Las comunidades campesinas e indígenas ya hace años que vienen protestando enérgicamente contra las fumigaciones. A mediados de 2014 tuvieron cortada durante 17 días la vía que conecta los pozos petroleros del Corredor Puerto Vega-Teteyé, al sur del caudaloso río Putumayo, resistiendo los intentos para desalojarlos del brutal ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía). Líderes de los resguardos de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón interpusieron una acción de tutela a la Corte constitucional, que ha tenido como primer resultado este informe de la Defensoría del Pueblo.,,,

1. La estrategia del glifosato
Comunidades de Piñuña blanca confinadas tras ser destruidos sus cultivos de pancoger
por fumigaciones de glifosato, agrupadas para resistir frente a avance de petrolera Gran
Tierra. Foto Tomàs Gisbert
Tomàs Gisbert i María Jesús Pinto - Centre Delàs d'Estudis per
la Pau. El Diario.es 07/05/2015
http://www.eldiario.es/catalunya/adios_a_las_armas/estrategia-
glifosato_6_385371460.html
En català al final
El gobierno colombiano está debatiendo acabar con el uso de las
fumigaciones de glifosato sobre los cultivos de la planta de coca a raíz
de la advertencia del Ministerio de Salud sobre los graves efectos
cancerígenos y sobre la salud que este producto, fabricado por la
multinacional Monsanto, provoca.
Esta alerta ha surgido a raíz del informe de la Agencia Internacional
de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud,
que ha determinado el químico glifosato como posible causante de
cáncer en personas y plenamente demostrado en animales de
laboratorio. Cuestión ésta que durante largos años ha sido negada
por la transnacional Monsanto y por el gobierno de EEUU (promotor
en Colombia de las fumigaciones a raíz del Plan Colombia).
Igualmente la Defensoría del pueblo colombiana ha dado a conocer
un informe sobre los efectos nocivos de estas fumigaciones en el
departamento del Putumayo, en la cuenca amazónica, en el que
certifica los graves daños a la salud, a los recursos naturales, los
cultivos alimentarios y de subsistencia de las comunidades, al

2. deterioro de suelos y ecosistemas, y la desaparición de especies
animales que no se recuperarán.
Las comunidades campesinas e indígenas ya hace años que vienen
protestando enérgicamente contra las fumigaciones. A mediados de
2014 tuvieron cortada durante 17 días la vía que conecta los pozos
petroleros del Corredor Puerto Vega-Teteyé, al sur del caudaloso río
Putumayo, resistiendo los intentos para desalojarlos del brutal
ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía). Líderes de los
resguardos de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón interpusieron una
acción de tutela a la Corte constitucional, que ha tenido como primer
resultado este informe de la Defensoría del Pueblo.
Pero cuál es el trasfondo de las fumigaciones?
Es cierto que en muchas zonas del campo colombiano se cultiva la
coca, y que en el Putumayo también se cultiva. Pero hay que
entender que la política de fumigación del gobierno colombiano,
financiada en una tercera parte por el gobierno estadounidense, no es
una solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito. Si
los campesinos y campesinas en muchas ocasiones siembran la
planta de la coca, es porque la economía campesina está abandonada
por las políticas gubernamentales, abocadas en promover la
agroindustria depredadora y a construir carreteras para sacar del
territorio el expolio que grandes empresas nacionales y
transnacionales hacen de los recursos naturales, minerales e
hidrocarburos; si cultivan la hoja de coca es porque las comunidades
sólo pueden comercializar sus productos sacándolos a peso o en mula
por trochas intransitables, y en estas condiciones sigue siendo más
fácil y más rentable económicamente comercializar unos kilos de hoja
de coca que no unos kilos de banano o de café.
La política antidroga de los gobiernos colombianos han focalizado su
atención, no en las sustancias precursoras o el procesamiento de la
hoja de coca, ni en la distribución de la droga o el blanqueo del
dinero que genera, ni en las grandes organizaciones criminales que la
mueven, que penetran el estado y la economía, sino en los pequeños
cultivadores de la hoja de coca, que con ella malviven como pueden.
Y consecuentes con esta política han hecho de las fumigaciones
aéreas la principal herramienta de erradicación de los cultivos de uso
ilícito, sin atender ni poner medios para hacer políticas eficaces de
sustitución voluntaria de cultivos de coca por otros cultivos que den
para vivir a las comunidades que trabajan la tierra, políticas que
vayan acompañadas del tiempo necesario para implementar otros
cultivos y de la construcción en los territorios de infraestructuras y
redes de comercialización.

