Sentencia de Amparo a Pepsico por Tenencia NL 622 2011

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-1- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.

AMPARO EN REVISIÓN. 622/2011-II.
QUEJOSA: **********
RECURRENTE: LA MISMA.

MAGISTRADO RELATOR: JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN.
SECRETARIO: JESÚS ROSALES IBARRA.

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Tercer Tribunal
Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito,
correspondiente al día doce de enero de dos mil doce.

V I S T O para resolver en revisión los autos del juicio de
amparo indirecto número **********; y

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado el **********, ante la
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito
en materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, del que
correspondió conocer por razón de turno, al Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Administrativa en el Estado, **********, por
medio de su apoderado general ocurrió en demanda de amparo
contra el Congreso del Estado de Nuevo León y otras
autoridades, de quienes reclamó la expedición, discusión y
aprobación del Decreto 146 que reforma la Ley de Hacienda del
Estado de Nuevo León; en particular los artículos respectivos al

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Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, asimismo reclama
la expedición, discusión y aprobación del Decreto 149 por el que
se establece la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, para
el año 2011, así como la expedición y orden de publicación de
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo en Materia
Vehicular a la Economía de las Familias de Nuevo León.

Actos que la quejosa estimó violatorios en su perjuicio de la
garantía contenida en el artículo 16 y 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. El **********el Juzgado Segundo de Distrito en
Materia Administrativa en el Estado, admitió la demanda de
garantías la que quedó registrada con el número **********
Asimismo solicitó a las autoridades sus respectivos informes
justificados y citó a las partes a la celebración de la audiencia
constitucional.

Seguido el juicio por sus trámites, el ********** el juez
Segundo de Distrito celebró la audiencia constitucional y el
**********siguiente dictó resolución, en la que por un lado
sobreseyó en el juicio y por otro, negó el amparo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la determinación anterior,
**********, abogado autorizado de la quejosa, interpuso recurso
de revisión que fue admitido por el presidente de este Tribunal en
acuerdo de **********
Se dio la intervención que legalmente corresponde al
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este
Tribunal, del presente recurso de revisión, mismo que se
abstuvo de formular pedimento alguno, no obstante estar

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debidamente notificado según consta a fojas ochenta y cuatro,
del expediente en que se actúa.

Posteriormente, se turnaron los presentes autos al
magistrado relator para formular el proyecto de sentencia
correspondiente, se listó el asunto para su resolución; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para
conocer y resolver el presente recurso de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 83, fracción IV, 85,
fracción II, y 86 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se
interpone contra una sentencia dictada en audiencia
constitucional por un juez de Distrito en la materia y dentro de la
jurisdicción de este Circuito.

SEGUNDO.- La resolución impugnada, en lo que
interesa, se sustentó en los razonamientos que a continuación
se extractan:

En el séptimo considerando, el juez de Distrito procedió
a analizar los conceptos de violación segundo, tercero y
cuarto, los cuales señaló que eran infundados.

Lo anterior, pues señaló que el principio de
proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Federal, consistía en que los
sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos
públicos en función de su respectiva capacidad contributiva,

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debiendo aportar un parte justa y adecuada de sus ingresos,
así, para que un gravamen fuera proporcional, se requería que
el hecho imponible del tributo establecido por el Estado,
reflejara una autentica manifestación de la capacidad
económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la
potencialidad real de contribuir a los gastos públicos.

En esa tesitura, señaló que los impuestos debían fijarse
de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo,
de manera que las personas que obtuvieran ingresos elevados
tributaran en forma cuantitativamente superior a los de
medianos y reducidos recursos, lo que se conseguía con el
establecimiento de tarifas progresivas que permitieran que el
impacto fuera distinto no sólo en cantidad, sino en el mayor o
menor sacrificio patrimonial, acorde a los ingresos obtenidos.

Agrego, que debía existir una estrecha relación entre el
hecho imponible del tributo y la base gravable a la que se
aplicaba la tasa o tarifa del impuesto.

Además señaló que el principio de equidad tributaria
consistía en otorgar igualdad jurídica, esto es, que los
contribuyentes que se ubicaran en la misma situación de hecho
tengan el mismo trato y que los sujetos que se encontraran en
situaciones distintas recibieran un trato jurídico distinto, por lo
que dicho principio determinaba que las personas, en tanto
estuvieran sujetas a cualquier impuesto y estuvieran en iguales
condiciones relevantes a efectos tributarios, debían recibir el
mismo trato en lo que se refiriera al impuesto respectivo.

Por otra parte, el juez consideró conveniente acudir al
contenido de los artículos 118 y 122, de la Ley de Hacienda del

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Estado de Nuevo León, de los cuales, del primero de ellos
señaló que determinaba que el objeto del impuesto sobre
tenencia o uso de vehículos era precisamente, la tenencia o
uso de vehículos descritos en la misma norma dentro de la
circunscripción territorial del Estado, de igual menara se
establecía que el propietario del vehículo era quien se
consideraba tenedor o usuario del vehículo de su propiedad,
por lo tanto sujeto del impuesto de mérito.

Luego que legislador en el artículo 122, fracción I, de la Ley
de Hacienda del Estado de Nuevo León estableció una tabla que
buscaba determinar el impuesto a pagar, atendiendo a la riqueza
del sujeto del impuesto, y para ello previó rangos de riqueza, los
cuales fueron gravados según una cuota fija para ese rango,
además de una tasa a aplicar sobre el monto que excediera del
límite inferior de dicho rango; por lo tanto, tales saltos en los
rangos previstos, respetaban el principio de proporcionalidad
tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución, en virtud de que las personas que tuvieran un
haber patrimonial similar pagarían impuestos similares.

Además, el a quo señaló que resultaba aplicable al caso,
por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5º, FRACCIÓN I y 15-C DE LA
LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS
DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN

2004)1", ya que si bien refería a la Ley del Impuesto sobre Tenencia
o Uso de Vehículos, aplicable a nivel federal hasta el año dos mil
diez, lo cierto era que los numerales 1, 5 y 15-C de dicha norma,
en relación con los diversos 118, 122 y 133 de la ley reclamada,

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Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de dos
mil cinco, página cuatrocientos cincuenta y ocho.

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en su parte conducente, resultaban esencialmente similares.

En relación con el argumento de inequidad de la quejosa,
en el que adujo que el procedimiento de cálculo del impuesto,
contenido en los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda
del Estado de Nuevo León, era inequitativo al otorgar un trato
preferencial a los taxistas, al considerar que les resultaba mucho
menor el pago del tributo y se perjudicaba a los demás tenedores
de vehículos, el a quo consideró dicho argumento infundado;
toda vez que el principio de equidad consistía fundamentalmente
en dar un mismo tratamiento a contribuyentes que se
encontraban dentro del mismo supuesto de causación, mas ello
no significaba que no se pudieran crear algunas categorías,
clases o ramas, en las que se diera un trato diferente entre una y
otra, siempre y cuando se sustentara en bases objetivas; es
decir, que existiera una causa, motivo o razón de índole
económico, social o político, que justificara esa diferencia.

Además, refirió que el trato diferente que otorgaba tal
precepto a las personas que contaran con algún vehículo de los
denominados "taxis", se encontraba sustentado en bases
objetivas; para lo cual, el juez de Distrito acudió a la exposición
de motivos (Diario de los Debates número 163-LXXII S.O. de quince de diciembre de

dos mil diez) de los integrantes de la Septuagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León que dio origen a la contribución reclamada,
advirtiendo que el impuesto tildado de inconstitucional por la
recurrente, se dio a través de la transformación del impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos que estuvo vigente a nivel
federal hasta el ejercicio fiscal dos mil diez, para pasar a ser una
contribución estatal con el propósito de fortalecer las finanzas
estatales sin incrementar la carga fiscal a los contribuyentes, esto

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en los mismos términos que contemplaba esa legislación federal.

