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Las mujeres en Colombia: frente a una política de discriminación y autoritarismo
    (Intervención como mujeres en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
                                Derechos Humanos, octubre 28 de 2008)

La superación de la violencia y la vigencia de los derechos humanos son inseparables de
la transformación de relaciones sociales de dominación y subordinación. En un Estado
democrático, la seguridad debe estar orientada no sólo a garantizar la ausencia de
acciones armadas, en esencia, debe promover cambios en las relaciones sociales
injustas, en las cuales la violencia ha sido un mecanismo de control social, político y
cultural, con efectos desproporcionados en la vida diaria de las mujeres. El gobierno
colombiano ha puesto en el centro de sus acciones la “Política de Defensa y Seguridad
Democrática”, con énfasis en la promoción de la seguridad para el Estado y en la
protección física de unos pocos sectores de la sociedad, desconociendo a sectores
sociales históricamente excluidos y a la mayoría de las víctimas de la violencia
sociopolítica; y frecuentemente generando altos niveles de inseguridad jurídica, social,
económica, alimentaria, laboral, ambiental, etc.

La persistencia de la crisis humanitaria y de derechos humanos, de la pobreza e
inequidad y de las violencias contra las mujeres evidencia que la política de Seguridad
Democrática y las políticas sociales, del actual gobierno, no han tenido efectos positivos
para todas y todos los colombianos. Por el contrario, se constata una fuerte
militarización de la sociedad y de la vida cotidiana con efectos graves para la garantía y
el respeto de los derechos humanos de las mujeres en lo público y lo privado. La
violencia sociopolítica contra las mujeres y las niñas es sistemática y generalizada, y
sigue siendo instrumento de persecución social y política, y un arma de guerra, usada
por los grupos que participan en las hostilidades (Fuerza Pública, grupos paramilitares y
guerrillas)1.

 Los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las mujeres, son
gravemente vulnerados en un contexto de profundo irrespeto por los derechos humanos
y el derecho humanitario: entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 1.314
mujeres perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de
estas 179 fueron víctimas de desaparición forzada. En los casos en los cuales se conoce
el presunto autor genérico de las violaciones, el 70% se atribuyó a la responsabilidad del
Estado y a los grupos guerrilleros el 30%; por lo menos 82 mujeres fueron víctimas de
tortura. Las mujeres continúan siendo víctimas de secuestro: por lo menos 1.944
mujeres perdieron su libertad víctimas de este delito, los grupos guerrilleros son los
presuntos autores de 564 de estos casos 2. El desplazamiento forzado tuvo un incremento
del 41% en el primer semestre del presente año, en relación con el mismo periodo para




1
  Por violencia sociopolítica, se entienden los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad, y la libertad personal
producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados de la
discriminación hacia personas socialmente marginadas, o los causados por el conflicto armado interno. En este acápite, donde no se
diga lo contrario, la fuente de las cifras es la base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas.
2
  Según datos de Fondelibertad, que es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, encargada de coordinar la política
contra el secuestro y demás delitos atentatorios contra la libertad personal. La presunta autoría en los casos de las mujeres se
atribuye en un 73,19% (1.423 víctimas) a grupos de delincuencia común, grupos guerrilleros y grupos paramilitares. De esta cifra, el
39,63% (564 víctimas) se atribuyen a los grupos guerrilleros y el 6,11% a los paramilitares. También se conocen casos en los que
han participado agentes estatales en servicio o en retiro. No obstante, en las estadísticas oficiales no se divulgan los casos de toma
de rehenes cometidos por agentes estatales. Los datos citados de Fondelibertad cubren el período comprendido entre enero de 2002
y diciembre de 2007.
20073, afectando cuantitativamente (53%)4 y cualitativamente de manera particular a las
mujeres que además de las condiciones históricas de discriminación por sus identidades
étnicas, sociales y de género, enfrentan esta condición de discriminación: la de ser
víctimas del desplazamiento forzado. El 98% de estos hogares se encuentra por debajo
de la línea de pobreza y el 81% por debajo de la línea de indigencia5.

La militarización de la sociedad se da de forma concreta en el incremento del pie de
fuerza: algunos estudios calculan que, desde el 2002 a la fecha casi se ha duplicado el
número de soldados por cada 1.000 habitantes. Actualmente hay 4,9 soldados por cada
combatiente irregular (guerrillas y paramilitares). Las cifras muestran también un
incremento de los combatientes de las guerrillas: por cada 100 combatientes puestos
fuera de combate, las guerrillas reclutan 846. Es evidente que en Colombia hay un
conflicto armado interno, con consecuencias concretas en los derechos de las mujeres,
que el énfasis en lo militar, ha tenido como resultado el fortalecimiento de imaginarios
tradicionales en los cuales el uso de la violencia contra las mujeres no se cuestiona,
porque se piensa que, todo es válido en la guerra y en el amor.