3. Matar de hambre comunidades campesinas e indígenas para
entrar las petroleras
Militares de batallones energéticos viales del ejército colombiano protegiendo desde
dentro las instalaciones petroleras. Foto MariaJesús Pinto
Pero, además, en el Putumayo, como en otras zonas del país, hay
intereses no explicitados ni admitidos. Hay una decidida apuesta
gubernamental para convertirlo en uno de los principales
departamentos productores de petróleo del país. Los pozos se
extienden por todo el departamento, y el extractivismo ha entrado
acompañado de una profunda militarización. La Brigada 27 del
ejército colombiano, en la que están integrados también los
Batallones Especiales Energético Viales 9, 11 y 21, protege toda la
infraestructura petrolera, tiene bases dentro mismo de los pozos
petroleros, de las baterías de distribución, del oleoducto trasandino y
sus ramales, controlan todas las vías de comunicación y tienen
estrechamente vigiladas a las comunidades indígenas y campesinas
que allí viven. Esta militarización ha dado seguridad a la extracción
de petróleo, pero no ha frenado las violaciones de los derechos
humanos en las poblaciones campesinas e indígenas, ni ha impedido
la actuación del paramilitarismo, hechos todos estos que no forman
parte de sus objetivos.
Por el contrario, las comunidades están viviendo una política de acoso
y violación de derechos humanos constante, también por las propias
fuerzas armadas, para que desalojen el territorio, para que dejen de
ser un estorbo a la expansión del extractivismo petrolero.
Un caso paradigmático de ello es la comunidad de la vereda del
Piñuna Blanco, que tuvimos la oportunidad de visitar el pasado
noviembre. Todos los habitantes de la vereda se vieron obligados a

4. confinarse en un pequeño espacio de su territorio, amenazados por el
hambre, porque la fumigación indiscriminada, intencionadamente,
había estropeado todos sus campos para abastecerse de alimentos,
del pancoger, y había destrozado todos sus cultivos productivos.
Plantaciones de cacao levantadas con muchos años de esfuerzo
quedaban destrozadas al pasar la avioneta fumigadora. Incluso los
habían fumigado a ellos mismos, a sus propias casas. Y todo en un
contexto en que la petrolera Gran Tierra quiere atravesar el río
Piñuna Blanco para instalar nuevos pozos de petróleo en la otra
ribera.
Como es también el caso de la Zona de Reserva Campesina La Perla
Amazónica, en la frontera con Ecuador, un proyecto de vida
campesina donde 700 familias conviven con los pozos petroleros de
Amerisur Resources y de Colombia Energy, que ha visto como era
sistemáticamente fumigada, sin que se pusieran en funcionamiento
planes, líneas de comercialización y de transporte para poder
subsistir sin la hoja de coca.
Mientras miles de camiones tanques llenos de petróleo atraviesan el
territorio, las poblaciones campesinas e indígenas ven la
contaminación que deja la extracción petrolera, las carencias en
infraestructura, salud, educación y servicios públicos que tienen que
seguir sufriendo y como las fumigaciones arruinan sus medios de
vida, sus cultivos, las fuentes de agua. El glifosato cae a chorro en
tierras con cultivos ya sean de uso ilícito, pancoger o proyectos
productivos de palmito, pimienta, cacao, plátano o yuca, que, incluso,
en algunos casos han sido financiados por el propio gobierno o la
propia USAID, la agencia de cooperación norteamericana.
Hay que entender así las fumigaciones, no como una política para
disminuir los cultivos de uso ilícito, sino en muchos casos, más allá
también del Putumayo, como una estrategia para eliminar los medios
de vida y de alimento para obligar por el hambre a desalojar
territorios codiciados por el extractivismo. Esta estrategia perversa
combinada de militarismo y matar de hambre y de enfermedades a
las comunidades es una forma criminal de obligar al desplazamiento
forzado en Colombia. Es por ello, que ante la evidencia del carácter
totalmente nocivo del glifosato la respuesta que el gobierno
colombiano se está planteando, no es una política para favorecer la
economía campesina y para posibilitar realmente la sustitución de los
cultivos ilícitos, sino para poder continuar la política de fumigaciones
pero eso sí, sustituyendo el glifosato por otros agro-tóxicos que aún
no tengan la mala fama de éste. Pero como dicen las poblaciones del
campo,¡paren ya de fumigarnos!

