Documento elaborado por organizaciones no gubernamentales y comunitarias, así como líderes sociales que reúne un conjunto de propuestas en materia de paticiapción ciudadana para el Plan País en el marco del proceso de cambio que se adelanta en Venazuela

1. Las propuestas de la sociedad civil
Participación sin exclusión,
un derecho de todos los ciudadanos
Caracas, Mayo 2019

2. Las propuestas de la sociedad civil para el Plan País
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Equipo promotor
Miguel González Marregot,
Iván Zambrano Bencomo,
Franklin Fray,
Israel Jaspe,
Vilma Rigoris,
William Requejo Orobio,
Benito Urrea,
Ermes Urriola,
Carlota Salazar Calderón,
María Grazia Buttaci Boscán,
José Gregorio Delgado,
Marco Díaz,
Luis Augusto Martínez,
Guillermo de Jesús López,
Ismael García,
Alfredo Padilla,
Gerardo Poveda,
Guillermo Molina,
Emilio Rodríguez

3. Las propuestas de la sociedad civil para el Plan País
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Presentación
Atendiendo a la iniciativa y la invitación de la Presidenta de la Comisión de Poder
Popular y Medios de la Asamblea Nacional, Diputada María Beatriz Martínez, un
equipo de líderes y dirigentes comunitarios y sociales del Área Metropolitana de
Caracas y del interior del país, elaboramos el siguiente papel de trabajo con el único
objetivo de contribuir y apoyar el trabajo de la Comisión y del equipo nacional
responsable en la elaboración del Plan País.
Como todos los venezolanos, aspiramos que el Plan País sea y sirva como una
herramienta de orientación asertiva y eficaz para la reconstrucción de nuestra amada
Venezuela. Para ello, consideramos que la participación ciudadana y los medios de
comunicación son los ejes trascendentes sobre los cuales se pueden edificar políticas
para el desarrollo de la ciudadanía, que la reconstrucción de nuestra República
requiere; dejando de lado la polarización, la segregación y la exclusión e incentivando
la conciencia del disfrute responsable de los derechos para todos los ciudadanos.
El papel de trabajo inicia su contenido con la presentación de los principios
fundamentales sobre los cuales se basan las propuestas que, en materia de
participación ciudadana se presentarán en las áreas de reforma estructural
(descentralización, municipio y transparencia) y su vinculación directa con la
organización comunitaria, el desarrollo productivo, la infraestructura, el urbanismo y
el sector social.
Finalmente, en el documento se sugieren un conjunto de reformas legales de corto
plazo que contribuirían a afianzar la transición; mediante la adecuación constitucional
y renovación del marco legal de la participación y de su democratización efectiva, de
cara a una sociedad basada en el derecho y el ejercicio pleno y responsable de la
ciudadanía.

4. Las propuestas de la sociedad civil para el Plan País
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Los principios fundamentales de las propuestas
La participación es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad y al
ejercicio pleno del poder ciudadano. El derecho a la participación se encuentra
consagrado en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del Derecho
Internacional Público; tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(10-12-1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966), la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de
Noviembre de 1969) y la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001); entre otros
documentos.
En el caso venezolano, la Constitución del año 1999 reconoce el derecho a la
participación en el 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y
estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos
formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del Derecho
Internacional Público con mandatos expresos y vinculantes.
Consideramos que el Plan País debe partir del principio de que todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho a la participación activa, libre y responsable en el
desarrollo de Venezuela; así como también a contribuir y disfrutar de su desarrollo
cultural, económico, social, político y territorial, en un marco de respeto a los
derechos humanos y a la democracia.
En tal sentido, el Plan País debe servir para establecer una alianza con los ciudadanos
y sus organizaciones, que comprenderá: el respeto a los valores democráticos, la
gestión transparente y eficaz de los recursos públicos y la promoción de la
participación social de manera efectiva y con objetivos claros; así como el
fortalecimiento de la organización autónoma de las comunidades y de los distintos
sectores sociales de todos los ámbitos del país.

