1. 1
Consideraciones sobre la gestión de la Seguridad Pública
durante el gobierno de Mauricio Funes
(2009-2014)
Jaime Francisco Vigil Recinos, MSc.
Puerto Príncipe, Haití, 26 de Mayo 2014
El Salvador se encuentra a tan solo cinco días para iniciar una nueva gestión presidencial. El período
del Presidente Mauricio Funes llegó a su fin y más allá de las promesas, nunca pudo romperse el
círculo vicioso de inseguridad y de violencia que tanto aflige diariamente a la población de El Salvador.
Previo a su arribo a la Presidencia, el entonces periodista, era muy crítico de la manera con que las
anteriores autoridades manejaron el tema de la Seguridad Pública. Sobre la base de una crítica en
apariencia razonada pero punzante, construyó su imagen, misma que le valió entre otras cosas el
llegar a ser el candidato presidencial por el FMLN en 2008 y ganar las elecciones en 2009.
Siendo candidato a la Presidencia de la Republica ofreció la modernización, la profesionalización y el
fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. También ofreció el diseño e implementación de una Política
de Seguridad y Convivencia, la reducción de los índices criminales, una mejor coordinación
interinstitucional en lo referente a la prevención de la violencia, la ampliación y modernización del
sistema carcelario y la depuración continua de las distintas instituciones del sector de seguridad. Su
principal promesa fue “un cambio” en el rumbo de la seguridad ciudadana.
Cuando se cumplió su primer año, no se percibieron hechos concretos para asegurar que se estaba
fortaleciendo el Sistema de Seguridad Ciudadana. Desde el 1 de Junio de 2009, fecha en que Manuel
Melgar fue juramentado en el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública, comenzó un proceso
de desmontaje de la antigua estructura del citado Ministerio. En aquel momento se adujo que tal
organización no respondía a los objetivos del “Gobierno del Cambio1
” y que durante su período como
Ministro, las cosas iban a tener los resultados exitosos que anteriores Ministros no tuvieron”. Tal
aseveración, presumiblemente, era el resultado de haber pasado aproximadamente 15 años haciendo
sendas críticas -desde su condición de Diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Pública y
Justicia- a las anteriores administraciones. Similar fue la postura asumida por Mauricio Funes. Al
término presidencial 2009-2014, y a pesar de algunos hechos positivos en materia de seguridad
pública, los resultados en lo global son todo lo contrario al cambio prometido. Son muchas las
encuestas en las que se menciona que el principal fracaso del gobierno que está por terminar se
resume entre otras cosas por un aumento de la delincuencia, el empoderamiento a las pandillas y la
falta de desarrollo del sistema de seguridad pública2
.
Durante el periodo 2009-2014, la gestión en materia de seguridad ciudadana fue encargada a tres
“gabinetes de seguridad” conformados por tres Ministros de Justicia y Seguridad Pública, tres
Viceministros de la misma cartera, tres Directores Generales de la Policía Nacional Civil y tres
Directores Generales de Centros Penales. Cada “gabinete” en su respectivo momento tomó decisiones
diametralmente opuestas y que poco abonaban al logro de los cambios prometidos.
1
Tal como fue dado en llamar el gobierno del FMLN para el periodo 2009-2014.
2
Véanse sondeos de opinión de CID-Gallup y del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Mayo 2014.

2. 2
El primer gabinete de seguridad se desvió completamente de las acciones que prometió y que debieron
implementarse desde un inicio. Entre 2009 y 2010, se buscaron soluciones basadas en el incremento
sistemático de las sanciones a ciertos delitos, a desarticular algunas dependencias del Ministerio de
Justicia y de Seguridad Publica así como también al otrora Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En lo operativo se buscó dotar con mayores “facultades” para el combate a la delincuencia a la Fuerza
Armada de El Salvador y no a la Policía Nacional Civil. Ya en ese momento, era evidente que ninguna
acción buscaba el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, ni mucho menos un abordaje
estructural a la prevención y represión de la delincuencia.
Tregua entre pandillas: Un hecho alentador en su momento y que puede mencionarse como positivo
de la gestión del presidente Funes, es la sanción a la “Ley de Prescripción de Maras, Pandillas,
Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal”. Sin duda una acción necesaria
y que era urgente desde la gestión del ex Presidente Francisco Flores. Pero lo positivo que se hizo
con la sanción a dicha Ley, contrastó con la falta de generación de condiciones y de los mecanismos
necesarios para su implementación y evaluación.
Contrario a lo anunciado por Mauricio Funes cuando era candidato y a lo establecido en la Ley de
Prescripción de Maras…., así como lo establecido en su Plan de Gobierno3
, su decisión fue de dar un
giro inesperado de 180 grados a lo que prometió y a lo que hizo al sancionar la Ley. Repentinamente,
el gobierno central anunció la llamada “tregua entre pandillas”.