Por lo que de una interpretación al artículo 5°, fracción IV,
de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
precepto del que derivó el diverso 122 combatido, se desprendía
que el legislador reconsideró que los propietarios de esta
categoría de vehículos (taxis) los destinaban a la realización de
una actividad económica que, a juicio del Congreso de la Unión,
merecía un tratamiento fiscal diferenciado, con el objetivo de
apoyar la reactivación de dicho servicio de transporte por ser una
cuestión de orden social y para fomentar la economía; por lo que
se creó una categoría, clase o rama en la que se da un
tratamiento diferente entre una y otra.

Por tanto, el a quo determinó que al encontrarse
sustentado en bases objetivas el trato diferente, el artículo 122
de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, no violaba la
garantía de equidad tributaria del quejoso, apoyando su criterio,
por analogía, en la jurisprudencia 168/20042 de la Segunda Sala
de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TENENCIA O

USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO
RELATIVO VIGENTE EN 2003, AL OTORGAR UN TRATO PREFERENCIAL A LOS
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON PERMISO PARA PRESTAR EL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y LOS DENOMINADOS "TAXIS", NO
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."

Asimismo, declaró infundado el argumento de que existía
certeza en cuanto a los camiones, tractores no agrícolas tipo
quinta rueda, microbuses y autobuses integrales usados
destinados a la industria o comercial de trasporte de pasajeros
o efectos; muchos vehículos “pick up” eran de lujo para uso

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Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de
dos mil cuatro, página quinientos cuarenta y seis.

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particular, por lo que resultaba incuestionable que la diferencia
no encontraba sustento fiscal o extra fiscal la inclusión de
dichos vehículos.

Lo anterior, toda vez que para los vehículos de carga o
para más de quince pasajeros, se señalaban diferentes
condiciones para calcular el tributo, atendiendo el peso bruto
vehicular o la capacidad para trasportar pasajeros, dicha
distinción se consideraba justificada, ya que se tomaban en
cuenta razones objetivas de naturaleza económica y social a
saber: impulsar la actividad del trasporte ya sea de carga o de
pasajeros; además que la capacidad de carga de los vehículos,
se determinaba por un órgano técnico especializado desde el
momento de su fabricación, lo que ponía de manifiesto que
dicho elemento (carga), no quedaba a la discreción de la
autoridad administrativa, sino que respondía a esquemas y
especificaciones técnicas determinadas por especialistas en la
materia, por lo que se consideraba que el legislativo tuvo
razones objetivas extra fiscales para crear esa categoría de
vehículos.

Por otro lado, en cuanto al argumento de que el artículo
133 de la ley hacendaria estatal violaba los principios de
proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Federal, al contemplar una tabla
de depreciación o determinación del valor fiscal de los vehículos
usados, que era fría, presuntiva y caprichosa, al no utilizar los
criterios justificados para determinar el nivel de depreciación
anual de los mismos.

El resolutor consideró infundado dicho argumento, ya que
no podía estimarse que la tabla decreciente prevista en el

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numeral impugnado violara el principio de proporcionalidad, en
virtud de que contenían rangos (factor de depreciación) que decrecían
conforme a la antigüedad del vehículo, así que a mayor
antigüedad del automotor, mayor el descuento, de donde se
seguía que pagaba menos el titular de un vehículo más antiguo,
respecto de aquél que ostentara uno más nuevo; por lo que la
norma cuestionada atendía a la capacidad contributiva del sujeto
pasivo, y por lo tanto, no resultaba inequitativa.

Para arribar a la conclusión anterior, el juez señaló que
se partía de la base de que el valor del vehículo constituye
solamente uno de los elementos que sirven para la
determinación gravable del tributo, pues debía destacarse que
el objeto del impuesto lo constituía la tenencia y/o uso de
vehículo automotor, es decir, no se trataba de un impuesto real
que gravara sobre el bien en particular como lo pretendía hacer
notar la recurrente; por lo que podía afirmarse que no se
estaba gravando el valor del automóvil, sino la capacidad
contributiva del sujeto que tenía el carácter de tenedor o
usuario del mismo; ello, ya que al no ser objeto del tributo el
vehículo como tal, bastaba con que se estableciera un
parámetro que además de tener el carácter de general, se
aproximara al valor del mercado.

Por otra parte, el juzgador declaró infundados los
conceptos de violación en el que la recurrente argumentó que el
artículo 19 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, en
cual se otorgaba un subsidio fiscal para apoyar la economía
familiar de los residentes en el estado, consistente en la
liberación del pago de tenencia o uso de vehículos, resultaba
violatorio del artículo 31, fracción IV, Constitucional, que
resultaba inconstitucional que en el mismo se estableciera que

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correspondía al Ejecutivo Estatal expedir las Reglas de
Operación correspondientes al programa destinado a apoyar la
economía familiar, pues consideraba que únicamente
correspondía al legislador modificar las normas que afectaban la
obligación tributaria, asimismo, además señaló que Reglas de
Operación del Programa de Apoyo en Materia Vehicular a la
Economía de las Familias de Nuevo León, vulneraba en su
perjuicio la equidad tributaria.

Determinación la anterior, toda vez que el juez de distrito
estimó que el Ejecutivo del Estado con su actuar no violentó el
principio de reserva de ley ya que actuó dentro de las facultades
que le confiere el artículo 85, fracción X, de la Constitución
Política del Estado de Nuevo León, para expedir las Reglas de
Operación del Programa de Apoyo en Materia Vehicular a la
Economía de las Familias de Nuevo León, pues éste establecía a
cargo del Ejecutivo Estatal las obligaciones fundamentales
consistentes en los actos formales que implicaban la
promulgación de las leyes que expidiera el Congreso del Estado,
así como ejecutar dichas leyes a través de cumplir y hacer
cumplir su contenido y proveer en la esfera administrativa lo
necesario para su ejecución; aunado a que en ningún momento
con la expedición de dichas reglas se hubiese reglamentando la
ley que contiene el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos
en el estado, pues con la expedición de las mismas únicamente
se establecieron los lineamientos y requisitos que debían cumplir
los beneficiarios del apoyo en materia vehicular.

Ahora bien, por lo que hizo al concepto de violación en el
que la impetrante de garantías adujo que las Reglas Operación
del Programa de Apoyo en Materia Vehicular a la Economía de
las Familias de Nuevo León, eran contrarias a los principios

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tributarios de proporcionalidad y equidad; lo anterior, en virtud de
que las citadas reglas constituían un estímulo fiscal que de
manera injustificada y caprichosa recibían los titulares que
tuvieran uno o varios vehículos.

A lo anterior, el juez precisó, que la quejosa señaló que era
un subsidio en materia fiscal, pues bien, el subsidio en materia
tributaria tenía la naturaleza jurídica desgravatoria o exonedora
de carácter parcial que se distinguía de los supuestos de no
sujeción, es decir, el legislador tributario únicamente señala
cuales son las personas no sujetas al tributo; en cambio el
subsidio fiscal no puede existir sin hecho punible previo, lo que
en el caso consideró se estaba ante un estímulo fiscal ya que
existía el hecho punible como lo era el pago sobre tenencia o uso
de vehículo, por lo que consideró analizar dicho concepto a la
luz de estímulo fiscal y no como subsidio.

El anterior motivo de agravio fue considerado inoperante
por parte del juez de Distrito, en razón a los siguientes
razonamientos:

- En principio, que diversos criterios jurisprudenciales
habían establecido que los estímulos fiscales eran prestaciones
económicas concedidas a una persona que podía hacer valer a
su favor, respecto de un tributo a su cargo, con el objeto de
obtener de ese beneficio un fin parafiscal o extra fiscal.

- Luego, que los estímulos fiscales, a pesar de su
denominación tributaria, no siempre quedaban integrados a la
estructura de la contribución, ya que el Estado podía sólo
utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines
públicos; es decir, por facilidad operativa se incorporaba al final

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de la mecánica de la contribución para disminuir la carga
impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibía
el gobernado.

- Además, que la característica principal de este tipo de
beneficios era que el legislador no trataba de medir o graduar la
capacidad contributiva de los sujetos obligados, de hecho
atendían a factores que no guardaban relación con los elementos
cuantitativos del tributo, por lo que podían surgir en un ejercicio o
no estar presentes en otro, de acuerdo con las políticas
económicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, pues
la correspondencia sólo se reflejaba en el sujeto obligado y la
carga económica que tenía que cubrir.