5. Las propuestas de la sociedad civil para el Plan País
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Desde nuestra propuesta, consideramos que el Plan País debe incorporar y
fundamentar como principios, los siguientes:
 el derecho a la participación de los ciudadanos y sus asociaciones, en las
decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los
distintos niveles de gobierno,
 el derecho a la información consagrado en la Constitución y en el Derecho
Internacional debe ser garantizado por el Estado, facilitando el acceso a la
información pública y a la transparencia de sus actuaciones.
 El derecho a la comunicación debe ser esclarecido no solo como un derecho de
los medios o de la prensa; sino el derecho de los ciudadanos a expresarse
libremente y de viva voz, sin censura previa.
 el derecho a la disidencia y a la movilización de la sociedad civil, como
expresión de la ciudadanía en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo
modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles de
gobierno.
 el derecho autónomo a la libre asociación de los ciudadanos, de las
comunidades y de los sectores sociales.
 el derecho que tienen los ciudadanos, comunidades y sectores sociales a
diagnosticar y emprender soluciones de asuntos propios, con independencia
del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad.
En síntesis, entendemos al Plan País de conformidad plena con los valores supremos
democráticos de la pluralidad, de la representación y la participación, la
descentralización y la desconcentración y, la corresponsabilidad, garantizando los
derechos ciudadanos, la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad
civil y promoviendo la no discriminación.

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La reforma estructural y la participación ciudadana
La participación ciudadana y los medios de comunicación constituyen pivotes
fundamentales para sustentar la reforma estructural del Estado venezolano; bajo un
enfoque que valore la inclusión corresponsable de la ciudadanía en los asuntos
públicos y con acceso a la información pública y a la información veraz y oportuna.
1.- Sobre los medios de comunicación y la participación
El rol de los medios masivos en la nueva coyuntura de democratización es la de
impulsar los procesos de mediación, para hacer accesible la información y las
posibilidades de expresión y de opinion a las bases de una democracia participativa
cada vez más amplia; es decir, que se faciliten las posibilidades de incidir o participar
directamente en la toma de decisiones. Es necesario entender los medios
comunitarios en su dimensión de cercanía a la comunidad y mediadores de la
construcción y desarrollo de políticas públicas. Para que se pueda dar un vuelco
importante al enfoque actual se requiere de incentivos que generen los cambios
necesarios en dichos medios.
En este sentido, proponemos:
1.1. Revisar con sentido propositivo y desporalizado, el marco jurídico que rige el
ámbito de actuación de los medios comunitarios: Ley de Comunicación del Poder
Popular, Ley Resorte, Reglamento de Medios Comunitarios y otras normas que rigen
el funcionamiento de la radio comunitaria.
1.2. Revisar todo el sistema de medios públicos para desarrollar el concepto de
medios de Servicio Público.
1.3. Es necesario comprender y dar a entender que, el desarrollo de nuevos modelos
de negocio es un camino para la sostenibilidad, que no tiene que estar divorciada de la
formación e impulso del desarrollo social comunitario, objeto principal de estos
medios; lo cual implica abrir posibilidades de ingresos y apertura a la libre expresión
de los productores y conductores de estos medios.

7. Las propuestas de la sociedad civil para el Plan País
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1.4. Los medios comunitarios tienen que funcionar con un mayor compromiso con la
comunidad y, que su acción sea más relevante en cuanto a los problemas sociales
existentes.
1.5. Debe apoyarse la formación en relación a los medios y redes sociales, procurando
el encuentro entre expertos en medios alternativos y de comunicación para el
desarrollo, con los líderes sociales u organizaciones de la comunidad, para abrir paso
a la comunicación que amplíe la percepción de sus propios problemas y proyecte la
comunidad más allá de sus propios límites.
En conclusión, los medios actuales (radios y tv comunitarias) deben ser tomados en
cuenta y, procurar políticas y un marco legal que los ampare y favorezca en la medida
en que realmente estén a disposición de las comunidades y no de mecanismos de
cooptación y dominación de regímenes dictatoriales o autoritarios.
2.- Acerca de la descentralización y la participación de la sociedad civil
La descentralización constituye un principio fundamental del Estado venezolano. La
descentralización político-territorial implica una democratización del poder;
mediante su redistribución y una forma más transparente de relación entre el Estado
y la sociedad civil. La descentralización supone una mayor participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos, en especial, en aquellos de la vida regional o local,
vinculados a su calidad de vida.
El régimen (durante los últimos 20 años) colocó de manera progresiva a la
descentralización político-territorial en situación política de precariedad extrema;
mediante una gestión centralista y autoritaria y, el impulso de figuras administrativas
no-constitucionales que socavaron la autonomía de los gobiernos regionales e
impidieron el ejercicio de sus competencias.
En materia de descentralización nuestro aporte se focaliza en rescatar y fortalecer los
procesos de participación de la sociedad civil para contribuir de manera
corresponsable en la recomposición de un Estado democrático, descentralizado y
participativo. En tal sentido, proponemos:
2.1. Revisar y reformar las leyes vinculadas al Consejo Federal de Gobierno (CFG), al
Consejo Estadal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOPP) y
la de los Consejos Locales de Planificación (CLPP), para mejorar la representación de
la ciudadanía y redefinir sus funciones de manera más democrática y eficiente.

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2.2. Promover la efectiva descentralización y transferencia desde los estados y
municipios hacia las comunidades, asociaciones vecinales y organizaciones no
gubernamentales la prestación de servicios y programas; mediante el convenimiento
corresponsable.
2.3. Fortalecer la descentralización por medio de la participación de organizaciones no
gubernamentales, asociaciones vecinales y comunales en los procesos de planificación
local y, control y evaluación de políticas públicas.
2.4. Revisar la pertinencia jurídica de otras entidades e instancias administrativas no-
constitucionales que afectan de manera negativa la estructura político-territorial del
Estado venezolano; tales como: los distritos motores de desarrollo, regiones
estratégicas de desarrollo, comunas, ejes comunales; entre otras.
2.5. Revisar y reformar para su fortalecimiento democrático los procesos de
asignación de recursos del Fondo de Compensación Interterritorial; así como también
la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras
atribuciones.
2.6. Descentralizar la gestión de la Asamblea Nacional; mediante la creación de
mecanismos institucionales de consulta pública regional y local.
2.7. Fortalecer el nivel desconcentrado de los gobiernos estadales; mediante la
reformulación de las Jefaturas Civiles como medios de relación con las comunidades
organizadas.
3.- El municipio para los ciudadanos
En el contexto de un Estado democrático, federal, descentralizado y participativo el
municipio pasa a desempeñar un papel fundamental. Desde el punto de vista de la
participación social, la gestión autoritaria y centralista del régimen ha incidido en el
debilitamiento de la autonomía municipal en sus aspectos político-participativos; tales
como: la eliminación de la elección directa universal y secreta de los miembros de las
Juntas Parroquiales, en la cooptación de las organizaciones vecinales y comunitarias y,
la imposición de un modelo único de asociación.

