Boletín ceder

0 Vigila Perú – Arequipa Boletín Nº 03

VIGILANCIA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
Boletín de Vigilancia Nº 3
El Consejo de Coordinación Regional Gobierno Regional de Arequipa
Arequipa, octubre 2009
CEDER
El Boletín de Vigilancia Nº 3 El Consejo de Coordinación Regional Gobierno Regional de Arequipa
(Vigila Perú) es una publicación del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER, como
miembro del Grupo Propuesta Ciudadana.
Elaborado por:
Equipo Regional Vigila Perú en Arequipa:
Noel Abarca Begazo – Coordinador de Vigila Perú Arequipa (CEDER)
Carmen Mamani Huertas - Colaboradora
CEDER
Urb. Aurora F-13, Arequipa
Telf. 289405 E-mail: ceder@ceder.org.pe

INDICE El Consejo de Coordinación Regional
Presentación 3
I. Bases Legales 4
1.1. Ley de Bases de la Descentralización 4
1.2. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 5
1.3. El Consejo de Coordinación Regional -CCR 5
1.4. Funciones Específicas de los Gobiernos Regionales 6
1.5. Conclusiones 6
II. Elección de los Miembros del CCR, período 2007 - 2009 7
2.1. Convocatoria 7
2.2. Proceso Electoral 7
2.3. Instalación del CCR 8
III. Gestión del CCR 2007 - 2009 10
3.1 Funciones del CCR 10
3.2 Actividades del CCR 10
IV. Conclusiones 14
4.1. Sobre las Funciones Básicas 14
4.2. Sobre la Participación de los Alcaldes Provinciales 15
4.3. Sobre la Participación de la Sociedad Civil 15
4.4. Sobre la Gestión del Gobierno Regional 16
4.5. Conclusión General 16
Anexo - Organizaciones de la Sociedad Civil 17

PRESENTACIÓN
En estas oportunidad y continuando con la secuencia de los reportes regionales de VIGILA PERÚ, sobre
el avance del proceso de descentralización en la región Arequipa, se presenta el Boletín N 3 dedicado a
la experiencia del Consejo de Coordinación Regional- CCR.
Como producto de un cambio en la política institucional del grupo Propuesta Ciudadana para la
definición de los temas a tratarse en nuestra labor de vigilancia ciudadana, para la elaboración del
presente boletín se dejó en libertad a cada equipo regional para seleccionar el tema a tratar.
En nuestro caso se optó por la experiencia del Consejo de Coordinación Regional CCR , teniendo en
consideración que a través de los informes presentados en los meses y años anteriores, los resultados
de este proceso participativo fueron desalentadores en la perspectiva de llegar a construir un espacio de
concertación social, que fuera dando paso a un proceso de democracia participativa en la gestión
pública regional, con la inclusión de nuevos actores sociales representativos de la sociedad civil,
practicando un nuevo tipo de relaciones sociales y políticas que vayan poniendo término a la exclusión
social con todas sus implicancia negativas en el desarrollo humano.
A fin de llegar a este propósito se ha solicitado información al gobierno regional, se ha sostenido
entrevistas con miembros del CCR y se ha revisado las evaluaciones periódicas que sobre el tema se
desarrollaron en los reportes de Vigila Perú.
Es indudable, que poner en marcha los mecanismos participativos propuestos y amparados por sendos
dispositivos legales, no resulta nada fácil por la presencia de factores de carácter político, social y
económico, tanto estructurales como de coyuntura y las propias actitudes de los actores principales,
que al final se convierten en amenazas para el desenvolvimiento de estas reformas que trae el proceso
de descentralización en el país.
Surge siempre la pregunta del que hacer ante esta situación y para ello se debe hacer un esfuerzo de
análisis y sistematización de la experiencia, que nos permita identificar alternativas que ayuden a
reforzar esta propuesta de cambio.
Es el propósito de este documento y para ello se han desarrollado 4 capítulos que tienen que ver con el
aspecto legal, el proceso electoral, la gestión del CCR y las conclusiones sobre la experiencia del CCR
2007-2009.
Esperamos que este aporte, sea lo suficientemente motivador para que se asuman nuevas propuestas
que permitan superar las dificultades presentadas y encontrar las estrategias y voluntades
indispensables para cumplir y superar el rol que se le asigna al CCR.