Con base en lo expuesto, arribó a la convicción de que un
estímulo fiscal no tenía relevancia impositiva en el impuesto que
se reclamase, cuando no se adhiriere a alguno de sus elementos
esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, o integra su
mecánica.

Por tanto, el juzgador determinó que en el caso de que al
estímulo fiscal no le fueran aplicables las mismas reglas que a
las contribuciones; es decir, las de justicia tributaria, y en el
amparo se enderezaren conceptos de violación en ese sentido,
los mismos debían declararse inoperantes, pues no era posible
analizarlo en esos términos.

Además, precisó que el apoyo o estímulo fiscal establecido
a través del artículo 19 y las reglas antes referidas, en nada
modificaban los elementos esenciales del tributo, pues estos
seguían intocados en la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo
León, en consecuencia, con la emisión de los actos reclamados

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no se modificaban ni adicionaban los elementos esenciales del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en el Estado de
Nuevo León, pues éstos subsistían en el supuesto de que el
apoyo fiscal dejare de existir.

Bajo el anterior razonamiento, el a quo llegó a la conclusión
que al quedar establecido que el apoyo o estímulo fiscal
contenido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y en
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo en Materia
Vehicular a la Economía de las Familias de Nuevo León, no se
incorporaba al esquema del tributo, ya que no actuaba a través
de un elemento esencial o se adicionaba a su mecánica, dado
que se podía separar de la norma, y que tampoco tenía
relevancia impositiva porque no se asociaba a la valoración de la
capacidad contributiva de los sujetos obligados, por tanto, se
determinaba que en este caso el apoyo o estímulo fiscal operaba
desde afuera; es decir, sin relevancia impositiva debido a que
solamente sustraía una parte del impuesto que debía soportar el
contribuyente, de ahí lo inoperante de los conceptos de violación,
ya que en el caso no se podía analizar la inconstitucionalidad del
acto atendiendo a los principios de justicia tributaria contenidos
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Sustentando su criterio, por analogía, con la jurisprudencia
185/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de rubro: "ESTÍMULO FISCAL, EL ANÁLISIS DE

CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A,
FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS
PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA."

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Finalmente, el a quo declaró infundado el concepto de
violación, en el que la quejosa adujo que el impuesto
reclamado violaba el artículo 16 Constitucional.

Lo anterior, pues señaló que la obligación de fundar y
motivar, en tratándose de actos legislativos, se veían
satisfechas cuando estos fueran emitidos dentro de los límites
de las atribuciones que la constitución le confiere a la
autoridad, y cuando las leyes que emitan se refieran a
relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas,
por lo que no era necesario que todas y cada una de las
disposiciones que integran estos ordenamientos debían ser
necesariamente materia de una motivación.

Por tanto, señaló que las reformas a la Ley de Hacienda
del Estado de Nuevo León, vigente a partir del primero de
enero de dos mil diez, al ser propuesta por uno de los órganos
competentes para ello, en el caso, el gobernador del Estado, y
expedida por el órgano competente, el Congreso del estado, no
violaba lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, pues
además regulaba una situación social necesaria para cubrir el
gasto público, que con independencia que lo manifestado en la
iniciativa o en la exposición de motivos, tuviera o no sustento,
lo cierto era que la inconstitucionalidad de una ley sólo podía
derivarse de su proceso de creación o de su contenido, más no
de las exposiciones de motivos contenidas en una iniciativa de
ley, así como de los debates del legislador, cuyo único objeto
es de facilitar el análisis, discusión y aprobación de los
proyectos de ley por el Congreso.

La sentencia constitucional concluyó con los resolutivos
siguientes:

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“PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo
345/2011, promovido por PEPSICO INTERNACIONAL
MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, contra las autoridades y actos que
reclamaron, de conformidad con lo establecido en los
considerandos tercero y sexto de esta sentencia. - - -
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI
PROTEGE A PEPSICO INTERNACIONAL MÉXICO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, contra los actos que reclamó, por lo motivos que
se precisan en el último considerando de este fallo
constitucional.”

TERCERO.- No se transcriben los agravios que
formula el recurrente en virtud de que no existe dispositivo
legal que así lo exija; en el entendido de que serán referidos en
el considerando correspondiente. Lo anterior encuentra apoyo
en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.

CUARTO. No serán materia de estudio en la presente
ejecutoria las consideraciones emitidas en el fallo que se revisa
en el considerando tercero y sexto, donde el juzgador sobresee
respecto de diversas autoridades y actos, conforme a los
razonamientos ahí expresados.

Lo anterior es así, debido a que tales determinaciones no
aparecen combatidas por parte legítima; en cuya virtud, deben
quedar firmes.

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Avala dicha decisión, la jurisprudencia de la entonces
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo
rubro y datos de localización son:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO
COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES." (Apéndice
al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1917 a
1995, tomo VI, Materia Común, página 471, identificable con
el número de registro 394,427).

QUINTO.- Es fundada una parte del primero de los
agravios y suficiente para revocar el fallo que se revisa, de
acuerdo con las consideraciones que se exponen a continuación.

En dicho concepto de agravio la recurrente
sustancialmente alega que la sentencia revisada es contraria a
derecho, ya que el juzgador Federal para declarar infundados
conjuntamente los conceptos de violación tercero y cuarto, de su
demanda de garantías y por ende declarar la constitucionalidad
de los sistemas de tributación contenidos en el numeral 132,
derivado del esquema previsto en el ordinal 122, fracción II, y
último párrafo, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de
Nuevo León, así como del sistema previsto en el artículo 133,
derivado del esquema previsto en el diverso numeral 122,
fracción I, de la ley en cita, el juzgador realizó un estudio
individual de cada sistema en lugar de analizar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos pero a la
luz de su confrontación como se propuso en los agravios en
comento, de forma tal, que no fue resuelta la cuestión
efectivamente planteada.

Que en atención a la imprecisión destacada, el juzgador
interpretó y aplicó erróneamente los numerales 122, fracción I y II

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y último párrafo, así como los diversos 132 y 133, todos de la Ley
de Hacienda para el Estado de Nuevo León; además, que de la
sentencia que se recurre no se advierte argumento alguno por
parte del juzgador tendiente a abordar eficazmente el estudio del
concepto de violación cuarto.

Alega, que como podrá advertirse del tercer concepto
de violación contenido en la demanda de garantías, los quejosos
revisionistas no reclamaron la inconstitucionalidad del sistema de
tributación contenido en el numeral 133, derivado del 122,
fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León
por vicios propios, es decir por violación al principio de
proporcionalidad tributaria, que genera la aplicación de dicho
sistema entre los sujetos pasivos a quienes le es aplicable, sino
que se reclamó en confrontación con el diverso sistema de
tributación contenido en el numeral 133, derivado del sistema
previsto en el 122, fracción II y último párrafo de la Ley de
Hacienda para el Estado de Nuevo León.

Que lo anterior era así, pues la violación al principio de
proporcionalidad tributaria reclamada por los quejosos se
produce cuando el sistema contenido en el 133, derivado del
esquema contenido en el diverso 122, fracción I, de la Ley de
Hacienda para el Estado de Nuevo León, al que están afectos los
quejosos, esto es, los usuarios o tenedores de vehículos usados
destinados al transporte de hasta quince pasajeros, al ser
confrontado con el sistema establecido en el numeral 132,
derivado del esquema tributario ubicado en el ordinal 122,
fracción II y último párrafo, de la citada ley, es decir, aquel
sistema al que están sujetos los tenedores o usuarios de
vehículos denominados “pick up”.

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Que el análisis efectuado respecto al principio de
equidad tributaria planteado en la demanda de garantías en
relación con los numerales citados, fue equivocado, toda vez que
se hizo referencia a un supuesto argumento vertido por la ahora
revisionista en cuanto al trato preferencial que el numeral 122,
fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado otorga a los
vehículos denominados “taxis”, cuando en principio la quejosa se
dolió a través del concepto de violación tercero del trato
preferencial que el numeral 122, fracción II y último párrafo de la
Ley de Hacienda otorga a los vehículos denominados “pick up”,
por lo que no se resuelve la controversia efectivamente
planteada en el mencionado concepto de violación.