El segundo gabinete de seguridad llegó casi a los 30 meses de ser nombrado el primero. Así, un giro
drástico fue anunciado en la conducción de la seguridad pública del país el 22 de Noviembre de 2011.
Mauricio Funes, viendo que las cosas iban mal, tomó la decisión de un camino mucho peor, al nombrar
en el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública y Director General de la Policía Nacional Civil
a dos Generales de Ejército, que ostentaban los cargos de Ministro y Viceministro de Defensa
respectivamente. Tal giro, evidentemente se apartaba del espíritu con que se firmaron los Acuerdos
de Paz. El resultado de la decisión de nombrar a militares en la Seguridad Pública terminó cuando los
mismos fueron declarados como inconstitucionales4
en Mayo de 2013. Durante los casi 18 meses de
gestión del segundo gabinete de seguridad un grave y negativo experimento fue implementado:
negociar con las estructuras pandilleriles. Tal medida, nunca fue anunciada ni antes ni después que
Funes asumiera el cargo de Presidente. En realidad, una decisión de tal naturaleza jamás formó parte
de las acciones previstas por el primer “gabinete”.
Muy a pesar de que hoy se sabe que la “tregua” -como fue dado en llamar- nunca funcionó, y más allá
de las controversiales versiones que los mediadores de la “tregua”5
han esgrimido al respecto, los
hechos y la forma de cómo se generó y desarrolló todo el proceso, permiten asegurar que la misma
fue quizás una acción orquestada con fines político-electorales, maquiavélicamente6
diseñada, y que
sigue costando vidas humanas y mucho dolor a la sociedad salvadoreña.
Al finalizar el periodo de Mauricio Funes queda claro que a todas luces las pandillas no solo lograron
un mejor control de sus territorios, sino también lograron obtener más armas para el cometimiento de
hechos delictivos. Peor aún, han logrado una impunidad tal, que en lo que va de 2014 confrontan de
manera abierta e impune a las autoridades policiales.
3
Véase “Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, Gobierno de El Salvador”, [párrafo 222], página 129.
4 Resolución 4-2012, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, diecisiete de
mayo de dos mil trece.
5
Públicamente se sabe que los mediadores de la tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18 son el
exguerrillero Raúl Mijango y el obispo castrense Fabio Colindres. A ello se suma el General de División David
Victoriano Munguía Payes.
6
En alusión a la frase de Nicolás Maquiavelo: fin justifica los medios.

3. 3
Debido en gran parte a la resolución de inconstitucionalidad ya antes mencionada y siendo que la
realidad era distinta a los análisis político-electorales con que se fraguó la tregua, a Mauricio Funes no
le quedó otra cosa que tratar de alejarse del tema. Así entonces, en Mayo de 2013, Funes toma la
decisión de nombrar a Ricardo Perdomo7
al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tal
nombramiento conllevó también cambios en la PNC y otras dependencias afines. El tercer gabinete,
buscó por todos los medios salir del problema heredado por decisiones anteriores, pero ya era muy
tarde para corregir el grave problema en el que estaban metidos y para cambiar el rumbo de los
resultados. A ese momento ya habían transcurrido casi 48 meses de los 60 de la gestión del Órgano
Ejecutivo y el experimento de negociar con las pandillas se les había salido ya de control.
Pese a las críticas y denuncias hechas por la sociedad civil, los más visibles “mediadores” de la tregua,
el obispo castrense Fabio Colindres y el ex guerrillero Raúl Mijango, han afirmado que ese proceso
"no daría marcha atrás". La Organización de Estados Americanos (OEA) también se sumó a la llamada
tregua. Al final del mandato de Funes existe un silencio sepulcral de los llamados “mediadores” así
como de la OEA sobre los resultados y las medidas a implementar sobre tan espinoso tema.
Claramente, el diagnóstico realizado y presentado sobre las pandillas hasta la fecha presenta
incongruencias y contradicciones. A las pandillas, a los reclusos en el sistema penitenciario y a los
deportados se les responsabiliza de casi toda la criminalidad y violencia en el país, se les vincula con
el narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas. Tal absolutismo se hace pese a haber
ejecutado durante cinco años los planes antipandillas, haber asignado el control de los centros penales
a la Fuerza Armada y haber endurecido las medidas de control en los deportados.
Contrario a lo anunciado, algunos analistas creen que está resurgiendo un nuevo tipo de escuadrones
de la muerte. De hecho, algunas muertes recientes parecen más acciones de grupos de exterminio
que presuntamente intentan hacer el trabajo que el Estado no lleva a cabo para contener la extrema
violencia que sacude al país. Lo curioso del caso es que el mismo presidente Funes ha reconocido el
problema, al hablar de la peligrosidad alcanzada por el "crimen organizado y las pandillas" y de que
es la Seguridad Pública la materia en la que menos se avanzó en su gobierno, denotando así la
compleja tarea que tiene por delante el nuevo mandatario.
Aparte de algunos logros en temas muy puntuales, los cinco años de gobierno, evidenciaron una falta
total de visión y conocimiento sobre el tema. El periodo en general se caracterizó principalmente por
algunos aciertos y muchas improvisaciones y desaciertos. Seguramente, los errores fatales fueron el
de pactar con criminales y el de nunca apostarle al fortalecimiento del sistema de seguridad pública.
Política de Seguridad Ciudadana: Mauricio Funes se comprometió en su “Plan Quinquenal de
Desarrollo del Gobierno de la República de El Salvador” para el período 2010-2014 a dotar al país con
una “Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia” y vendió la idea de pretender
convertirla en una política de estado.
Cuando Funes cumplió su primer año de gobierno, en su discurso ante la Asamblea Legislativa dijo
que “un verdadero plan de seguridad no puede tener éxito sin una amplia y eficaz Estrategia de
Prevención Social de Violencia”. A juzgar por los hechos al final de su mandato, su discurso fue más
bien eso, “un discurso” de buenas intenciones que nunca fue llevado a la práctica.
Mauricio Funes nunca pudo dotar al país de una política pública de Seguridad Ciudadana. En realidad,
un documento denominado “Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia” fue dado
a conocer el 27 de Febrero de 2013. El documento en mención, no es más que una versión muy
7
Quien se desempeñaba hasta ese entonces como el Director del Organismo de Inteligencia de Estado.

4. 4
parecida a otro documento denominado “Estrategia Nacional de Prevención Social de la Violencia en
Apoyo a los Municipios (ENPSV)” que se lanzó en el año 2010 y que nunca fue implementada. Demás
está mencionar que la denominada “Política” señala con mucho detalles las causas de la violencia y
criminalidad en el país, pero sus propuestas son vagas y parecen más una receta de buenas
intenciones pero sin ser claras y concretas en su esencia.
Lo curioso del caso, es que de lo que se dice en ambos documentos, se hizo casi todo lo contrario a
lo planificado. De entre los objetivos planteados por la llamada Política dada a conocer en 2013, se
mencionan los siguientes objetivos específicos:
1. Controlar y reprimir la criminalidad común, organizada y de las pandillas, incrementando la capacidad de
gestión, control territorial, inteligencia policial, investigación científica del delito, capacidad de respuesta,
coordinación interinstitucional de carácter nacional y regional y otros recursos de la seguridad en el marco del
Estado constitucional de derecho.
2. Prevenir y reducir los factores y causas que propician la violencia y el delito, identificando los recursos y
potencialidades de la comunidad, para incrementar la protección y fomentar la convivencia armónica, la
participación ciudadana y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.
3. Implementar un nuevo modelo de ejecución de penas y medidas que garanticen el orden, la seguridad y el
control de los centros penitenciarios, intermedios y de menores, con un tratamiento apegado a la ley y a los
derechos humanos, de manera que se favorezca la efectividad del proceso de rehabilitación y reinserción social.
4. Promover, junto con otras instituciones, la atención a las víctimas de delitos en las esferas administrativas y
judiciales.
5. Ejercer una eficaz dirección estratégica de la seguridad pública que permita fijar prioridades, analizar las
tendencias, diseñar estrategias, monitorear y evaluar el impacto de las políticas, rendir cuentas a la ciudadanía
y fortalecer la relación entre las instituciones responsables del sector justicia y seguridad.
Cuando se leen tales objetivos y se comparan con la realidad que cotidianamente atraviesan los
salvadoreños, no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que las instituciones del
sistema no avanzaron en cuanto a desarrollo institucional, más bien todo lo contrario, retrocedieron
enormemente, al grado tal que la imagen de la Policía Nacional Civil está mucho peor de cómo se
encontraba al inicio de la gestión presidencial en el 2009. La violencia e impunidad con que ahora se
cometen los hechos delictivos han aumentado grandemente la sensación de inseguridad.
Cabe preguntarse entonces, cuáles fueron las medidas implementadas para el control de los factores
de riesgo? O más aun, cual es la atención que se proporciona a las víctimas de delitos?
Con tres gabinetes de seguridad que condujeron la seguridad pública del país con marcadas
diferencias y sin mayor rumbo estratégico, el resultado parece indicar que la PNC y otras instituciones
de seguridad pública entraron en una dinámica de conducción político-ideológica. Tal acción es muy
grave para instituciones que constitucionalmente están llamadas a mantenerse eminentemente
profesionales y al margen de tales posturas políticas.