CAPÍTULO I: BASES LEGALES
Desde el inicio de la elaboración del marco legal, con la reforma constitucional que establece el Consejo de
Coordinación Regional, y la Ley de Bases de la Descentralización, quedó corroborado como principio
fundamental, la asociación entre el proceso de descentralización y la participación ciudadana.
Sin embargo en el debate sobre la Ley Orgánica de las regiones en el Congreso, en su primera versión, esta
propuesta no fue incorporada al no alcanzar unanimidad, lo que motivó un nuevo debate con presión de la
sociedad civil, que logró el reconocimiento del CCR como espacio de consulta y coordinación, y que más
adelante fue ampliado a los gobiernos locales.
Con el propósito de poner en evidencia, la importancia que las principales normas legales que rigen el
proceso de descentralización, otorgan a la participación de los ciudadanos organizados en la gestión pública
de los nuevos gobiernos regionales, a continuación se desarrollan sus principales dispositivos.
PRINCIPIOS
Dentro de los 7 principios en los que se sustenta la descentralización, resaltamos el principio que sostiene que
la descentralización debe ser democrática, promoviendo la igualdad de oportunidades para el acceso a
mayores niveles de desarrollo humano y que la relación Estado y Sociedad debe basarse en la participación y
concertación en la gestión de gobierno.
OBJETIVOS
En el nivel político, un objetivo importante es la “participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión
en los asuntos públicos de cada región y localidad”.
En el nivel social se reitera el objetivo de “lograr la participación ciudadana en todas sus formas de
organización y control social”.
LAS COMPETENCIAS
En el artículo 10, sobre las competencias exclusivas y compartidas del gobierno regional, la ley le reconoce a
la sociedad civil la formulación y aprobación del plan de desarrollo regional concertado y su participación en
la concertación entre los intereses públicos y privados.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el Capítulo IV que se refiere a la Participación Ciudadana, el artículo 17.1 establece que “los gobiernos
regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación de sus planes de
desarrollo y presupuestos,” y el artículo 17.2 establece que “la participación de los ciudadanos se canaliza a
través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia, existentes.”
Queda claro que el proceso de descentralización democrática en el país, tiene una base fundamental, que es
el de la participación ciudadana en la gestión pública, en términos de planificación y vigilancia, para lo cual se
crean espacios de concertación como es el CCR.
1.1. Ley de bases de la Descentralización

El Consejo de Coordinación Regional
PRINCIPIOS RECTORES
Se especifican 14 principios, de los cuales destacamos el primero y el tercero que se refieren a la
participación y a la rendición de cuentas.
Sobre la participación, determina que “la gestión regional hará uso de instancias y estrategias concretas de
participación ciudadana, en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de
gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales.”
Sobre la gestión moderna y rendición de cuentas, determina que “incorporen a sus programas de acción,
mecanismos para la rendición de cuentas a la ciudadanía, sobre los avances, logros, dificultades y
perspectivas de su gestión.”
ESTRUCTURA BÁSICA
Los Gobiernos Regionales tienen como estructura orgánica básica, 3 órganos: el Consejo Regional (normativo
y fiscalizador), la Presidencia Regional (ejecutivo) y el Consejo de Coordinación Regional (consultivo y de
coordinación).
La propia ley orgánica, a través de sus principios y estructura orgánica, consolida la propuesta de la
participación ciudadana en la gestión de gobierno, para lo cual implementa un mecanismo participativo,
como lo es el CCR.
El Consejo de Coordinación Regional aprobado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N 27867,
con su modificatoria ley 27902, es reconocido como un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno
Regional con las municipalidades y la sociedad civil.
Está conformado por el Presidente Regional, los Alcaldes Provinciales de la Región y los representantes de
las organizaciones de la sociedad civil.
Se reúne ordinariamente 2 veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Presidente
Regional.
El CCR tiene 2 funciones principales, la primera, emitir opinión sobre el Plan Anual y el Presupuesto
Participativo Anual y la segunda, el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Sobre estas normas específicas, se ha llegado al proceso real, que como veremos a lo largo de este trabajo,
ha tenido diferentes resultados.
1.2. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
1.3. El Consejo de Coordinación Regional - CCR

En el capítulo II de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sobre las funciones específicas de los gobiernos
regionales en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, destaca la referida a la promoción de
la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de los programas de desarrollo e
inversión social en sus diversas modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones
de base involucradas.
• En síntesis, por el contenido del marco legal básico, como la Ley de Bases de la Descentralización y la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se desprende la decisión política del Gobierno Nacional, de
emprender un proceso de descentralización, que no se queda en lo técnico y administrativo, sino más
bien busca llegar a un cambio sustancial en el ejercicio de las decisiones políticas, económicas y
sociales, que se toman en las instituciones del estado, promoviendo la participación democrática de
las organizaciones sociales, en este caso a través del Consejo de Coordinación Regional.
Esto se observa en la declaración de principios y en los objetivos que se han formulado y que inciden
fundamentalmente en la participación ciudadana, no solamente en la gestión pública referida a
planes y presupuestos, sino en toda la gestión de gobierno.
También se reitera en forma específica que este ejercicio democrático debe llegar a labores de
fiscalización y de rendición de cuentas
• Al revisar las funciones específicas de los gobiernos regionales, y concretamente el tema referido al
desarrollo social, se les responsabiliza de promover la participación ciudadana en programas de
desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades, lo que debe interpretarse en el sentido de
que este ejercicio democrático no debe limitarse al presupuesto participativo, sino ampliarse a otros
espacios de concertación e iniciativas de la sociedad civil organizada que tienen que ver con el
desarrollo social, económico y cultural de la región.
• Es indudable que estos mandatos legales que buscan la apertura de un proceso democrático real y no
solamente formal, requieren de una fuerte dosis de voluntad y decisión, tanto de las autoridades
responsables como de la propia ciudadanía, que permitan avanzar superando contradicciones, en un
clima de cordura y respeto ante la diferencia de opiniones y reconociendo que esta reforma requiere
de nuevos actores sociales con el derecho de plantear sus problemas y sus propuestas y ser
considerados en las decisiones.
1.5. Conclusiones
1.4. Funciones específicas de los Gobiernos Regionales