Señala, que no obstante no haber reclamado los
argumentos destacados por el juzgador en cuanto al trato
preferencial de los “taxis”, “ad cautelam” expone razones para
considerar que el referido trato preferencial otorgado a los
vehículos “pick up”, no se encuentra justificado con bases
objetivas, partiendo de la supuesta justificación al trato
preferencial otorgado por la norma a los tenedores o usuarios de
vehículos denominados “taxis”.

Al respecto, dice que los argumentos señalados por el
juzgador mediante los que pretendió demostrar que el trato
preferencial otorgado a los vehículos destinados al servicio de
pasajeros denominados “taxis” por el numeral 122, fracción II, de
la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, no resulta
violatorio del principio de equidad tributaria, al estar sustentado
en bases objetivas y de índole económico-social, no resultan
aplicables ni acertados para demostrar la justificación del trato
preferencial el citado artículo 122, fracción II, último párrafo,
otorga a los vehículos tipo “pick up”.

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Ello, pues debía señalarse que la Constitución Política
del Estado no facultaba a la legislatura Estatal a “transformar”
impuestos federal en contribuciones locales, sino establecer las
contribuciones que fueran indispensables para la satisfacción de
las necesidades de la Entidad y sus municipio. Por tanto, debía
concluirse que el decreto 146, a través del que se reformó vía
adición la Ley de Hacienda Estatal “creó” una nueva contribución
y no transformó el impuesto de federal a local; de ahí que la
exposición de motivos relativa a la Ley del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos no puede de manera alguna servir
de sustento para justificar el ejercicio de la potestad tributaria por
parte del Congreso Local para crear el impuesto de mérito, pues
de aceptar dicha postura se aceptaría que el Congreso de la
Unión tuvo injerencia en el proceso legislativo que culminó con la
emisión del decreto 146 reclamado en la demanda de garantías.

En esas condiciones, el análisis efectuado por el juez
Federal debió circunscribirse únicamente a los debates
formulados en la exposición de motivos emanada del Congreso
Local, sin que de dicha discusión pueda advertirse el tratamiento
preferencial otorgado a los vehículos denominados “pick up”, ya
que no se aprecia discusión alguna sobre que el tratamiento
distinto obedezca necesidades de fomentar la reactivación del
servicio de transporte por ser una cuestión de orden social y para
fomentar la economía en el Estado de Nuevo León y
definitivamente ello tampoco se desprende del argumento
relativo a que se pretendió establecer el Impuesto sobre tenencia
o uso de vehículos a nivel estatal en los mismos términos que la
legislación Federal, ya que ello solo significa que el Estado
pretendió reproducir en la Ley Hacendaria Estatal en un grado
casi íntegro las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto

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Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, más no hacer suyas las
discusiones y debates contenidos en la exposición de motivos
relativa a la reforma a dicha Ley Federal analizada por la
recurrida.

Señala además, que de resultar infundado lo alegado
con anterioridad, también cobraba relevancia el que la Ley del
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos fue abrogada
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el veintiuno de diciembre de dos mil siete, en donde se precisó
que todos los mexicanos estaríamos exentos de dicho pago a
partir del uno de enero de dos mil doce, por lo que a su sentir,
resulta absurdo que la finalidad de apoyar la reactivación del
transporte y promover el oportuno cumplimiento en el pago del
tributo sean factores para justificar el tratamiento preferencial a
los tenedores o usuarios de vehículos “pick up”, contenido en los
artículos 132 y 122, fracción II y último párrafo de la Ley de
Hacienda para el Estado de Nuevo León, pues el Congreso de la
Unión previamente decidió que dicha contribución ya no sería
necesaria para cubrir el presupuesto federal a partir de esa data.

Luego, podía concluirse que las razones expuestas en
la exposición de motivos analizada por el juzgador en la
sentencia recurrida han cesado de tener vigencia, pues ya no
será necesario reactivar la actividad del transporte aplicando
tasas preferenciales a los contribuyentes tenedores de ciertos
vehículos, como en la especie los denominados “pick up”,
sencillamente porque ya no existirá el impuesto en comento y por
lo mismo no será necesario a través de la aplicación de dichas
tasas preferenciales promover el pago oportuno de ese tributo.

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Asimismo, cuestiona que el juzgador argumenta que en
cuanto a los vehículos destinados al transporte de carga o para
más de quince pasajeros, el tributo se calcula atendiendo al peso
bruto o a la capacidad para transportar pasajeros y que dicha
distinción la consideraba justificada ya que se tomaron en cuenta
razones de naturaleza económica y social, tales como impulsar la
actividad del transporte, ya sea de carga o pasajeros, por lo que
se consideraba que el legislativo tuvo razones objetivas
extrafiscales para crear esa categoría de vehículos con un
tratamiento fiscal distinto.

Así, refiere que la confrontación de los sistemas
tributarios establecidos en los numerales que cuestiona produce
violación al principio de equidad tributaria consagrado en el
artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, ya que a los
contribuyentes que tributan por ser tenedores o usuarios de
vehículos usados destinados al transporte de hasta quince
pasajeros se les da un trato distinto al recibido por los causantes
que tributan por ser propietarios o tenedores de vehículos “pick
up”, pues a estos se les da un tratamiento fiscal distinto
injustificado, toda vez que en ambos casos, aun cuando los
vehículos contaran con la misma antigüedad y sin importar que el
valor sea idéntico o incluso menos el de los destinados al
transporte de hasta quince pasajeros y se destinen al mismo uso,
resultarán beneficiados los usuarios de vehículos “pick up”, en
función de la “versión” o “línea” del automóvil que detentan
(equipado con caja de carga), lo que a su parecer, de ninguna
forma obedece a una finalidad legítima objetiva y
constitucionalmente válida, pues la supuesta justificación con
bases objetivas y razonables que la autoridad consideró, es
decir, el fomento y apoyo a la actividad económica relacionada
con el transporte no encuentra sustento para los vehículos

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denominados “pick up”, puesto que existen muchos vehículos de
este tipo que son autos de lujo para uso particular y no siempre
se destinan al transporte comercial o industrial.

Finalmente, aduce que no advierte que el juzgador se
pronunciara cabalmente sobre el cuarto concepto de violación
formulado en su demanda de garantías, en relación con el
artículo 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.

Como se adelantó, es fundado el agravio en cuestión,
toda vez que contrario a lo resuelto, no se advierten
consideraciones objetivas que justifiquen el trato diferenciado
previsto en los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda
del Estado de Nuevo León, que otorgan un trato preferencial a
los tenedores o usuarios de vehículos “pick up”, respecto al resto
de los gobernados, y por consecuencia resultan violatorios del
principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción
IV Constitucional.

Ahora bien, a fin de justificar lo anterior, conviene
señalar que el artículo 64 de la Constitución del Estado de
Nuevo León, establece lo siguiente:

“Art. 64.- No puede el Congreso:

I.- Establecer más contribuciones que las indispensables para
satisfacer las necesidades generales del Estado y de los
Municipios.
(…)”

Dicho numeral interpretado en un sentido contrario,
prevé la facultad del legislador local para establecer los tributos
que estime necesarios para solventar las necesidades de la
Entidad y municipio; facultad la anterior que presupone una

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libertad para legislar e implementar la normatividad que resulte
pertinente para alcanzar dicho fin.

También cobra relevancia destacar que el Diccionario
Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas,3i
define que el objetivo primario de la actividad técnica en la
elaboración de las leyes consiste en transformar los fines
imprecisos de una sociedad en normas jurídicas, que permitan
realizar esos fines en la vida práctica. La primera tarea que se
impone en esta materia es, por lo tanto, la de formular las
normas jurídicas, o sea traducir al lenguaje legal las ideas
surgidas de procesos previos. Aquí la importancia de las fuentes
del derecho (leyes, costumbres, jurisprudencia, doctrina, etc.),
“que deben manifestarse mediante un vocabulario preciso,
utilizando en lo posible las palabras con un significado definido y
constante, procurando la claridad de la expresión y prefiriendo la
sencillez y simplicidad al exagerado tecnicismo”.