5. L’estratègia del glifosat
Comunitats de Piñuña Blanca confinades després de ser destruïts els seus cultius
de pancoger per les fumigacions de glifosat, agrupades per resistir davant
l’entrada de la petroliera Gran Tierra als seus territoris. Foto Tomàs Gisbert
Tomàs Gisbert i María Jesús Pinto - Centre Delàs d'Estudis per la Pau.
El Diario.es. 07/05/2015
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/Lestrategia-
glifosat_6_385371461.html
El govern colombià esta debatent acabar amb l’ús de les fumigacions
de glifosat sobre els cultius de la planta de coca arran de
l’advertiment del Ministeri de salut sobre els greus efectes
cancerígens i sobre la salut que aquest producte, fabricat per la
multinacional Monsanto, provoca.
Aquesta alerta ha vingut donada arrel de l’informe de l’Agència
Internacional de Investigació sobre Càncer de l’Organització Mundial
de la Salut, que ha determinat el químic glifosat com a possible
causant de càncer en persones i plenament demostrat en animals de
laboratori. Qüestió aquesta que durant llargs anys ha estat negada
per la transnacional Monsanto i pel govern de EEUU (promotor a
Colòmbia de les fumigacions arran del Plan Colòmbia).
Igualment la Defensoria del poble colombiana ha donat a conèixer un
informe sobre els nocius efectes d’aquestes fumigacions al
departament del Putumayo, a la conca amazònica, en el que certifica
els greus danys a la salut, als recursos naturals, als cultius
alimentaris i de subsistència de les comunitats, al deteriorament de
sols i ecosistemes, i a la desaparició d’espècies animals que no es
recuperaran.

6. Les comunitats camperoles i indígenes ja fa anys que venen
protestant enèrgicament contra les fumigacions. A mitjans del 2014
van tenir tallada durant 17 dies la via que connecta els pous
petroliers del Corredor Puerto Vega-Teteyé, al sud del cabalós riu
Putumayo, tot resistint els intents del brutal ESMAD (Esquadró Movil
Antidisturbis de la polícia)per desallotjar-los. Líders dels resguards
d’Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón van interposar una acció de
tutela a la Cort constitucional, que ha tingut com a primer resultat
aquest informe de la Defensoría del Pueblo.
Però quin es el rerefons de les fumigacions?
Militars dels batallons energètics vials de l’exèrcit colombià protegint des de dins les
instal·lacions petrolieres. Foto Maria Jesús Pinto
És cert que a moltes zones del camp colombià es conrea la coca, i
que al Putumayo també es cultiva. Però cal entendre que la política
de fumigació del govern colombià, finançada en una tercera part pel
govern nord-americà, no és una solució al problema de les drogues i
als conreus d’us il·lícit. Si els camperols i camperoles sembren moltes
vegades la planta de la coca, és perquè l’economia camperola està
abandonada per les polítiques governamentals, abocades a promoure
l’agroindústria depredadora i a construir carreteres per treure del
territori l’espoli que tant grans empreses nacionals com
transnacionals fan dels recursos naturals, minerals i hidrocarburs; si
cultiven la fulla de coca és perquè les comunitats només poden
comercialitzar els seus productes traient-los a pes o en mula per
senderis intransitables, i en aquestes condicions continua sent més
fàcil i més rendible econòmicament comercialitzar uns quilos de fulla
de coca que no uns quilos de banana o de cafè.

