Fuerzas armadas y seguridad nacional

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Fundeimes.blogspot.com
FUNDACIÓN DE DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
(FUNDEIMES)
TITULO
EL EMPLEO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
FUNCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL, PÚBLICA O
CIUDADANA
(COMPENDIO)
AUTOR:
ELVIS ANTONIO ABREU ENCARNACIÓN
CAPITAN DE FRAGATA (DEMN)
ARMADA REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO, D. N.
AÑO 2014

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NOTA ACLARATORIA:
“LAS OPINIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
ENSAYO, SON
DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SU AUTOR
Y LA INSTITUCIÓN NO SE
SOLIDARIZA NECESARIAMENTE CON LOS
CONCEPTOS EMITIDOS”.

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PROLOGO.
Como parte estructural y responsabilidad de la Seguridad Nacional de un
Estado, se encuentran la Seguridad Ciudadana y la Pública, las cuales de por
sí, están estrechamente vinculadas y orientadas a la finalidad de proporcionar
las garantías democráticas, participativas, políticas, sociales y legales para los
individuos que le componen; las Fuerzas Armadas de América Latina y el
Caribe, no son ajenos a esta responsabilidad y deben tener una participación
activa en la consecución y mantenimiento de la misma.
Para poder abordar y fundamentar el planteamiento de que las Fuerzas
Armadas deben y pueden participar en funciones de Seguridad Nacional en las
aristas de Seguridad Ciudadana y Pública, el autor toma como marco
referencial para la realización del presente trabajo investigativo, al Caribe y
América Latina, en cuanto a la conceptualizaciones y ejemplos sobre la
Seguridad Nacional, Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, Seguridad
Humana, Seguridad Democrática, la situación de Centroamérica y el flagelo
que representa el pandillerismo, las Maras, los aspectos positivos del Plan
Colombia, el caso de las Autodefensas y las Bandas Criminales (BACRIM) en
dicho País, las posibles amenazas que en estos ámbitos, potencialmente
Republica Dominicana está abocada a enfrentar, estadísticas, además, de la
presentación entre otros, que sustentan lo que en esta obra se expresa,
además de inferencias que magistralmente plasma el autor.
Cabe resaltar que el autor de: “El Empleo de las Fuerzas Armadas en
Funciones de Seguridad Nacional, Pública o Ciudadana”, es un caballero oficial
de la Armada de República Dominicana (ARD), que utilizando su tiempo,
objetividad, experiencias y conocimientos adquiridos en las lides y estudios
propios de la profesión y carrera militar, para la recopilación e investigación de
los aspectos inherentes a la seguridad y defensa nacional, ha realizado una
obra que llena las expectativas de los más exigentes actores y estudiosos del
tema.
Coronel Piloto Henry Holguin T. FARD. (DEM) M.A.

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 Seguridad Nacional
El concepto de Seguridad Nacional puede llegar a ser ambiguo e
incorrectamente definido, pues muchos representantes de la vida pública y
política se han atrevido a definirlo en sus ponencias en los medios masivos de
comunicación bajo un marco conceptual que podría definirse personalista y
distante del contexto real, llegando a desdibujar la delgada línea que separa la
seguridad nacional de la seguridad pública o ciudadana. Por tanto es un
concepto muchas veces mal definido, peor entendido y por consiguiente mal
aplicado a diario en estos medios, llevando a la nación dominicana
conceptualizaciones que podrían catalogarse como desatinadas, por lo que
urge su aclaración.
La Seguridad Nacional ha sido interpretada de varias formas,
dependiendo de la realidad del Estado que la define, generalmente esta irá
acorde a la presión dominante que influye en su medio y a sus intereses
nacionales permanentes, entendiendo por presión dominante, aquellas con
capacidad de enfrentar el poder estatal y amenazar los intereses antes
mencionados, por lo que ponen en riesgo la Seguridad Nacional.
En el mismo orden, para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos de América (U.S. Chiefs of Staff), (Cor. Alfonso Littuma
Arizaga, 1967) “La Seguridad Nacional, es la condición que resulta del
establecimiento y manutención de medidas de protección, que aseguren un
estado de inviolabilidad contra actos o influencias antagónicas”
(http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020211124628.html, visitada el 17/09/2011).
El concepto clásico de Seguridad Nacional de acuerdo a (Ormad David,
2007) hace referencia a una relativa estabilidad, calma o predictibilidad,
supuesta como beneficiosa para el desarrollo de un país; así como a los
recursos y estrategias para conseguirla, teniendo como objetivos, prevenir o
rechazar amenazas militares de otros Estados, en la actualidad, las amenazas
a la seguridad nacional son más difusas, incluyendo terrorismo, riesgos
medioambientales y fenómenos sociales como las migraciones masivas.
El concepto Seguridad Nacional, (Escudé et al 2000: página 56),según la
definición establecida por política exterior de Estados Unidos durante la Guerra
Fría, es un término utilizado para definir ciertas acciones para que las Fuerzas
Armadas latinoamericanas modificaran su misión para dedicarse con
exclusividad a garantizar el orden interno.
La concepción moderna sobre Seguridad Nacional en el contexto del
socialismo del siglo XXI, está conformado a partir de la explicación de un
esquema estructural organizativo denominado disciplina del nuevo orden
liberal, que irá de la mano con los factores adversos internos que enfrenten las
naciones, o sea una mayor atención en lo referente a defensa interior.
En torno a lo anteriormente expuesto, según el analista argentino
Fernando Ezequiel Antonín (2007) integra al concepto de Seguridad Nacional,

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una ampliación modificada en lo concerniente a defensa interior,
desenvolvimiento económico, organización social, protección del medio
ambiente frente a los desastres naturales, rol del Estado frente a grupos
irregulares y medidas relativas al avance de organizaciones criminales.
De esta manera vemos como en América Latina resultan ampliadas las
funciones tradicionales de las fuerzas armadas, antes limitadas solo a defensa
nacional, constituyéndose en agente de control de crisis o amenazas de
conflictos socioculturales, medioambientales, políticos y económicos, cada vez
que las fuerzas son llamadas a encarar estas situaciones cuando las fuerzas
tradicionales de seguridad ciudadana se ven desbordadas o simplemente como
una manera de evitar la escalada a causa de eventos que crecen en su
intensidad y alcance.
En República Dominicana estas nuevas funciones de las FF.AA. están
bajo control civil del Poder Ejecutivo por mandato constitucional; las
instituciones castrenses supervisan, coordinan, instruyen y profesionalizan sus
tropas en materia de seguridad ciudadana, dándoles mayores herramientas a
fin de garantizar al ciudadano la percepción de su seguridad, en apoyo a las
fuerzas policiales cuando así lo ordena el Presidente de la República.
Sin embargo “existen otros planteamientos, que convierten la seguridad
nacional en un concepto muy escabroso, pues no sólo se refiere al hecho de
estudiar los fenómenos, personas o instituciones que sustentan o atentan
contra la soberanía, sino de encararlos, para de esta manera, evaluar el
problema, emitir un diagnóstico y dar alternativas de solución basado en dichos
criterios” (www.suprema.gov.do/visitada el 12 /06/2011).
Como también, Ernesto Arrellanes, Paulino (1996 página 23)
especialista en política exterior y relaciones internacionales dice que
"tradicionalmente no sólo en México sino en todos los países del orbe el
término seguridad nacional se ha enfocado al aspecto bélico. Sin embargo,
también se refiere a otros ámbitos, entre ellos el económico".
Según la circulación digital número 26 (julio-diciembre 2007 año 12) de
Pensamiento Propio, la cual es una publicación de análisis socioeconómico y
Político, esta plasma en su pag. 29 que:
“En el caso particular argentino según el trabajo de investigación de
opinión pública sobre política exterior y defensa de Argentina 2006,
realizado por el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales, el delito organizado y el narcotráfico son los dos
problemas de seguridad nacional que más preocupa a los
argentinos”
(http://www.fes-seguridadregional.org/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=262&Itemid=319)
Con fundamento en estas concepciones y en otras similares, se puede
determinar que para República Dominicana, la seguridad nacional no reside en

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el uso de la fuerza pública sino en el desarrollo integral que involucre las
expresiones económica, social y democrática de su sociedad, ya que estos
factores de no evolucionar de forma positiva podrían poner en riesgo la
estabilidad del Estado, como también en las amenazas emergentes
relacionadas con el crimen organizado.
Citando como prueba fehaciente lo anterior, el estallido social que
sucedió en la República Dominicana el 24 de abril de 1984, cuando los factores
económico y social, empujaron al pueblo a las calles en acciones violentas de
protesta, situación esta, que puso en peligro la estabilidad del Estado
(Martínez, A: 1986, pagina53).
FUENTE: http://www.factork1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38:hubo-otro-24-de-
abril-el-de-1984&catid=8:editorial&Itemid=4
Ante la escalada de los violentos acontecimientos y el desbordamiento
de las capacidades operativas de la Policía Nacional, el gobierno de turno se
vio en la obligación de integrar a las Fuerzas Armadas, en las acciones de
seguridad pública ya que la estabilidad del Estado y la permanencia del
gobierno se encontraban en una posición de peligro e inestabilidad.
Al respecto, Paulino Arrellanes (1996: página 24), señala que "en otra
época, la seguridad nacional se refería a los aspectos militar y territorial, debido
a que el dominio de unas naciones sobre otras se daba por medio de
movilizaciones militares. Sin embargo, conforme los Estados consolidaron su
autosuficiencia económica, los más fuertes empezaron a recurrir al dominio
comercial", este dominio comercial ha llevado a las naciones menos poderosas
a asociarse en bloques regionales buscando mayor competitividad.
Contreras, Marco Antonio (1998), también enfatiza en esta confusión de
términos, sólo que él se refiere a la existente entre los conceptos de Seguridad
Nacional y Seguridad del Estado. El aspecto más importante del primero de
estos conceptos es la soberanía, pues implica la toma de decisiones sobre
asuntos internos. "La Seguridad Nacional, en cambio, es la legitimidad de éste
y la obediencia y respeto que le guarda la sociedad".

