La implementación del modelo extractivista en nuestros territorios ha venido a alterar el modo de vida, la armonía entre los pueblos, no solo porque las empresas están operando sin licencia comunitaria, sino provocan divisiones, cooptaciones, hostigamiento, desesperación y conflictividad social

1. La implementación del modelo extractivista en detrimento de
los derechos fundamentales de los pueblos
– 23 JUNIO, 2014 GUATEMALA
Por Francisco R. Mateo Morales
Consejo Político del Pueblo Maya –CPO-
La implementación del modelo extractivista en nuestros
territorios ha venido a alterar el modo de vida, la armonía entre los
pueblos, no solo porque las empresas están operando sin licencia
comunitaria, sino provocan divisiones, cooptaciones,
hostigamiento, desesperación y conflictividad social.
El uso desmedido de las fuerzas de seguridad pública al servicio
de las corporaciones mineras y de energía, es inmoral e
irresponsable; porque no solo dejan a la población más desprotegida,
sino reprimen al pueblo con sus propios impuestos. La militarización
de los territorios, abre nuevamente las heridas aun no sanadas que
provoco el conflicto armado interno.
La criminalización de las luchas sociales demuestra la incapacidad
del gobierno para resolver las demandas legítimas de los
pueblos; porque los reduce, los deslegitima y los judicializa. Esta
posición oficial está cada día profundizando la discriminación y
racismo contra los pueblos indígenas y los pueblos en general que se
oponen a este nuevo despojo. Además de polarizar la opinión pública,

2. descalifica, estigmatiza la función de los defensores y defensoras de
Derechos Humanos.
La violación sistemática de los derechos fundamentales de los
pueblos como el Derecho a la Vida y el Derecho a la Consulta, coloca
a Guatemala a nivel internacional como un Estado violador de su
propia Constitución Política y los Convenios Internacionales en
materia Derechos Humanos. Cuando los organismos del Estado
anteponen los intereses de las inversiones privadas por encima
de las demandas justas y legítimas de los pueblos; nuestra frágil
democracia y el Estado de Derecho se vulneran, pierden legitimidad y
nos conduce a la ingobernabilidad. En consecuencia la transición
democrática esta colapsando, la descomposición de la
institucionalidad pública se ha profundizado, hemos pasado al
modelo corporación-nación.
No se puede considerar como vía de “desarrollo” un modelo
extractivista que es ajeno a los intereses de los pueblos y a su
cosmovisión. Un modelo que se impone, despoja, oprime, encarcela
y asesina, no puede llamarse desarrollo, ni mucho cuando concentra
bienes naturales en manos de corporaciones privadas, profundiza la
crisis y altera la convivencia comunitaria.
Es momento de indignarnos… es el tiempo de los pueblos.