupo sino de varias fuentes. De la CNRT –es bueno
decir que la información existe-, tenemos la posibilidad de sacar permanentemente la
cantidad de vehículos que posee cada línea de colectivos. La empresa San Cayetano, por
ejemplo, cuenta con treinta y seis unidades. También es posible conocer el número de
patente de cada una.
Entonces, de alguna manera se podría hacer una especie de control
cruzado para determinar si todos los vehículos por los que se está cobrando un subsidio
están efectivamente en circulación.
Otro aspecto interesante de este trabajo es la participación ciudadana.
Dentro de Nación Data, una nueva sección de La Nación desde hace aproximadamente
seis meses, hay un micrositio dedicado en forma exclusiva a los subsidios a colectivos
en la Argentina. Contiene un montón de información que es modificada mes a mes, a
medida que la Secretaría de Transporte entrega datos actualizados. Los datasets se
pueden bajar; es decir que la gente puede descargar los mismos datos que nosotros
procesamos y hacer su propio análisis.
También quiero citar como ejemplo el caso de ADELCO –Acción del
Consumidor-, organismo que en estos últimos días se encuentra muy en boga. Nosotros
veníamos trabajando desde hacía varios meses con la información publicada por
ADELCO entre 2006 y septiembre de 2011 -es decir, hasta que deja de publicar sus
datos- sobre la canasta de veintiocho productos líderes. Sobre la base de ese trabajo, en
nuestro micrositio de “La Nación Data” también publicamos información que permitía
a la gente saber qué ocurría con el precio del arroz, del azúcar, etcétera. En otras
palabras, se podía ver cómo había evolucionado en el tiempo el valor de distintos
productos.
Recuerdo que algunos periodistas decían, por ejemplo, que el precio del
azúcar había quedado estabilizado durante mucho tiempo. Pero luego se liberaba,
cuando Moreno permitía volver a manejarlo libremente, y los que se mantenían eran
otros productos a los que se les fijaba un precio. Con el trabajo que nosotros
desarrollamos, se podía ver claramente la evolución de cada uno de esos productos.
En cuanto a APE, obtuvimos información –que también es pública-
sobre la asignación de los reintegros pagados a diferentes obras sociales. Se puede
calcular qué cantidad recibió, en concepto de subsidio, cada obra social. Sin embargo,
ese dato por sí solo no dice mucho; también se necesita saber, por ejemplo, el número
de afiliados que tiene cada una de ellas. Si ingresamos al sitio, es posible saberlo. Si
tomamos la Obra Social Ferroviaria, por citar un caso, podemos conocer la cantidad de
afiliados titulares, de afiliados familiares y el número total. Esta información nos
permite, de alguna manera, sacar distintas conclusiones.
En suma, el gran aporte para el público en general es que no sólo puede
analizar toda esta información sino también, a través de la visualización interactiva,
saber concretamente qué pasó con su obra social.

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Otro caso es el que tiene que ver con el funcionamiento de los
municipios.
La reforma administrativa financiera municipal hizo posible que los
municipios tuvieran la posibilidad de entregar información sobre sus órdenes de
compra. Las municipalidades de Bahía Blanca, de Mar del Plata y de Morón lo hacen,
pero no todos proceden así, tienen la posibilidad técnica de hacerlo. De manera que
ésta sería una fuente de consulta muy interesante. El gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tiene un sitio que está en evolución.
Finalmente, como reflexión, quiero hablar de los datos y de los no datos.
Muchas de las cosas que mostramos hasta ahora tienen que ver con los datos presentes,
que con mayor o menor complejidad podemos obtener.
Hay provincias que no presentan boletines oficiales o lo hacen un solo
día; algunas los entregan de manera gratuita; otras, sólo por suscripción, y otras no lo
tienen online ni impreso. Hay municipios que no ofrecen online datos de su gestión
administrativa.
Hay que destacar el caso ejemplar de la Auditoría General de la Nación.
Tenemos cinco mil y pico de informes que son impecables y que nos permiten muchas
veces el cruce de información entre un dataset y otro: La Oficina Anticorrupción
prácticamente nada tiene.
El dato en sí mismo es importante, pero también lo es el formato. Como
decía, hay documentos PDF escaneados que no permiten su copia o su impresión. De
manera que hay que estar registrando datos o hacer correr procedimientos técnicos
para convertir los archivos a texto, o las tablas o cuadros a Excel, etcétera.
