En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto, organizaciones de los movimientos sociales latinoamericanos rememoran las víctimas de desaparición durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta y en la época actual y exigen verdad y justicia para sus familiares.
COMUNICADO TEN - UCS CANDIDATOS HABILITADOS ELECCIONES INTERNAS 2024 UCS
Jornada de movilización por el Día Internacional de la Desaparición Forzada
1. Jornada de movilización por el Día Internacional de la Desaparición Forzada Medellín, 28 de agosto de 2014. Organizaciones de víctimas y organizaciones sociales con el apoyo del Museo Casa de la Memoria hacemos un extenso llamado a la comunidad para que nos acompañen el próximo sábado 30 de agosto en la marcha – plantón que se realizará en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Hora: 9am Recorrido: Caminaremos desde Parque Bolívar hasta el Museo Casa de la Memoria. ¿Por qué marchamos? Las víctimas soñamos con la Paz sin desaparecidos y sin impunidad. Si usted se entera que un integrante de la fuerza pública —policía o militar—, un funcionario público o un particular que actúa con la complicidad, apoyo o aprobación de cualquier agente del Estado, captura a una persona, la priva de la libertad, se niega a dar información sobre su paradero, la tortura y finalmente la asesina y
2. oculta su cadáver, entonces usted sabrá que se cometió una desaparición forzada, es decir uno de los crímenes más crueles y una grave violación a los derechos humanos. La desaparición forzada constituye en sí misma la negación del ser humano. El derecho internacional ha considerado que esa práctica constituye un “ultraje a la dignidad humana” y una “grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”. Es un crimen generalizado y sistemático utilizado como arma de terror y control social contra opositores políticos, luchadores sociales, dirigentes populares y población civil de zonas rurales y urbanas. Cuando una persona es víctima de desaparición forzada se le violan muchos derechos: el derecho a la libertad, a la vida, a la dignidad, a la seguridad, a la protección, entre otros. Al sacarlo del amparo de la Ley se le deja en total vulnerabilidad y se le niega toda la humanidad. Además se vulneran derechos de todo su núcleo familiar que también se convierte en víctima que en la mayoría de los casos pasan el resto de la vida buscándolos y en constante tortura al no tener razón alguna de lo que pudo haber pasado con sus seres queridos. En Colombia se han cometido miles de crímenes de desaparición forzada. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas a la fecha se contabilizan 147.177 en todo el país. El departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín siguen siendo los sitios donde más desapariciones forzadas se cometen. En los últimos cuatro años ya suman más de 1.500 personas víctimas, de las cuales 270 fueron en el 2013, es decir que 270 hogares en la ciudad siguen buscando a un ser querido. La mayoría de las personas víctimas de desaparición forzada va a parar a cementerios y fosas clandestinas para que no sean encontrados. Uno de estos lugares son las escombreras y areneras en la Comuna 13, donde se presume que existen centenares de víctimas que aún no han sido buscadas ni encontradas. Mientras tanto la montaña se sigue llenando de escombros que tapan la verdad, la justicia y la dignidad. Por tanto, demandamos del Estado colombiano el reconocimiento de su responsabilidad en las desapariciones forzadas cometidas en el país y su compromiso para que nos devuelvan vivos a nuestros seres queridos como vivos se los llevaron, su búsqueda seria y sin más dilaciones, o la entrega digna de sus restos si fueron asesinados en su cautiverio. También solicitamos, de cara al proceso de paz en la Habana, que al crearse una Comisión de la Verdad en Colombia, se forme una subcomisión exclusiva para investigar las desapariciones forzadas; así
3. como sus causas, desarrollos, responsables y graves consecuencias, dinámicas regionales, económicas y políticas. La subcomisión debe tener en cuenta impactos específicos y diferenciados sobre las comunidades, la sociedad y los efectos desproporcionados sobre las mujeres para elaborar recomendaciones para garantizar la no repetición de este delito. Esta subcomisión debe estar integrada por representantes de organizaciones internacionales, de víctimas de desaparición forzada y especialistas y tener presencia en las regiones y lugares afectados. Esto implica dos cosas, por un lado, socavar las estructuras de poder estatal y paramilitar responsables de estos casos, y por otro, contrarrestar la indiferencia social y el miedo generalizado a través de pedagogías de memoria en currículos escolares, medios de comunicación, entre otros. Este programa debe incluir como tareas imprescindibles para la construcción de una paz estable, duradera: 1. La depuración administrativa de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia de agentes involucrados en violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y la aplicación de sanciones ejemplarizantes a funcionarios e instituciones públicas que por negligencia o complicidad permitieron la ocurrencia de estos hechos o su no investigación e impunidad. 