Este protocolo establece los pasos a seguir ante situaciones de violencia escolar, incluyendo las medidas de apoyo a la víctima, las sanciones a los agresores y la comunicación con las familias. También detalla los responsables de activar el protocolo, las instancias a las que se puede derivar a los estudiantes y cuándo se deben presentar antecedentes a las autoridades educacionales.