De acuerdo con la normativa vigente, las administraciones públicas deben facilitar el uso de la lengua de signos española para permitir a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas el acceso a la comunicación e información y el ejercicio de sus derechos a la atención integral, a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida.