Documento formulado por organismos de derechos humanos con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. 24 de Marzo de 2015

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Documento 24 de marzo de 2015
Hace 39 años, el 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocaron a un
gobierno constitucional. Ese GOLPE CÍVICO-MILITAR-ECLESIÁSTICO tuvo, en
Córdoba, su siniestro antecedente en 1974, con el Navarrazo, un golpe policial que
interrumpió el gobierno popular y democrático de Obregón Cano y Atilio López.
El Golpe de Estado del 1976 instauró una dictadura corporativa y planificada,
impulsada, financiada y sostenida por esa minoría que desde siempre ha
privilegiado, a sangre y fuego, sus propios intereses por sobre los del pueblo: la
oligarquía ganadera y terrateniente, representada por la Sociedad Rural; los
grandes grupos empresariales, representados principalmente por la Unión
Industrial; la cúpula de la Iglesia Católica Argentina; los representantes del capital
financiero internacional, los medios masivos de comunicación, los sectores de la
corporación judicial y la burocracia sindical entreguista.
La desaparición forzada de más 30.000 personas, la tortura, el asesinato, el robo y
la apropiación de más de 500 bebés, hoy jóvenes, formaron parte de un plan
sistemático de exterminio que tenía como objetivo fundamental implantar un
modelo económico en contra de los intereses del pueblo, consolidando la exclusión
como una política de Estado.
Hoy, 24 de marzo de 2015, estamos aquí, marchando nuevamente. PARA
REPUDIAR A ESAS CORPORACIONES Y A SUS GOLPES DUROS Y BLANDOS.
Una vez más estamos en la calle, levantando nuestras banderas, transitando el
camino marcado por la lucha inclaudicable de las madres, de las abuelas, de los
familiares, de los ex presos políticos y de los hijos para decir OLVIDO y SILENCIO
NUNCA MÁS.
Los infatigables reclamos por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA chocaron, más de
una vez, con distintos gobiernos que nos obligaron a vivir bajo el imperio de la
impunidad con las leyes de Obediencia Debida, Punto final y los indultos. Nos
obligaron a convivir con los represores protegidos por un poder judicial cómplice.

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Esta impunidad fue la base donde se asentó el neoliberalismo en nuestro
continente: nuestros compañeros, lucharon por ideales totalmente opuestos al
sistema neoliberal, por eso los desaparecieron. Para poder destruir el patrimonio
de todos, para precarizar el sistema público de salud, para vaciar la educación
pública, para monopolizar y manipular la palabra, para sumergir a la mayoría de la
población en la pobreza y el desempleo. Para explotar a las y los trabajadores, y
para robarse nuestros recursos naturales.
Por eso juzgar al terrorismo de Estado y a los genocidas es juzgar las profundas
injusticias sociales que nos dejaron, no solo en nuestro país, sino en todo el
continente.
SIN JUICIO Y CASTIGO NO HAY MATRIMONIO IGUALITARIO NI LEY DE MEDIOS
DE LA DEMOCRACIA, NI ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO, NI JUBILACIONES.
SIN MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA NO HAY RECUPERACIÓN DE EMPRESAS
EMBLEMÁTICAS DEL PUEBLO, COMO YPF, LOS FERROCARRILES Y AEROLÍNEAS.
Sin las condenas perpetuas a Videla y Menéndez, no podríamos haber avanzado en
la construcción de todas estas conquistas sociales y no podríamos soñar con un
país aún mejor y con un mejor futuro. Este futuro que florece todos los días, en
todos esos chicos y chicas que eligen comprometerse y organizarse políticamente.
Un futuro más justo, más libre y más solidario, un país con el que soñaron los
30.000.
A partir de 2003, el Estado Nacional tomó la decisión de acompañar la lucha de los
organismos de Derechos Humanos, convirtiendo en políticas de Estado las
demandas de toda la sociedad. Terminando con las leyes de impunidad, bajando
los cuadros de los genocidas, creando Sitios de Memoria, donde habían funcionado
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, impulsando los juicios
por delitos de lesa humanidad.
Nuestro pueblo se hizo escuchar en su reclamo de JUICIO Y CASTIGO y hoy, a 31
años de recuperada la democracia, podemos decir que hemos sentado en el
banquillo de los acusados a más de 800 responsables de crímenes de lesa