Conforme a lo normado por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el CCR es un órgano que forma parte
de la estructura orgánica básica de los gobiernos regionales y está conformado por el Presidente Regional,
los Alcaldes Provinciales de la región y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
También establece que los representantes de la sociedad civil serán elegidos democráticamente por un
periodo de 2 años, por los delegados legalmente acreditados y que se encuentren inscritos en el registro
oficial del gobierno regional.
El CCR correspondiente al periodo 2005-2007, luego de una gestión, que en general se limitó a cumplir
formalmente con la emisión de opiniones sobre el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Presupuesto
Participativo, sin mayores iniciativas, cumplió su mandato por lo que se procedió a convocar para la elección
de los nuevos representantes de la sociedad civil.
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento para la inscripción, registro y elección de los representantes
de la sociedad civil ante el CCR, con fecha 8 de mayo del 2007 y a través de tres diarios de circulación
regional, se publicó la convocatoria a la inscripción de las organizaciones en el Libro de Registro Regional de
Organizaciones de la Sociedad Civil.
En esta norma se define con precisión el concepto de las organizaciones de la sociedad civil y el
reconocimiento de la asamblea de delegados. Destaca también el artículo 15 que dispone, que en la lista de
de candidatos, se respetará la cuota de participación de mujeres, en un 30% del total de candidatos.
Subsiste un nivel de ambigüedad sobre la representatividad regional de las organizaciones sociales, en un
espacio de concertación que es de alcance regional, lo que afecta el cumplimiento de sus funciones básicas y
capacidad de propuestas de visión e impacto regional.
Culminada la etapa de levantamiento de observaciones de las organizaciones inscritas, con fecha 30 de mayo
se publicó el Padrón Electoral Final, conformado por 30 organizaciones debidamente acreditadas para
participar en la elección de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional,
periodo 2007-2009 (Ver Anexo).
La participación de la sociedad civil, en cuanto a su representación social, mantuvo un equilibrio distribuido
entre los segmentos de organizaciones sociales y gremiales, de organizaciones de productores y de las
universidades colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
Destacan organizaciones como la Junta de Usuarios de Riego, la Sociedad Agrícola de Arequipa,
microempresarios, empresas industriales, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa,
Sindicato de Construcción Civil, Federación de Mujeres, Frente de Defensa de los Intereses del Cono Norte, la
Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica Santa María, Colegio de Arquitectos y Colegio
de Abogados, que por su institucionalidad garantizaban mejores condiciones para optimizar este proceso
democrático.
El lunes 4 de junio del 2007se eligió a los miembros del Comité Electoral, quedando conformado por los
señores Pedro Lajo Enciso, representante del Consejo Nacional de la Juventud, Carlos Palacios Guillén,
representante del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil y como miembro nato el Ing. Miguel Ángel
Ocharán Pichu, Gerente de Planificación del Gobierno Regional, en su calidad de Secretario Técnico del CCR.
2.2. Proceso Electoral
CAPÍTULO II: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
CAPÍTULO II: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL CCR PERÍODO 2007 - 2009
2.1. Convocatoria