Además, señala que la técnica convierte el contenido y
los propósitos del derecho en palabras, frases y normas a las
cuales da una arquitectura sistemática. Es la diferencia que
existe entre la idea y su realización, entre el fondo y la forma. El
estudio científico y la política sólo dan la materia prima de la
norma, la técnica la moldea, la adapta y la trasforma para lograr
la realización práctica de esos propósitos.

Y concluye que el legislador tiene la obligación de
mejorar y de readaptar las leyes, puesto que éstas deben
someterse a las exigencias de adecuación, necesariedad,
proporcionalidad, claridad y exigibilidad, y en cuanto una ley

3
, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, Edición Histórica,
Editorial Porrúa S.A y Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, Pág. 3630

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determina defectuosamente los supuestos de hecho y establece
precisiones defectuosas, reconocibles ex ante o a posteriori, está
fallando en su esencia, en su finalidad, pierde su razón de existir
frente a la regulación que pretende; deviene inapropiada y no es
susceptible ni digna de constreñir derechos.

Por otra parte, en relación con las leyes fiscales el
Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones
Jurídicas4, señala que la ley en el ámbito tributario tiene la
necesidad de regular los elementos esenciales de la
contribución, tales como los sujetos pasivos, hecho imponible o
generador y los elementos mínimos de cuantificación. La ley es
una garantía a favor del ciudadano de que sólo le podrán ser
cobradas aquellas contribuciones establecidas en leyes
emanadas del Poder Legislativo en el que se encuentran sus
representantes electos popularmente.

La ley tributaria es la expresión de los principios de
legalidad y de reserva de ley, porque por un lado, contiene los
límites de la actuación de la administración pública, y por otro la
reserva de ley en materia tributaria garantiza que los elementos
esenciales del tributo o la contribución se establecerán a través
de un proceso legislativo. La ley debe ser un mecanismo de
defensa de la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad.

En el constitucionalismo moderno es característica de
todos los Estados que los tributos se establezcan por medio de la
ley votada en cortes, lo cual cumple con los mandatos
constitucionales. El establecimiento de contribuciones a través de
la ley tiene la necesidad de mencionar detalladamente los
elementos estructurales que componen los tributos: hecho

4
Idem, Págs. 2362 y 2363.

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imponible, sujetos, devengo o causación, base imponible, tipo de
gravamen, tasa, etc. Del tal forma que el principio de legalidad
profundiza y comprende la aprobación por los ciudadanos, de
todos los elementos que, en definitiva, van a utilizarse para
determinar la cuota que han de pagar.

En México, las leyes tributarias pueden ser federales o
locales. Son federales las leyes emanadas del Congreso de la
Unión, que tiene como ámbito territorial de aplicación todo el
territorio nacional, y que crean o imponen contribuciones en
aquellas materias en las que puede legislar el Congreso federal
de acuerdo con el sistema de distribución de competencias que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Son leyes fiscales locales las que emanan de las
legislaturas de cada estado o entidad federativa, que tiene como
ámbito territorial de la entidad federativa y que establecen o
crean contribuciones sobre aquellas materias que no están
reservadas a la Federación.

Destaca, que las legislaturas de los estados no sólo
deben emitir las leyes fiscales correspondientes a los ingresos
destinados a cubrir el presupuesto de la entidad federativa, sino
que también deben emitir leyes que señalen las contribuciones
que podrán cobrar los municipios para formar la hacienda
municipal, debido a que éstos no tienen poder de imposición, de
acuerdo con lo que dispone la fr. IV del a 115 constitucional.

Ahora bien, para el caso a estudio, igualmente es
importante señalar que mediante Decreto de veintiuno de
diciembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la
Federación se determinó, entre otras cosas, lo siguiente:

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“DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación
Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
(…)

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS
ARTÍCULO TERCERO.- Se ABROGA la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto
entrará en vigor el 1o. de enero de 2012.
En caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16
de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, antes de la fecha
señalada en el párrafo anterior las entidades federativas
establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de
vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el
impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se
suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la
entidad federativa de que se trate.
Las obligaciones derivadas de la Ley del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos que se abroga conforme al
artículo anterior de este Decreto, que hubieran nacido durante
su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas
previstas en dichos ordenamientos, deberán ser cumplidas en
las formas y plazos establecidos en los mismos y en las demás
disposiciones aplicables.
(…)”

Como puede advertirse del Decreto señalado, en lo que
destaca, se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos a partir del año dos mil doce, y además, no obstante
que dicho tributo es federal, las entidades federativas que así lo
estimen conveniente podrán establecer este tipo de contribución
antes de su abrogación, situación la anterior que permite concluir
que con la plena libertad podrán determinar las características,
los requisitos y las condiciones que consideren pertinentes para
su recaudación.

Actividad legislativa la anterior, que de acuerdo con la
técnica que debe observar, implicaría un proceso de creación de

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la norma fiscal, donde se externe no sólo la imposición de una
nueva contribución para los gobernados, sino también los
elementos esenciales que integrarán dicho tributo, tales como el
objeto, la base y los sujetos, entre otros; todo ello con la
intención de garantizar los derechos fundamentales de legalidad
y seguridad jurídica que impiden la carga de una prestación
personal o patrimonial sin arreglo con la ley previamente
establecida.

Por otra parte, en relación con el principio de equidad
tributaria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en su jurisprudencia 24/2000, de rubro: “IMPUESTOS.
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL”, señala que
dicho principio presupone la igualdad, ante la misma ley
tributaria, de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los
que en consecuencia deben recibir igual trato y que puede
traducirse en que las normas tributarias otorguen un tratamiento
igual a quienes se encuentren en situaciones idénticas y desigual
a los que por el contrario se ubiquen en una situaciones
diversas.

Esto es, el principio constitucional de equidad tributaria,
obliga a que no exista distinción entre hipótesis jurídicas que
pueden considerarse iguales, sin que haya, para esto, una
justificación objetiva y razonable; en otras palabras, el principio
de equidad consiste en evitar que existan normas que,
destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de
hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al
generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar
efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones
dispares.

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El criterio mencionado, dictado por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se localiza en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de
marzo de 2000, página 35, de rubro y texto siguientes:

“IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV,
CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis
sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega
a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los
contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma
hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación
frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica
que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a
quienes se encuentren en una misma situación y de manera
desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una
situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir
con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que
tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de
contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o
arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o
universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en
bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una
y otra categoría, y que pueden responder a finalidades
económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso
extrafiscales.”

Como puede observarse, para cumplir con el principio
de equidad tributaria, el legislador al crear una norma relativa a
impuestos, no sólo tiene la facultad sino también la obligación de
crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, se limita tal
proceder a que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir,
tienen que ser sustentadas en bases objetivas que justifiquen el
trato diferente entre una y otra categoría, y que pueden
responder a finalidades económicas o sociales, razones de
política fiscal o incluso extrafiscales.

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 46/2005, señaló que

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por regla general correspondía la legislador justificar
expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes
correspondientes los fines extrafiscales que pudiera perseguir al
establecer alguna contribución, a fin de reflejar su voluntad en el
proceso de creación de un tributo, pues de esa forma, ante un
problema de constitucionalidad el juzgador podría atender a las
justificaciones expresadas por los órganos encargados de la
creación de una ley y no a las posibles ideas o razones que
hubiesen tenido u objetivos que se pretendieran alcanzar; regla
la anterior, que permite una excepción cuando el caso permita
advertir de forma evidente la finalidad perseguida por la norma.