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Consideramos que la participación de la ciudadanía debe ser un elemento
indispensable para la reconstrucción de las entidades municipales y, también para
promover -desde la base-, la nueva cultura democrática que reclama la Venezuela del
futuro.
Al respecto, proponemos:
3.1. La inmediata restitución del derecho a la elección directa, universal y secreta de
los integrantes de las Juntas Parroquiales eliminado en la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal de 2010. Esta medida es inconstitucional y arbitraria;
pues allí se violan los artículos 5, 63, 70 y 182 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
3.2. Aprobación de la reforma de la Ley de Los Consejos Comunales, propuesta por la
Mesa Social de Caracas, presentada a la Comisión de Desarrollo Social y que fuera
aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
3.3. La inmediata revisión y adecuación al marco constitucional vigente del conjunto
de leyes del denominado “poder popular” debido a que ha mutilado el espíritu de
lucha de las organizaciones comunitarias, sean los consejos comunales u otras
presentes en las comunidades. Tales leyes son: Ley Orgánica de las Comunas, Ley
Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y Ley
Orgánica del Sistema Económico Comunal.
3.4. Adelantar los estudios pertinentes para la pronta realización de una reforma
institucional integral del actual Ministerio del Poder Popular de las Comunas y del
Instituto Autónomo FUNDACOMUNAL y, reubicar las asociaciones comunitarias al
ámbito municipal.
3.5. Fortalecer legalmente las Mesas Técnicas (vecinales) como mecanismos de
seguimiento, control y evaluación de la prestación de los servicios públicos locales;
tales como: agua, electricidad, desechos sólidos, gas, seguridad pública y transporte.
3.6. Promover y fortalecer la participación vinculante de la ciudadanía en los procesos
de urbanismo, de planificación del desarrollo urbano local y de los planes anuales de
inversión municipal y local.

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3.7. Fortalecer legalmente la Justicia de Paz, como un medio de resolución alternativa
de conflictos y construcción de la cultura de la paz, la tolerancia y la sana convivencia.
Y ajustar al marco constitucional vigente la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal,
que solo ha entorpecido el desarrollo de este medio de participación ciudadana.
En síntesis, el Plan País representa una oportunidad para el relanzamiento
programático del municipio como espacio para la cercanía y la inclusión, la
transparencia y la rendición de cuentas y, por supuesto, la participación y la
corresponsabilidad con los vecinos y comunidades organizadas.
4.- Sobre la transparencia y el acceso a la información pública
La participación ciudadana requiere de una administración transparente para poder
ser ejercida. Hoy día, alrededor del mundo, los sistemas de gobierno suelen ser
“abiertos”. Esto es, que promueven la transparencia en la gestión pública; así como la
participación y colaboración de los ciudadanos, sirviéndose de tal transparencia.
Algunas políticas puntuales que pueden fortalecer el derecho a la participación
ciudadana, son las siguientes:
4.1. La promoción del derecho de acceso a la información pública y la divulgación
de la normativa en esa materia, prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
4.2. El desarrollo de programas dirigidos a la formación ciudadana y la capacitación
de los empleados públicos sobre el derecho de acceso a la información pública.
4.3. La identificación de materias en las cuales la participación ciudadana; a través
del acceso a la información pública pueda traer mejoras perceptibles en la
calidad de vida de la comunidad. Por ejemplo: información sobre el impacto
ambiental de actividades industriales y económicas, información sobre
licitaciones y contrataciones llevadas a cabo por los órganos y entes de la
administración pública; así como sobre la organización y funcionamiento de los
mismos.
4.4. Impulso de la aprobación (en segunda discusión) y promulgación de la Ley de
Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública (aprobada en
primera discusión, el 3 de marzo de 2016).

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5.- El desarrollo productivo y la participación social
Desde la sociedad civil profesamos por un gobierno municipal democrático y
socialmente responsable capaz de propiciar y promover los espacios institucionales
para la negociación constructiva con las organizaciones no gubernamentales, el sector
empresarial privado, las asociaciones vecinales y las comunidades organizadas con el
propósito de impulsar el desarrollo económico local sostenible y sustentable. Y
además, comprometido especialmente con el emprendimiento popular.
Con ese propósito, proponemos:
5.1. Desarrollar amplias campañas institucionales de divulgación de los derechos y la
defensa de la propiedad privada.
5.2. Fortalecer legalmente el derecho al emprendimiento popular en el marco de las
políticas alternativas de desarrollo local, comunitario y la empresa familiar.
6.- El sector social y la participación: educación, cultura y programas sociales
La participación de la ciudadanía puede contribuir a la realización eficaz de las
políticas sociales y de atención a las familias y los sectores más vulnerables. Desde el
gobierno central, la ejecución de los programas sociales se fundamenta en: i) su
articulación con los consejos comunales y ii) su ideologización como expresión de un
modelo socialista, también conocido como el “Estado comunal”.
Por el contrario, pensamos que las nuevas políticas y programas sociales impulsados
por el gobierno de transición se basarán en la garantía de la inclusión, la participación
y la representación de las familias, la sociedad civil y las comunidades en los procesos
de formulación, ejecución y control de esos programas. Sectorialmente, proponemos:
6.1. En educación:
6.1.1. Rescatar y fortalecer la figura de las “Asociaciones de Padres y Representantes”
6.1.2. Incorporar la asignatura “Educación Ciudadana” (formación social, moral y
cívica) a los programas de estudio de los niveles educativos.
6.2. En empleo y seguridad social:
-.- Respeto al derecho a la libre asociación de los trabajadores en gremios y sindicatos,
sin interferencia del Estado.