Ahora los hechos dejan en claro que Mauricio Funes y sus tres distintos “Gabinetes de Seguridad”
nunca tuvieron claro que si no se mejora el sistema de seguridad ciudadana en su conjunto, si no se
atacan los verdaderos factores de riesgo, si no se fortalece la inteligencia policial, si no se le apuesta
a la verdadera profesionalización del personal que conforma las instituciones del sistema de seguridad,
si no se armoniza la relación entre los distintos actores que directa e indirectamente están relacionados
con la seguridad interior, difícilmente se podrá salir del grave problema en el que se encuentra el país.
A juzgar por los hechos de los cinco años de gobierno, cuatro características sobresalen de la gestión
de Mauricio Funes como responsable de la seguridad pública del país: i) siempre desconoció los
aciertos del pasado e hizo de la crítica y la jactancia su principal eje de acción, ii) condujo la seguridad
ciudadana con sendas y costosas campañas mediáticas para querer aparentar que se iba por el rumbo
del “cambio” que prometió; iii) la ausencia de orientación estratégica en su gestión, hecho que ocasionó
que tres “gabinetes de seguridad” tomaran medidas opuestas una de la otra, y finalmente, iv) el sesgo

5. 5
político en la conducción de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana. Todo
ello aunado, ha generado acciones de improvisación (y hasta de desesperación), un aumento de los
indicadores de violencia y delincuencia, el fortalecimiento de las estructuras criminales y una total
descoordinación entre las instituciones relacionadas a la seguridad ciudadana y la justicia.
El Salvador necesita de manera urgente, desafiar lo que hasta ahora ha sido el dogma político
predominante y la visión de las autoridades responsables de la seguridad pública. Ya es tiempo de
dejar de utilizar paradigmas obsoletos y de culpar de todo a lo hecho por los gobiernos anteriores y
ponerse a trabajar seriamente en verdaderas políticas públicas. La Seguridad Ciudadana no debe ser
vista bajo la óptica de la política-partidaria y menos bajo la pretensión de un tan solo instituto político.
Es cierto que las pandillas, las cárceles y las deportaciones son todo un problema urgente por atender,
pero también es cierto que los verdaderos factores de riesgo que generan la inseguridad y la violencia
siguen sin ser atendidos adecuadamente. Se necesita pues estar dispuestos a romper con los dogmas
prevalecientes y a retar el “establishment político” como punto de partida para la transformación de tan
delicado tema.
El gobierno entrante de Salvador Sánchez Cerén debe entender que es necesario romper los círculos
viciosos que llevaron a la situación que hoy vivimos en cuanto a inseguridad. La clave reside en la
voluntad política y el abordaje serio e inclusivo del problema, pero esas claves fueron precisamente
los puntos débiles del gobierno de Mauricio Funes. Cuando era periodista y luego candidato
presidencial, las mismas aparentaban ser sus puntos fuertes cuando prometía ser “inclusivo” pero
lanzaba sendas críticas a lo hecho en materia de seguridad ciudadana por gobiernos anteriores.
Estadísticas criminales: Al hacer un balance sobre el tema violencia y criminalidad, podemos decir
que la tasa de homicidios del país sigue estando entre las más altas del mundo8
. En 2009, el presidente
Funes se comprometió a bajar los índices delincuenciales, la realidad demuestra todo lo contrario.
Lamentablemente, el fracaso en esta materia ha dejado ya unos 17,500 homicidios9
en los 60 meses
de su gestión. Más o menos unos 160-175 menos que los cometidos en la gestión de su antecesor
Antonio Saca.
A propósito de las cifras de homicidios, vale la pena evaluar lo sucedido en cuanto a las estadísticas
delincuenciales en El Salvador y en particular lo que durante la presente administración se hizo al
respecto, pues las cifras de criminalidad constituyen una fuente oficial invaluable para conocer la
dimensión, la situación y las tendencias de la criminalidad.
Luego de la creación de la Policía Nacional Civil en 1993, costó casi trece años para que al menos
tres instituciones del Estado se pusieran de acuerdo en el método de registro de las cifras, me refiero
al Instituto de Medicina Legal, a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil. Así
entonces, en 2005 se constituyó la Mesa Técnica de Homicidios, cuyo fin principal era de homologar
criterios y procesar información relativa a homicidios, proveniente de las diversas fuentes.