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Ante los planteamientos anteriores, es conveniente adoptar la definición
que la seguridad nacional se refiere tanto a asuntos exteriores como interiores
que puedan afectar la estabilidad del país, independientemente que sean de
índole militar, política, económica o social.
En 1980, el general Félix Galván López, entonces Secretario de la
Defensa de México, definió la seguridad nacional como: "el mantenimiento del
equilibrio social, económico y político, garantizado por las Fuerzas Armadas".
Esa es la definición aceptada por el Ejército: allí no cabe la fuerza militar como
solución a los problemas nacionales. El enfoque mexicano es la negociación.
Eso cancela la necesidad de unas Fuerzas Armadas enormes, (Enrique Maza,
"Saldo del estallido en Chiapas según un análisis del Ejército Estadounidense,
Proceso, número 959, 20 de marzo de 1995, p. 25.).
Desde el punto de vista de las FF.AA. mexicanas, ese equilibrio está,
únicamente, garantizado por ellas, pero debe ser instrumentado y sostenido no
por estas, sino por el Estado, evidentemente en el terreno de la administración
pública y las relaciones políticas y el bienestar social.
Sin embargo, la realidad de violencia e inseguridad que vive México en
nuestros días ha provocado que el Estado varíe su posición al respecto, y se
ha visto obligado a la utilización de las fuerzas militares en operaciones de
seguridad pública o ciudadana, como lo pública el periodista Carlos Lara en el
periódico “La Prensa”, (http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2023917.htm, visitada el
7/12/20113) “El Gobierno de México informó a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que debido a la escala de violencia generada por el crimen
organizado "se vio obligado" a que las Fuerzas Armadas participarán en
actividades de seguridad pública", esto de manera subsidiaria, temporal y en
regiones específicas del país".
Abelardo Rodríguez Sumano expone lo siguiente:
“En efecto, las Fuerzas Armadas conforman el último bastión en la
institucionalización en la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y más
recientemente en la seguridad pública. Sin embargo, por el carácter de las
amenazas transnacionales y la conformación de un perímetro de seguridad
definido por Washington que incluye a México y Canadá, las Fuerzas Armadas se
encuentran en la transición hacia una colaboración en seguridad y defensa con el
“Coloso del Norte” sin precedentes en la historia moderna del país. Incursión que
requiere de un alto en el camino para examinar los riegos de esa transformación
con base en el interés nacional”
(http://www.cipamericas.org/es/archives/3611, visitada el 3/09/2011).
Adolfo del Castillo indica lo siguiente: "La seguridad nacional no tiene
que ver con corporaciones policíacas ni con la persecución de grupos
subversivos o no. No tiene relación con la tropa del Ejército; no tiene que ver
con la policía política ni de cualquier otro tipo. No tiene que ver con las
actividades de supuesta “inteligencia”. El de seguridad nacional es un concepto
eminentemente político y es relativamente nuevo" (Adolfo del Castillo Martínez,
op. cit., pp. 61-62.)

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Resaltando este comentario de Adolfo del Castillo, ya que muchos
periodistas e investigadores han externado una preocupación enorme, ante el
tema de la seguridad nacional y como se señala en el primer párrafo de este
documento llegando a confundir el concepto, con situaciones que pertenecen al
ámbito de la seguridad pública o ciudadana, es sano aclarar que el concepto de
Seguridad Nacional para las FF. AA. dominicanas: Función intrínseca del
Estado que busca proteger su gente, territorio o instituciones contra cualquier
peligro interno o externo, (MIDE, Manual de Doctrina Conjunta, pág. 227) “La
formulación de estrategias de seguridad nacional es una responsabilidad del
Consejo de Seguridad Nacional”, (Ibídem, pág. 88), por tanto los esquemas y
ámbitos que refieren al tema de la seguridad nacional están claramente
establecidos.
La democratización en América Latina a través de sus tortuosos
procesos, ha enseñado a sus Fuerzas Armadas a no emprender acciones
represivas orientadas al descalabro de la institucionalidad y la democracia, por
lo que se puede afirmar que, toda sociedad basada en diversas experiencias
históricas nacionales propias y ajenas, infiere la necesidad de disponer siempre
de una institución profesional que se ocupe de defenderla ante la presencia de
cualquier amenaza o enemigo externo o interno.
De allí que se entienda, que en el caso particular de República
Dominicana, por mandato constitucional establecido en el Título XII; Capítulo I;
Artículo 252 en lo que refiere a la Misión y Carácter de las Fuerzas Armadas,
estas son las encargadas de realizar la encomienda de defensa de la nación.
Este artículo no sólo se refiere a enemigos externos, sino también internos,
pues la ola de criminalidad y violencia, si bien es generada por la crisis y el
desempleo, que es el matiz político de la misma, es bien sabido que estos
factores pueden escalar y poner en peligro la estabilidad del Estado lo que
vendría a degenerar en una situación de seguridad nacional, como lo fue en
abril de 1984 en República Dominicana, fruto de los males sociales que
aquejaban a la población más desposeída.
Lo anterior obedece a que de alguna manera resulta obvia la actividad
predominante para la cual se crea y mantienen los Ejércitos, su propósito
principal de salvaguardar la soberanía y defensa de la nación y se orienta hacia
la preservación de la paz y el auxilio a la población civil en los casos que así se
requiera. La esencia de la seguridad nacional depende de las políticas
implementadas por el poder civil y no de las Fuerzas Armadas, ya que estas
solo son una herramienta para la consolidación y salvaguarda de la misma.
Hablar de seguridad nacional, entraña varios aspectos en un sentido
multidimensional, como son: el narcotráfico y su combate, la democracia y su
fortalecimiento, la política exterior y su despliegue, la política económica y su
estrategia, la política militar y su conducción.

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Al mismo tiempo se debe destacar que tanto la justicia como la
soberanía se sustentan en la democracia y en el crecimiento sostenido de un
proyecto de nación que brinde como resultado la satisfacción de las
necesidades básicas del pueblo, al que para fines de la investigación se
denominara en lo adelante Desarrollo Integral, y que por supuesto van de la
mano. Tal y como expresara Rigoberta Menchú: "aspirar a sociedades
democráticas es pretender erradicar la pobreza, pues una y otra son
incompatibles", (1996: Quórum N° 47, páginas. 13-14). Asimismo, afirma que la
relación entre seguridad económica y la estabilidad política de los países es
muy estrecha.
La estabilidad política de cualquier país está en función de su desarrollo,
pues existe una relación irrefutable entre la violencia y la crisis económica,
pues la mayoría de los movimientos violentos que se han producido en el
mundo representan una válvula de escape de las tremendas presiones sociales
y económicas existentes, consecuencia de la falta de medios económicos.
Un factor preponderante en la criminalidad actual es la disolución de lo
que llamamos la piedra angular de la sociedad, la familia, pues con la
disolución de la misma, fruto de los problemas socioeconómicos actuales
arrastra consigo la perdida de los valores morales que en épocas recientes
caracterizaron la sociedad dominicana y esto aunado a la baja calidad de la
educación, y su insuficiente cobertura nos hereda una situación de violencia y
criminalidad que está socavando la tranquilidad y el sosiego de la nación, en un
esfuerzo por mejorar el aspecto de la educación el congreso dominicano
evacuo la ley 66-97 que ordena al gobierno asignar el 4% del PIB a la
educación, a pesar de que esta ley fue promulgada 15 de abril de 1997 no fue
hasta el 2012 que fue aplicada.
La seguridad nacional no son las Fuerzas Armadas, aunque estas son
una herramienta para la consecución de la misma. Seguridad es desarrollo y
sin este no puede haber seguridad, pues con un estado desarrollado que cubra
los aspectos básicos de seguridad social y una economía que aporte empleos,
se ha de reducir el porcentaje de ciudadanos que recurran a la violencia y la
criminalidad para conseguir sus imperativos sociales.
Otro elemento que surge como protagonista de la situación actual de
inseguridad y que traspasa los límites de la delincuencia común, es el crimen
organizado cuya capacidad de poder, puede llegar hasta amenazar la
soberanía e integridad de la nación, al poner en peligro la fortaleza de las
instituciones del Estado, las cuales representan el eje fundamental de su
sostenimiento.
En la República Dominicana, el narcotráfico como punta de lanza del
crimen organizado local ha surgido como el principal gestor de violencia tanto a
lo interno de sus organizaciones como hacia la sociedad misma, vemos con
asombro como este flagelo ha permeado y corrompido todos los estamentos