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6.3. En materia de salud y medicamentos:
6.3.1. Promoción de redes ciudadanas de cooperación e intercambio solidario.
6.3.2. Rescate de las Juntas Socio-Hospitalarias como mecanismos de co-
administración de centros de salud.
6.4. En cuanto a la cultura:
6.4.1. Descentralizar la gestión cultural y, abrir espacios para la creación cultural en
las parroquias y comunidades.
6.4.2. Rescatar las figuras de los Cronistas Municipales y Parroquiales
6.5. En materia deportiva:
6.5.1. Simplificar la estructura administrativa del sector deportivo.
6.5.2. Democratizar y descentralizar la actividad deportiva; mediante la promoción del
deporte comunitario y el deporte popular.
6.5.3. Fortalecer el sector deportivo federado.
6.5.4. Abrir espacios para la inversión privada.
6.5.5. Establecer mecanismos de rendición de cuentas.
6.6. En materia ambiental:
- Rescatar los mecanismos institucionales para promover y fortalecer la participación
comunitaria en el la vigilancia y cuide ambiente
6.7. En cuanto a las personas con discapacidad:
- Rescatar y promover las instancias de participación e inclusión de las personas en
los proceso de formación, ejecución y control de las políticas públicas del sector.
6.8 En materia de defensa de los derechos humanos
6.8.1. Municipalizar la gestión de la Defensoría del Pueblo
6.8.2 . Fortalecer las instancias de atención a la mujer, la niñez y la adolescencia

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7.- Las medidas legales del corto y mediano plazo, en cuanto a participación
ciudadana
A continuación consideramos un conjunto de medidas legislativas y ejecutivas a tomar
en el lapso de los 100 días de la transición.
7.1. Medidas legislativas en los primeros 100 días de la transición
7.1.1. Aprobación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana
7.1.2. Aprobación de la reforma de la Ley de los Consejos Comunales
7.1.3. Aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
7.1.4. Programa de reforma de las leyes del Poder Público Municipal, Consejo Federal
de Gobierno, Consejos Estadales de Planificación y Coordinación, Consejos Locales de
Planificación Pública y Ley para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y
otras atribuciones.
7.1.5. Derogación de aquellas leyes orgánicas, especiales y ordinarias que no se
ajusten al marco constitucional del año 1999
7.2. Medidas de naturaleza ejecutiva en los primeros 100 días de la transición
7.2.1. Decreto de restitución de las Juntas Parroquiales
7.2.2. Decreto de reorganización administrativa del Ministerio del Poder Popular de
las Comunas y Movimientos Sociales y sus entes adscritos
7.2.3. Decreto de reorganización institucional del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)
7.2.4. Establecimiento de la Comisión Presidencial para el Reordenamiento del
Sistema de Medios Públicos.
7.2.5. Establecimiento del Consejo Nacional para la Participación Ciudadana
7.2.6. Creación de una Comisión de Reforma Institucional del Poder Ciudadano
MGM/IZB/FF/IJ/VR/WRO/CSC/BU/EU/MGB/JGDH/MD/LAM/GJL/IM/AP/GP/GM/ER/ Mayo,2019