Acá hay un ejemplo del Sistema Sur, que se creó hace un par de semanas,
donde hay un montón de información, decenas de tablas y cuadros que teneos que
recuperar a mano.
Por otro lado, los datos son la materia principal para el periodismo de
investigación denominado “periodismo de base de datos o data journalism”.
También son datos lo que se entrega a la sociedad, no sólo a los lectores
como resultado de las investigaciones. Los datos son el medio para mejorar la calidad
de las instituciones por medio de transparencia o para hacer periodismo de
anticipación.
Citando la frase del creador de internet, en la capacidad de analizar los
datos está el futuro del periodismo. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra la señora Romina Colman.
Sra. Colman.- Señora presidenta: soy responsable de producción de datos del diario
La Nación, estoy en el equipo de L&M Data, y además soy activista por el acceso a la
información pública acá en la Argentina, Latinoamérica y en algunos países del mundo.
Tengo más de ciento cincuenta pedidos de acceso a la información en la Argentina,
México, Chile, el Banco Mundial, e incursioné recientemente en Noruega. De manera
que voy probando los distintos sistemas viendo cómo funcionan y cuál es la respuesta
ciudadana.
Lo que hoy les vengo a contar es qué pasa cuando vamos al “escritorio”,
es decir, cuando nos acercamos a los organismos públicos a pedir información. Esto es
lo que no muchas veces se cuenta, quedándonos siempre en el análisis del tema desde
el punto de vista político o jurídico.
Voy a dar algunos datos estadísticos que solicité a la subsecretaría a
través de pedidos de acceso a la información pública.
Desde la entrada en vigencia del decreto hasta junio del 2010 se
presentaron 3.374 solicitudes de acceso a la información pública. Durante 2011 fueron
presentadas 1.009 solicitudes de acceso a la información pública, que son 2.067
preguntas o casos –este pedido de acceso a la información pública me lo respondieron
el viernes pasado-, y entre enero y marzo de 2012 hubo 94 pedidos.
Esto habla de una clara disminución en las solicitudes que se presentan,
con lo cual si la tendencia sigue, para diciembre no se va a superar siquiera lo de 2011.

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¿Cómo vive el proceso el solicitante? El primer desafío es la mesa de
entradas. ¿Qué es lo que pasa en la mesa de entradas? La información que está
publicada en la página web de Jefatura de Gabinete, por ejemplo, no siempre coincide
con el lugar donde se tiene que entregar el pedido.
Por ejemplo, en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, actualmente la Mesa de Entradas está en Balcarce, pero figura ubicada en
Hipólito Yrigoyen.
¿Qué es lo que hice? Ingresé un pedido de acceso a la información
pública para que actualizaran esa información y me dijeran si lo que está en la página
web es efectivamente lo que está vigente.
La respuesta que me dieron es la siguiente: “Los datos que figuran están siendo
actualizados y serán modificados una vez recibida la totalidad de la base actualizada.
Esto se debe a la nómina de actualización permanente”.
¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hasta que no reciban la nómina de
actualización permanente, con la red de enlaces y sus mesas de entradas, no harán la
publicación; pero por otro lado hay rotación permanente de personal.
Esto es clave y sumamente importante. Mi primera barrera a superar –
aunque prefiero hablar de desafío- es saber dónde tengo que acercar mi pedido de
acceso a la información pública.
En la recepción de la solicitud, en muchos casos no se entrega el número
de expediente y trámite al momento de la presentación. Esto es un claro problema e
inconveniente. ¿Por qué? Yo soy de los que reclaman por teléfono. Dejo pasar los diez
días hábiles que estipula el decreto y empiezo a llamar por teléfono. Lo primero que
pregunto en mesa de entradas es por el número de expediente de la solicitud, pero en
muchos lugares no me lo dan; de manera que no tienen registro del ingreso de ese
pedido de acceso a la información.
También hay un desconocimiento general del decreto 1.172. Suelen
preguntarme de dónde vengo o me dicen que tengo que hacer una nota formal dirigida
al director. Por ejemplo, en Boletín Oficial de la República Argentina hasta han querido
imprimir el decreto 1.172. Tuve que hablar con la jefa de Mesa de Entradas y explicarle
que iba a entregar una solicitud de acceso a la información pública.
Si bien el decreto dice que no debe contener ninguna formalidad, me
exigían presentar una nota formal dirigida al director. De manera que tuve que hablar
con cuatro personas para que me receptaran mi pedido de acceso a la información.
Un problema periodístico que tenemos en el diario es que generalmente,
cuando vamos a mesa de entradas, puede ser que tengan una lista; entonces,
automáticamente “salta” en el sistema que tenemos que hablar con el área de prensa.
No debe ser así. El derecho al acceso a la información pública es un derecho humano
fundamental. No importa si soy periodista, médico o ciudadano. Por eso, también
prefiero hablar de “toda persona” -no de “ciudadanos”-, sea nacional, residente o
extranjera, porque todos tenemos derecho a pedir información.
En una ocasión, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto me
pidieron que indicara a qué dependencia del ministerio iba dirigido mi pedido. Lo
desconozco. Para eso dirijo la solicitud al responsable del acceso a la información
pública. Es claro que si yo puedo colaborar y conozco la dependencia a la cual tengo que
dirigir mi pedido de acceso a la información, como solicitante me pongo a disposición y
así lo indico en mi pedido para facilitar su trámite interno; pero el solicitante no tiene
por qué saber a qué parte de ese ministerio o de otra dependencia del Poder Ejecutivo
nacional debe direccionarse el pedido.
Por otro lado, es muy importante la necesidad de generar una cultura de
servicios. ¿A qué me refiero con esto? Me ha pasado de ir a organismos públicos
estatales y encontrarme con carteles que dicen: “Si no tiene nada que hacer, no lo venga
hacer acá”. (Risas.) Eso es grave. O por ejemplo, carteles que dicen: “A partir del 31 de
julio de 2012 se cobra la reproducción de copias”. El decreto 1.172 dice que en tanto y
en cuanto éstas puedan darse gratuitamente, son gratis.

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Otro desafío se relaciona con el término de diez días hábiles dentro del
cual debe proveerse la información. Hay un uso generalizado del pedido de prórroga,
cuando éste debería ser excepcional, como lo estipula el decreto 1.172.
Vengo haciendo pedidos de acceso a la información desde hace cinco o
seis años. Les voy a graficar algunos casos.
Un pedido en el año 2010 a la Jefatura de Gabinete. No sé si llega a leer
en la pantalla. Lo que dice, básicamente, es que el expediente se encuentra en estudio
en el área técnica correspondiente. No se está fundando la prórroga.
En el año 2011, fueron cuatro los pedidos de acceso a la información
pública. En el margen superior de la pantalla figuran los números. La respuesta es la
misma: “Le informo a usted que el expediente se encuentra en estudio en el área técnica
correspondiente”.
En 2012, recientemente, presenté cinco o seis pedidos de acceso a la
información con la misma respuesta. No se está fundamentando por qué se requiere
más tiempo.
Acá quiero hacer una breve acotación. Considero que diez hábiles es muy
poco tiempo para responder. En primer lugar, por el estado de los sistemas de archivo
de la administración pública federal, y en segundo término, porque viendo las
reglamentaciones internacionales de México, Chile o del Banco Mundial, por ejemplo,
son veinte días hábiles. Se precisa tiempo para encontrar la información.
De modo que hay una falta de fundamentación explícita de los motivos
del uso de la prórroga y demora sustancial en la notificación. Generalmente, la
comunicación de prórroga me llega cinco días después, y la fecha de la carta dice que
cumple con el período que estipula el decreto 1.172.
Hay una necesidad de seguimiento del pedido uno a uno, mediante un reclamo
personalizado. Créanme que he pasado hasta una hora reclamando pedidos
telefónicamente, y si no, me dirijo a la mesa de entradas a reclamarlos.
Esto, como consecuencia, ha traído una nueva variedad de perfil del
solicitante. ¿Quiénes somos los que pedimos información? Las ONG, los periodistas,
yo...
Sra. Presidenta (Alonso).- Los diputados. (Risas.)
Sra. Colman.- El tema es que la información no está bajando a la ciudadanía, y esto es
grave.
El tercer desafío se refiere a las respuestas, que en muchos casos
contienen explicaciones no solicitadas. Las he encontrado a montones. Yo pregunto
escuetamente, y si son varias consultas, ingreso distintos pedidos de acceso a la
información, pero me encuentro con información que nunca solicité.
Otras características son: la necesidad de repreguntar; procesos que
desalientan la presentación de pedidos, e indicaciones poco específicas. No hay
asistencia al solicitante. Por ejemplo, se le dice “Esa información se encuentra
publicada en la página web”.