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sociales, judiciales, políticos, policiales y militares del país, colocando en riesgo
real la estabilidad del Estado.
Con esto queda definido que el desarrollo integral depende del Estado, a
través de la instrumentación de estrategias de fortalecimiento de la democracia
y de programas económicos coherentes y correspondientes a la realidad
histórica y social de República Dominicana, concretamente si éste es ejecutado
por la Autoridad Civil, y no por las Fuerzas Armadas, quienes sólo garantizan
el equilibrio de la nación, amén de las amenazas emergentes como son las
antes mencionadas.
Finalmente en vista de todos los conceptos de seguridad nacional
plasmados durante este documento, puedo plantear mi propio concepto sobre
el tema.
Seguridad Nacional es el estado de garantías en el que los
intereses y los objetivos nacionales se encuentran a salvo de amenazas
internas o externas, creando un clima de estabilidad política, institucional
y social.
Elvis A. Abreu Encarnación
Capitán De Fragata, A.R.D. (DEMN)
 La Seguridad Ciudadana
Según el Instituto Interamericano de los Derechos humanos el concepto
de Seguridad Pública Democrática o ciudadana se define como:
“La situación política y social en la que las personas tienen legal y
efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos a defender y a ser
protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su
honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación
en la organización política, económica y social, así como en su igualdad ante
la ley y su independencia ante los poderes del Estado, y a obtener el pleno
resguardo de la totalidad de los derechos y garantías emanadas del Estado de
derecho”.
Como referentes teóricos tomados para fines de este escrito, se señala el
artículo, Fuerzas Armadas en Seguridad Pública ¿Solución o Problema?
Santiago de Chile. Revista Nueva Sociedad, págs. 1-17, (Darmmet, Lucia;
Álvarez Roberto: 2009), quienes destacan entre otras cuestiones lo siguiente:
“El aumento de la inseguridad pública es un problema crítico en América Latina no
sólo por el uso cotidiano de violencia, sino también por la creciente complejidad
del accionar delictivo, el uso de la dotación de las Fuerzas Armadas para tareas de
seguridad pública se ha convertido en una realidad en diversos contextos de la
región”.
(Sánchez, Rubén (2005). Una aproximación al estudio de la seguridad, pág.
2.), Explica:
“En el mundo actual, unificado por el desarrollo de las dinámicas transnacionales,
la ciencia y la tecnología, ha expuesto a la erosión de las fronteras y a amenazas de

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nuevo cuño, los dispositivos militares son insuficientes para conjurar el
sentimiento de inseguridad individual y colectiva que incide en la construcción de
un nuevo orden internacional”.
Sin embargo, estos sentimientos de inseguridad son más profundos, y
configuran una preocupación del ser humano desde los inicios de su existencia.
La primera razón es la necesidad de buscar la supervivencia física, propia y de
su entorno y en segundo lugar la salvaguarda moral y ética. Rubén Sánchez
David y Federman Antonio Rodríguez Morales en la pag. 3 de su estudio, se
cuestiona así: ¿cómo entender una sociedad que no aspire a la seguridad, si
aquella se constituye en el fundamento de cualquier tipo de transacción, sea
política, económica, social o de otra naturaleza?; interpretando el
cuestionamiento de Sánchez y Morales, se infiere en el sentido de que la
percepción de seguridad es un elemento fundamental para el desarrollo de los
pueblos, ya que en un Estado que reine un clima de inseguridad es imposible
ver fortalecerse el estado de derecho, la institucionalidad y la inversión, en
resumidas cuentas el progreso integral de la nación.
En torno al fenómeno del uso de las fuerzas armadas en funciones de
seguridad pública o ciudadana se observa la opinión del General en la honrosa
posición de retiro, Juan Tomás Taveras de la Policía Nacional de República
Dominicana:
“Resulta inexplicable y alarmante que en la actualidad las funciones propias de la
Policía Nacional con relación a la seguridad ciudadana son ejecutadas por miembros
de las Fuerzas Armadas; y lo más paradójico e incongruente de ello, es que la
sociedad y los actores llamados a regular y corregir las fallas del sistema de
seguridad pública se muestran indiferentes, pues desconocen o no quieren darse
cuenta"
(http://www.elnacional.com.do/mobile/article.aspx?id=20401, visitada el 23/11/2013)
Sin embargo, la opinión del general Taveras puede ser valorada desde
su óptica como oficial de policía, a manera de un posible celo profesional, pues
estaría viendo el ámbito operacional de su institución ocupado por las Fuerzas
Armadas; ahora bien lo que se debe tener bien presente, es que este no es un
fenómeno exclusivo de República Dominica ya que en toda América Latina se
está desarrollando esta manifestación fruto del desbordamiento por parte del
crimen organizado de las capacidades de las agencias de aplicación o
reforzamiento de la ley, en el caso dominicano hay que tener en cuenta la
existencia de un marco legal que autoriza a las FF. AA. a incursionar en el
ámbito de la seguridad pública o ciudadana, cuando así lo entienda pertinente
el poder ejecutivo.
En este sentido podemos observar que la constitución de Republica
Dominicana establece en su Título XII en lo que respecta a Las Fuerzas
Armadas, de La Policía Nacional y de La Seguridad y Defensa, en su articulado
252, específicamente en su numeral dos (02) lo siguiente:
“Podrán, asimismo, intervenir cuando lo disponga el Presidente de la
República en programas destinados a promover el desarrollo social y
económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública,

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concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden
público en casos Excepcionales”
De igual forma que este articulado de la Constitución dominicana se han
generado otras leyes específicas que otorgan a las Fuerzas Armadas
Dominicanas roles que rozan y se entrecruzan con el tema de la seguridad
pública o ciudadana por ejemplo: la Ley 3003 de policía de puertos y costas de
fecha 4 de agosto de 1951 establece en su artículo primero que “La policía
general de los puertos, fondeaderos y costas de la República, queda
encomendada a la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación, a los
Comandantes de Puertos y a las demás autoridades previstas en la presente
ley” luego modificada por la ley 4579 de fecha 30-10-56, mediante la cual todas
las comandancias de puerto pasaron a ser dependencia de la Jefatura de
Estado Mayor de la Marina de Guerra actualmente denominada Comandancia
General de la Armada de República Dominicana por la Ley No. 139-13 del 13
de Sept. 2013.
De igual forma vemos las conformaciones de los Cuerpos Especializados
que operan bajo la sombrilla del Ministerio de Defensa, como son:
a) El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC)
creado mediante El Decreto No. 28-97 del 22 de enero del 1997, y
luego asumido en la Ley No. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y
de la Aviación Civil. Gaceta Oficial No. 10628 del 22 de julio de 2011,
en su Capítulo III Art. 3 Numeral 27; donde lo designa como la autoridad
competente en materia de seguridad de la aviación civil, designada por el
Estado dominicano para que sea responsable de la preparación, aplicación
y cumplimiento del programa nacional de seguridad de la aviación civil y se
le cambia el nombre a Cuerpo Especializado en Seguridad
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC).
b) El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, (CESEP) fue
creado mediante el decreto número 746-00 del Poder Ejecutivo en
fecha 11 de septiembre del año 2000 y oficializado mediante la ley
426-07 del 17 de diciembre del año 2007.
c) El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, (CESFRONT),
surge en agosto del 2006, mediante el decreto 325-06, durante el
segundo gobierno del Doctor, Leonel Fernández Reyna.
d) El Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, (CESMET),
fue creado mediante Decreto No. 316-2007 de fecha 3 de julio de
2007 ante la necesidad de garantizar la seguridad del naciente Metro
de Santo Domingo.
e) El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles,
(CECCOM), fue creado mediante decreto 279-04 como una
dependencia directa de la Secretaría de Estado de Industria y
Comercio, con la misión principal de aplicar una política nacional en
materia de seguridad y control en el proceso de distribución y
comercialización de los combustibles.
f) El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (CESTUR), fue
creada como Dirección General mediante el decreto 1301-00, del 21

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de diciembre del año 2000 y Cambiada a CESTUR por la ley
orgánica 139-13 de las Fuerzas Armadas.
g) El Servicio Nacional de Protección Ambiental, (SENPA), creado
por el Decreto No. 1194-00, como dependencia de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Nota: Todos los Cuerpos Especializados quedan bajo el mando directo del
Ministerio de Defensa por mandato de la Ley No. 139-13 de fecha 13 de
Septiembre de 2013, (Ley Orgánica de las FF. AA.).
Asimismo el Ministerio de Defensa por instrucciones del superior
gobierno a formado las Fuerzas de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN) y la
Fuerza de Tarea Defender, Proteger, Servir (DEPROSER) 24/7, creada
mediante Decreto No.819-08, de fecha 8 de diciembre del 2008 del Poder
Ejecutivo y puesta en ejecución mediante Directiva No. 17 del mismo año del
entonces Ministro de las Fuerzas Armadas, esta fuerza de tarea tiene el asiento
de su Comando en el Centro de Operaciones Conjuntas, MIDE, al momento
está conformada por seis (6) Grupos de Tareas (GT), de siete (7) estipulados
en la Directiva No. 17-2008, MIFFAA.
Defender Proteger y Servir 24-7, (DEPROSER), tiene la misión de apoyar
a la Policía Nacional y a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en
operaciones de prevención de delitos, lo que se ha traducido en una mejora en
la percepción de la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con la seguridad
ciudadana.
De esta manera, se puede inferir, que existe una clara conjunción entre la
política de seguridad ciudadana y las funciones que deben desempeñar todas
las instituciones ligadas al tema, ya que la seguridad ciudadana es una
responsabilidad compartida con las distintas agencias e instituciones del
Estado, tales como el Ministerio del Interior, Educación, Salud, Cultura,
Deportes, Defensa, entre otras, cuando así lo determina el Presidente de la
República, amparado en lo establecido por la Constitución Dominicana.
En ese mismo orden, dentro de los antecedentes encontrados que
guardan relación con el objeto de estudio, se cita la publicación del Instituto
Internacional de los Derechos Humanos, (Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (2004): página 3), que plantea entre otras cuestiones que las
políticas de seguridad pública constituyen un conjunto de intervenciones,
expresadas en normas, disposiciones, acciones y prácticas llevadas a cabo
por varias agencias y actores públicos y/o no gubernamentales tendientes a
controlar una amplia y diversificada gama de hechos violentos y/o delictivos a
través de su prevención, conjuración o de su punición. Estas agencias y
actores conforman el sistema institucional de seguridad pública.
Para el presente artículo, se consideran de utilidad algunos conceptos,
los cuales sostienen que para describir cada una de las características de la
seguridad es necesario hacer varias preguntas, entre las cuales según David

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Baldwin (Review of International Studies (1997), 23, 5-26).se pueden señalar
las siguientes:
 ¿Cómo se percibe la seguridad en función de los valores que
deben ser protegidos?
 ¿En qué consiste el enfoque de seguridad ciudadana o pública?
De esta manera, se reafirma que la seguridad es responsabilidad del
Estado, para garantizar que el ciudadano perciba que se protege valores,
bienestar económico y salud de las personas, en tal sentido, la seguridad se
percibe en función de los valores que se estimen dignos de protección, porque
las fuentes de amenaza pueden variar.
Por lo tanto, se puede asumir en función de los conceptos de seguridad,
valores y amenazas, que los instrumentos y políticas necesarios pueden ser
diversos, tales como: disuasión militar, cooperación internacional en el caso del
enfoque de seguridad cooperativa, incluyendo el índice de desarrollo humano,
como parte de un enfoque más amplio de la seguridad humana1
.
De tal manera, en sentido más amplio, el concepto de seguridad
ciudadana debe incorporar los valores del estado social y democrático de
derecho, donde los derechos humanos encuentren albergue, no limitando la
seguridad a la simple lucha contra la delincuencia, propiciando las condiciones
de convivencia pacífica entre los ciudadanos.
Otro de los enfoques teóricos sobre la seguridad, alega que la misma es
preventiva, debiendo hacer énfasis en el desarrollo de las labores de
prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad,
relegando a un segundo plano, aquellas tareas meramente represivas, que sólo
consiguen infundir temor a la población.
En ese sentido, se debe resaltar, como la delincuencia en la actualidad
afecta a la sociedad, provocando que todo el conglomerado social entienda
que el problema de seguridad es competencia de muchos actores, tanto del
ámbito gubernamental como de la sociedad civil.
En ese orden de ideas, se trae a colación, que la seguridad ciudadana,
encierra aquellos derechos que les corresponden a todos los miembros de una
sociedad, para poder realizar sus actividades diarias o rutinarias, con el menor
nivel posible de amenazas a su integridad personal, a sus derechos cívicos y al
goce de sus bienes
1
La seguridad humana está directamente asociada al desarrollo humano, según el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD, esta es la que garantiza el bienestar socioeconómico de las personas de manera sostenida
garantizándole al individuo el derecho a satisfacer sus necesidades básicas dándoles la oportunidad de ser auto
suficientes y entes participativos en la sociedad.

15
La seguridad ciudadana requiere de un orden interno en el que se
minimicen los riesgos, percepciones y experiencias de agresión y violencia,
maximizando así las prácticas de convivencia pacífica.
Los factores que determinan la seguridad ciudadana son complejos y
tienen un carácter social, institucional, económico y cultural. De manera que, la
seguridad ciudadana puede ser concebida como una condición social de doble
vía, relacionada con las capacidades analíticas, estratégicas y operativas del
Estado para garantizar los derechos ciudadanos en una sociedad democrática.
Lo anterior obedece, primero, a los derechos otorgados a la ciudadanía
para acceder a oportunidades educativas y económicas que posibiliten
condiciones dignas de vida, y segundo, al derecho que tiene todo ciudadano
para circular y vivir en los espacios públicos y privados, en pleno ejercicio de
sus libertades y sin amenazas ni miedos relativos a su integridad física, (ONE;
2006: página 8).
En relación a todo lo abordado hasta ahora, queda en evidencia que el
análisis de la seguridad ciudadana debe tomar en cuenta la dilucidación de
experiencias, percepciones, los factores sociales, económicos e institucionales,
y sus interrelaciones, que inciden en la producción social de la inseguridad
ciudadana.
De lo señalado anteriormente, se puede interpretar que para trabajar en la
solución del problema de la seguridad ciudadana hay que poner en marcha
programas sociales dirigidos a garantizar la seguridad humana, haciendo de
esta manera una sociedad autosuficiente con capacidad de tener acceso a los
requerimientos básicos como lo son el empleo la vivienda la educación y la
salud reforzando estos programas sociales con medidas efectivas para
controlar el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado.
 Seguridad Pública
Los ciudadanos se preocupan por la inseguridad, reacción lógica ante
situaciones violentas que muestran delitos y crímenes que se cometen a diario,
mostrados por los medios de comunicación en toda su crudeza, generando
reclamos ante los males que trae la delincuencia violenta, despreciativa del
valor de la vida humana, muchas veces con medios tecnológicos, recursos y
organización que asombran, (Martínez M, Oscar (2010), visto en,
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4093.htm, visitada el 15/12/2013).
Según la analista de seguridad y escritora mexicana Ana María Salazar,
en la actualidad se coincide en aceptar que la Seguridad Pública tiene como
objetivo mantener el orden público, proteger la integridad física de personas y
bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones, investigar y perseguir los
delitos e infractores, además de auxiliar a la población en casos de desastres.

16
Este es el punto de partida de esta reflexión, actualmente queda definido
de una manera clara lo que se expresa cuando se enuncia el término
“Seguridad Pública”. Cuando se aborda este tema, es necesario entender en
primer lugar, que la Seguridad Pública es responsabilidad de profesionales
desde el Estado y está estrechamente relacionada con la seguridad ciudadana
y la seguridad humana o mejor dicho esta es la consecuencia de las demás. En
segundo lugar, no se pueden encarar soluciones para los problemas inherentes
a la Seguridad Pública sin un meticuloso planeamiento previo, para así evitar
decisiones extremas y de excepción.
 Vinculación entre Seguridad Ciudadana y Pública.
Al ser la seguridad ciudadana una percepción unipersonal en la que el
ciudadano ve su situación política, social y legal efectivamente garantizados
para el pleno disfrute de sus derechos, en el entendido de que el Estado es el
llamado a defender y proteger su vida, su libertad, su integridad y bienestar
personal; mientras, que la seguridad pública es considerada el servicio que
debe prestar el gobierno a través del sus agencias e instancias
correspondientes, a fin de garantizar ese estado de percepción del ciudadano,
es así como ambos conceptos son vinculantes.
Gráfico 01
Fuente: El Autor
En tal sentido, (Sandoval F. (2006) Pág.125) “la seguridad es un bien
público de la más alta estima social y por ello, es tarea esencial, definitiva y
concluyente del Estado moderno”.
E
S
T
A
D
O

17
Antes de continuar, se considera pertinente resaltar, que el marco legal del
Estado y sus instrumentos para impartir justicia y prevenir el delito, son el punto
de referencia indiscutible para preservar la seguridad pública y jurídica, como
lo es la estabilidad política para la garantía del estado de derecho, se ha
observado a través de la historia dos maneras de visualizar el problema de la
seguridad:
a) El primero, parte del modo autoritario de gobierno, donde no se respetan
los derechos fundamentales del individuo.
b) El segundo incluye el sistema democrático de derecho, teniendo como
desafío permanente, la natural e inevitable tensión entre el respeto a los
derechos humanos y la necesidad de garantizar la seguridad en todos
los órdenes.
 La Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina y El Caribe.
La Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina y El Caribe, ha
tenido matices muy parecidos en todos los países de la región, donde el común
denominador que se ha encargado de su debilitamiento han sido la
desigualdad social, la violencia por factores políticos y el crimen organizado.
El origen de la violencia y la inseguridad en América Latina y El Caribe
históricamente han tenido varias causas y matices, tanto exógenos como
endógenos, en siglo XIX el proceso de descolonización fue el evento precursor
de la violencia y la inseguridad en esta región, pero vemos como a partir del
siglo XX en sus inicios, la principal causa de violencia e inseguridad, lo fueron
las luchas políticas internas, donde los caudillos se sucedían en el poder por
medios violentos trayendo en muchos casos como consecuencia a sus
respectivos países el fenómeno de la intervención armada por otro país.
Finalizada la II Guerra Mundial, después de los acuerdos de Yalta y
Potsdam en 1945, se inicia el periodo que históricamente recordamos como La
Guerra Fría2
, en este periodo vemos como factores exógenos inciden en la
violencia tanto del Estado hacia la población como de parte de esa misma
población hacia sus Gobiernos creando esta situación un sentimiento de
inseguridad general en las poblaciones.
El factor ideológico, fue el caldo de cultivo para que dentro del marco de
la guerra fría la violencia se esparciera por la región de forma virulenta,
afectando la sociedad en todo su contexto, esta guerra ideológica basada en la
lucha entre el comunismo y el capitalismo, dividió las naciones
latinoamericanas y caribeñas, marcando heridas tan profundas que su proceso
de curación ha sido lento y tortuoso, de manera tal que hoy en día, los actores
que protagonizan el escenario político regional están influenciados por este
2
Este término fue acuñado por el asesor presidencial Bernard Baruch, en un discurso pronunciado el 16
de abril de 1947 (Juan Felipe Abaunza (2010), la Guerra Fría Según Bernard Baruch).