Desde 2005 hasta fines de 2010, hubo consenso de unificar criterios sobre los homicidios. Los mismos
eran evaluados mensualmente, lo cual permitió obtener una mejor aproximación a la dimensión real
del problema. Tal discusión también permitía evaluar las limitaciones institucionales y plantear un
abordaje con soluciones integrales al respecto. A pesar de algunas diferencias de metodología, la
Mesa Técnica, nunca buscó competir sino más bien complementar la visión y la información al respecto
sobre tan delicado problema.
8
Estudio Global sobre los Homicidios, UNODC, 2013.
9
Inferencia hasta 31 de Mayo 2014.

6. 6
Contrariamente a lo prometido en el Plan de Gobierno, desde el mes de Noviembre 2010 las
estadísticas de homicidios no fueron avaladas por la Policía Nacional Civil, siguiendo lineamientos del
Ministro de Justicia y Seguridad Publica de turno. Tal decisión, supuso un duro revés a lo que tantos
años costo construir. A partir de ese momento, los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública insisten en que las cifras de la Policía son inferiores y que son las únicas correctas. La
divergencia de datos entre las diferentes fuentes, fue objeto de debate en los primeros meses de 2011
y se ha mantenido casi a lo largo de toda la gestión presidencial. La disparidad de datos entre las
instituciones generó una discusión en medios de comunicación por parte de los titulares de las tres
instituciones que conforman la Mesa Técnica, lo cual era innecesario y es a todas luces lamentable.
En todo caso, lo que está de fondo en la discusión es que costó trece años construir un sistema de
estadísticas de homicidios con un mayor consenso, y solamente 18 meses del presente gobierno para
deshacer lo construido. Esperemos que en la gestión del Presidente electo Sánchez Cerén se corrija
esta situación.
Según aseveraciones de Mauricio Funes, basadas en datos del Programa para el Desarrollo de
Naciones Unidas (PNUD), El Salvador es el país que más policías tiene por habitante en la región
Centroamericana, esto sin sumar los efectivos del ejército y los cuerpos de agentes metropolitanos
que realizan labores de seguridad. Aun y cuando las aseveraciones parecen ciertas, la pregunta
obligada es: en que radica entonces el problema de la inseguridad que día a día aqueja a los
ciudadanos?
Incremento de policías: Ciertamente, la gestión presidencial que termina generó condiciones para
un aumento del número de policías. Un total de 16 promociones, que representan un total de 5,719
policías egresaron de la Academia Nacional de Seguridad Pública. En 2009, el número de policías
rondaba los 18,000 a nivel nacional. Tal número aumentó a casi 23,000 al final de la gestión
presidencial. Esto puede ser visto como otro logro de la gestión de Funes.
Ahora bien, si el número de policías se incrementó sustancialmente en casi 5,700, y el número de
efectivos de la Fuerza Armada en tareas de seguridad paso de 2,500 en 2009 a 7,500 en 2014, como
se explica entonces los niveles crecientes de inseguridad?
Desde un punto de vista pragmático, lo anterior podría significar que el problema no tiene que ver
necesariamente con número de policías o elementos de la Fuerza Armada cumpliendo tareas de
Seguridad Pública. Más bien el tema hay que verlo en la ineficacia en el combate y prevención de la
delincuencia y la violencia. También hay que verlo en la ausencia de acciones claras y herramientas
técnicas adecuadas para hacerle frente a tan complejo fenómeno. Demás está decir que es necesario
generar un clima adecuado de convivencia ciudadana y de paz social, pero tal clima nunca se propició
durante la actual administración y escapa a las competencias y capacidades de la Policía Nacional
Civil.
Todos los gobiernos tienen siempre desafíos urgentes que enfrentar en diversas materias, y para lo
cual necesitan siempre del respaldo de actores políticos así como de otros actores sociales,
económicos, políticos, religiosos, etc. La Seguridad Pública es precisamente una de esas materias en
las que poco se puede hacer sin la concertación de todos los sectores de la Sociedad. La sociedad
civil y algunos partidos políticos han hecho siempre algunos aportes desde su propia iniciativa. De
algunos aportes hechos por la Empresa Privada, partidos políticos y la Academia durante la gestión
de Funes, los mismos fueron recibidos y enviados a la caja de los recuerdos.
El Rol de la Fuerza Armada: Al no ir las cosas tan bien en sus primeros seis meses de gobierno, el
número de efectivos militares y recursos de la Fuerza Armada puestos a disposición de la Policía

7. 7
Nacional Civil fue “incrementado” a partir del 06 de noviembre de 200910
. En aquel momento se dijo
que la medida tendría una duración de 180 días, los cuales fueron prorrogados y siguen aún vigentes
al final del mandato de Funes.
Los 2,500 efectivos del ejército que salieron en 2009 y que luego se incrementara a 7,500 en 2013
seguramente han contribuido de alguna manera a paliar el grave problema de inseguridad del país,
pero no son la solución que el país necesita.