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humanidad en todo el territorio argentino: militares, sacerdotes, policías, personal
civil de inteligencia, médicos, gendarmes, apropiadores de menores, marinos,
prefectos. Y esperamos poder sentar, finalmente, en el banquillo de los acusados, a
los fiscales y jueces cómplices, a los empresarios y dueños de las corporaciones
implicados en el genocidio como los Blaquier del ingenio Ledesma, a Massot, a los
directivos de la Ford y Mercedez Benz, a Magneto, a Ernestina Herrera de Noble y
Mitre, entre otros.
El año pasado, los argentinos vivimos un día histórico y de profunda emoción: fue
el día en que Estela de Carlotto recuperó a su nieto Guido, y sentimos que todos
éramos parte de esa alegría, una alegría popular. Hemos restituido la identidad de
116 nietos apropiados. Ellos pueden vivir en libertad y hoy marchan junto a
nosotros. Han dejado de vivir en la mentira. Hoy Guido marcha abrazado a su
abuela. Esta nueva alegría nos llena de aliento y esperanza para terminar de
encontrar a todos los que nos faltan. Ellos continúan rehenes de sus apropiadores.
Este año, en nuestra provincia, se tiene que dictar la sentencia por la Megacausa
contra el Terrorismo de Estado en Córdoba. Decimos con toda nuestra fuerza: no
puede haber más dilaciones. Hace ya tres años que empezó este juicio histórico y
los únicos beneficiados por la demora en dictar sentencia son los acusados.
Queremos justicia para todas las víctimas de Córdoba y la queremos ya.
En el megajuicio se juzgan los crímenes cometidos en La Perla, Campo de la Ribera,
D2 de la Policía de la Provincia de Córdoba y otros centros clandestinos del circuito
represivo, incluyendo tanto crímenes cometidos en el marco del Navarrazo como
durante el golpe cívico-militar-eclesiástico. En esta mega-causa están siendo
juzgados 54 imputados, por delitos cometidos contra más de 716 víctimas. Serán
más de 900 personas, que a través de sus valientes testimonios, harán posible una
nueva condena al plan sistemático de exterminio impuesto por la última dictadura
militar en nuestro país.
Por primera vez en Córdoba, se están juzgando los delitos económicos del
terrorismo de Estado, más precisamente el robo de la empresa MACKENTOR, por
parte del Estado represor. También es la primera vez que en la provincia se juzga

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el caso de apropiación de un menor, el nieto de nuestra querida abuela Sonia
Torres, el hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, quienes aún continúan
desaparecidos. La Justicia Federal no puede seguir dilatando la sentencia de este
juicio.
La semana pasada fueron identificados los restos de Lila Gómez, Alfredo Fredy
Sinopoli y Ricardo Saibene, hallados el año pasado en el campo del ejército.
Entonces queremos decir claramente: no creemos en los falsos arrepentimientos
que pretenden usar los genocidas para extorsionar y conseguir el perdón. Hoy
seguimos preguntando, ¿dónde están los compañeros y las compañeras
desaparecidas? Queremos que la justicia siga investigando y nos dé una respuesta.
Y queremos a los genocidas presos.
Lila Gómez, Alfredo Fredy Sinopoli y Ricardo Saibene, ¡¡¡presentes!!!
Hemos transitado este camino de lucha por Verdad y Justicia logrando lo que en
algún momento parecía imposible.
Pero aún vemos, con gran preocupación, un Poder Judicial tironeado por los
intereses de las corporaciones, que en lugar de responder al pueblo está al servicio
de los intereses de la Sagrada familia judicial, del Opus Dei, de los grupos
económicos concentrados. Un Poder Judicial que tiene el 36 % de sus jueces desde
la época de la dictadura. Una Justicia más monárquica que democrática.
Nosotros conocemos a esa corporación judicial, porque es la que ha demorado el
inicio de los juicios contra el Terrorismo de Estado sosteniendo las leyes de
impunidad. Es la misma corporación que no se decide a juzgar a los jueces
cómplices de la dictadura militar, que libera genocidas, que demora en dar
sentencia firme a los juicios ya finalizados.
Hablamos del mismo poder judicial que ampara a las grandes corporaciones
económicas, trabando la aplicación de la Ley de Medios, el que no interviene en los
casos de lavado de dinero y de evasión de impuestos de estas mismas
corporaciones. Es el que mantiene paralizada la causa de Papel Prensa contra
Clarín y el que no quiere juzgar a Massot, director del diario cómplice de la