La preeminencia de lo militar sobre lo civil, ha hecho que la Fuerza Pública se convierta
en una amenaza seria para el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Se ha
constatado un aumento en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente
atribuidas a la Fuerza Pública. Se triplicaron las detenciones arbitrarias: por lo menos
483 mujeres fueron privadas de la libertad de manera arbitraria en los últimos cinco
años. Según reportes oficiales, tanto de la Fiscalía General de la Nación, como del
Instituto Nacional de Medicina Legal, entre los grupos combatientes, el grupo de
presuntos autores con mayor número de registros, en materia de violencia sexual, en los
últimos cinco años, es la Fuerza Pública 7. De acuerdo con análisis de ONG, la
participación de la Fuerza Pública en hechos de violencia sexual casi se triplicó, en
términos porcentuales, en el último quinquenio con respecto al período inmediatamente
anterior8. En algunos casos, miembros de la Fuerza Pública cometieron actos de
violencia sexual acusando a la víctima de tener relaciones afectivas con guerrilleros y
como medio para obtener información.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Señora
Louise Arbour, durante su visita al país en el mes de septiembre de 2007 insistió en la
necesidad urgente de desmantelar el paramilitarismo. No obstante, muchas mujeres
colombianas y sus organizaciones, en su mayoría campesinas, afrocolombianas e
indígenas, siguen siendo atacadas por grupos paramilitares, en su intento por buscar la
restitución de sus derechos en el marco de la llamada ley de “justicia y paz”. Los grupos
paramilitares continúan cometiendo actos de violencia sexual para generar terror en las
comunidades y contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y de
3
 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), boletín número 74, Bogotá, 25 de septiembre de 2008, en
www.codhes.org
4
    Comisión Nacional de Seguimiento, Encuesta Nacional de Verificación, 25 de septiembre de 2008.
5
    Ibíd.
6
  José Fernando Isaza & Diógenes Campos, Modelos dinámicos de guerra: el conflicto colombiano, www.accefyn.org.co
/PubliAcad/Periodicas/Volumen29/110/10_133_148.pdf.
7
  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), Informes periciales por presunto delito sexual, Colombia,
2007, en www.medicinalegal.gov.co y; Corporación Sisma Mujer, Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en Colombia,
Bogotá, Sisma Mujer, agosto de 2007, página 14.
8
  Comisión Colombiana de Juristas, La violencia contra las mujeres y las niñas en Colombia: agravada por la política de
“seguridad” del Estado, Bogotá, mimeo, octubre de 2008.
desplazadas9. El poder de los grupos paramilitares está vigente, no sólo porque sus
estructuras militares siguen actuando, sino también porque se ha hecho evidente su
penetración profunda en la sociedad y en el Estado.

Algunos informes revelan que, en muchas zonas del país, grupos paramilitares han
aprovechado las condiciones de pobreza y exclusión que enfrentan las mujeres para
controlar sus cuerpos y sus vidas a través de préstamos de dinero. Los testimonios de
algunas mujeres, dan cuenta de esta práctica, conocida como “paga diario” 10: “para
saldar la deuda se exige la entrega del cuerpo de las mujeres o de sus hijas”; “los
pagos diarios han dado pie para que el fenómeno de la prostitución se acreciente”;
“los paga diario son controlados por gente desmovilizada, llegan ofreciendo altas
sumas de dinero a las zonas de personas desplazadas”.

Son las mujeres desplazadas las más frecuentes víctimas del “paga diario” como nueva
forma de esclavitud. Esto se debe, a la ausencia de una política estatal que prevenga el
desplazamiento forzado y garantice y proteja los derechos de las mujeres desplazadas.
Esta situación de abandono ha sido constatada por la Corte Constitucional, entidad que a
través del auto 092 de 2008 ha buscado proteger los derechos de las mujeres
desplazadas y prevenir el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre sus
vidas.

La relación entre las violencias contra las mujeres en lo público y lo privado, y la
impunidad en la casi totalidad de los casos, ha hecho que en Colombia para muchas
mujeres los lugares cotidianos sean fuente de amenazas reales contra su vida e
integridad física y psicológica. La violencia intrafamiliar y la violencia sexual continúan
afectando mayoritariamente a las mujeres y las niñas, con una importante incidencia en
su derecho a la vida: “En el período 2000 y 2005 se observan dos aspectos importantes
en relación con los feminicidios –asesinatos de mujeres por su condición de mujer-. En
primer lugar, el incremento en la tasa de mujeres asesinadas en el contexto de la
violencia en la familia, y en segundo lugar, que son asesinadas por sus parejas
afectivas, compañeros o cónyuges”11. Del año 2001 al 2005 se presentó un incremento
del 10% en la tasa de mujeres asesinadas por causa de la violencia intrafamiliar. Las
mujeres son las víctimas mayoritarias de la violencia intrafamiliar (91,1%)12.