La decisión de emplear a la Fuerza Armada para que apoye a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas
de seguridad pública ha sido vista como una respuesta mediática y paradójica. El adjetivo de
“mediático” no es antojadizo, pues en realidad la Fuerza Armada colabora con la Policía Nacional Civil
en la realización de operaciones conjuntas anti-delincuenciales desde 1993, fecha de la creación
misma de la PNC.
Desde que fue anunciado por Mauricio Funes, esto ha sido visto como una decisión paradójica,
especialmente porque el FMLN –en momentos en que gobernaba ARENA- siempre se opuso
férreamente a una medida de esa naturaleza. Sin embargo, la falta de planes concretos para enfrentar
la delincuencia y la violencia así como las urgencias que plantea la propagación del crimen hacen
comprensible la decisión del presidente Funes, al menos como una salida de cortísimo plazo, pero
mantener a la Fuerza Armada en el mediano y largo plazo no permitió nunca avanzar en el
fortalecimiento de las instituciones constitucionalmente encargadas de prevenir y perseguir el crimen
y la violencia.
En todo caso, la participación de la Fuerza Armada por supuesto que ayuda pero debe ser normada
de tal forma que pueda cumplir su objetivo acorde a la gravedad de la situación y evolución del accionar
criminal general, del crimen organizado y la narcoactividad dentro del marco constitucional. Está claro
que estos fenómenos criminales se han convertido en una amenaza para el estado y que es necesario
actuar coherentemente con esta realidad.
Ahora bien, al tener difusa la frontera entre la seguridad pública y seguridad interna, la cúpula policial
y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, distorsionaron el análisis de los problemas de
seguridad pública y con ello la visión de conducción institucional. Esa distorsión permite que el titular
del Ministerio de Defensa Nacional encuentre caldo de cultivo para pronunciarse sobre temas propios
de la Seguridad Pública sin que ello necesariamente sea su mandato constitucional. Hay algo de fondo
al respecto y eso es precisamente lo que no quiere ser reconocido. No apostarle a los factores de
riesgo que permite ese círculo vicioso de violencia y criminalidad sigue siendo el “talón de Aquiles” de
la actual administración y podría serlo de la administración entrante.
Policía Nacional Civil: Un tema que vale la pena resaltar como positivo de la gestión del presidente
Funes hasta la fecha, es lo relativo a los ascensos policiales. A decir verdad, esto inició en 2002 pero
hizo falta por mucho tiempo un mayor énfasis en su ejecución. Hay que aplaudir los esfuerzos de poner
en práctica los decretos que ordenan la ejecución de los cursos de ascenso al interior de la corporación
policial, pero no se puede desconocer que en algunos casos esos decretos han tenido trasfondo
político. Sin duda alguna, los ascensos redundan en un aliciente para la moral y el bienestar de los
miembros de la Policía Nacional Civil, pero ellos no deben soslayar las reglas de una carrera
profesional.
Tres Directores Generales estuvieron al frente de la PNC durante la gestión presidencial que termina,
hecho que generó transformaciones institucionales en la policía, y que dicho sea de paso parecen no
10
, En cumplimiento a la decisión presidencial establecida en el Decreto Ejecutivo Número 70, Diario Oficial, 4
de Noviembre de 2009.

8. 8
tener fin. Cada nuevo titular llega y modifica su organización interna, abriendo y cerrando
dependencias, unas buenas y otras bastante discutibles, pero que indudablemente están consolidando
la centralización y concentración de poder en la Dirección y en ciertas Subdirecciones en detrimento
de las unidades responsables de la seguridad ciudadana en el interior del país, que dicho sea de paso,
es contraria a la forma desconcentrada con que la PNC fue creada allá por 1993.
Una de las transformaciones sufridas en la Policía en 2011, es la ocurrida en la Subdirección de
Investigación Criminal. De un sistema desconcentrado se ha pasado a un sistema centralista que ha
dejado débiles ciertas áreas de investigación criminal que históricamente habían tenido un desempeño
aceptable. El experimento, fue llevado a cabo siguiendo los consejos de “ex miembros de la Policía
Nacional de Nicaragua”. Hasta la fecha, nada demuestra que tales cambios hayan logrado contribuir
en la reducción de los indicadores criminales o que por el contrario la citada Subdirección se haya
fortalecido.