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dictadura, el que en menos de veinticuatro horas rechazó la indagatoria a Magneto,
Noble y Mitre. Como así también, el que impide el esclarecimiento de la causa por
el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Necesitamos de un poder judicial capaz de expedirse en torno a la situación de
César Milani y que determine si fue efectiva su participación en los delitos de lesa
humanidad por los cuales está siendo acusado. Porque en tal caso, resulta una
contradicción, que presida el Ejército, una persona sospechada de participar en el
terrorismo de Estado.
También demandamos del gobierno provincial, un compromiso efectivo con las
políticas de memoria. Exigimos al gobernador De la Sota la ejecución completa del
presupuesto aprobado por el Poder Legislativo Provincial para los tres sitios de
Memoria de Córdoba. Basta de desfinanciamiento y vaciamiento de estos espacios.
En Córdoba hace años que se viene planificando y sosteniendo la impunidad: el
encubrimiento de la narco-policía, las explosiones de Rio Tercero y de Alta
Córdoba, la tragedia de Lapa, la contaminación y daños ecológicos producidos por
monopolios como Monsanto y la inacción frente a los femicidios son apenas una
muestra de esta trayectoria. Es la corporación judicial que congela cualquier causa
en la que esté comprometido el gobernador De la Sota o alguno de sus aliados
buscando imputar a perejiles. Es la misma corporación judicial que dejo libre a
Oscar Aguad en Corrientes.
Es el Poder Judicial cordobés que avala el accionar de las empresas inmobiliarias,
el desmonte y la apropiación de la tierra por parte del sector agropecuario
concentrado, en perjuicio de los campesinos y del monte nativo.
El desmonte es la causa de las inundaciones recientes de nuestros pueblos con la
pérdida de vidas humanas y no un Tsunami venido del cielo, como afirma el
gobernador y sus secuaces. Hoy estamos viviendo las consecuencias de una
ambición sin límites y sin pensar en las generaciones futuras.
Es el aparato judicial que permite, en connivencia con el poder político, la violación
de los Derechos Humanos hoy en las calles y barrios de la provincia de Córdoba,

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en las cárceles, hogares para jóvenes judicializados, hogares de ancianos y
neuropsiquiátricos.
Denunciamos también la política de seguridad actual, de la cual es responsable el
gobernador De La Sota. Una seguridad reducida al accionar de la policía provincial:
es la policialización de la agenda de seguridad que tiene como herramienta
principal el nefasto Código de Faltas. Es por eso que cada vez hay más jóvenes
detenidos por portación de rostro, más casos de gatillo fácil, operativos de
saturación y control territorial.
Es la policía que amenaza y persigue a los periodistas que denuncian sus prácticas
abusivas. Es la que tiene cada vez más suicidios sospechosos en sus filas, mientras
crece su vínculo con el delito organizado.
Estamos frente a una política de seguridad y un modelo policial agotado que es
necesario y urgente cambiar. Estamos frente a una policía que, desde el Navarrazo
hasta hoy, pretende gobernarnos desafiando la institucionalidad democrática. Las
fuerzas de seguridad deben estar subordinadas al control ciudadano y a las
instituciones democráticas. Necesitamos una policía diferente, que rompa con la
matriz autoritaria y mafiosa que nos extorsiona todos los días en las calles.
Quienes bregan, aquí en Córdoba, por la continuidad de este modelo mafioso,
represivo y neoliberal son aliados de los responsables de los golpes de estado en
los setenta y son los mismos que hoy pretenden desestabilizar las democracias
populares en Latinoamérica. Son los que hablan del curro de los Derechos
Humanos, y continúan ejerciendo sus presiones a través del boicot económico, el
saqueo de los recursos naturales y la manipulación de la información.
Históricamente estos sectores han arrasado nuestros bienes, nos han privado de
nuestra libertad, han intentado quitarnos nuestra identidad latinoamericana: ayer
a través de juntas militares, hoy a través de constantes operaciones de
desestabilización a gobiernos populares y democráticos de nuestro continente.