Con la militarización de la sociedad y la vida cotidiana, las mujeres deben enfrentar, además de
los obstáculos tradicionales, amenazas y riesgos adicionales para el ejercicio de su ciudadanía
plena. En estas condiciones la violencia contra las mujeres se reproduce y tanto el Estado como
la sociedad subvaloran las violaciones a sus derechos y los impactos visibles y no visibles de las
mismas, garantizando así la impunidad y la tolerancia social que reproducen el círculo de la
violencia contra las mujeres en lo público y lo privado.

9
  La Corte Constitucional en el auto 200 de 2007 señaló la grave situación de riesgo en la que se encuentran organizaciones de
mujeres como La Ciudad de las Mujeres y la Liga de Mujeres Desplazadas, quienes han denunciado una fuerte presencia paramilitar
en el municipio de Turbaco (Bolívar), sin que hasta la fecha se hayan implementado medidas de protección.


10
   Efectos de la desmovilización paramilitar en las vidas de las mujeres. Todas y todos programa radial 98.5 trasmitido el día 7 de
septiembre de 2008, en: www.unradio.unal.edu.co/Programas/005/001.html
11
  Olga Amparo Sánchez, Las Violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas,
Bogotá, junio de 2008, pág. 45.
12
     Ibíd.
La militarización de la sociedad también se refleja en la forma como se establecen las
prioridades en el gasto público, el estado colombiano invierte cerca del 6.5% del PIB en
gasto militar13. Para el 2008 se calcula que del total de empleos en el sector público, el
81,2% corresponde a servidores públicos asignados a labores de defensa, seguridad y
policía. El total de la inversión en el sector seguridad es igual a la suma de la inversión
en salud, educación y saneamiento ambiental14. En un país con grandes deficiencias en
la garantía del derecho a la salud, y en el cual la educación primaria no es universal, ni
gratuita, esto reduce las posibilidades de generar mejores condiciones de vida para las
mujeres y sus familias, especialmente para las víctimas del conflicto armado. En
muchas regiones del país, la única autoridad presente es la militar, así que la vida de las
mujeres y las niñas está permanentemente expuesta a los abusos de poder que esto
genera.

Colombia es, el segundo país más inequitativo de la región con un índice de Gini del
0,576%. A pesar del crecimiento económico (8,03%), el desempleo persiste (11,2%),
afectando más a las mujeres: tasa de desempleo femenino es del 14,7% frente al 8.3%
tasa de desempleo masculina. Además, entre 2001 y 2007, se han perdido 330.000
empleos rurales15. El derecho a un trabajo digno es básico y estratégico para la
superación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. En Colombia las
mujeres han entrado masivamente al mundo del trabajo cuando en éste se han recortado
derechos, a través de reformas legales, y del incremento de empleos precarios: en los
últimos seis años las cooperativas de trabajo asociado16 pasaron de 50.000 a casi
500.00017. La precarización laboral se ha llevado a cabo particularmente en sectores con
mano de obra mayoritariamente femenina: servicios (77,5%), textiles (60%),
agroindustria (70%). Las mujeres en Colombia actualmente trabajan más y ganan
menos, no tienen garantías para obtener recursos económicos permanentes, y enfrentan
grandes dificultades para acceder la seguridad social18.

Las políticas sociales son de carácter asistencialista, no permiten la democratización de
la familia, re-naturalizan su rol social y exacerban la cultura patriarcal. Es el caso de
Familias en Acción, programa que hace a las mujeres responsables de lo que sucede al
interior de las familias como “Cuidadora Esencial” de la misma y no permite avanzar
sobre los derechos de las mujeres reconocidos ampliamente en los tratados
internacionales. Este programa refuerza los imaginarios sociales en torno al concepto
tradicional de familia, creando en ellas y sus familias condiciones de dependencia
permanente. Aparentemente facilita la asistencia de hijos e hijas para su escolarización
y alimentación, pero en la medida en que no se combina con políticas de productividad