7. La política antidroga dels governs colombians han focalitzat la seva
atenció, no en les substàncies precursores o el processament de la
fulla de coca, ni en la distribució de la droga o el blanqueig del diner
que genera, ni en les grans organitzacions criminals que la mouen,
que penetren l’estat i l’economia, sinó en els petits cultivadors de la
fulla de coca, que amb ella malviuen com poden. I conseqüents amb
aquesta política han fet de les fumigacions aèries la principal eina
d’eradicació dels conreus d’ús il·lícit, sense atendre ni posar mitjans
per a fer polítiques eficaces de substitució voluntària de conreus de
coca per altres cultius que donin per viure les comunitats que
treballen la terra, polítiques que vagin acompanyades del temps
necessari per implementar d’altres cultius i de la construcció als
territoris d’infraestructures i xarxes de comercialització.
Matar de gana comunitats camperoles i indígenes per entrar
les petrolieres
Però, a més, al Putumayo, com en d’altres zones del país, hi ha
interessos no explicitats ni admesos. Hi ha una decidida aposta
governamental per convertir-lo en un dels principals departaments
productors de petroli del país. Els pous s’estenen per tot el
departament, i l’extractivisme ha entrat acompanyat d’una profunda
militarització. La Brigada 27 de l’exèrcit colombià, en la qual estan
integrats també els Batallons Especials Energètic Vials 9, 11 i 21,
protegeix tota la infraestructura petroliera, té bases a dins mateix
dels pous petroliers, de les bateries de distribució, de l’oleoducte
transandí i els seus ramals, controlen totes les vies de comunicació i
tenen estretament vigilades les comunitats indígenes i camperoles
que allà hi viuen. Aquesta militarització ha donat seguretat a
l’extracció de petroli, però no ha frenat les violacions dels drets
humans a les poblacions camperoles i indígenes, ni ha impedit
l’actuació del paramilitarisme, fets tots aquests que no formen part
dels seus objectius.
Per al contrari, les comunitats estan vivint una política d’assetjament
i violació de drets humans constant, també per les pròpies forces
armades, per a que desallotgin el territori, per a que deixin de ser un
destorb a l’expansió de l’extractivisme petrolier.
Un cas paradigmàtic d’això és la comunitat de la vereda del Piñuna
Blanco, que vam tenir l’oportunitat de visitar el novembre passat.
Tots els habitants de la vereda es van veure obligats a confinar-se en
un petit espai del seu territori, amenaçats per la fam, perquè la
fumigació indiscriminada, intencionadament, havia fet malbé tots els
seus camps per proveir-se d’aliments, del pancoger, i havia
destrossat tots els seus conreus productius. Plantacions de cacau
aixecades amb molts anys d’esforç quedaven destrossades en passar
l’avioneta fumigadora. Fins i tot els havien fumigat a ells mateixos, a

8. les seves pròpies cases. I tot en un context en que la petrolera Gran
Tierra vol travessar el riu Piñuna Blanco per instal·lar nous pous de
petroli a l’altra riva.
Com és també el cas de la Zona de Reserva Campesina La Perla
Amazònica, a la frontera amb l’Equador, un projecte de vida
camperola on 700 families conviuen amb els pous petroliers
d’Amerisur Resources i de Colombia Energy, que ha vist com era
sistemàticament fumigada, sense que es posessin en funcionament
plans, línies de comercialització i de transport per poder subsistir
sense la fulla de coca.
Mentre milers de camions tancs plens de petroli travessen el territori,
les poblacions camperoles i indígenes veuen la contaminació que
deixa l’extracció petroliera, les carències en infraestructura, salut,
educació i serveis públics que han de seguir patint i com les
fumigacions arruïnen els seus mitjans de vida, els seus conreus, les
fonts d’aigua. El glifosato cau a raig en terres amb cultius ja siguin
d’ús il·lícit, de pan coger o projectes productius de “palmito”, pebre,
cacau, plàtan o iuca, que, fins i tot, en alguns casos han estat
finançats pel propi govern o la pròpia USAID, l’agència de cooperació
nordamericana.
Cal veure doncs les fumigacions, no com una política per disminuir els
cultius d’ús il·lícit, sinó en molts casos, més enllà també del
Putumayo, com una estratègia per eliminar els mitjans de vida i
d’aliment per obligar per la fam a desallotjar territoris cobejats per
l’extractivisme. Aquesta estratègia perversa combinada de
militarisme i matar de gana i de malalties les comunitats és una
forma criminal d’obligar al desplaçament forçat a Colòmbia. Així, que
davant l’evidència del caràcter totalment nociu del glifosat la resposta
que el govern colombià s’està plantejant, no és una política d’afavorir
l’economia camperola i de possibilitar realment la substitució dels
cultius il·lícits, sinó poder continuar la política de fumigacions però
això si, substituint el glifosat per altres agro-tòxics que encara no
tinguin la mala fama d’aquest. Però com diuen les poblacions del
camp, ¡ paren ya de fumigarnos!