18
proceso heredando de esa época represiva cierta desconfianza y resquemor
por sus fuerzas armadas.
Dentro del mismo contexto de la Guerra Fría, surgen la lucha por las
reivindicaciones sociales y los derechos humanos, lo que convulsionó aun más
este periodo. Con la caída del Muro de Berlín el 29 de noviembre de 1989, acto
que simboliza el inicio del final de la llamada Guerra Fría, surgen elementos
que sin ser verdaderamente nuevos toman preponderancia y vienen a
alimentar el estado de inseguridad ciudadana y pública en América Latina y El
Caribe.
En relación a esos “nuevos elementos” que se mencionan en el párrafo
anterior, tenemos que en consonancia con la política de defensa regional
establecida por los centros hegemónicos de poder en la región, el terrorismo y
el crimen organizado son los principales protagonistas de lo que desde ese
momento se llamarán las nuevas amenazas o amenazas de nuevo orden,
estos resaltan ser los principales flagelos que ponen en riesgo la estabilidad y
la paz social de los Latinoamericanos y Caribeños.
Según Gabriel Aguilera Peralta en su artículo Violencia y Sociedad Civil
en América Latina y El Caribe; Logros y desafíos, (Pensamiento propio, (2007),
CRIES Pag.11) dice: “La Agenda de Seguridad en América Latina y el Caribe,
se ha modificado sustancialmente en la última década”
A lo que se interpreta de lo expresado por Aguilera, es que fruto del
surgimiento de estas “nuevas amenazas”, los Estados en el subcontinente se
han visto en la necesidad de buscar alternativas locales y regionales para
enfrentar y prevenir las acciones del crimen organizado en el área como
también el peligro latente que entraña el terrorismo.
El fin de la guerra fría trajo como parte del nuevo esquema mundial la
instauración de la globalización y con este proceso el crimen tomo matices
internacionales, operando bajo un esquema organizado donde las mafias
extendieron sus operaciones a niveles antes impensables y creando un círculo
vicioso criminal con un espectro operacional orientado a todos los medios
lícitos e ilícitos de enriquecimiento.
Se puede apreciar en este círculo criminal como los diferentes niveles
del crimen se suceden unos con otros, como elemento de análisis a los fines de
este estudio se tomará el narcotráfico con la Republica de Colombia como
delimitación geográfica y su proyección en la región.
El narco delito para subsistir, fomenta y se alimenta de muchas otras
actividades delictivas y lo hace desde su mismo inicio incentivando a los
campesinos a dejar de cultivar sus rubros tradicionales e iniciar la siembra
ilegal de la planta de coca ya que este cultivo les garantiza mejores ingresos
que los cultivos tradicionales sin importarles entrar en conflicto con la ley.

19
Una vez la materia prima (hoja de coca) está cosechada, inicia el
proceso químico de extracción del alcaloide, este paso requiere de otra cadena
de ilegalidades como lo es el contrabando de los precursores químicos, los
cuales desde su origen hasta su destino final van dejando una estela de delitos
como: sobornos, falsificaciones, contrabando, homicidios y blanqueo de
activos.
Durante este proceso específicamente en Colombia se involucran la
guerrilla y las Autodefensas (AUC) en ocasiones en la producción y en otras en
la protección de los laboratorios y las rutas, así se integra un nuevo elemento
delictivo, el terror, la justicia colombiana define a estos grupos armados que
operan al margen de la ley como Bandas Criminales “BACRIM” y terroristas y
estos utilizan el narcotráfico para el financiamiento de sus actos ilícitos.
El narcotráfico encierra en su modus operandi el asesinato, el
contrabando, el terrorismo, el blanqueo de activos, la extorción, fomenta la
corrupción de las instituciones del estado, inclusive en algunos niveles tiene
vínculos con otros delitos como la trata de personas, la pornografía en todos
sus ámbitos y el contrabando de armas, por esta razón Colombia le ha
denominado como narcoterrorismo fruto de su vinculación.
Con una vista rápida al narcoterrorismo colombiano, según lo denominan
sus leyes, vemos como este delito se ha globalizado de forma efectiva. (Gabriel
Aguilera: 2007, Violencia y sociedad civil en América Latina y el Caribe. Logros
y desafíos, P-10) indica:
“El comercio ilícito de drogas narcóticas y todas las actividades igualmente
ilegales derivadas o periféricas a ese ejercicio delictual, representan la peor
manifestación del crimen organizado, debido a que la magnitud de los recursos
financieros de que disponen las bandas de narcotraficantes, les permite no
solamente desafiar seriamente la autoridad del Estado, sino inclusive infiltrarlo,
creando el fenómeno denominado del “poder paralelo” o “doble poder”.
Para realizar un análisis al fenómeno del crimen organizado y sus
consecuencias en la región es preciso hacerlo en forma segmentada y en
orden secuencial acorde con los países y regiones que presentan un índice
apreciable en materia de criminalidad y violencia.
 Colombia, Crimen Organizado y El Plan Colombia.
Hacia finales de la década del 50 (siglo XX) existía en Colombia la
presencia de grupos armados al margen de la ley, los cuales fueron reductos
de los movimientos políticos bajo las armas que al final del conflicto no se
desmovilizaron, estos fueron denominados por las autoridades como Bandas
Criminales “Bacrim”, las cuales representaban una amenaza para la Seguridad
Pública y Ciudadana, estas bandas fueron rápidamente desmanteladas para la
década del 60, estos grupos llamados “Bacrim” habían sido totalmente
desarticuladas fruto de la persecución estatal mediante operaciones de
eliminación de blancos de alto valor estratégico, o sea, el descabezamiento de
las organizaciones a través de la eliminación de sus líderes.

20
Como se explica a continuación (Mauricio Romero y Angélica Arias:
2010) en su estudio, (Los herederos de las “AUC”3
, la geografía del narcotráfico
y la amenaza de nuevos carteles: Página 3) “En ese entonces la posibilidad de
extraer rentas de actividades económicas legales o ilegales era escasa. Bien
porque no existía el narcotráfico, la capacidad para obtener rentas por la fuerza
era baja, y por tanto las posibilidades de corrupción de los agentes estatales
era exigua”.
De igual manera en que se cita en el párrafo anterior, sobre la
inexistencia de fuentes de financiamiento fuerte, ya sea de forma legal o ilegal
que llevaron estos grupos denominados “Bacrim” a su extinción con la
eliminación o arresto sus cabecillas; este no es el caso de los grupos
delincuenciales que operan actualmente en Colombia.
El Estado colombiano ha denominado actualmente a los grupos
armados, reductos de las Fuerzas de Autodefensa Colombianos (AUC) que
operan al margen de la ley como “BACRIM” en una alusión a las anteriormente
citadas en el párrafo anterior.
Desde la óptica actual es importante que el Estado colombiano no
observe el fenómeno actual desde la óptica de las “BACRIM” de los años 50 Y
60 ya que la realidad del narcotráfico y el desarrollo tecnológico e industrial son
totalmente diferentes, lo que le brinda a estos grupos armados al margen de la
ley un amplio espectro de financiamiento y razón de existir.
Entonces, en relación a lo anteriormente señalado (Romero y Arias
(2010), Página 3), dicen “El término Bacrim asignado por el gobierno del
presidente Uribe (2002- 2010) para nombrar a los grupos responsables de la
violencia en la ilegalidad en los antiguos dominios de las AUC, es muy limitado
y el gobierno debería reformularlo”.
A partir de 2000 Colombia inició un agresivo plan para perseguir y destruir
las organizaciones criminales en su territorio este plan ha tenido el apoyo
logístico de los Estados Unidos de Norteamérica y se le denominó “Plan
Colombia”.
Previo a la aplicación de este plan cabe resaltar de forma breve el
desarrollo del narcotráfico en Colombia y la política del Estado colombiano
frente a los requerimientos de los Estados Unidos frente al fenómeno en
crecimiento y su política de ayuda.
Para inicios de la década de los setenta el Estado colombiano maneja el
tema del narcotráfico con cierta autonomía tanto en las operaciones como en
las políticas de prevención erradicación y persecución del delito, ya que el
contexto político colombiano y su importancia para la comunidad internacional
no estaba ligado a la problemática del narco por muchas razones, una de estas
3
“AUC” Abreviatura con la que se denomina a los grupos armados colombianos llamados Autodefensas.