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El terrorismo de Estado de la década del setenta fue planificado por EE.UU. desde
el Plan Cóndor y la Doctrina de Seguridad Nacional con el objetivo de impedir los
procesos de liberación que se estaban gestando en América Latina.
En el presente vemos la intervención imperialista a través del financiamiento y
sostenimiento de los intentos desestabilizadores, como ya lo lograron en Honduras
y Paraguay. Con la complicidad del poder judicial y legislativo destituyeron a sus
presidentes democráticamente elegidos.
La intervención de los servicios de inteligencia yanquis en nuestro país, la presión
al poder político a través de los fondos buitre y de la especulación financiera, está
buscando frenar los procesos de liberación en nuestro continente cristalizados en
los bloques de la UNASUR, la CELAC, el ALBA y el MERCOSUR, y en el nuevo
ordenamiento geopolítico internacional. Forma parte de este intento yanqui la
agresión que ahora se lanza contra la República Bolivariana de Venezuela. Por eso,
nos solidarizamos con el pueblo venezolano y su presidente, y nos unimos a la voz
de toda América Latina en su apoyo. ¡Fuera Yanquis de América Latina!
Sólo nuestra organización en las villas y los barrios, en las fábricas y los lugares de
trabajo, en las escuelas y las universidades; sólo la solidaridad entre los pueblos
latinoamericanos, la defensa activa de los gobiernos nacionales y populares y la
movilización en las calles por los derechos conquistados y por los que aún faltan,
impedirá que nuevamente el neoliberalismo se instale en nuestras comunidades
sembrando muertes, violencia, terror y pobreza.
Así recordamos hoy a nuestros luchadores, mujeres, hombres y niños de nuestra
patria, torturados, asesinados, obligados al exilio y desaparecidos, siempre
presentes en este camino de afirmación de lo ya conquistado y de lucha por lo que
aún falta.
Así recordamos hoy a los 30.000, con la certeza y la firmeza de querer continuar su
lucha, de entregarnos hacia el otro, con la solidaridad, la justicia verdadera y la
dignidad como bandera. Esa bandera del pañuelo blanco que no se escondió en la
noche más oscura y que alumbró el camino de la esperanza saliendo a marchar,

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que no claudicó durante la democracia ni ante los intentos de golpes de estados
duros o blandos, ni ante el hambre, ni la represión.
Esa bandera que no obedeció a la mentira de los grupos concentrados de la
comunicación y que construyó siempre la verdad como valor colectivo. Que no se
doblegó ante las balas de los milicos ni los palos de la policía. Que no retrocedió
jamás ante el autoritarismo y la crueldad imperialista. Que no pensó que la política
es un negocio o un proyecto personal, sino un acto de creación y de generosidad
común.
Esa bandera que siempre enarboló el amor como arma fundamental ante el odio, el
miedo y la muerte. Ese pañuelo blanco al que tantas veces jueces y fiscales le
cerraron las puertas y que hoy sigue golpeándolas. Ese pañuelo blanco que fue
manchado con sangre tanta veces y que, sin embargo, siguió luchando por la vida,
recordando y construyendo un país distinto.
Ese pañuelo que representa a los 30.000 compañeros desaparecidos, sus vidas, sus
luchas y su entrega incondicional, es nuestro camino. Es el camino de todo un
pueblo para que no gobierne nunca más el olvido y el silencio. Ese pañuelo es
nuestra bandera.
En este 2015, movilicémonos, ocupemos las calles y las plazas para seguir
conquistando más derechos, más justicia, más democracia. No sólo el 24. Tenemos
una bandera, que no es sólo nuestra, sino de toda nuestra América. Sigamos
llevándola a la victoria que lo demás no importa nada.
De nosotros depende.
30 000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES!