La reforma constitucional de 2011 en México tuvo el objetivo de dotar a la constitución de los elementos necesarios para garantizar la máxima protección de los derechos humanos y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en esta materia. Los tratados internacionales de derechos humanos ahora tienen carácter constitucional. La reforma también amplió el catálogo de derechos humanos al armonizar las normas nacionales e internacionales bajo el principio pro persona, garantizando la protección más amplia a la persona.