He pasado dos horas buscando información, para ver si estaba
publicada, antes de hacer un pedido, porque este es el último recurso. No se encuentra
publicada, y la respuesta no es específica.
Otra característica es el envío de respuestas por carta documento. Esto
me parece importante destacar. Como tengo tantos pedidos, a mí no me asusta que me
manden cartas documento para notificarme, pero para la ciudadanía en general resulta
chocante recibir una carta documento. Entonces, hay que cuidar los procedimientos. Si
se puede mandar una carta certificada con acuse de recibo, es mejor utilizar ese
mecanismo.
En cuanto a la problemática actual, hay inconvenientes para acceder a
expedientes de contrataciones estatales. He pedido expedientes a la SIGEN y a la AFIP.
En el caso de la SIGEN, me fundamentan en el decreto 1.759/72, por el cual tengo que
demostrar un interés legítimo para acceder a la información en las actuaciones que

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tiene la SIGEN, de expedientes sobre contrataciones. En cuanto a la AFIP, se presenta
el mismo caso.
A modo de conclusiones, como bien dijeron expositores que me
precedieron en el uso de la palabra, la ley es únicamente el primer paso. Necesitamos
también un presupuesto acorde a su implementación. Yo probé muchos de los sistemas
extranjeros; el de México es excelente, pero tiene un presupuesto que se puede
manejar. Entonces, necesitamos presupuesto para garantizar la transparencia.
Además, se requiere un órgano autónomo y decisiones vinculantes.
Actualmente, la Oficina Anticorrupción emite recomendaciones. Si no se puede obligar
a los organismos, ¿por qué se va a entregar la información?
“La transparencia duele”. Esta es una frase de Alejandro Ferrerio Yazigi,
presidente del Consejo para la Transparencia, de Chile. Hay que generar anticuerpos.
Es necesario que tengamos casos testigo y que se discutan temáticas que van más allá
de la implementación de la ley.
Por ejemplo, ahora se está discutiendo en algunos países si los correos de
funcionarios públicos son públicos. Hace dos semanas, en Chile se declararon
reservados. En mi opinión, los correos de funcionarios públicos sobre asuntos públicos
y que informan sobre fondos públicos, son públicos.
Por otro lado, tenemos el tema de la transparencia activa. El pedido de
acceso a la información debería ser el último recurso. Yo no debería tener que presentar
un pedido de acceso a la información. La información debería estar disponible para el
solicitante.
Además, necesitamos un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la
información. Como bien decía Marta Oyhanarte, actualmente nosotros tenemos vigente
el préstamo 7.449 del Banco Mundial, sobre proyecto de modernización del Estado.
Dentro de ese préstamo, el subcomponente 4 tiene que ver con el acceso a la
información pública y prevé la creación de la Plataforma Informar. Según el último
informe del Banco Mundial, se espera una decisión política.
El año pasado yo presenté un pedido de acceso a la información para ver
cuánto se había ejecutado de este préstamo, y hablé con el gerente del Proyecto en
Washington. Para ellos no se había ejecutado nada. La Jefatura de Gabinete me
confirma que lo ejecutado son 57 mil dólares, y cuando pedí el listado de las acciones,
informaron que “se hicieron varias acciones”, sin dar otro detalle. Esto es importante y
grave.
También necesitamos un repositorio de pedidos y repuestas. Si yo
presento una solicitud y luego otra persona presenta la misma solicitud, es necesario
evitar trabajo al Estado. Entonces, debería haber un repositorio, de manera que si esa
respuesta ya se dio, esté disponible.
Ningún sistema es perfecto. Ahora hay problemas, por ejemplo, en
Irlanda, porque están aumentando mucho los costos para recibir las respuestas. La
única información que no se cobra es la concerniente a datos personales. El resto de la
información la debe pagar el ciudadano interesado, y ese es un problema para acceder a
la información.
Hace muy poco hice un pedido en Inglaterra, a través del sistema
“WhatDoTheyKnow”, que utiliza un software open source que se llama Alaveteli, y
básicamente pregunté sobre Malvinas. Todas las respuestas que da Inglaterra a las
solicitudes comienzan con “Gracias por su pedido de acceso a la información”, y cierran
con la siguiente frase: “Si usted no está conforme con la respuesta, acá están los datos
para que ingrese su reclamo”. Eso es cambio y eso es cultura. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Alonso).- Antes de conceder el uso de la palabra al próximo orador,
quiero agradecer a la señora Colman por preguntar al poder. Hay que preguntar al
poder.