21
es que Colombia dentro del contexto de la guerra fría era un valioso aliado de
los Estados Unidos en su lucha contra las fuerzas del comunismo.
Otro factor es que Colombia durante esa época, no era el principal
productor y exportador de drogas hacia los Estados Unidos, de tal manera que
el Estado colombiano mantenía una tímida política anti-drogas realizando
operaciones de destrucción manual de plantaciones de marihuana mientras
que la posición de Washington era la erradicación de cultivos mediante la
fumigación con agentes químicos defoliantes.
Esta discrecionalidad en el manejo de las políticas antidrogas que tenía el
gobierno colombiano cambio cuando en 1978 Colombia se convirtió en el
principal productor y exportador de marihuana hacia los Estados Unidos, ya
que “de 100,000 toneladas introducidas a territorio norteamericano para esa
fecha, entre el 60% y el 65% de ésta era responsabilidad de narcotraficantes
colombianos”4
.
El evento citado en el párrafo anterior sucedió concomitantemente con la
ascensión a la presidencia de la República del Presidente Julio Cesar Turbay
Ayala (1978-1982)5
, desde este momento el Gobierno colombiano empezó a
recibir las presiones de Washington, a fin de que se iniciara la erradicación de
cultivos por medio de fumigación química fruto del éxito obtenido en
operaciones llevadas a cabo en México (Operación Cóndor) y Jamaica
(Operación Bucanero). La Operación Cóndor puesta en ejecución en México
dejo como resultado la disminución de la exportación de marihuana mexicana a
Estados Unidos desde un 35% a un 10%, cultivada en un área de 25.000 a
30.000 hectáreas de la geografía nacional colombiana6
.
La respuesta del presidente Turbay a las presiones ejercidas por
Washington para que robusteciera la lucha anti-drogas, fue militarizar las
operaciones involucrando las Fuerzas Militares Colombianas mediante la
Operación Fulminante, esta operación se ejecutó en el área de la Guajira y
ocupó un total de 10,000 soldados, la puesta en ejecución de esta operación
disuadió de forma temporal a los EE.UU. de su intención de que Colombia
ejecutara la fumigación masiva de cultivos con agentes químicos, la resistencia
del gobierno colombiano a ejecutar las fumigaciones era que los agentes que
se debían utilizar eran altamente nocivos a la salud y al medio ambiente,
(Paraquat)7
Fruto de la iniciativa de la puesta en ejecución de esta operación y de la
posterior complacencia del Estado colombiano a los requerimientos de
erradicación de las plantaciones de marihuana, coca y amapola por medios de
fumigación química que realizaba los EE.UU. trajo como resultado un mayor
4
(http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-30632012000200010&script=sci_arttext), (visitada el 23/01/2014).
5
http://web.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/62.htm, (visitada el 23/01/2014)
6
(Villada, 2006; Plan Colombia, Política Antidrogas De Los EE.UU.)
7
El Paraquat es el nombre comercial del Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, un viológeno. El paraquat es usado
como un herbicida cuaternario de amonio. Es peligrosamente venenoso para los humanos si es ingerido.
(http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/0262fact.pdf)

22
apoyo logístico por parte de Washington a la guerra antidrogas colombiana,
cabe resaltar que las operaciones de fumigación fueron muy reducidas, por el
temor del gobierno a las consecuencias de impacto negativo al medio
ambiente.
En marzo de 1979 el Subcomité de Relaciones Hemisféricas de la
Cámara de Representantes en Washington aprobó una enmienda para
aumentar la ayuda económica a Colombia para combatir el tráfico de drogas.
En 1984 fruto del asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el
gobierno envió una respuesta contundente a los carteles de la droga, aprobó la
iniciativa de la fumigación masiva de las plantaciones de amapola, coca y
marihuana con productos químicos defoliantes y la extradición de ciudadanos
colombianos a los EE.UU., es aquí donde comienza una guerra sangrienta
basada en el terrorismo, que bañará de sangre la sociedad colombiana.
A raíz de los estragos causados por esa sangrienta guerra el Estado
colombiano se embarco en el proyecto de nación llamado “Plan Colombia” e
cual llevaría a cabo una reestructuración del espectro gubernamental en todos
los órdenes, para lo cual se plantearon 10 estrategias:
1) Estrategia Económica.
2) Estrategia Fiscal.
3) Estrategia para la Paz.
4) Estrategia para la Defensa Nacional.
5) Estrategia judicial y de Derechos Humanos.
6) Estrategia Antinarcóticos y Crimen Organizado.
7) Estrategia Para el Desarrollo Alternativo.
8) Estrategia de Participación Social y Concientización Colectiva.
9) Estrategia para el Desarrollo Humano.
10)Estrategia de Orientación Internacional para Confirmar los
Principios de Corresponsabilidad ante el Problema de la Droga.
Estos 10 pilares en los cuales se basa el Plan Colombia nos dan una
perspectiva de la ambición de este proyecto, ya que está orientado a
transformar la estructura del Estado en todos los ámbitos pasando desde el
Económico, Social Internacional y de la Seguridad y Defensa, siendo las
Fuerzas Militares, Policiales y el Poder Judicial elementos importantes del
Estado que fueron especialmente reforzados a través de este plan a fin de
cimentar la lucha contra estos grupos delictivos, a sabiendas de que estos son
elementos preponderantes para ganar la guerra contra el crimen organizado y
los grupos armados que operan al margen de la legalidad.
El Plan Colombia ha tenido sus conquistas en todos los órdenes en que
se ha aplicado teniendo mayor éxito en las seis primeras estrategias
enumeradas anteriormente siendo los más destacados la guerra contra el
narcotráfico, la persecución de los grupos guerrilleros y el reforzamiento de las
instituciones militares, policiales y judiciales, ya que antes de la implementación
del plan los grupos criminales encabezados por los Carteles de la Droga, las

23
Autodefensas Colombianas (AUC) y los Grupos Guerrilleros habían sumido a
Colombia en un mar de sangre y violencia con un saldo social negativo que
ponía al gobierno colombiano y a la sociedad en desventaja frente a estos
grupos criminales.
El relativo éxito de este plan queda plasmado en las estadísticas
presentadas por el Boletín TERRA Consultores, Estadísticas Delitos de Mayor
Impacto Social en Colombia 2000-2013, en este estudio estadístico se
presentan los porcentajes por año del índice criminal en Colombia a partir de la
implementación del referido plan, ya que estás presentan una disminución
escalonada año tras año de los índices delictivos tanto en materia de delito
común como en el ámbito del crimen organizado y de actos terroristas llevados
a cabo por los grupos armado al margen de la ley.
Gráfico 02.

24
Fuente: Boletín Terra Consultores Estadísticas Delitos De Mayor Impacto Social En Colombia Enero A Marzo De 2013.
A pesar de que estas estadísticas están realizadas en base a las
denuncias recibidas por las agencias gubernamentales colombianas de
ejecución de la ley, lo cual no representaría una totalidad de los casos
perpetrados por diversas razones, son una muestra oficial de la efectividad del
Plan Colombia.

25
Cuando se refiere a que estas estadísticas no presentarían el total de los
casos, es debido a que las bandas criminales ejercen en base al terror una
gran influencia en la sociedad, lo que crea una coacción inducida en esta.
En tal sentido, Romero y Arias en la página 9 de su referido estudio
establecen las razones por lo que las estadísticas del Estado no se apegan en
un sentido amplio a la realidad que existe actualmente en relación a la narco
delincuencia y sus efectos en la sociedad:
“Otro apremiante reto tiene que ver con la información sobre las acciones de los
neoparamilitares y grupos afines. Hay una enorme tendencia al subregistro y a que
sus acciones sean invisibles para el público y las autoridades. Una razón es que las
actividades de estos grupos están dirigidas principalmente en contra de
comunidades, colectivos o individuos. Su fin no es enfrentar al Estado, sino
controlar territorio y los flujos de bienes, personas e información, ideas que se dan
en él, y para esto se necesita vigilar y constreñir a la sociedad. Y si no hay denuncia
sobre la coacción y violencia no queda constancia del hecho. Es como si no
hubiera existido. Y aquí hay un problema serio porque la tendencia de los afectados
es a no denunciar por desconfianza frente a las autoridades competentes o por
físico miedo a represalias de los agresores”.
A pesar de lo expuesto anteriormente, la muestra oficial es un reflejo real
de la efectividad de las acciones estatales en el marco del Plan Colombia en
pos de la persecución y judicialización de los actos criminales ya que las
mismas acciones coercitivas hacia la sociedad estaban presentes tanto en el
2000 como en el 2013.
En torno a la ejecución del Plan Colombia, las Fuerzas Militares
Colombianas junto a los Cuerpos Policiales y al Poder Judicial, han sido la
columna vertebral que ha mantenido erguido el esfuerzo gubernamental en la
lucha contra el crimen organizado, siendo estas las responsables de llevar
sobre sus hombros la responsabilidad del mayor porcentaje de las operaciones
de alto nivel, aportando a la causa vidas y recursos logísticos como ninguna
otra institución, lo que demuestra que el uso de las Fuerzas Armadas en
Operaciones de Seguridad Pública y Ciudadana son un fenómeno regional y no
exclusivo de Republica Dominicana.
 Centroamérica y el Fenómeno del Pandillerismo.
Los países de Centroamérica tienen una cosa en común, y es que todos
están aquejados en diferentes niveles por el crimen organizado, esto sumado a
los aspectos del subdesarrollo, pone a estos Estados en posición frágil, debido
a factores socioeconómicos resultantes de ingresos económicos pírricos y
desiguales, pobreza extrema, hacinamiento urbano, una alta población joven
con bajos niveles de educación y escasas posibilidades de empleo, fácil acceso
a armas de fuego producto de un ambiente inestable, herencia de pasados
conflictos armados internos. Estos factores sociales son caldo de cultivo para la
proliferación de mafias y grupos vandálicos que aterrorizan la sociedad y alejan
a los inversionistas provocando la fuga de capitales y de las personas