El miércoles 6 de junio del 2007, el Comité Electoral convocó a los representantes acreditados para la
conformación de listas de candidatos. La asamblea optó por la conformación de una lista de consenso.
El domingo 10 de junio, se llevó a cabo el acto electoral, con la presencia de la representante de la Oficina de
Procesos Electorales – ONPE. Concluido el escrutinio se dio como ganador a la lista única con 16 votos válidos,
4 votos en blanco y 1 voto nulo, participando 21 electores de un total de 30 que fueron reconocidos.
En sesión realizada el 24 de julio del 2007 se procedió a la instalación del Consejo de Coordinación Regional,
periodo 2007-2009, que quedó conformada de la siguiente manera:
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 2007-2009
NOMBRE ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA
SOCIEDAD CIVIL
Representante 1
Abogado Juan Wálther
Velásquez Flores
Asociación de Adjudicatarios de la
Irrigación Majes Secciones D y E
Representante 2 Sr. Apolinar Cruz Quispe
Confederación Nacional de Gremios de
la Micro y Pequeña Empresa del Perú
Representante 3 Ing. Elisa Castañeda Huamán Universidad Nacional de San Agustín
Representante 4 Sra. Rita Macedo Guillén
Federación Regional de Mujeres de
Arequipa
Representante 5
Abogado. José Alvaro
Cárdenas Chamaná
Colegio de Abogados de Arequipa
AUTORIDADES
Representante 1
Dr. Juan Manuel Guillén
Benavides
Presidente del Gobierno Regional de
Arequipa
Representante 2
Sr. Simón Balbuena
Marroquín
Alcalde de la Provincia de Arequipa
Representante 3 Sr. Sergio Dávila Vizcarra Alcalde de la Provincia de Camaná
Representante 4
Sr. Jorge Modesto Cueva
Tejada
Alcalde de la Provincia de Caylloma
Representante 5 Sr. Gilder Edy Medina Collado Alcalde de la Provincia de Castilla
Representante 6
Sr. Miguel Angel Manchego
Llerena
Alcalde de la Provincia de Condesuyos
Representante 7 CPC. Miguel Román Valdivia Alcalde de la Provincia de Islay
Representante 8
Sr. Julio Pastor Totocayo
Gárate
Alcalde de la Provincia de La Unión
Representante 9
Sr. Camilo José Carcomo
Mattos
Alcalde de la Provincia de Caravelí
2.3. Instalación del CCR

Esta conformación, de parte de la sociedad civil, muestra la presencia de importantes instituciones como la
Universidad Nacional de San Agustín y el Colegio de Abogados, sumándose la representación de la Federación
Regional de Mujeres.
Por el lado de los productores y empresarios fueron elegidos representantes de los adjudicatarios de la
Irrigación Majes y la Confederación de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa del Perú, que también tienen
reconocida representatividad en sus sectores.
En esta sesión de instalación resalta la solicitud presentada por los representantes de la sociedad civil, sobre la
convocatoria a una reunión de todas las organizaciones sociales reconocidas a fin de establecer una agenda
para el desarrollo regional y la inclusión de los representantes de la sociedad civil en la Mesa de Diálogo con
representantes del Gobierno Nacional, para lograr el cumplimiento de compromisos contraídos con la región
Arequipa.
También se tomaron los primeros acuerdos, comprometiendo a la Presidencia para la conformación de
grupos de trabajo con el apoyo de la Secretaría Técnica, para cumplir con sus funciones principales y la
solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 982 que prohibe la participación de las
autoridades regionales y locales, en las movilizaciones de sectores sociales que se encuentran en conflicto.
Estas peticiones que se dan en la sesión de instalación, expresan la voluntad de los ciudadanos elegidos como
representantes de la sociedad civil, de ampliar las funciones de este espacio de concertación, buscando un
escenario de mayor alcance político y democrático.

Para analizar la gestión del Consejo de Coordinación Regional (CCR), se debe tomar como base las funciones
que se les reconoce en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y que ha continuación se transcriben.
• El Plan de Desarrollo Regional Concertado, con referencia especial a la visión general y a los lineamientos
estratégicos de sus programas.
• El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual
La misma ley delimita el alcance de la participación de los miembros del CCR, en el cumplimiento de sus
funciones, disponiendo que debe limitarse a emitir opinión consultiva y que no ejerce funciones ni actos de
gobierno.
Se observará más adelante, en el propio proceso, y siendo reiterativos, que desde el inicio de su gestión los
representantes de la sociedad civil presentaron iniciativas a fin de asumir nuevas responsabilidades acordes
con su representatividad social y sus propios puntos de vista sobre los proyectos estratégicos para el
desarrollo de la región, los que no tuvieron mayor receptividad de las autoridades regionales.
Para efectos de este trabajo se tomará en cuenta la gestión realizada por el CCR periodo 2007-2009, que
luego del proceso electoral fue instalado el 24 de julio del 2007.
Para dar cuenta de las actividades desarrolladas por el CCR, teniendo en consideración las funciones de su
competencia, nos remitiremos formalmente a las actas de las sesiones realizadas durante su gestión, que
han sido identificadas en el portal del gobierno regional, donde constan las agendas tratadas, los debates
producidos y los acuerdos a los que se llegaron.
A ello hay que agregarle las iniciativas que surgieron especialmente de los alcaldes provinciales y los
representantes de la sociedad civil, en la preocupación de darle una nueva perspectiva a la gestión del
desarrollo regional, con participación de la sociedad civil.
A fin de permitir tener un horizonte más amplio de este proceso participativo, que nos ayude a entenderlo
mejor, es conveniente procesarlo desde el inicio de su gestión hasta el presente año 2009, en que culminan
sus funciones.
AÑO 2007
Actas de las sesiones
En este periodo se realizaron dos sesiones extraordinarias, con fechas 10 y 21 de setiembre, la primera y 21
de noviembre, la segunda, las mismas que tuvieron como agenda 2 puntos específicos, el primero referido a
la solicitud de opinión sobre proyectos de inversión privada y el segundo, sobre el Presupuesto Participativo
2008.
La inclusión en la agenda, del punto referido a proyectos de inversión privada, obedeció al cumplimiento de
la Ordenanza 19, que ordena que el CCR debe emitir opinión sobre iniciativas privadas de inversión sobre
recursos y activos estatales.
3.2. Actividades del CCR
EL PR E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O D E L GO B I E R N O RE G I O N AL
D E AR E Q U I P A
CAPÍTULO III: GESTIÓN DEL CCR 2007 -
2009
3.1. Funciones del CCR

Sobre los 2 proyectos puestos a consideración del CCR, el primero, referido a la instalación de establos para
la crianza de ganado vacuno en terrenos del Proyecto Majes I, tuvo opinión favorable, tomando en cuenta el
informe técnico y económico favorable emitido por la Oficina de Promoción de la Inversión Privada, que
declaró su viabilidad.
El segundo, referido a la adquisición de tierras eriazas para la plantación de tunas, tuvo opinión desfavorable,
tomando en cuenta que existía la figura de legalizar actos de usurpación de tierras, producidos
anteriormente.
En la segunda sesión extraordinaria, que tenía como agenda el Presupuesto Participativo, luego de recibir el
informe respectivo y observaciones de los representantes de la sociedad civil, como el predominio de obras
de infraestructura, la ausencia de proyectos sobre la micro y pequeña empresa y la promoción de programas
sociales, se dio la opinión favorable.
Participación de los Alcaldes Provinciales
Son 8 los Alcaldes Provinciales que deben participar en las sesiones del CCR y que representan a las
provincias de Arequipa, Camaná, Caylloma, Castilla, Condesuyos, Islay, la Unión y Caravelí.
En la primera sesión solo participaron 3 Alcaldes, de las provincias de Arequipa, Castilla y Caylloma. Sobre la
inasistencia de los otros alcaldes no se dio ninguna justificación.
En la segunda sesión solo participó el Alcalde Provincial de Arequipa.
Sobre las intervenciones de los Alcaldes en las sesiones, consta la intervención del Alcalde de la provincia de
Castilla, quien manifestó su preocupación por la ejecución del proyecto del puente de Punta Colorada, que
no registra avance en el Presupuesto Participativo 2008.
También la intervención del Alcalde Provincial de Arequipa, quien solicitó conste en acta su preocupación
por la utilización del recurso hídrico en el proyecto privado de instalación de establos para la crianza de
ganado vacuno, así como por el número de asociados que conforman la Asociación de Agricultores y
Ganaderos los Pinos de Majes, responsables del proyecto.
Consta además otra propuesta suya, donde sugiere que el CCR debiera tener reuniones mensuales, con la
presencia de todos los alcaldes provinciales y el presidente del gobierno regional.
Participación de la Sociedad Civil
Sobre la participación de los cinco representantes de la sociedad civil en el CCR, que al margen de la emisión
formal de su opinión sobre el Presupuesto Participativo, plantearon propuestas o sugerencias con el interés
de superar y ampliar cualitativamente su participación y lograr mejores resultados en la solución de la
problemática regional.
Aquí algunas de las iniciativas que consideramos de mayor trascendencia.
• Tres integrantes de la sociedad civil en el CCR, representantes de la Universidad Nacional de San Agustín,
del Colegio de Abogados y la Asociación de Adjudicatarios de la Irrigación Majes, conformaron una
Comisión Especial encargada de revisar el expediente de un proyecto de inversión privada, y en base a su
informe, emitir opinión.