Consideraciones que se ubican en la jurisprudencia
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XXI, de mayo de 2005, página 157, de rubro y texto
siguientes:

“FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO
LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL
PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. Una
nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce
a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de
las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto
público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es
que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que
aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política
financiera, económica y social que el Estado tenga interés en
impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el
órgano legislativo el que justifique expresamente, en la
exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los
mencionados fines extrafiscales que persiguen las
contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al
establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una
mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines
fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan
a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en
este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la
contribución, en virtud de que en un problema de
constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a
las justificaciones expresadas por los órganos encargados de
crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las
posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar.
Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al

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corresponder al legislador señalar expresamente los fines
extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con
otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y
determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del
precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo
anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de
control advierta que la contribución está encaminada a proteger
o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es
evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por
tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o
en la propia ley el legislador exponga o revele los fines
extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que
persigue la contribución respectiva.”

Igualmente, cobra relevancia el criterio sostenido por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde
determinó que si de la simple lectura de una norma tributaria se
advierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir o
desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sea
considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, y
los fines que pretende son fácilmente identificables en tanto se
desprenden con claridad del propio precepto sin necesidad de
hacer un complicado ejercicio de interpretación, es
incuestionable que el juzgador puede sostener que el precepto
relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular
no se haya hecho pronunciamiento alguno en la exposición de
motivos o en el proceso legislativo respectivo.

Consideraciones que se localizan en la tesis visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre
de 2007, página 20, de rubro y texto siguientes:

“FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN
DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY
CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE
LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL
PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de
autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface
cuando aquella actúa dentro de los límites de las atribuciones
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le
confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se

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refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente,
sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones
que integran los ordenamientos deban ser materia de una
motivación específica, pues ello significaría una actividad
materialmente imposible de llevar a cabo. Ahora bien, si de la
simple lectura de una norma tributaria se advierte, prima facie,
que está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas
actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no
para el desarrollo armónico del país, y los fines que pretende son
fácilmente identificables en tanto se desprenden con claridad del
propio precepto sin necesidad de hacer un complicado ejercicio
de interpretación, es incuestionable que el juzgador puede
sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales
aunque sobre el particular no se haya hecho pronunciamiento
alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo
respectivo”.

Dicho lo anterior, conviene precisar el contenido de los
artículos cuya inconstitucionalidad reclama la parte quejosa y
donde, según dice, se da un trato preferencial injustificado por el
legislador:

“Artículo 122. Tratándose de automóviles, omnibuses,
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el
impuesto se calculará como a continuación se indica:
I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al
transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la
cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la
siguiente:
TARIFA
Límite inferior Límite inferior Cuota fija Tasa para
aplicarse sobre el
excedente del
importe señalado
en el límite inferior
$ $ $ $
De 0.01 a 526,657.78 0.00 3.0

Mayor de a 15,799.73 8.7
526,657.78 1,013,523.64
Mayor de a 58,157.06 13.3
1,013,523.64 1,362,288.13
Mayor de a 104,542.7 16.8
1,362,288.13 1,711,052.62 4
Mayor de 163,135.1 19.1
1,711,052.62 6

Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la
tarifa a que se refiere esta fracción se aplicará sobre el
valor total del vehículo, sin incluir el valor del material
utilizado para el blindaje. En ningún caso el impuesto que
se tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que
tendrían que pagarse por la versión de mayor precio de
enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo

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y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que
corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil
blindado, el impuesto para este último, será la cantidad que
resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tarifa
establecida en esta fracción, multiplicando el resultado por
el factor de 0.80.
II. Para automóviles nuevos destinados al transporte de
más de quince pasajeros o efectos cuyo peso bruto
vehicular sea menor a 15 toneladas y para automóviles
nuevos que cuenten con placas de servicio público de
transporte de pasajeros y los denominados "taxis", el
impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245%
al valor total del automóvil.
Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas,
el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que
resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, por
el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo
vehicular expresado en toneladas, entre 30. En el caso de
que el peso sea mayor de 35 toneladas se tomará como
peso bruto máximo vehicular esta cantidad.
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el
peso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis,
cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga
útil transportable.
III. Tratándose de automóviles de más de diez años
modelos anteriores al de aplicación de este Capítulo, el
impuesto se pagará a la tasa del 0%.
Para los efectos de este Artículo, se entiende por vehículos
destinados a transporte de más de 15 pasajeros o para el
transporte de efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin
importar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo
quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses
integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto
vehicular”.

“Artículo 132. Tratándose de vehículos de fabricación
nacional o importados, a que se refieren los Artículos 122,
fracción II y 126 de la presente Ley, así como de
aeronaves, excepto automóviles destinados al transporte
de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte
de multiplicar el importe del impuesto causado en el
ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que
corresponda conforme a los años de antigüedad del
vehículo, de acuerdo con la siguiente:
TABLA
Años de antigüedad Factor
1 0.900
2 0.889
3 0.875
4 0.857
5 0.833
6 0.800
7 0.750
8 0.667
9 0.500

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El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se
actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 129
del presente Capítulo.
Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen
a ser de servicio público de transporte denominados "taxis",
el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se calculará,
para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en el que se dé
esta circunstancia, conforme al siguiente procedimiento:
I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de
depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de
conformidad con la tabla establecida en este Artículo; y
II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se
actualizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
129 del presente Capítulo el resultado obtenido se
multiplicará por 0.245%.
Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se
calcularán con base en el número de años transcurridos a
partir del año modelo al que corresponda el vehículo”.

“ARTÍCULO 133.- Tratándose de automóviles de
fabricación nacional o importados, de hasta nueve años
modelo anteriores al de aplicación de este Capítulo,
destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el
impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento
siguiente:
El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de
depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de
conformidad con la siguiente:
TABLA
Años de antigüedad Factor de depreciación

1 0.850
2 0.725
3 0.600
4 0.500
5 0.400
6 0.300
7 0.225
8 0.150
9 0.075

La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se
actualizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
129 del presente Capítulo y al resultado se le aplicará la
tarifa a que hace referencia el Artículo 122 de este
Capítulo.
Para efectos de la depreciación y actualización a que se
refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán
con base en el número de años transcurridos a partir del
año modelo al que corresponda el vehículo”.
**********Como puede desprenderse del contenido de
los numerales reseñados, en ellos se establecen diversas reglas

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para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en
lo que trasciende, respecto de aquéllos destinados para el
transporte de hasta quince pasajeros y de más de este número
de tripulantes; igualmente, señala que para efectos de lo
estipulado en el artículo 122, fracción II, se deberá entender
como vehículo destinado al transporte de más de quince
pasajeros los tipo “pick up”, mismos que pagarán un impuesto
resultado de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil.

Además, lo anterior permite evidenciar que dichos
artículos, establecen una tasa variable para todos los
automóviles, misma que se va incrementado conforme al valor
del vehículo, sin embargo, en lo que ahora cobra relevancia,
para los vehículos denominados “pick up” el impuesto se
determinará al aplicar una tasa fija del 0.245% al valor total del
vehículo.

Por tanto, se advierte un trato diferenciado al disponerse
una tasa fija menor a los propietarios o usuarios de vehículos tipo
“pick up” (0.245%), para el cálculo y determinación del Impuesto
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para el año dos mil once,
respecto del resto de los contribuyentes, que como los quejosos
detentan vehículos clasificados como destinados al transporte de
más de quince pasajeros, cuya tasa inicial es de 3.0%, misma
que se incrementa conforme el valor de la unidad, hasta alcanzar
una tasa del 19.1% a pagar sobre el excedente del importe total
del valor total del vehículo, conforme al límite inferior.

Como se anticipó al inicio del presente considerando, de
los artículos citados, no se desprenden elementos objetivos que
permitan justificar el trato diferenciado dado a los propietarios de
los vehículos denominados “pick up”, respecto a los demás

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sujetos del tributo, pues aun cuando el legislador está facultado –
y en algunos casos hasta obligado- a establecer tratos diferentes
que pudieran obedecer a cuestiones de política fiscal o a un fin
extrafiscal, de los numerales en cita no es posible apreciar dichas
cuestiones, así como tampoco de la discusión y dictamen que
generó la creación del Impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos en el Estado de Nuevo León.

Es así, pues de la exposición de motivos relativa a la
reforma que introdujo el mencionado tributo en la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León, visible en el Diario de los
Debates, identificado con el número 163-LXXII S.O. de quince de
diciembre de dos mil diez, se expuso lo siguiente:

“…
POR OTRO LADO, DESTACA LA MODIFICACIÓN DE
DIVERSOS ARTÍCULOS ACTUALMENTE DEROGADOS,
ADICIONANDO UN CAPÍTULO QUINTO “DEL
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS”
Y LOS ARTÍCULOS 118 AL 138, RESULTANDO EN LA
TRANSFORMACIÓN DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, EN UNA
CONTRIBUCIÓN ESTATAL, EN LOS MISMOS
TÉRMINOS QUE CONTEMPLA LA LEGISLACIÓN
FEDERAL, CON EL OBJETO DE FORTALECER LAS
FINANZAS ESTATALES SIN INCREMENTAR LA CARGA
FISCAL A LOS CONTRIBUYENTES, AL TRATARSE DE
UN IMPUESTO AL QUE ESTÁ SUJETO EL CIUDADANO.
ESTA TRANSICIÓN DEL IMPUESTO FEDERAL A
LOCAL PERMITE LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL
ÁMBITO ESTATAL SE PUEDAN EXPLORAR
ESQUEMAS DE APOYO A LA POBLACIÓN QUE
PERMITAN IR REDUCIENDO EN FORMA
SIGNIFICATIVA EL IMPACTO DE ESTE GRAVAMEN,
SIN CAUSAR PERJUICIO A LOS PROGRAMAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL,
PUES LA RECAUDACIÓN DE ÉSTE IMPUESTO
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
PROPIOS DEL ESTADO SIN INTERRUPCIÓN ALGUNA”.
…”

De dichas manifestaciones del legislador local se
observa, que el impuesto que ahora se tilda de inconstitucional,

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se impuso como resultado de una “transformación” del impuesto
federal sobre tenencia o uso de vehículos vigente hasta el
ejercicio fiscal dos mil diez, para pasar a ser una contribución
estatal; determinación que aparentemente obedeció al propósito
de fortalecer las finanzas estatales sin incrementar la carga fiscal
a los contribuyentes, esto en los mismos términos que
contemplaba la legislación federal.

Como puede apreciarse, le asiste razón a la parte
quejosa en cuanto alega que el juzgador Federal no podía
justificar el trato diferenciado establecido en los numerales en
cuestión, conforme a lo sostenido respecto de la legislación
Federal, pues como se evidencia, por una parte, los numerales
no reflejan por sí la justificación para distinguir en la Entidad el
tratamiento dado a los propietarios o usuarios de vehículos tipo
“pick up” y por otra, de los razonamientos expresados por el
legislados estatal, no aparecen consideraciones o motivos que
permitan obtener una base objetiva del por qué se imponía y
recaudaba el impuesto en iguales términos que aquellos
previstos en la legislación Federal, esto es con los mismos tratos
y distinciones ahí previstos.

Veraz, pues como se precisó con antelación, en el caso
particular, la imposición del tributo por parte del legislador estatal
derivó, en principio, de lo establecido en el decreto emitido el
veintiuno de diciembre de dos mil siete, donde se estipuló la
abrogación de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos Federal, y se previó que los Estados que desearan
retomar el impuesto de mérito, podían hacerlo, incluso antes de
la fecha en que habría de desaparecer la contribución Federal.

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De esa forma, si bien el legislador local quedó expedito
para retomar el impuesto en cuestión, no menos cierto es, que
ello no lo eximía de cumplir con las obligaciones mínimas
correspondientes a justificar los términos en que se llevaría a
cabo el cálculo del tributo, puesto que no debe confundirse la
voluntad expresada por crear un impuesto local que
anteriormente se establecía como federal, con la obligación de
exponer, al menos, el por qué se fincaba en iguales términos que
los previstos en la normatividad Federal.

Lo anterior, en atención a que en el caso, no se
comparte la idea de que exista una “transformación” del impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos, ya que dicha figura no se
encuentra prevista como tal en la Constitución del Estado de
Nuevo León, ni en los reglamentos y demás disposiciones
relativas al Poder Legislativo Estatal, de ahí, que si estamos ante
la creación de una contribución, el legislador, debe, al menos,
exponer las razones por las que justifica cualquier trato
preferencial, ya que si bien, dicho tratamiento no está prohibido,
lo cierto es que debe encontrar justificación ya sea en la
exposición de motivos o debates correspondientes o
excepcionalmente, desprenderse del propio contenido de la
norma cuestionada.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, de las
consideraciones advertidas en el diario de debates
correspondiente al decreto donde se propuso la creación del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, sólo aparecen
razones que justifican, en todo caso, la imposición del tributo
como estatal, puesto que el hecho de que se hubiese precisado
por el legislador que ello obedecía a una “transformación” en
iguales términos que la legislación Federal, con el objeto de

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fortalecer las finanzas públicas, sin incrementar la carga fiscal de
los contribuyentes pues se trataba de un impuesto que ya venía
pagándose, sólo revela la justificación de la contribución ahora
estatal, pero es insuficiente para obtener mayor información
acerca de los motivos o razones que orillaron al legislador para
otorgar tratamientos idénticos a los previstos en la norma federal
para el cálculo del impuesto respecto de diversos sujetos.

Sobre dicho punto es importante destacar que no puede
perderse de vista que las razones dadas por el legislador federal
obedecen a situaciones de carácter nacional, vistas desde un
punto general que intenta abarcar a las mayorías en el país,
puesto que sus normas no se limitan a un grupo o entidad
determinado, sino que cubrirán la totalidad de los gobernados; de
ahí, que en el caso, el juzgador no podía acudir a los criterios
sostenidos respecto a la legislación Federal para justificar las
medidas o métodos establecidos para el cobro del impuesto en el
Estado y menos aún, a la exposición de motivos del Congreso de
la Unión de diez de noviembre de mil novecientos noventa y
siete, pues como se ha vislumbrado, las razones que ahí se
contuvieran obedecieron a situaciones atinentes a las
necesidades de la totalidad de la población y no a un Estado en
Particular.

Por ello, si el órgano legislativo del Estado de Nuevo
León, consideró prudente retomar el impuesto sobre tenencia o
uso de vehículos que anteriormente tenía el carácter de federal,
así como la forma para su cálculo y los tratos diferenciales ahí
establecidos, era menester que expresara, por lo menos, las
razones por las que consideraba aplicables dichas cuestiones, lo
que como se ha expuesto, no aconteció en la especie.

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Además, del propio contenido de los numerales
cuestionados no se advierte de forma objetiva las razones que
pudieron llevar al legislador para otorgar un trato preferencial a
los tenedores o usuarios de vehículos tipo “pick up”, pues si bien,
con el tratamiento dado a “taxis” o vehículos de transporte
público, con independencia de la capacidad de número de
pasajeros, se percibe una intención de apoyar ese sector de la
sociedad (transporte público), respecto de los mencionados “pick
up”, no se aprecia elemento alguno que por sí solo pueda
suplantar la omisión del legislador.

Así resulta, ya que las condiciones en la entidad impiden
coincidir con lo dicho por el juez de Distrito respecto a que el
trato dado a los vehículos de carga obedece a cuestiones
objetivas de naturaleza económica y social, consistentes en
impulsar la actividad de transporte y que estas cuestiones se
determinaban por un órgano técnico desde la fabricación del
vehículo, por lo que no quedaba a discreción de la autoridad
administrativa, sino a esquemas y especificaciones técnicas de
especialistas en la materia.

Lo anterior, pues como se dijo en párrafos que
anteceden, de la exposición de motivos ni del diario de debates
relativo a la creación del impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos en el Estado, no se advierte que el legislador previera
dichas cuestiones o que al menos hubiese destacado una
similitud en las condiciones actuales de la entidad para con las
existentes en el País al momento de crear el impuesto federal
que retomaba y que por ello, también se aplicara lo concerniente
a su cálculo para los neoloneses.