A fin de que se vayan preparando, cumplo en informar que los próximos
oradores son el señor Alejandro Suárez, la señora Graciela Bevacqua, la señora Noel
Alonso Murray y la señora Natalia Gherardi.
Tiene la palabra el señor Suárez.

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Sr. Suárez.- Señora presidenta: si bien soy monitor de Libertad de Expresión del Foro
de Periodismo Argentino, he venido no en representación de FOPEA sino simplemente
como director del diario Mi ciudad, de Florencio Varela. Este periódico, que el año que
viene cumplirá sesenta años de aparición ininterrumpida, es el decano de la zona sur
del Gran Buenos Aires.
Siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, en Florencio Varela
nuestro intendente oculta toda la información que puede. Mucho antes de su
promocionado viaje a Disneylandia, quisimos averiguar sobre los gastos de él y de
algunos de sus funcionarios que han viajado al exterior a expensas de nuestro dinero.
Ese es justamente el fundamento de nuestro pedido: estas personas no viajan con su
plata sino con la nuestra.
En 2005, pedimos a la municipalidad que nos informe sobre algo tan
simple como su nómina de empleados. Asimismo queríamos saber qué tareas
desempeñaban, cuánto cobraban y sus lugares de residencia. La solicitud no era
capciosa, si tenemos en cuenta que en Florencio Varela los nombramientos son
bastante extraños. Aun hoy, después de veinte años de tener al mismo intendente, es
imposible saber qué función cumple su hermano en el gabinete, pese a que cobra su
sueldo todos los meses. Lo mismo ocurre con funcionarios que han estado presos por
estafar a los chicos a través del Consejo Escolar; siguen percibiendo dineros públicos y
nadie sabe en concepto de qué.
Cuando una persona va a la Municipalidad de Florencio Varela, puede
pensar que en realidad está en la Isla de la Fantasía, ya que hay chicas muy bonitas
atendiendo. Eso es porque la municipalidad elige año tras año a la reina de Florencio
Varela y luego, tanto a ella como a quienes son coronadas princesas, las incorpora a su
plantel de personal permanente. Digamos que por un lado es bueno, pero por el otro…
En 2005 presentamos un pedido a la municipalidad, pero nunca nos
contestó. Entonces fuimos a la Justicia y solicitamos un recurso de amparo; se tomó su
tiempo, tres años exactamente, y falló en nuestra contra. El Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes dijo que no teníamos derecho a acceder a esos datos y
además nos impuso las costas; o sea que tuvimos que pagar por querer informarnos.
Soy abogado –aunque soy más periodista que abogado- y creo que no
hace falta aclarar que esto contradice todos los principios fundamentales de la Justicia.
Nunca hubo de nuestra parte un interés pecuniario y jamás tendría que haberse
dispuesto que pagáramos por pedir información.
Apelamos la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, pero ésta le
dio la razón al juez de primera instancia. Entonces presentamos un recurso
extraordinario de nulidad e inaplicabilidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires. Por un error de nuestra abogada, venció un plazo de
notificación y el recurso cayó.
En medio de todo este asunto, la municipalidad publicó en su sitio web
la lista del personal junto con una información muy técnica que, si bien no satisfacía
nuestro requerimiento, al menos dejaba ver algunos nombres; por supuesto, sin
especificar los montos que cobran ni las funciones que desempeñan.
En Florencio Varela todo se maneja así, como si fuera un feudo; es
imposible acceder a la información. Se le puede preguntar al jefe de prensa, pero jamás
van a decir cuánto se paga por algo.
Sin embargo, hemos podido saber que la municipalidad alquila camiones
a una empresa que no tiene camiones, la que a su vez los alquila a otra que sí los tiene, y
que en ese pasamano se queda con una importante cantidad de dinero. Esto no es
ningún secreto y además tengo las facturas que comprueban lo que estoy diciendo.
Son situaciones de todos los días, y se podría afirmar que los pocos
concejales de la oposición jamás tienen acceso al análisis de los gastos porque recién les
permiten acceder a esa información dos días antes de la rendición de cuentas en el
Concejo Deliberante. Los hacen entrar a una habitación donde hay más de doscientos
mil papeles mezclados y les dicen: ahí están los gastos. Aunque es imposible encontrar