2. La erradicación y desmonte de los grupos paramilitares – desde los años 70 a la fecha- que en asocio o por omisión del Estado colombiano han cometido o siguen cometiendo desapariciones forzadas de miles de colombianos. 3. La creación de un mecanismo de verificación para la búsqueda, identificación y dignificación de las víctimas de desaparición forzada, y la aprobación de una política y una legislación para la búsqueda, recuperación, e identificación de personas no identificadas en cementerios oficiales, fosas clandestinas y ríos, así como la búsqueda de las niñas y mujeres desaparecidas y garantías de investigación de todas las formas de violencia sexual que hayan sufrido en su cautiverio. Suscribe, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Antioquia
4. Justicia para el drama de las víctimas de desapariciones forzadas Adital 29 agosto 2014 En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto, organizaciones de los movimientos sociales latinoamericanos rememoran las víctimas de desaparición durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta y en la época actual y exigen verdad y justicia para sus familiares. Además de las desapariciones, que por sí mismas constituyen una grave violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y un crimen de lesa humanidad, la falta de voluntad política de los gobiernos ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de las personas responsables, lo cual configura nuevas violaciones, como la violación al derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto, e impunidad persistente. Según organizaciones mexicanas, centroamericanas e ubicadas en el Estado de Texas, en Estados Unidos, si bien gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas se han registrado ciertos avances en algunas entidades federativas y a nivel federal, las acciones reportadas por el Estado mexicano en su conjunto contrastan con las alarmantes – y variables - cifras oficiales de personas desaparecidas; "cifras que ni siquiera consideran a las personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México, ni las desapariciones forzadas cometidas durante los años sesenta, setenta y ochenta”.
Miles de personas siguen desaparecidas em Centroamérica, incluso migrantes Para las organizaciones, es incomprensible que frente a la magnitud del problema el Estado mexicano haya reportado en su informe presentado el once de marzo de 2014 al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas que han sido dictadas tan sólo seis sentencias por el delito de desaparición forzada y sólo una de ellas por hechos ocurridos durante los años setenta, por una parte, y
5. que sólo se iniciaron 291 averiguaciones previas por desaparición forzada entre 2006 y 2013, por otra. Además, resulta preocupante que en la actual administración no sólo no han disminuido las desapariciones forzadas sino que han aumentado, de tal forma que en apenas dos años se han producido el sesenta por ciento de todas las desapariciones ocurridas durante la administración de Felipe Calderón. Estas organizaciones exigen: la creación de un Mecanismo de Búsqueda Trasnacional de personas desaparecidas, que incluya la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, dicho mecanismo deberá partir de un registro transparente de personas desaparecidas; la creación de un Mecanismo de Investigación de las personas responsables de las desapariciones de los años sesenta, setenta y ochenta y las desapariciones de la época actual, incluyendo las de las personas migrantes; la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones; la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales conforme al artículo 31 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Además demandan la creación de mecanismos efectivos, adecuados y expeditos que garanticen el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares. Cruz Roja El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también alerta que, en todo el mundo, cientos de miles de personas han desaparecido como consecuencia de un conflicto armado, una catástrofe natural o la migración. Detrás de cada persona que desaparece hay muchas otras, sobre todo sus familias, que sufren la angustia de no saber qué ha sido de ella. "Cuando una persona desaparece, hay dos tipos de víctimas: la que desaparece y sus familiares, que se debaten entre la esperanza y la desesperación, que viven sumidos en la incertidumbre y el dolor, que esperan noticias, a veces durante décadas”, explica Marianne Pecassou, jefa de las actividades que el CICR lleva a cabo en favor de los desaparecidos y sus familiares. Aunque las familias desean ante todo saber qué ha sido de sus seres queridos desaparecidos, también necesitan un modo apropiado de honrar su memoria. "Luchan para que no caigan en el olvido. Las ceremonias conmemorativas constituyen el reconocimiento público de su sufrimiento, les dan voz y las ayudan a salir de su aislamiento”, señala la señora Pecassou.