26
investidas de altos niveles de conocimiento y educación, aspectos que son un
elemento esencial para el desarrollo.
La hibridación sufrida por el Crimen Organizado y el fenómeno de las
Maras8
ha convertido a Centroamérica en uno de las regiones más violentas
del mundo. El tráfico de drogas esta directamente asociado con la proliferación
de pandillas juveniles en la región, En varios países de Centroamérica,
especialmente en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua; se considera
que esos grupos (Maras Salvatrucha y Mara 18) son una de las causas
fundamentales del problema de la delincuencia local y las estrategias más
importantes en contra del crimen dependen de su erradicación.
En tal sentido Gastón Hernán en su artículo Conflicto y Violencia en
América Latina, Estado Vs. Crimen Organizado, de la publicación Pensamiento
Propio “Recoge las estadísticas disponibles de la Organización Panamericana
de la Salud (Situación de salud en las Américas, Indicadores básicos, 2005)
“América Latina y el Caribe exhiben una tasa de 25,1 homicidios por cada
100.000 habitantes[...], por encima de la tasa de 22,1 verificada en África en
2003 por la Organización Mundial de la Salud (Informe mundial sobre violencia
y salud) y del promedio mundial de 8,8”.
Estadísticas sobre Pandillas y sus Miembros Nacionales:
Tabla 01
País Cantidad de miembros
Belice 100
Panamá 1385
Costa Rica 2660
Nicaragua 4500
El Salvador 10,500
Guatemala 14,000
Honduras 36,000
Total 69,145
Fuente: Conflicto y Violencia en América Latina, Estado Vs. Crimen Organizado (2007)
En relación al origen de las pandillas, La Oficina Contra la Droga y el
Delito de las Naciones Unidas, en su estudio “Crimen y Desarrollo en
Centroamérica” (ONU 2007) describen en su página 19 del resumen ejecutivo
lo siguiente:
8
(Portillo, 2003) Las Maras o pandillas juveniles representan, sin duda, uno de los fenómenos sociales más
dramáticos de la historia reciente de El Salvador y otros países del istmo centroamericano (Ramos, 1998). Las
pandillas, conocidas popularmente en algunos países como maras, suelen caracterizarse no sólo por la alta dosis de
violencia que ejercen entre ellos mismos y contra otras personas, sino también por la complejidad de su estructura
grupal y rápido crecimiento (Cruz y Portillo, 1998). A finales de la década de los 90, la policía salvadoreña estimaba
la existencia de 10 mil a 20 mil jóvenes pandilleros, esparcidos en la mayor parte de las zonas urbanas y rurales del
territorio nacional de El Salvador (Cruz, 2001). Varios estudios (Cruz y Portillo, 1998; Santa cruz y Concha-Eastman,
2001) señalan que estos grupos representan, por lo general, un fenómeno de carácter masculino y juvenil, ya que las
maras están conformadas en un 80% por hombres jóvenes y adolescentes cuyas e edades rondan entre los 14 y los 25
años.

27
“Un ejemplo excelente de este proceso es el de los refugiados de Centroamérica
radicados en los barrios marginales hispanos del sur de California durante el
decenio de 1980. Los jóvenes salvadoreños, convertidos en blanco de las pandillas
locales, formaron la pandilla "Mara Salvatrucha", una de las pandillas callejeras
más extensas y notorias que funcionan actualmente en el hemisferio occidental. El
campo de acción de Mara Salvatrucha se extendió a El Salvador y a toda la
Centroamérica cuando algunos de sus miembros fueron condenados a prisión y
luego repatriados una vez que cumplieron sus penas”.
Es una percepción generalizada de los países afectados por las
deportaciones de sus ciudadanos desde los Estados Unidos por razones de
índole delincuencial, que el índice de criminalidad en los mismos se ha
disparado gracias a que estos ciudadanos deportados, los cuales a su parecer
vienen con una conducta delictiva formada en los EE.UU. y al llegar a su país
de origen sirven de ente multiplicador de estas inconductas, trayendo como
resultado el actual estado de inseguridad y criminalidad que vive América
Latina.
En otro aspecto (ONU-2007), el referido estudio de la oficina contra la
droga y el delito explica que:
“La situación delictiva en Centroamérica es un resultado de todos estos puntos de
vulnerabilidad, junto con un hecho geográfico desafortunado: Centroamérica se
ubica entre los productores mundiales de cocaína (Colombia, Perú, y Bolivia) y sus
consumidores primarios (los Estados Unidos y Europa). Como resultado, la
delincuencia en Centroamérica se distingue de la delincuencia en otras regiones del
mundo, en al menos dos aspectos: su exposición a los flujos de drogas y al nivel de
violencia en sus sociedades”, ibid.
Para combatir el flagelo del pandillerismo, los gobiernos
centroamericanos han utilizado sus Fuerzas Armadas, un ejemplo de este
empleo es el que se observa en El Salvador donde se aplicó los planes “Plan
Mano Dura” y el “Plan Súper Mano Dura”9
donde se ejecutó el despliegue de
las Fuerzas Armadas en operaciones de patrullaje conjuntamente con la
Policía Nacional, para combatir las acciones de la delincuencia común y a la
desarticulación de las pandillas.
Existen voces disidentes que no están de acuerdo con la participación
de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública y ciudadana,
los cuales a su opinión estas vienen a convertirse en parte del problema una
vez inmiscuidas en estas tareas propias de las corporaciones policiales,
según estas voces disidentes la formación y el entrenamiento de las fuerzas
militares las invalida para ejercer estos roles.
Según Melissa Salgado, investigadora docente del Departamento de
Economía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Salgado:
2009) plantea que:
9
Medidas de políticas de seguridad pública: Mano Dura y Súper Mano Dura, (2009), Melissa Salgado.

28
“Una vez implementado el Plan Mano Dura, el impacto más inmediato fue el repunte
de los homicidios en El Salvador que se da a partir del año 2004, año que presentó
una tasa de crecimiento de 22.8% con respecto al año anterior y una tasa de
homicidios que se posicionó en 51.1 por cien mil habitantes. Desde ese año, se
registran entre 8 y 12 homicidios diarios. Asimismo, se resalta que el año 2009 se
ubica como el más violento registrado en décadas, con una tasa de homicidio de
70.4, es preciso resaltar que el crecimiento acelerado de los homicidios coincide
exactamente con la aplicación de los planes de seguridad pública”.
Según explica el periodista Leopoldo E. Colmenares G. en su artículo
“Las Fuerzas Armadas Y La Lucha Contra El Crimen Organizado En
Centroamérica”; plantea: “En Guatemala, motivado al amplio grado de
infiltración de la Policía Nacional Civil por parte del crimen organizado, el
gobierno se ha visto obligado a emplear a sus Fuerzas Militares para apoyar
a las Fuerzas de Seguridad Pública, en Honduras el caso es similar: las
Fuerzas Armadas prestan su apoyo en las actividades de seguridad
pública”10
.
Se observa que la introducción de las Fuerzas Militares en funciones
de Seguridad Pública y Ciudadana tiene voces a favor y en contra, pero no
deja de ser una realidad en la región latinoamericana.
 Plan de Seguridad Democrática República Dominicana.
Independientemente del hecho, de que se haya producido o no un
aumento en la criminalidad real, o que el problema lo cause la aparición de
nuevas formas de criminalidad, lo cierto es que: el tema de la violencia
representa un asunto que ha generado en la sociedad dominicana una
sensación de inseguridad que atenta contra la paz en la ciudadanía.
Como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior, resalta el
hecho, de que en febrero del año 2005, durante su período presidencial el Dr.
Leonel Fernández Reyna, estableció una política que tiene como propósito
garantizar adecuadamente la seguridad ciudadana sobre la base del respeto a
los principios democráticos.
Por esta razón, queda claro que el cumplimiento de la atribución
determinada, que le es conferida a la Procuraduría General de la República por
el Estatuto del Ministerio Público, en su Artículo 47, numeral 5, conforme le
corresponde “Dirigir la política del Estado contra la criminalidad, en
coordinación con los lineamientos trazados a tales fines por el Poder Ejecutivo”,
el Procurador General de la República dio inicio a la preparación del Plan
Estratégico de Política Criminal para República Dominicana, (PSDRD).
En el mismo se definen las líneas centrales de la política del Estado
frente a los conflictos penalmente relevantes que suceden en este país,
conjuntamente con las instituciones que inciden en el fenómeno, tanto en el
ámbito de la prevención como en el de la persecución.
10
http://runrun.es/diploos/59115/las-fuerzas-armadas-y-la-lucha-contra-el-crimen-organizado-en-
centroamerica-por-leopoldo-e-colmenares-g.html.( visto el 3/2/2014)