Nuevamente, el factor que afecta este desempeño es el centralismo y verticalismo convencional que
impera al interior de la cúpula policial, puesto que desde esa lógica no interesa la capacidad del jefe
policial para relacionarse con la comunidad, mucho menos la permanencia en un cargo por razones
de capacidad, sino cuan afín se pueda ser a la ideología del partido oficial. Durante 59 meses está
probado que algunos jefes, oficiales y agentes policiales se encuentran marginados y sin mayor
capacidad de aportar soluciones al grave problema de criminalidad y violencia. Ese no es, ni el espíritu
con el que se creó la policía ni mucho menos lo que tanto se criticaba por los ahora titulares cuando
eran otros los que gobernaban en ese entonces.
El acuartelamiento de la PNC que se dijo en inicios del mandato presidencial que desaparecería, más
bien fue restablecido con menos incentivos para los agentes policiales. La falta de medidas eficaces
para el restablecimiento del acuartelamiento ha provocado que un agente del puesto de La
Campanera, en Soyapango se haya declarado en huelga de hambre desde el 9 de Mayo de 2014,
acción que sigue hasta la fecha. El policía asegura que la medida es para denunciar las malas
condiciones en las que trabaja junto a sus compañeros. En este quinquenio se ha visto con mayor
evidencia el grave deterioro de las instalaciones policiales y las deplorables condiciones en las viven
y trabajan los miembros de la institución policial sin que se hayan ejecutado proyectos de
infraestructura al respecto. De hecho, la PNC ha visto crecer sus efectivos pero las instalaciones ya
sea alquiladas o propias no han incrementado en cuanto a capacidad. Este aspecto que no es nada
nuevo, es sin duda uno de los retrasos evidenciados en la gestión de la seguridad pública del país.
Las instancias de control policial.
El Consejo de Ética Policial fue establecido por la “Ley Orgánica de la PNC”, en vigor desde el año
2001. Es por definición el máximo órgano de control externo en materia de seguridad pública. Desde
su creación por mandato de ley, hubo que esperar algunos años para que sus miembros fuesen
nombrados, lo cual sucedió a inicios de la administración del ex presidente Saca en 2004. Su principal
razón de ser es la de servir como mecanismo de control externo de la Policía y del Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública. Luego de 60 meses de la actual gestión presidencial, el Consejo nunca fue
nombrado, en abierta violación a la Ley Orgánica de la PNC y privando también al sistema de
seguridad pública de las instancias de control policial.
Uno puede pensar que de seguro la falta de nombramiento se debe a que una de las prioritarias
funciones del Consejo es la de “Verificar y supervisar que se están cumpliendo las políticas de
seguridad y que se esté ejecutando el Plan de Seguridad y los planes específicos en material de
seguridad ciudadana”. Al no haber política de seguridad que ejecutar ni mucho menos un plan de
seguridad, sería sumamente delicado nombrar un Consejo que se convertiría en un Organismo que
pondría el dedo en la llaga de lo que no se ha hecho durante 60 meses.

9. 9
La Inspectoría General de la Policía tiene según la Ley Orgánica de la PNC la responsabilidad de
“vigilar y controlar las actuaciones de los servicios operativos del cuerpo” así como la de impulsar
procesos disciplinarios y ser el órgano contralor del mismo al interior de la corporación policial. Luego
de 60 meses cabe preguntarse si el mismo ha sido desarrollado en apego a la ley.
No puede haber desarrollo institucional y mucho menos control sobre los actos de la Policía Nacional
Civil si prevalecen objetivos y connivencias políticas y partidarias desde la Inspectoría General de la
PNC. Durante la gestión que está por terminar, tres fueron los titulares al frente de la Inspectoría
General de la PNC.
A principios de la gestión presidencial, Zaira Lis Navas Umaña fue nombrada como Inspectora General
de la Policía Nacional Civil (PNC). Desde su llegada hizo ciertos anuncios contra oficiales de alto
rango de la corporación policial cuya característica común era que en su mayoría provenían de la
cuota de la Fuerza Armada. Curiosamente, las declaraciones fueron hechas a través de los medios de
comunicación sin que la mayoría de oficiales en mención hubiesen sido notificados de procesos
disciplinarios en su contra. Su renuncia al cargo fue presentada el 23 de Enero de 2012 aduciendo
incompatibilidad con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés. La renuncia
motivó a que la Inspectora Adjunta Sandra Geraldine Huezo Alférez tratara en lo posible de evitar la
acefalía al frente de la institución. Sin embargo, ella también termino presentando su dimisión al cargo.
Más allá de las constantes declaraciones a los medios de comunicación de Zaira Navas, en casos
disciplinarios puntuales, poco se supo de su gestión de cara al fortalecimiento de la institución que
dirigía y de su rol en cuanto a ser garante de las actuaciones de los servicios operativos de la PNC.