13
     Op. cit., nota 6.
14
     Op. cit., nota 6.
15
   Escuela Nacional Sindical de Antioquia (ENS), Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
Crecimiento y déficit: La ficción del trabajo decente en Colombia, Informe Nacional del Trabajo Decente en el año 2007, Bogotá, 6
de octubre de 2008.
16
   Las cooperativas de trabajo asociado son una modalidad de contratación de servicios a través de la cual, se rompe el vínculo
laboral. No existe empleador, ni empleado porque las y los trabajadores “se asocian voluntariamente” para ofrecer sus servicios.
Las y los trabajadores son responsables de su seguridad social y demás obligaciones que antes asumían las y los empleadores. Estas
cooperativas se han convertido en intermediarias laborales, en las que la organización sindical no es posible.
17
  Cecilia López Montaño, Informe para sustentar la ley de Transformación Social hacia una Nueva Política Social, presentado en
Senado de la República, 2 de octubre de 2008.
18
     Campaña Comercio con Justicia: Mis derechos no se negocian: Más por menos, Bogotá, 2005
y generación de empleo, se convierten en políticas transitorias, sin el impacto que se
busca dentro de los criterios de desarrollo humano sostenible.


El crecimiento económico del país ha sido interpretado por el gobierno nacional como resultado
de la confianza para invertir en el país, a partir de la implementación de la Política de Defensa y
Seguridad Democrática. Sin embargo, es evidente que este crecimiento no ha sido positivo para
toda la población colombiana, con él se ha beneficiado el sector privado, que ha transferido los
costos laborales a las trabajadoras, que se benefician de la deslaboralización y que ve aún, a los
derechos como obstáculos para el desarrollo económico.


El actual gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos de las
mujeres. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 19 ha querido convertir
la participación de las mujeres en un instrumento funcional a las políticas
gubernamentales, desconociendo que la participación es ante todo un derecho que el
Estado debe garantizar y promover para avanzar en la construcción de la equidad de
género.

La Consejería ha promovido una especie de “participación” en sus programas sin una
agenda propia de las mujeres y sin la posibilidad de incidir en el diseño y evaluación de
los mismos; la concepción y la forma en que se implementan los programas no tienen
un enfoque de derechos y no responden a las necesidades estratégicas de las mujeres. La
Consejería no ha hecho seguimiento a temas claves como la reforma laboral, la reforma
política, la ley de “justicia y paz”, la ley de víctimas, la negociación del TLC con
Estados Unidos, etc. Para, por lo menos, dimensionar los impactos que estas iniciativas
legislativas han tenido y/o tendrán en los derechos de las mujeres. Esta situación ha
generado un retroceso importante, no solo en la institucionalidad sino en la concepción
de políticas públicas a favor de las mujeres, que durante muchos años las organizaciones
de mujeres lograron promover.

Recomendaciones

     ♀ Es necesario promover la revisión de las leyes, políticas y programas
       gubernamentales para evaluar sus efectos reales en las mujeres y proponer
       mecanismos correctivos cuando sea necesario.
     ♀ Se debe garantizar el derecho a la participación femenina. La política de
       “Seguridad Democrática” debe revisarse a la luz de los derechos humanos de las
       mujeres. El Estado está obligado a desactivar las amenazas contra las mujeres y
       sus organizaciones así como, a propiciar el reconocimiento social de la
       participación femenina.
     ♀ Es indispensable que, se inste al Estado colombiano a poner fin, de manera
       inmediata a los hechos de violencia contra las mujeres que son atribuibles a la
       responsabilidad de agentes del Estado.
     ♀ Es de suma importancia que se inste al Estado colombiano a cumplir en su
       totalidad con las órdenes derivadas del auto 092 (prevención y protección de las
       mujeres en situación de desplazamiento).

19
   La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer que fue redefinida por el Decreto 519 de 2003, a través del cual se le
asignaron las funciones de promover la equidad entre mujeres y hombres; coordinar el proceso de concertación con las entidades
públicas para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes, programas y proyectos; y adelantar una política a
favor de la mujer.
♀ Se requieren acciones concretas para garantizar el acceso de las mujeres a la
  justicia y superar así la impunidad en los delitos que las afectan particularmente,
  especialmente la violencia sexual y la violencia sociopolítica.
♀ La política del Estado debería enfocar sus esfuerzos en garantizar sus plenos
  derechos a las mujeres en especiales condiciones de vulnerabilidad, como las
  desplazadas, indígenas, afrocolombianas y campesinas. Ellas deben ser
  prioridad tanto en las acciones positivas como en la transversalidad de género en
  las políticas públicas, promovidas por la Consejera Presidencial para la Equidad
  de la Mujer.
♀ La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
  Derechos Humanos debe mantener sus esfuerzos para el cumplimiento de las
  múltiples recomendaciones que se han hecho al Estado colombiano para la
  garantía real y efectiva de los derechos humanos de las mujeres, en particular,
  aquellas que buscan la eliminación de la discriminación, la violencia y la
  impunidad.



1. Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP
2. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia -
    ANMUCIC.
3. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJuSticia
4. Colombia Diversa
5. Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
6. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES
7. Corporación Casa de la Mujer
8. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE
9. Corporación Humanas - Colombia
10. Corporación Sisma Mujer
11. Facultad de Filosofía de la Universidad de la Salle
12. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos programa de
    derechos humanos y mujeres - ILSA
13. La Alianza - Organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y
    la democracia en Colombia.
14. Liga de Mujeres Desplazadas
15. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Limpal Colombia
16. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado
17. Red Nacional de Mujeres
18. Ruta Pacífica de las Mujeres

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  • 1. Las mujeres en Colombia: frente a una política de discriminación y autoritarismo (Intervención como mujeres en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, octubre 28 de 2008) La superación de la violencia y la vigencia de los derechos humanos son inseparables de la transformación de relaciones sociales de dominación y subordinación. En un Estado democrático, la seguridad debe estar orientada no sólo a garantizar la ausencia de acciones armadas, en esencia, debe promover cambios en las relaciones sociales injustas, en las cuales la violencia ha sido un mecanismo de control social, político y cultural, con efectos desproporcionados en la vida diaria de las mujeres. El gobierno colombiano ha puesto en el centro de sus acciones la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, con énfasis en la promoción de la seguridad para el Estado y en la protección física de unos pocos sectores de la sociedad, desconociendo a sectores sociales históricamente excluidos y a la mayoría de las víctimas de la violencia sociopolítica; y frecuentemente generando altos niveles de inseguridad jurídica, social, económica, alimentaria, laboral, ambiental, etc. La persistencia de la crisis humanitaria y de derechos humanos, de la pobreza e inequidad y de las violencias contra las mujeres evidencia que la política de Seguridad Democrática y las políticas sociales, del actual gobierno, no han tenido efectos positivos para todas y todos los colombianos. Por el contrario, se constata una fuerte militarización de la sociedad y de la vida cotidiana con efectos graves para la garantía y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en lo público y lo privado. La violencia sociopolítica contra las mujeres y las niñas es sistemática y generalizada, y sigue siendo instrumento de persecución social y política, y un arma de guerra, usada por los grupos que participan en las hostilidades (Fuerza Pública, grupos paramilitares y guerrillas)1. Los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las mujeres, son gravemente vulnerados en un contexto de profundo irrespeto por los derechos humanos y el derecho humanitario: entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 1.314 mujeres perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de estas 179 fueron víctimas de desaparición forzada. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones, el 70% se atribuyó a la responsabilidad del Estado y a los grupos guerrilleros el 30%; por lo menos 82 mujeres fueron víctimas de tortura. Las mujeres continúan siendo víctimas de secuestro: por lo menos 1.944 mujeres perdieron su libertad víctimas de este delito, los grupos guerrilleros son los presuntos autores de 564 de estos casos 2. El desplazamiento forzado tuvo un incremento del 41% en el primer semestre del presente año, en relación con el mismo periodo para 1 Por violencia sociopolítica, se entienden los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad, y la libertad personal producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados de la discriminación hacia personas socialmente marginadas, o los causados por el conflicto armado interno. En este acápite, donde no se diga lo contrario, la fuente de las cifras es la base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas. 2 Según datos de Fondelibertad, que es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, encargada de coordinar la política contra el secuestro y demás delitos atentatorios contra la libertad personal. La presunta autoría en los casos de las mujeres se atribuye en un 73,19% (1.423 víctimas) a grupos de delincuencia común, grupos guerrilleros y grupos paramilitares. De esta cifra, el 39,63% (564 víctimas) se atribuyen a los grupos guerrilleros y el 6,11% a los paramilitares. También se conocen casos en los que han participado agentes estatales en servicio o en retiro. No obstante, en las estadísticas oficiales no se divulgan los casos de toma de rehenes cometidos por agentes estatales. Los datos citados de Fondelibertad cubren el período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2007.