29
El Plan de Seguridad Democrática de República Dominicana, (PSDRD),
propone entre otras cosas, el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional,
la creación de la Policía Comunitaria, el adiestramiento de las agencias para la
persecución del crimen en técnicas investigativas y de respeto a la dignidad de
los derechos ciudadanos como también a las Fuerzas Armadas en situaciones
especiales.
Además de una estrategia de comunicación que contribuirá, entre otras
cosas, a cambiar la percepción negativa de la ciudadanía respecto a la gestión
policial, en dicho documento se plantea que en un contexto democrático, la
seguridad pública o seguridad ciudadana debe entenderse como una situación
social y política donde las personas tienen legal y efectivamente garantizado
todos los derechos que les asisten.
Esto sugiere condiciones sociales donde los peligros y conflictos se
prevengan, inspeccionen y gestionen en forma satisfactoria y donde exista un
pleno y real bienestar de los derechos, libertades y garantías constitucionales.
Por ende, supone establecer políticas y dispositivos institucionales
eficientes para prevenir, controlar y neutralizar aquellos riesgos, peligros o
conflictos concretos o previsibles que lesionen aquella libertad o goce pleno de
esos derechos, libertades y garantías.
Cabe destacar como parte del contexto señalado, que las líneas de
acción del Plan de Seguridad Democrática de República Dominicana, acuerda
la creación de una Policía Comunitaria.
 Amenazas a la Seguridad Ciudadana en República Dominicana.
Entre las fuentes consultadas para los fines de esta investigación, cabe
destacar que el auge de la violencia, no es un fenómeno social-económico-
político, exclusivo de República Dominicana, sino que se verifica en otros
países de América Latina. (Martínez Ricardo: 2010, Página 23), quedando en
evidencia, a través de lo planteado en toda la extensión de esta investigación, y
que a pesar de las alarmas y las voces desesperadas, la situación demanda
una adecuada respuesta, basada en el análisis científico de la situación.
Para reforzar lo planteado en párrafos previos, se presentan los
resultados obtenidos por las encuestas DEMOS del año 2004 y LAPOP de
2006, donde se comprueba que el 79 % de los ciudadanos dominicanos dijeron
sentirse inseguros en sus hogares o fuera de ellos.
Reflejando dicha estadística, que la extensión, complejidad de la
criminalidad y la violencia han sido fenómenos recurrentes a lo largo de la
última década en República Dominicana, corroborado por las estadísticas
disponibles en la Policía Nacional y la Procuraduría General, resaltando que en
República Dominicana la tasa de muertes violentas fue 13,9 por cada 100,000
habitantes.

30
De acuerdo a la Psicóloga Mayra Brea, (2008: página 10) a partir del año
2006 la violencia disminuyó considerablemente, experimentando un nuevo
crecimiento durante todo el año 2008, tasa que podría seguir aumentando
hasta superar la alcanzada en el año 2005.
De los datos anteriores, se deduce que hasta la fecha y en sentido
general el plan señalado no ha rendido los resultados esperados en relación la
prevención, control y persecución del crimen, el delito y la violencia común,
resaltando para apoyar este planteamiento las siguientes informaciones.
Las estadísticas policiales y forenses dadas a conocer por la
Procuraduría General de la República a través del Instituto Nacional de
Patología Forense (INACIF) 2008 muestran, que a pesar de que muchos
homicidios son declarados oficialmente de naturaleza “desconocida” (un
promedio de 16.4%), las riñas (tanto personales como las producidas en los
centros de diversión y por venganza) se encuentran entre las principales
causas de muerte criminal, representando el 28.2% de todos los crímenes
cometidos y de causas conocidas.( Mayra Brea, 2008: página 10).
Se destaca además que el robo y sus afines ocupan el segundo lugar,
alcanzando un promedio de 20 % en los últimos tres años; las acciones legales
policiaco-militares y aquellas muertes que son ocasionadas “fuera del
desempeño de sus funciones” se encuentran en un tercer lugar con 16.4%,
seguidas de las muertes producidas por drogas (10.6%) y también los
femenicidios que logran alcanzar un 6.9% en promedio. (Mayra Brea, (2008:
página 11).
Al comparar la criminalidad en el último trienio, y analizar los datos tal y
como son presentados por los organismos oficiales, se puede apreciar que las
riñas logran descender del 2006 al 2008 en un 9% y en esa misma proporción
bajan. De igual manera, se destaca la inobservancia de los crímenes por
“causas desconocidas”, suponiendo que lo anterior se debe a la apertura del
nuevo Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), así como la
aplicación del método científico para detectar el móvil de crímenes en el país.
Según datos estadísticos de la Procuraduría General de la República,
aunque las muertes por drogas aumentaron considerablemente en un 14% del
2006 al 2007, en el 2008 disminuyeron ligeramente respecto al año anterior; lo
mismo acontece con las muertes provocadas por robos y sus afines, mientras
que en acciones legales de la policía, las muertes se incrementaron en un 2%
en el período estudiado, destacando que los femenicidios se duplicaron
respecto al 2006. (Mayra Brea, 2008: página 12).
Es importante señalar, que estudios realizados en nuestra realidad por el
Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2008,
sugieren que las familias de comunidades empobrecidas son más propensas a
enfrentar delitos violentos contra la persona, mientras que los delitos contra la

31
propiedad (robos y demás) afectan en cierta medida y mayormente a los
sectores más pudientes. (Mayra Brea, 2008: página 12).
Así también se puede apreciar en las estadísticas del número de
homicidios ocurridos y registrados en el país desde el 2007 hasta el 2012,
publicada en el portal web de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en la
cual se aprecia el aumento escalado de los homicidios en República
Dominicana con la excepción del 2012 que tuvo un ligero descenso.
Gráfico 3
Fuente: Datos de la Oficina Nacional de Estadística, grafico confeccionado por el autor
En conclusión, podemos observar por todo lo anteriormente expuesto,
como eventos ligados directamente a la Seguridad Pública o Ciudadana
pueden de manera directa o indirecta incidir en la estabilidad de la Seguridad
Nacional, de manera que cuando estos sucesos no son efectivamente
manejados escalan poniendo en riesgo la firmeza del Estado.
En prevención a que estos factores desestabilizantes escalen, el
ordenamiento jurídico dominicano establece medidas como la que presenta la
Constitución de la República en su Capítulo I, Art. 252, numeral 2), en la que
literalmente establece lo siguiente:
“Las Fuerzas Armadas podrán, asimismo, intervenir cuando lo disponga el
Presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo
social y económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública,
concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden
público en casos excepcionales”.
Por consiguiente el uso de las Fuerzas Armadas de República
Dominicana en temas de Seguridad Pública o Ciudadana queda justificado de
manera legal y práctica, debido a que el poder civil legalmente constituido
haciendo uso de sus facultades legales y constitucionales ha entendido que el
uso de estas, evitaría la escalada de ciertas situaciones de orden público y de
seguridad ciudadana, como son el crimen organizado el cual por su magnitud

32
ha sobrepasado las capacidades operativas y de prevención de la Policía
Nacional.
En consonancia con el párrafo anterior, el Jefe de la Policía Nacional,
Mayor General Manuel Castro Castillo, P.N. de República Dominicana
declara en la portada del periódico “El Nuevo Diario” de fecha 7 de febrero de
2014: “La seguridad ciudadana no es única ni exclusiva de la Policía” en una
clara alusión que refiere, que todos los elementos de la sociedad y el Estado
deben estar involucrados en el tema de la Seguridad Ciudadana, sin dejar de
lado, la implementación de las Fuerzas Armadas Dominicanas en operaciones
de esta índole, ya que estas son una herramienta estatal para garantizar el
estado de libertad y derecho a los ciudadanos, misión que en la actualidad las
Fuerzas Castrenses han asumido con entrega y responsabilidad por mandato
presidencial avalado por lo establecido en la constitución dominicana.
Finalmente, se puede apreciar según los casos presentados en este
estudio en cualquiera de los países de América Latina y el Caribe que han visto
la necesidad de implementar a sus fuerzas militares en misiones de Seguridad
Pública y Ciudadana, como también el caso de República Dominicana, los
resultados de dichas operaciones han aportado tanto en estadísticas como en
la percepción de sus conciudadanos un resultado positivo, lo que evidencia lo
atinado de la decisión política en los procesos en que han sido adoptado.

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