El documento denuncia la represión del Estado guatemalteco y las empresas extractivas contra las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a proyectos extractivos y de desarrollo en sus territorios ancestrales. Se enumeran varios casos de desalojos violentos, criminalización de líderes comunitarios y violación de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se critica la imposición de leyes que facilitan la expropiación de tierras y la instalación de infraestructura empresarial sin consentimiento

1. Porque el cuidado y la defensa de la Madre Tierra y de todos
los seres que la habitan no es un delito
16 JULIO, 2014 FUENTE: M4- MOVIMIENTO MESOAMERICANO
CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO
Representantes de comunidades, organizaciones, autoridades
ancestrales de los pueblos mayas, xinkas, garífunas y mestizos que
cohabitamos en Guatemala nos manifestamos por este medio
para denunciar que el Estado y las empresas violan los
derechos de la Madre Tierra y los derechos que están
reconocidos en la Constitución y otros instrumentos jurídicos
internacionales, dados los graves casos de represión y persecución
penal contra organizaciones y movimientos sociales.
En una sola voz, nos unimos para denunciar que gran parte de la
institucionalidad de este estado no respeta a las comunidades, a las
autoridades ancestrales ni a la normatividad jurídica propia de los
pueblos originarios, tal como establece la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Vemos que se continúa con la imposición de modelos de desarrollo
económico extractivo en los que no se tiene en cuenta
la obligatoriedad de realizar consulta previa, libre e
informada para lograr el consentimiento de nuestros pueblos, de
acuerdo a las propias formas de gobierno y prácticas ancestrales.

2. La industria extractiva minera y petrolera; el acaparamiento
de tierra para la imposición de monocultivos; la construcción
de hidroeléctricas y el manejo de todo el proceso de
producción eléctrica; el otorgamiento discriminatorio de
frecuencias de radio y televisión y muchas otras actividades con las
que se debe definir la identidad de este país en términos de
interculturalidad, se están realizando hasta ahora por la vía de la
imposición, sin informar previamente a la población de sus derechos
colectivos, de los propósitos reales de estos megaproyectos (corredor
tecnológico, puertos, aeropuertos, carreteras…), a través de
modalidades de represión y criminalización que nos preocupan y que
deben terminar, pues estamos viviendo en un estado de derecho
autoritario.
Los casos más graves ocurridos recientemente son:
 El desalojo, intimidación, amenazas y ataques en contra de
las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo,
que a lo largo de más de dos años han expresado su rechazo en
La Puya, donde se ubica la entrada a la mina El Tambor. El
mismo de tipo de represión se vive en Sipakapa, con la mina
Marlin.
 De la misma manera, han actuado en contra de los pueblos
que habitan en Barillas y otros municipios del norte de
Huehuetenango, donde han utilizado el ejército y la policía
para proteger e imponer los intereses empresariales. Las
comunidades de San Juan Sacatepequez, que mantienen una
oposición de más de siete años a la construcción de la
cementera en su territorio y del tramo que va de la carretera
interamericana a la finca San Gabriel, han sufrido durante años
asesinatos, secuestros, capturas, persecución penal,
intimidaciones y estado de sitio. Así mismo en el Polochic, las
empresas cañeras y palmeras se han ido apropiando del
territorio kekchi y utilizan a la fuerza pública para proteger sus
intereses y desalojar a las comunidades como sucedió en el
2012. Esta violencia del estado continúa ahora en la comunidad
de Nabalija, municipio del Estor.
 Producto de esta represión, hay hermanos y hermanas que,
injustamente, han sido condenados a años de cárcel con
penas exageradas como la de Abelardo Curup, condenado a 150

3. años. En 2014, en medio año, ya tenemos 630 ataques a
defensores de derechos humanos, frente a los 657 que se
registraron a lo largo de todo el 2013. Entre ellos, destacamos
los ataques y procesos de persecución penal contra Daniel
Pascual, cuya situación es para nosotros un mensaje claro de
cómo pretenden amenazar nuestra libertad de expresión como
pueblos. También denunciamos la captura ilegal contra
Blanca Ajtum, Mauro Vail y Mariano García, apresados
recientemente por su oposición a los cobros excesivos de las
empresas de energía eléctrica.
Rechazamos y denunciamos todas estas formas de represión
estatal que son propias de gobiernos dictatoriales.
En este contexto, vemos con preocupación que los partidos políticos,
lejos de estar conscientes de esta realidad, y en complicidad con
empresas extranjeras, están impulsando un paquete de leyes
que afecta profundamente a las comunidades. Están en ciernes,
la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo, que pretende bloquear
la ley de desarrollo rural. La actual Ley de Minería, que lesiona los
derechos de los pueblos y atenta contra la vida, más las Reformas a
la Ley de Minería que se están preparando y que supondrían un aval
a las empresas, que no tendrían que esperar aprobación, sino
meramente informar al Ministerio sobre los impactos ambientales
de su actividad extractiva. La Ley de Servidumbre Forzosa, que
impondría la expropiación de tierra y criminalizaría con el delito a las
personas que se nieguen a ceder a esas presiones. Un ejemplo de
esto ya está vigente a través de la Ley de Telecomunicaciones que se
aprobó para que las empresas de telecomunicaciones puedan poner
sus antenas en cualquier lugar que ellas elijan, independientemente
de que se trate de propiedad privada o pública. Esta ley obliga, de
hecho, a las municipalidades a apoyar a las empresas en sus
tareas de infraestructura, lo cual ha generado que se hayan
interpuesto recursos de inconstitucionalidad en la Corte.
Por denunciar estas realidades, muchas personas nos acusan de
oponernos al desarrollo, más esto no es verdad. Nosotros no nos
oponemos al desarrollo. Simplemente estamos conscientes de
que el modelo económico neoliberal y extractivista que se nos
ha impuesto está agotado, tal como nuestros hermanos de
otros pueblos a nivel mundial están viendo también y con los

4. cuales nosotros coincidimos. Y por ello, destacamos las grandes
experiencias de modelos de vida que existen en nuestras
comunidades, donde pervive una sabiduría milenaria y que es capaz
de poner en práctica modelos agroecológicos respetuosos con todas
las formas de vida con las que convivimos en esta Madre Tierra.
Reunid@s en el Encuentro de los Pueblos en el marco del ejercicio de
los derechos colectivos y la defensa de los territorios ancestrales,
Oxlajuj Q’anil, 12 de julio de 2014