• El representante del Colegio de Abogados de Arequipa, informó sobre la iniciativa de realizar una reunión
con las organizaciones de la Sociedad Civil reconocidas por el GRA, así como la importancia de formar
grupos de trabajo para asumir sus responsabilidades y la elaboración de una Agenda Regional.
Solicitó además que en CCR deben también tratarse proyectos macroregionales y políticas regionales.
• Solicitud de información a la Oficina de Promoción de la Inversión, sobre las iniciativas de inversión
privada presentadas al GRA, a fin de tener en forma oportuna una opinión al respecto.
• Propuesta del representante de la sociedad civil en el Comité Técnico del Presupuesto Participativo, sobre
la elaboración de un Plan de Reordenamiento Territorial de cada una de las provincias con la perspectiva
de lograr un desarrollo equilibrado de la región Arequipa.
Estas propuestas no tuvieron el tratamiento que hubiera permitido su implementación, y que se explica, por
una parte, por la ausencia de vida orgánica permanente de este espacio de concertación, limitada a 2
reuniones anuales y también porqué no se logró constituir la Asamblea de la Sociedad civil que hubiera sido el
soporte de la representación social y la garantía para viabilizar sus propuestas, a pesar de que llevaron a cabo
2 reuniones convocadas por los representantes de la sociedad civil en el CCR.
AÑO 2008
En este periodo solo se realizó una sesión ordinaria con fecha 15 de diciembre y que tuvo como agenda la
opinión sobre el Presupuesto Participativo 2009.
Luego de las deliberaciones correspondientes, donde constaron recomendaciones como el cumplimiento de
los plazos establecidos para la elaboración del Presupuesto y la priorización de proyectos de saneamiento, los
miembros del CCR dieron su opinión favorable sobre el Presupuesto Participativo 2009.
Participación de los Alcaldes Provinciales
Los alcaldes provinciales de Camaná, Caravelí, Castilla y la Unión, que estuvieron presentes, coincidieron en
plantear que se tomara en cuenta como políticas de inversión regional, las propuestas de los municipios
como criterio de descentralización del presupuesto regional.
Finalizando la sesión, el Dr. Juan Manuel Guillén Benavides, Presidente Regional, informó que se mantenía una
política de equilibrio en las inversiones, fortaleciendo las relaciones con los gobiernos locales y propuso que
los alcaldes presentaran sus propuestas de proyectos, como recomendaciones al Presupuesto Participativo. Se
presentaron un total de 12 proyectos, al margen de las fases cumplidas en la programación del Presupuesto
Participativo.
La provincia de la Unión presentó 3 proyectos, con una inversión de S/. 15 millones; la provincia de Castilla
presentó 3 Proyectos por S/. 8 millones; la provincia de Camaná presentó 5 Proyectos por S/. 7 millones; y la
provincia de Caravelí, presentó 1 Proyecto por S/. 3 millones.
En esta sesión solo participaron 3 representantes de la sociedad civil, de las organizaciones de la Federación
de Mujeres, de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Micro y Pequeña Empresa, quienes se limitaron
a dar su opinión favorable sobre el Presupuesto Participativo, sin mayores iniciativas.

AÑO 2009
Sólo se ha realizado una sesión extraordinaria con fecha 4 de febrero del 2009, que tuvo como agenda la
Demanda Competencial contra el Ministerio de la Producción por parte del Gobierno Regional de Arequipa,
sobre autorización otorgada a empresas pesqueras en la provincia de Camaná.
Luego de los informes y de las intervenciones del Presidente Regional, alcaldes provinciales y los
representantes de la sociedad civil, por unanimidad se acordó aprobar la demanda competencial interpuesta
por el Gobierno Regional de Arequipa a consecuencia de las autorizaciones concedidas a las empresas
pesqueras para que se trasladen a la región Arequipa.
También se acordó que el CCR emita un pronunciamiento y se recomiende a la Municipalidad Provincial de
Camaná que revise las licencias concedidas y eventualmente se dicte la nulidad de oficio.
Esta sesión es la única que se ha realizado en el año 2009, quedando pendiente la convocatoria a una nueva
sesión que debe realizarse para recibir opinión sobre el Presupuesto Participativo 2010.
Participación de los Alcaldes Provinciales.
En esta sesión Extraordinaria participaron 4 Alcaldes, representantes de las provincias de Arequipa, Camaná,
Condesuyos, y la Unión.
El Alcalde de la provincia de Camaná, donde está localizado el problema planteado, consideró muy necesario
que el Consejo de Coordinación Regional a través de la emisión de su opinión, diera mayor fuerza a la
demanda competencial contra el Ministerio de la Producción.
Asimismo informó que se había firmado un convenio con la Universidad Nacional de San Agustín para la
elaboración de un estudio de impacto ambiental a partir de la actividad de dichas empresas.
Participaron en esta sesión los representantes de la sociedad civil, de la Asociación de Adjudicatarios del
proyecto Majes, de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados y de la Federación
Regional de Mujeres.
El representante del Colegio de Abogados, emitió su opinión respaldando la demanda competencial,
planteando recomendaciones sobre la necesidad de que el CCR esté informado permanentemente sobre el
estado y evolución de esta demanda.
También solicitó que se respete la representatividad del CCR, dando respuesta a pedidos presentados en
sesiones anteriores y que especialmente se retome el acuerdo de fortalecer este espacio de concertación.