Luego de un periodo evidente de acefalía, Carlos Roberto Linares Ascencio, un exjuez Especializado
de Sentencia de Santa Ana, asumió el puesto de Inspector General de la PNC, en sustitución de Zaira
Navas. Linares Ascencio aseguró desde su nombramiento que se comprometía a cumplir con lo que
rige la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Policía y el reglamento interno de la
inspectoría. Tales declaraciones dejaban entrever diferencias a la gestión de su antecesora. También
se comprometió a “hacer el trabajo de una manera honesta, recta y lo más transparente posible, al
servicio de la institución policial”.
Durante su corto periodo de 13 meses al frente de la Inspectoría General, impulsó la destitución de un
total de 184 policías, giró instrucciones para la suspensión de 246 policías, mismas que iban de entre
90 días hasta 180 días de suspensión sin goce de sueldo. Asimismo, ordenó arrestos a 653 agentes
por cuatro a cinco días y 424 por faltas leves sancionados por jefes con competencia.
Uno de los casos que trascendió en el trabajo del Inspector General fue el archivo definitivo de los
expedientes contra ocho oficiales investigados por su supuesto nexo con el narcotráfico, debido a la
finalización del periodo de investigación.
En varias ocasiones, Linares se había quejado de forma privada con dos Directores Generales de la
PNC (Salinas y Pleites) de la falta de apoyo financiero para la institución que dirigía. Tales quejas no
hicieron eco en los responsables de la conducción institucional.
Ricardo Salvador Martínez y Eva Ramos, asumieron respectivamente los cargos de Inspector General
e Inspectora Adjunta de la Policía Nacional Civil (PNC) ante la salida de Linares y de Sandra Huezo.
Recientemente, el periodista Héctor Silva Ávalos dio a conocer una investigación que llevaba ya
muchos años de realizarse. En la misma, y más allá de si los hechos son ciertos o no, -aunque el libro
abunda en datos- Silva busca mostrar, la infiltración de la PNC por el crimen organizado, señalando la
falta de capacidad de las instituciones responsables del “Police oversight” para llevar a cabo su rol.

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También, la investigación deja al descubierto la connivencia del Estado en no garantizar el buen
funcionamiento de las instituciones responsables del control policial.
Durante la presente gestión presidencial y tomando en cuenta los cambios de administración al frente
de la Inspectoría General, se podría decir que tampoco la citada dependencia ha hecho el trabajo que
le corresponde para contribuir a una actuación policial eficaz y a la conducta ética de los policías.
La realidad nos dice que la Inspectoría General sigue siendo una instancia que atraviesa muchas
dificultades para operar, con falta de un rumbo estratégico y que dependiendo de quien llegue a
conducirla se impregna fácilmente de lineamientos político-ideológicos. Esperemos que durante la
gestión 2014-2019 las cosas cambien su rumbo.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP): El Consejo se creó a partir de las
recomendaciones del informe de ONUSAL de septiembre de 1995, con el mandato de diseñar una
estrategia a mediano y largo plazo para asegurar la coherencia de todo el sistema de la seguridad
pública. Hay que decir que a inicios del quinquenio 1999-2004 y por la falta de políticas preventivas en
nuestro país se remodeló el CNSP, otorgándole por decreto ejecutivo la calidad de organismo
responsable de la formulación y la ejecución de políticas y programas de seguridad. Así las cosas, al
CNSP se le encomendaron tareas para impulsar con responsabilidad ejecutiva el “programa de
prevención social de la violencia y la delincuencia”. Tal responsabilidad es quizá la más importante en
el contexto actual de país pero sin embargo durante 24 meses de la administración Funes, el CNSP
se transformó en ejecutor de programas que más bien corresponde impulsar a las municipalidades y
que tuvo poco o nulo impacto en indicadores de seguridad ciudadana, en detrimento del papel para el
que originalmente fue pensado. En 2011 el CNSP perdió su autonomía y fue borrado del sistema de
seguridad pública. Grave error si de lo que se trata es de articular una estrategia nacional de combate
a la delincuencia.
Si el Presidente Funes hubiera empleado mayor tiempo para impulsar un proceso concertado en
materia de Seguridad Pública, de seguro que El Salvador habría avanzado mucho en un área tan
difícil. Confiar el futuro de la seguridad pública a un sistema de política excesivamente personalizada
e ideologizada, poco transparente y caracterizado por negociaciones que excluyen sectores afectados
de la sociedad, no puede ser la mejor alternativa. El presidente entrante debe entender que la
polarización no contribuye a enfrentar el grave problema que tenemos por delante; por lo tanto el reto
fundamental es lograr la unidad nacional alrededor de una verdadera Política Pública de seguridad
ciudadana en el que la gran mayoría pueda sentirse parte y segura. La gestión de Salvador Sánchez
Cerén apenas inicia, ya veremos que sucede.