  • 2. 20073, afectando cuantitativamente (53%)4 y cualitativamente de manera particular a las mujeres que además de las condiciones históricas de discriminación por sus identidades étnicas, sociales y de género, enfrentan esta condición de discriminación: la de ser víctimas del desplazamiento forzado. El 98% de estos hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 81% por debajo de la línea de indigencia5. La militarización de la sociedad se da de forma concreta en el incremento del pie de fuerza: algunos estudios calculan que, desde el 2002 a la fecha casi se ha duplicado el número de soldados por cada 1.000 habitantes. Actualmente hay 4,9 soldados por cada combatiente irregular (guerrillas y paramilitares). Las cifras muestran también un incremento de los combatientes de las guerrillas: por cada 100 combatientes puestos fuera de combate, las guerrillas reclutan 846. Es evidente que en Colombia hay un conflicto armado interno, con consecuencias concretas en los derechos de las mujeres, que el énfasis en lo militar, ha tenido como resultado el fortalecimiento de imaginarios tradicionales en los cuales el uso de la violencia contra las mujeres no se cuestiona, porque se piensa que, todo es válido en la guerra y en el amor. La preeminencia de lo militar sobre lo civil, ha hecho que la Fuerza Pública se convierta en una amenaza seria para el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Se ha constatado un aumento en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública. Se triplicaron las detenciones arbitrarias: por lo menos 483 mujeres fueron privadas de la libertad de manera arbitraria en los últimos cinco años. Según reportes oficiales, tanto de la Fiscalía General de la Nación, como del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre los grupos combatientes, el grupo de presuntos autores con mayor número de registros, en materia de violencia sexual, en los últimos cinco años, es la Fuerza Pública 7. De acuerdo con análisis de ONG, la participación de la Fuerza Pública en hechos de violencia sexual casi se triplicó, en términos porcentuales, en el último quinquenio con respecto al período inmediatamente anterior8. En algunos casos, miembros de la Fuerza Pública cometieron actos de violencia sexual acusando a la víctima de tener relaciones afectivas con guerrilleros y como medio para obtener información. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Señora Louise Arbour, durante su visita al país en el mes de septiembre de 2007 insistió en la necesidad urgente de desmantelar el paramilitarismo. No obstante, muchas mujeres colombianas y sus organizaciones, en su mayoría campesinas, afrocolombianas e indígenas, siguen siendo atacadas por grupos paramilitares, en su intento por buscar la restitución de sus derechos en el marco de la llamada ley de “justicia y paz”. Los grupos paramilitares continúan cometiendo actos de violencia sexual para generar terror en las comunidades y contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y de 3 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), boletín número 74, Bogotá, 25 de septiembre de 2008, en www.codhes.org 4 Comisión Nacional de Seguimiento, Encuesta Nacional de Verificación, 25 de septiembre de 2008. 5 Ibíd. 6 José Fernando Isaza & Diógenes Campos, Modelos dinámicos de guerra: el conflicto colombiano, www.accefyn.org.co /PubliAcad/Periodicas/Volumen29/110/10_133_148.pdf. 7 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), Informes periciales por presunto delito sexual, Colombia, 2007, en www.medicinalegal.gov.co y; Corporación Sisma Mujer, Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en Colombia, Bogotá, Sisma Mujer, agosto de 2007, página 14. 8 Comisión Colombiana de Juristas, La violencia contra las mujeres y las niñas en Colombia: agravada por la política de “seguridad” del Estado, Bogotá, mimeo, octubre de 2008.
  • 3. desplazadas9. El poder de los grupos paramilitares está vigente, no sólo porque sus estructuras militares siguen actuando, sino también porque se ha hecho evidente su penetración profunda en la sociedad y en el Estado. Algunos informes revelan que, en muchas zonas del país, grupos paramilitares han aprovechado las condiciones de pobreza y exclusión que enfrentan las mujeres para controlar sus cuerpos y sus vidas a través de préstamos de dinero. Los testimonios de algunas mujeres, dan cuenta de esta práctica, conocida como “paga diario” 10: “para saldar la deuda se exige la entrega del cuerpo de las mujeres o de sus hijas”; “los pagos diarios han dado pie para que el fenómeno de la prostitución se acreciente”; “los paga diario son controlados por gente desmovilizada, llegan ofreciendo altas sumas de dinero a las zonas de personas desplazadas”. Son las mujeres desplazadas las más frecuentes víctimas del “paga diario” como nueva forma de esclavitud. Esto se debe, a la ausencia de una política estatal que prevenga el desplazamiento forzado y garantice y proteja los derechos de las mujeres desplazadas. Esta situación de abandono ha sido constatada por la Corte Constitucional, entidad que a través del auto 092 de 2008 ha buscado proteger los derechos de las mujeres desplazadas y prevenir el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre sus vidas. La relación entre las violencias contra las mujeres en lo público y lo privado, y la impunidad en la casi totalidad de los casos, ha hecho que en Colombia para muchas mujeres los lugares cotidianos sean fuente de amenazas reales contra su vida e integridad física y psicológica. La violencia intrafamiliar y la violencia sexual continúan afectando mayoritariamente a las mujeres y las niñas, con una importante incidencia en su derecho a la vida: “En el período 2000 y 2005 se observan dos aspectos