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Máxime, si en el mercado nacional de vehículos tipo
“pick up” encontramos que sus especificaciones técnicas arrojan
resultados diversos en cuanto a su capacidad de carga y costo
de la unidad, es decir, que igualmente se encuentran vehículos
con un gran acondicionamiento mecánico para la realización de
trabajos pesados y de un precio moderado en relación con la
actividad en que habrá de utilizarse, así como también, otros con
un costo mucho mayor y una capacidad de carga muy inferior a
los restantes, que implicaría una inversión elevada en relación
con el servicio de trabajo que podría prestar; lo que impide
concluir con certeza o notoriedad evidente que todo vehículo tipo
“pick up” estaría destinado al transporte de carga o como de
trabajo; de ahí que si el legislador local no estableció las razones
que tuvo para generar dicho trato preferencial o al menos, los
motivos que tuvo para afirmar que en la entidad prevalecían
iguales condiciones que las que generaron los elementos
previstos para el impuesto federal, es evidente que con dicha
omisión se trastocó la equidad tributaria que debe respetar toda
norma fiscal.

Finalmente, cabe precisar que las consideraciones
anteriores no resultan contradictorias con los diversos amparos
en revisión, donde este tribunal ha resuelto sobre el tema de la
tenencia estatal que era válido que el juez de Distrito acudiera a
la exposición de motivos del Legislador Federal para justificar el
trato deferencial dado a los propietarios o tenedores de vehículos
tipo “taxi”, ya que lo ahora determinado obedece a que los
argumentos de la aquí quejosa cuestionan el trato dado a los
propietarios o poseedores de vehículos tipo “pick up”, mismo que
tal cual se dijo en párrafos que anteceden no se justifica de forma
evidente o notoria dentro la normatividad que rige dicho tributo, y
por ello se concluyó que el legislador Local sí debió exponer las

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razones que motivaran dicho trato; lo que no sucedió para el
caso de los “taxistas”, donde el propio contenido de la disposición
fiscal permite evidenciar un apoyo al servicio público de
transporte y que coincide con los razonamientos ponderados por
el Congreso de la Unión.

Por tanto, se considera que el sistema tributario previsto
en los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda para el
Estado de Nuevo León, al otorgar a los propietarios de los
vehículos denominados “pick up” un trato diferente respecto del
resto de los sujetos ahí previstos, violenta el principio de equidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional,
pues del diario de debates ni del contenido propio de las normas
cuestionadas se advierten razones que justifiquen lo ahí
determinado por el legislador; pues con independencia de que
pudieran existir tratamientos derivados de cuestiones de política
fiscal o con fines extrafiscales, establecidos en la anterior
Legislación Federal, ello no eximía al Congreso Local de exponer
al menos, las razones del porqué se adecuaban tanto el tributo
como el método para su cálculo en iguales términos que la
contribución federal ahora retomada como local.

En ese orden de ideas, es fundada la parte del agravio
en estudio, en cuanto se alega que el trato diferencial establecido
en las normas tildadas de inconstitucionales no se encontraba
justificado por el legislador del Estado y por consecuencia, no era
permisible que el juzgador atendiera a las razones dadas por el
diverso cuerpo legislativo federal en cuanto a la norma de esa
índole, pues con ello se suplantaría la voluntad del legislador de
la Entidad al prever la contribución local.

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Consideración la anterior que se ilustra, por analogía,
con lo resuelto en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, de mayo de
2005, página 481, que al respecto dice:

“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE
UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA PARA RESOLVER
SOBRE LA LEGALIDAD DE UN ACTO FUNDADO EN UNA
DISPOSICIÓN DIVERSA A LA DECLARADA
INCONSTITUCIONAL, AUN CUANDO REITERE SU
CONTENIDO. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa no debe aplicar la jurisprudencia sobre
inconstitucionalidad de un precepto declarado inconstitucional
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre
la legalidad de un acto fundado en una diversa disposición a la
que se declaró inconstitucional, con independencia de que
aquélla sólo haya reiterado el contenido de esta última, ya que
se trata de un nuevo acto legislativo no examinado por el Alto
Tribunal, pues aceptar lo contrario, llevaría a que los tribunales
ordinarios determinen, sin facultades para ello, que otra ley tiene
los mismos vicios reconocidos explícitamente en la declarada
inconstitucional por jurisprudencia, lo que contraviene el sistema
de control de la constitucionalidad de las leyes reservado a los
órganos que integran el Poder Judicial de la Federación y a la
determinación última del Máximo Órgano jurisdiccional. Además,
la aplicación analógica del criterio contenido en una tesis de
jurisprudencia que hubiera determinado la inconstitucionalidad
de cierta norma, ya no es lo que el propio Alto Tribunal ha
definido como una cuestión en la que los tribunales
administrativos se limitan a realizar un estudio de legalidad,
relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, porque si un precepto no ha sido declarado
específica y concretamente inconstitucional por aquella
jurisprudencia, el análisis de otro precepto, aunque sea
semejante, sólo lo pueden hacer los tribunales de control
constitucional.

Acorde con lo expuesto, al no encontrarse sustentado
en bases objetivas el trato diferente previsto en los artículos
122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo
León, respecto de los propietarios o tenedores de vehículos
tipo “pick up” se viola la garantía de equidad tributaria
consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Ley de Amparo y

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en consecuencia dichos numerales devienen
inconstitucionales.

En mérito de las consideraciones anteriores, lo
procedente es revocar en la materia el fallo que se revisa y
conceder el amparo solicitado respecto a la
inconstitucionalidad de los artículos 122, 132 y 133 de la Ley
de Hacienda del Estado de Nuevo León y por consecuencia, toda
vez que de los autos que integran el juicio de origen se advierte
que la parte quejosa realizó el pago del tributo, a fin de que se le
restituya en el pleno goce de la garantía violada en términos del
artículo 80 de la Ley de Amparo, se le reintegren en su
patrimonio los montos correspondientes.

Finalmente, en atención a que los motivos de agravio
estudiados, se ha declarado fundados y suficientes para la
revocación del fallo revisado, resulta innecesario examinar los
restantes argumentos, toda vez que no se obtendría un mayor
beneficio al ahora percibido, en aplicación analógica de la tesis
de jurisprudencia número 693, publicada en la página 466 del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación
1917-1995, que a la letra dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO
INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los
conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de
los restantes motivos de inconformidad vertidos en la
demanda de garantías.”

Sólo resta precisar, que en los alegatos y manifestaciones
rendidas ante esta instancia por diversas autoridades señaladas
como responsables, donde se solicita que los conceptos de
agravio propuestos por la recurrente del amparo sean
desestimados; al margen de lo resuelto, no son de tomarse en
consideración, toda vez que no es obligatorio para este órgano

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Federal el tener en cuenta dichos argumentos.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94,
sostenida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación 80, agosto de 1994, identificable con el número
de registro: 205,449. Localización: Octava Época; que rubro:
“ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO
DE AMPARO.”

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA la
resolución recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a **********, contra los actos de las autoridades
precisadas en el considerando cuarto de la sentencia que se
revisa, en los términos y por las razones expuestas en el último
considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los
autos relativos a su lugar de origen y, en su oportunidad,
archívese el expediente como asunto concluido.

A S Í, por unanimidad de votos de los señores Magistrados
Jorge Meza Pérez, Miguel Ángel Cantú Cisneros y Jesús R.
Sandoval Pinzón, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, siendo ponente y
presidente el tercero de los nombrados, quien firma ante el

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secretario de acuerdos que autoriza y da fe, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.

MAGISTRADO PRESIDENTE Y RELATOR:

JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

MARCO ANTONIO ARROYO TORRES.

Cotejó: Lic. Jesús Rosales Ibarra.
Ssv*/karg

El licenciado Marco Antonio Arroyo Torres, Secretario de Acuerdos del
Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito,
CERTIFICA que esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoria
pronunciada el día doce de enero de dos mil doce, en el amparo en revisión
administrativo número 622/2011-II, en el que se resolvió, en la materia de la
revisión revoca y ampara, por unanimidad de votos.- CONSTE.

El licenciado(a) Jesús Rosales Ibarra, hago constar y certifico que en
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes
en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el
ordenamiento mencionado. Conste.

Lic. Jesús Rosales Ibarra

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Secretario(a)

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