6. En algunos lugares, las cifras de desaparecidos son abrumadoras. En Colombia, por ejemplo, de las más de 90.000 personas dadas por desaparecidas inicialmente, sigue sin saberse nada de más de 68.000. En Sri Lanka, el paradero y la suerte que corrieron más de 16.000 personas sigue siendo una incógnita. En Perú, entre 13.000 y 16.000 personas han desaparecido y sus familiares siguen esperando noticias. Tampoco se sabe nada de las más de 11.000 personas, de un total de casi 35.000, cuya desaparición se denunció al CICR en relación con los conflictos de los Balcanes.
En más de 50 años de conflicto armado, son más de 90 mil personas desaparecidas en Colombia "El derecho internacional humanitario impone a los Estados la obligación de tomar todas las medidas a su alcance para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas e informar a sus familiares al respecto”, afirmó Christine Beerli, vicepresidenta del CICR, en un acto conmemorativo celebrado en la sede del CICR, al que asistieron representantes de los Gobiernos y miembros de las comunidades humanitaria y diplomática de Ginebra. Para conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos, el CICR va a presentar una nueva publicación titulada "Living with Absence: Helping the Families of the Missing”, en la que pone de relieve el drama de las personas desaparecidas, subraya las múltiples necesidades de los familiares y describe la respuesta individualizada que brinda el CICR. El documento recoge, además, relatos personales de familiares de personas desaparecidas. Se pueden visualizar y descargar las últimas secuencias de video para teledifusión, sobre Uganda, Nepal y Colombia, en www.icrcvideonewsroom.org. Bolivia
7. Ya Amnistía Internacional, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas une su voz a la de las familias que todavía buscan a sus desaparecidos en Bolivia. La última vez que Zoila Luz Hoyos vio a su esposo, Gustavo Medina, el 10 de Octubre de 1975, seis hombres lo arrastraban violentamente de su casa, en Salta, Argentina. La pareja había huido de Bolivia cuando sus actividades políticas lo habían convertido en blanco del entonces gobierno de facto del general Hugo Banzer. 40 años más tarde, nadie sabe qué fue de él.
Miles de personas en Bolivia siguen reclamando justicia por los abusos sufridos durante los regímenes militares en el país (1964-82) Desde ese instante, con las últimas palabras de Gustavo en su mente, Zoila Luz comenzó una larga procesión que la llevó a recorrer decenas de oficinas en busca de cualquier información que pudiera ayudarla a encontrar al padre de sus hijos. "Pregunté por mi esposo en la gendarmería de Salta, Argentina. Me dijeron que allá no lo tenían. Me fui al ejército. Nada tampoco,” explicó. Zoila Luz eventualmente acudió a las Naciones Unidas y al cónsul de Bolivia en Salta. Todos prometieron buscarlo, pero en las cuatro décadas que pasaron desde aquel día macabro, no ha recibido noticias. "Hasta al día de hoy no sabemos nada, mis hijos ya son mayores y siguen con esta incertidumbre,” recuerda con dolor. Al igual que en otros lugares, también en Bolivia los familiares de las personas que fueron desaparecidas durante los gobiernos militares reclaman que se cumpla su derecho a conocer las circunstancias de la desaparición de sus seres queridos, encontrar y recuperar los restos de los desparecidos y enjuiciar a los responsables. A este reclamo se añade la perseverancia de varios familiares para acceder a los archivos clasificados del Ejército que podrían contener
8. información valiosa para dar con el paradero de muchos de los desaparecidos. Entre ellos están el líder político y fundador del Partido Socialista de Bolivia Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente Juan Carlos Flores Bedregal. Los dos fueron detenidos y asesinados en el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana durante el golpe de estado de Meza [exditctador García Meza,.en 1980]. Los familiares de los dos dirigentes siguen buscando justicia y la recuperación de los cuerpos para poner fin a una angustia y duelo permanente. A mediados de julio de este año, Amnistía Internacional hizo pública una acción en línea para recoger firmas y apoyar los pedidos de verdad, justicia y reparación de cientos de víctimas en Bolivia. Aproximadamente 15.000 cartas de todas partes del mundo han sido enviados en las últimas semanas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, reclamando atención a estas demandas y medidas para que el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas sea cumplido. "Las autoridades no pueden hacer oídos sordos a estas peticiones. Es hora de que se comprometan plenamente para así poder pasar esta página negra de la historia de Bolivia con la garantía de que las violaciones ocurridas en aquella época no se repetirán nunca más,” dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.