Con los elementos recogidos en la breve sistematización de la gestión del Consejo de Coordinación Regional –
CCR, formularemos las conclusiones de nuestra labor de vigilancia ciudadana. Previamente es necesario hacer
una breve referencia introductoria.
El comportamiento institucional de los principales actores que dan vida al CCR, como son el gobierno regional,
los alcaldes provinciales y la sociedad civil y el cumplimiento del encargo que les da la ley, en búsqueda de la
democratización de la gestión pública regional con la participación de la ciudadanía organizada (CCR), ha
tenido diferentes reacciones, que si bien es cierto han logrado cumplir con las formalidades de las consultas,
no han logrado ponerse de acuerdo para fortalecer este mecanismo de concertación y darle una perspectiva
mayor, que alcanzara un trabajo más organizado en términos institucionales y con una agenda de desarrollo
más amplia que logre ir perfilando estrategias y políticas de consenso con amplios sectores de la población.
Se confirma una vez más que en este tipo de procesos que buscan cambios sustanciales en términos
sociopolíticos, son imprescindibles la conjugación de voluntades firmes y transparentes para lograr sus
objetivos.
A continuación presentamos nuestras conclusiones, tomando en cuenta la actuación de los principales actores
del proceso vivido por el CCR.
Aquí nos referimos a las 2 funciones básicas que le reconoce la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado
• El tema del Plan de Desarrollo Regional Concertado, al estar incluido en una de las fases para la
elaboración del presupuesto participativo, y donde participan básicamente solo los representantes de la
sociedad civil que integran el CCR, le ha restado su capacidad de propuesta orgánica.
Por esta razón, el cumplimiento de esta función específica, no ha logrado ser incorporado dentro de este
espacio de concertación, que puede tener un trabajo más sostenido y con mayor nivel de propuesta,
invitando a otras instituciones especializadas de la sociedad civil.
• Como resultado del proceso del presupuesto participativo y sobre el Plan de Desarrollo Regional
Concertado, han surgido dos corrientes de opinión, que van desde el balance realizado por el gobierno
regional el año 2008, donde se concluye que técnica y metodológicamente no debe abrirse la posibilidad
de cambiar, actualizar y modificar la visión y los objetivos estratégicos, anualmente; y el informe
presentado por el Comité de Vigilancia 2008, donde se solicita se actualice el Plan de Desarrollo Regional
Concertado; corroborado por el Comité de Vigilancia 2009, que agrega que no se pueden obviar amenazas
como los efectos del crisis económica, el cambio climático y el impacto de los Tratados de Libre Comercio,
en el proceso de actualización del PDCR 2003-2011.
• En consecuencia, la función del CCR sobre el Plan de Desarrollo Regional Concertado, tiene una situación
contradictoria que requiere de una definición más clara, que tome en cuenta las propuestas de los
Comités de Vigilancia, sobre la consideración oportuna de la evolución de los procesos sociales, políticos y
económicos en el país y que tienen impacto en la planificación del desarrollo regional, y no quedando en
un enfoque burocrático administrativo estático.
,
4.1. Sobre las Funciones Básicas
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

El Presupuesto Participativo
• El CCR participa formalmente en la convocatoria al proceso del presupuesto participativo y además
participa en todas las fases de este proceso, con la debilidad de que son los representantes de la sociedad
civil quienes tienen una información actualizada sobre el proceso y sus resultados, lo que no sucede con la
mayoría de los alcaldes provinciales por su ausencia en el proceso, así como del propio presidente del CCR
que igualmente no participa de este proceso.
Por estas circunstancias, no se ha logrado consolidar este órgano de concertación y coordinación, como
un espacio con un mínimo de vida orgánica y productiva, que responda al rol que se le ha asignado y
perfeccione su funcionamiento, construyendo un espacio de concertación ciudadana, con bases
democráticas.
• La asistencia de los alcaldes de las 8 provincias a las sesiones del CCR realizadas en el periodo 2007-2009,
solo llega al 50%, lo que indica la falta de motivación de estas autoridades, tanto en las agendas como en
las soluciones a las que se llegan en este espacio de concertación.
• El interés central de los alcaldes gira en torno a la aprobación de las inversiones vía la ejecución de
proyectos de desarrollo favorables a sus provincias, que no los encuentran en las sesiones del CCR, sino en
otros espacios como es el Presupuesto Participativo o por otros canales de comunicación más directos con
la autoridad regional.
• Otros temas de agenda del CCR, como fueron la aprobación de proyectos de inversión privada en la zona
del proyecto Majes I, ó el conflicto suscitado en la provincia de Camaná por la instalación de fábricas
harineras que han llevado a un conflicto de competencias entre el gobierno regional y el gobierno central,
tampoco merecieron una mayor participación de los alcaldes.
• Su participación para dar opinión sobre el Presupuesto Participativo, solo constituye una formalidad que
no alcanza mayor trascendencia en un proceso que busca llegar a decisiones democráticas participativas.
• La asistencia de los 5 representantes de la sociedad civil a las sesiones del CCR, ha llegado a un mejor
promedio de 80%, que expresa el compromiso y expectativa que mantienen, ejerciendo la representación
que se les ha conferido.
• El tema de la inversión privada en la región, puesta a consulta, mereció su interés y opinión, y es más,
solicitaron mayor información sobre este tema por su importancia en el desarrollo de la región y también
emitir opinión en forma más sostenida. Esta iniciativa no tuvo respuesta del gobierno regional.
• Se mantuvo una propuesta permanente sobre la organización de la Asamblea de Agentes Participantes a
fin de construir un espacio democrático de la sociedad civil, que diera mayor legitimidad y autonomía a su
participación. Esta y otras recomendaciones, como la conformación de grupos de trabajo para el
cumplimiento de sus funciones y atención a diferentes propuestas operativas para fortalecer la gestión del
CCR, no alcanzaron mayor respaldo del gobierno regional.
• La opinión favorable que el CCR emitió sobre el Presupuesto Participativo, solo se limitó a una formalidad
sin mayor trascendencia.
4.2. Sobre la Participación de los Alcaldes Provinciales
4.3. Sobre la participación de la Sociedad Civil