importantes en relación con los feminicidios –asesinatos de mujeres por su condición de mujer-. En primer lugar, el incremento en la tasa de mujeres asesinadas en el contexto de la violencia en la familia, y en segundo lugar, que son asesinadas por sus parejas afectivas, compañeros o cónyuges”11. Del año 2001 al 2005 se presentó un incremento del 10% en la tasa de mujeres asesinadas por causa de la violencia intrafamiliar. Las mujeres son las víctimas mayoritarias de la violencia intrafamiliar (91,1%)12. Con la militarización de la sociedad y la vida cotidiana, las mujeres deben enfrentar, además de los obstáculos tradicionales, amenazas y riesgos adicionales para el ejercicio de su ciudadanía plena. En estas condiciones la violencia contra las mujeres se reproduce y tanto el Estado como la sociedad subvaloran las violaciones a sus derechos y los impactos visibles y no visibles de las mismas, garantizando así la impunidad y la tolerancia social que reproducen el círculo de la violencia contra las mujeres en lo público y lo privado. 9 La Corte Constitucional en el auto 200 de 2007 señaló la grave situación de riesgo en la que se encuentran organizaciones de mujeres como La Ciudad de las Mujeres y la Liga de Mujeres Desplazadas, quienes han denunciado una fuerte presencia paramilitar en el municipio de Turbaco (Bolívar), sin que hasta la fecha se hayan implementado medidas de protección. 10 Efectos de la desmovilización paramilitar en las vidas de las mujeres. Todas y todos programa radial 98.5 trasmitido el día 7 de septiembre de 2008, en: www.unradio.unal.edu.co/Programas/005/001.html 11 Olga Amparo Sánchez, Las Violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, Bogotá, junio de 2008, pág. 45. 12 Ibíd.
  • 4. La militarización de la sociedad también se refleja en la forma como se establecen las prioridades en el gasto público, el estado colombiano invierte cerca del 6.5% del PIB en gasto militar13. Para el 2008 se calcula que del total de empleos en el sector público, el 81,2% corresponde a servidores públicos asignados a labores de defensa, seguridad y policía. El total de la inversión en el sector seguridad es igual a la suma de la inversión en salud, educación y saneamiento ambiental14. En un país con grandes deficiencias en la garantía del derecho a la salud, y en el cual la educación primaria no es universal, ni gratuita, esto reduce las posibilidades de generar mejores condiciones de vida para las mujeres y sus familias, especialmente para las víctimas del conflicto armado. En muchas regiones del país, la única autoridad presente es la militar, así que la vida de las mujeres y las niñas está permanentemente expuesta a los abusos de poder que esto genera. Colombia es, el segundo país más inequitativo de la región con un índice de Gini del 0,576%. A pesar del crecimiento económico (8,03%), el desempleo persiste (11,2%), afectando más a las mujeres: tasa de desempleo femenino es del 14,7% frente al 8.3% tasa de desempleo masculina. Además, entre 2001 y 2007, se han perdido 330.000 empleos rurales15. El derecho a un trabajo digno es básico y estratégico para la superación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. En Colombia las mujeres han entrado masivamente al mundo del trabajo cuando en éste se han recortado derechos, a través de reformas legales, y del incremento de empleos precarios: en los últimos seis años las cooperativas de trabajo asociado16 pasaron de 50.000 a casi 500.00017. La precarización laboral se ha llevado a cabo particularmente en sectores con mano de obra mayoritariamente femenina: servicios (77,5%), textiles (60%), agroindustria (70%). Las mujeres en Colombia actualmente trabajan más y ganan menos, no tienen garantías para obtener recursos económicos permanentes, y enfrentan grandes dificultades para acceder la seguridad social18. Las políticas sociales son de carácter asistencialista, no permiten la democratización de la familia, re-naturalizan su rol social y exacerban la cultura patriarcal. Es el caso de Familias en Acción, programa que hace a las mujeres responsables de lo que sucede al interior de las familias como “Cuidadora Esencial” de la misma y no permite avanzar sobre los derechos de las mujeres reconocidos ampliamente en los tratados internacionales. Este programa refuerza los imaginarios sociales en torno al concepto tradicional de familia, creando en ellas y sus familias condiciones de dependencia permanente. Aparentemente facilita la asistencia de hijos e hijas para su escolarización y alimentación, pero en la medida en que no se combina con políticas de productividad 13 Op. cit., nota 6. 14 Op. cit., nota 6. 15 Escuela Nacional Sindical de Antioquia (ENS), Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Crecimiento y déficit: La ficción del trabajo decente en Colombia, Informe Nacional del Trabajo Decente en el año 2007, Bogotá, 6 de octubre de 2008. 16 Las cooperativas de trabajo asociado son una modalidad de contratación de servicios a través de la cual, se rompe el vínculo laboral. No existe empleador, ni empleado porque las y los trabajadores “se asocian voluntariamente” para ofrecer sus servicios. Las y los trabajadores son responsables de su seguridad social y demás obligaciones que antes asumían las y los empleadores. Estas cooperativas se han convertido en intermediarias laborales, en las que la organización sindical no es posible. 17 Cecilia López Montaño, Informe para sustentar la ley de Transformación Social hacia una Nueva Política Social, presentado en Senado de la República, 2 de octubre de 2008. 18 Campaña Comercio con Justicia: Mis derechos no se negocian: Más por menos, Bogotá, 2005
