Las comunidades autónomas en España tienen competencia sobre los asuntos sociales y la protección de menores. La ley orgánica 8/2006 regula las medidas aplicadas a menores de 14 a 18 años por delitos cometidos. Tradicionalmente, los sistemas de justicia juvenil estaban dentro de los departamentos de servicios sociales, pero ahora hay diferentes modelos entre las comunidades. Algunas mantienen la protección de menores y la reforma bajo servicios sociales, mientras que otras las han trasladado al departamento de justicia.