• Aparte de cumplir con la convocatoria al CCR de acuerdo a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
para efectos del presupuesto participativo, se convocó a dos sesiones extraordinarias con agendas
referidas a recibir la opinión sobre proyectos de inversión privada y la defensa de competencias del
gobierno regional sobre recursos naturales regionales, que aparte de cumplir con leyes específicas, es una
muestra de que la consulta democrática es conveniente para definir temas sustanciales para el futuro de
la región.
• En concordancia con dispositivos emanados del gobierno central, sobre el proceso del presupuesto
participativo, las funciones del CCR sobre el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Presupuesto
Participativo, quedaron debilitadas, restándole representatividad y competencias a este órgano de
consulta y coordinación.
• La gestión del gobierno regional se ha limitado a cumplir con las obligaciones que le confiere la ley, sin
llegar a una política de mayor apertura democrática, que hubiera significado acoger las iniciativas y
propuestas que llegaron de los representantes de la sociedad civil en el CCR, que buscaban iniciar un
proceso de construcción social más representativo, favorable a una gestión pública transparente y en
consulta permanente con las organizaciones sociales de la sociedad civil.
Teniendo en cuenta las funciones que debe cumplir el CCR y los resultados a los que se ha llegado, en
principio se puede concluir que no se ha logrado institucionalizar este espacio de concertación, lo que le ha
restado representatividad y capacidad para cumplir con sus funciones básicas.
Los alcaldes provinciales que conforman el CCR, al no encontrar un espacio de coordinación de carácter
vinculante que asegure el financiamiento y ejecución de sus proyectos, optan por otros mecanismos de
coordinación que les responda con mayor efectividad, en las gestiones que realizan para el desarrollo de sus
pueblos.
Los representantes de la sociedad civil en el CCR, ante los procedimientos establecidos para la formulación del
presupuesto participativo con los agentes participantes, perdieron ubicación como órgano consultivo dentro
de la estructura orgánica del gobierno regional
Por otra parte, la voluntad y los intentos de organizar la Asamblea de Agentes Participantes, como mecanismo
democrático para llevar la voz de todas las organizaciones sociales al CCR, quedó postergada al no alcanzar el
apoyo y reconocimiento del gobierno regional
Para alcanzar la institucionalidad que se requiere, es necesario introducir importantes modificaciones que
incidan en la necesidad de que en este espacio, se evalúen proyectos de impacto regional, con lo cual estarían
de acuerdo los alcaldes provinciales y que la representatividad de la sociedad civil trabaje una nueva
organización más democrática y con mayor representatividad regional, que logre construir mejores
propuestas y que puedan ampliarlas a otros espacios de concertación con diferente temática, siempre
orientados al desarrollo social y económico de la región.
4.4. Sobre la Gestión del Gobierno Regional
4.5. Conclusión General

ANEXO
Nº ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL – ELECTORES CCR 2007-2009
1. Asociación de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Afines; HAWAY –
CAMANA
2. Módulos de Producción Asociada AGROMAJES S.A.C.
3. Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili – Zona No Regulada
4. Asociación de adjudicatarios de la Irrigación Majes secciones D y E
5. Sociedad Agrícola de Arequipa - SADA
6. Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili – Zona Regulada
7. Asociación Regional de Criadores de alpacas Registradas – SPAR
8. Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Curtiembres, Fábricas de Cola y
Derivados del Cuero – APYMECO
9. Asociación Consorcio Parque Industrial de la Micro y Pequeña Empresa Señor del
Gran Poder
10. Asociación de Empresas Industriales de Arequipa – ASEMIN
11. CONAMYPE Arequipa
12. Fundación de Investigación Científica Ciencia y Tecnología Arequipa
13. Federación Regional de Mujeres – FEREMA
14. Comité Regional Interinstitucional de Trabajo y Organización para el Desarrollo
Integral de la Infancia – CORITO
15. Federación de Trabajadores Administrativos del Sector Educación – FENTASE
16. Consejo Nacional de la Juventud – CONAJU
17. Aldeas Infantiles SOS – Arequipa
18. Universidad Nacional de San Agustín
19. Consejo Regional de Decanos – CONREDE
20. Colegio Arquitectos de Arequipa
21. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO
22. ONG – ASDES
23. Colegio de Abogados - Arequipa
24. Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa – FDTA
25. Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil
26. Universidad Católica Santa María
27. Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – Arequipa
28. Universidad Alas Peruanas
29. Frente de Defensa e Integración y Desarrollo del Cono Norte – FREDICON
30. Asociación Educativa del Comité Magisterial de Apoyo Cívico Social “COMACIS
AREQUIPA”

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