El documento propone que Guatemala se convierta en un país más próspero e incluyente a través de dos áreas fundamentales: la reforma del Estado para mejorar el marco legal y la función pública, y una gestión de gobierno facilitadora que cree un entorno propicio para el emprendimiento ciudadano y la productividad. Estas acciones generarán un aumento en la productividad y reducirán la pobreza y aumentarán el bienestar.

1. Resumen
UN PAÍS PRÓSPERO, UN PAÍS DE TODOS
La propuesta de plan de gobierno de TODOS tiene como objetivo central establecer las condiciones para
lograr, en los próximos años, que Guatemala se convierta en un país más próspero e incluyente. Para lograr
ese país, la Guatemala de Todos, se requiere de acciones de Estado en dos áreas fundamentales.
Por una parte, es esencial que se produzca una reforma del Estado, profunda y efectiva. Y, por otra parte, se
requiere de una gestión de gobierno que facilite el libre accionar de los ciudadanos en la búsqueda de su
bienestar y su realización personal.
La primera de las áreas mencionadas, la de reforma del Estado, tiene dos vertientes. Por un lado, las
imprescindibles modificaciones al marco legal que rige el accionar de las instituciones públicas; estas
reformas incluirían, una vez superadas las reformas iniciales del marco jurídico del sistema político, una
reforma del marco constitucional que asegure el rescate institucional. Por otro lado, la reforma del Estado
también pasa por el ejercicio probo y eficaz de la función pública, entendido como las acciones que se toman
desde los tres poderes del Estado en procura el Bien Común.

2. El área de gestión de gobierno, por su parte, plantea que el rol de éste es el de facilitar un entorno (político,
económico y social) que sea propicio para el emprendimiento del ciudadano y para la convivencia pacífica.
Ese entorno generará, por sí mismo, un aumento en la productividad. El aumento de la productividad, a su
vez, es el motor más importante en cualquier sociedad y sistema económico (a lo largo de la historia de la
humanidad) para generar una reducción sostenida de la pobreza y un aumento significativo del bienestar.
La gestión de un gobierno facilitador requiere, a su vez, de una administración que sea transparente y proba,
que priorice los gastos en función de los objetivos clave del desarrollo integral y que ejecute sus acciones con
pertinencia social y humana. En este sentido, las áreas priorizadas (nutrición, salud, educación,
infraestructura, vivienda, seguridad, justicia y paz social) se abordarán velando transversalmente por la
probidad en el manejo de los recursos, el mantenimiento de la estabilidad macro, el diálogo permanente y
respetuoso de la diversidad, la pertinencia respecto de los grupos vulnerables (jóvenes, mujeres y pueblos
indígenas), y el fortalecimiento de la participación ciudadana y la descentralización. Asimismo, el estado
facilitador requiere de un marco regulatorio que permita la asignación más eficiente de los recursos públicos y
fomente el emprendimiento y la productividad de los ciudadanos.