  • 5. y generación de empleo, se convierten en políticas transitorias, sin el impacto que se busca dentro de los criterios de desarrollo humano sostenible. El crecimiento económico del país ha sido interpretado por el gobierno nacional como resultado de la confianza para invertir en el país, a partir de la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Sin embargo, es evidente que este crecimiento no ha sido positivo para toda la población colombiana, con él se ha beneficiado el sector privado, que ha transferido los costos laborales a las trabajadoras, que se benefician de la deslaboralización y que ve aún, a los derechos como obstáculos para el desarrollo económico. El actual gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos de las mujeres. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 19 ha querido convertir la participación de las mujeres en un instrumento funcional a las políticas gubernamentales, desconociendo que la participación es ante todo un derecho que el Estado debe garantizar y promover para avanzar en la construcción de la equidad de género. La Consejería ha promovido una especie de “participación” en sus programas sin una agenda propia de las mujeres y sin la posibilidad de incidir en el diseño y evaluación de los mismos; la concepción y la forma en que se implementan los programas no tienen un enfoque de derechos y no responden a las necesidades estratégicas de las mujeres. La Consejería no ha hecho seguimiento a temas claves como la reforma laboral, la reforma política, la ley de “justicia y paz”, la ley de víctimas, la negociación del TLC con Estados Unidos, etc. Para, por lo menos, dimensionar los impactos que estas iniciativas legislativas han tenido y/o tendrán en los derechos de las mujeres. Esta situación ha generado un retroceso importante, no solo en la institucionalidad sino en la concepción de políticas públicas a favor de las mujeres, que durante muchos años las organizaciones de mujeres lograron promover. Recomendaciones ♀ Es necesario promover la revisión de las leyes, políticas y programas gubernamentales para evaluar sus efectos reales en las mujeres y proponer mecanismos correctivos cuando sea necesario. ♀ Se debe garantizar el derecho a la participación femenina. La política de “Seguridad Democrática” debe revisarse a la luz de los derechos humanos de las mujeres. El Estado está obligado a desactivar las amenazas contra las mujeres y sus organizaciones así como, a propiciar el reconocimiento social de la participación femenina. ♀ Es indispensable que, se inste al Estado colombiano a poner fin, de manera inmediata a los hechos de violencia contra las mujeres que son atribuibles a la responsabilidad de agentes del Estado. ♀ Es de suma importancia que se inste al Estado colombiano a cumplir en su totalidad con las órdenes derivadas del auto 092 (prevención y protección de las mujeres en situación de desplazamiento). 19 La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer que fue redefinida por el Decreto 519 de 2003, a través del cual se le asignaron las funciones de promover la equidad entre mujeres y hombres; coordinar el proceso de concertación con las entidades públicas para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes, programas y proyectos; y adelantar una política a favor de la mujer.
  • 6. ♀ Se requieren acciones concretas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y superar así la impunidad en los delitos que las afectan particularmente, especialmente la violencia sexual y la violencia sociopolítica. ♀ La política del Estado debería enfocar sus esfuerzos en garantizar sus plenos derechos a las mujeres en especiales condiciones de vulnerabilidad, como las desplazadas, indígenas, afrocolombianas y campesinas. Ellas deben ser prioridad tanto en las acciones positivas como en la transversalidad de género en las políticas públicas, promovidas por la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. ♀ La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe mantener sus esfuerzos para el cumplimiento de las múltiples recomendaciones que se han hecho al Estado colombiano para la garantía real y efectiva de los derechos humanos de las mujeres, en particular, aquellas que buscan la eliminación de la discriminación, la violencia y la impunidad. 1. Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP 2. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia - ANMUCIC. 3. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJuSticia 4. Colombia Diversa 5. Comisión Colombiana de Juristas - CCJ 6. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES 7. Corporación Casa de la Mujer 8. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE 9. Corporación Humanas - Colombia 10. Corporación Sisma Mujer 11. Facultad de Filosofía de la Universidad de la Salle 12. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos programa de derechos humanos y mujeres - ILSA 13. La Alianza - Organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia. 14. Liga de Mujeres Desplazadas 15. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Limpal Colombia 16. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado 17. Red Nacional de Mujeres 18. Ruta Pacífica de las Mujeres