1. |Reparación de las víctimas requiere ser balanceada, sostenible y práctica para permitir reconstruir sus proyectos de vida<br />Por Diego Molano, Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional<br />Con ocasión del reciente Auto A207/10 de la Corte Constitucional en donde se ordena a ACCIÓN SOCIAL, abstenerse de realizar los pagos correspondientes a las sentencias por indemnización de perjuicios, mientras se definen criterios unificados en la materia; es importante que el país haga un alto y reflexione sobre el sentido del proceso de justicia transicional que ha emprendido Colombia y, bajo este marco, sobre el camino de la reparación a las víctimas de tantos años de violencia.<br />Colombia ha avanzado de forma contundente en la provisión de más y mejor seguridad en los últimos ocho años; como consecuencia de la aplicación de la política de seguridad democrática, se han reducido dramáticamente todos los indicadores de violencia. Por ejemplo, se estima una reducción del 45% en el número de homicidios entre 2002 y 2009, por su parte, se calcula que entre 2002 y 2009 disminuyeron las masacres en un 75%; mientras el secuestro se redujo en 93% para el mismo período, y los atentados terroristas en un 81%; e inclusive se registra una disminución de cerca del 60% en el número de personas que fueron expulsadas de sus territorios en 2002 frente a las cifras registradas en 2009.<br />No obstante, no podemos olvidar el horror soportado por millones de conciudadanos, a quienes los grupos al margen de la ley tanto la guerrilla como los paramilitares violaron sus derechos, en las áreas rurales y en algunas zonas marginadas de nuestras ciudades. La falta de presencia del Estado y el no monopolio del uso de las armas por parte de la Fuerza Pública, sumado al poder inmenso de los recursos del narcotráfico, generó un caos de violencia, al que la sociedad y los gobiernos dieron la espalda por años.<br />Fue bajo la administración del Presidente Uribe donde se buscó atacar las causas de la violencia, bajo la bandera de la seguridad democrática; pero también, en donde por primera vez se visibilizó a las víctimas, las cuales estuvieron en el centro de muchas de las políticas públicas, fue la Ley 975 de 2005 que privilegió el derecho a la verdad e introdujo la reparación por parte de los victimarios. <br />El gobierno ha acatado las decisiones de la Corte Constitucional y asumido con toda la responsabilidad la tarea de atender a los cientos de familias desplazadas por la violencia; muestra de ello es el esfuerzo presupuestal, mientras que en el año 2002, el gobierno asignaba 190 mil millones de pesos para atención a la población desplazada, este año se están ejecutando 1.5 billones entre todas las entidades gobierno. <br />El Gobierno Nacional ha invertido más de 10.4 billones para atender a la población desplazada, inversión que ha dado cuenta de importantes resultados. De acuerdo con la medición realizada este año, sobre el avance de los indicadores de Goce Efectivo de Derechos, se pudo evidenciar frente a 2008 un incremento de 4 puntos porcentuales en el indicador de identificación y acceso a educación respectivamente, mientras que la afiliación a salud aumentó 10 puntos porcentuales; así mismo se registran avances, aunque limitados ante las necesidades en vivienda, generación de ingresos y tierras. <br />Con respecto a otras víctimas de la violencia como los de minas antipersona, secuestros, masacres y atentados terroristas, fue este gobierno el que se avocó a pagar una deuda acumulada a estas víctimas establecidas en la Ley 418 de 1997 y con el Decreto 1290 de 2008 determinó la reparación administrativa de forma subsidiaria, al ver que las sentencias de la Ley de Justicia y Paz no avanzaban. <br />El gobierno evalúa hoy más de 330 solicitudes de reparación administrativa y a más de 65 mil parientes de víctimas de la violencia se les han hecho los pagos solidarios de la Ley 418 y reparaciones administrativas. Más de un billón de pesos pagados, una cifra nunca antes asignada a las víctimas de la violencia. De hecho, recursos adicionales han sido invertidos en reconstruir más de 164 municipios destruidos por atentados terroristas y se han apoyado a más de 39 mil familias afectadas por los mismos.<br />El gobierno redefinió la política de atención a la población desplazada e incluyó el componente de verdad, justicia y reparación. Para el desarrollo de esta política de atención integral y que se centra en el goce efectivo de sus derechos, se ha presentado un plan de inversiones estratégicas por valor de 33 billones de pesos en los próximos diez años. Si a ello se suma, los cerca de 7 billones de pesos estipulados en el programa de reparación administrativa, que salga del análisis de las 330 solicitudes de las otras víctimas de la violencia, el país estará destinando un total de 40 billones para un gran programa de reparación a todas las víctimas de la violencia hasta el año 2020 <br />El propósito de avanzar en la reparación de las víctimas en un escenario de violencia decreciente, pero con grupos armados ilegales aún vigentes, es uno de los mayores retos que enfrenta el país. Sí a esto se suma una serie de decisiones judiciales por indemnizaciones de perjuicios por sumas multimillonarias a los desplazados, como también fallos de reparaciones colectivas como el de Mampujan, que no dan cuenta de la capacidad operativa, institucional y fiscal; lo mismo que a todo tipo de demandas por secuestros, no va haber recursos que aguanten. <br />Sí la reparación continua con la ruta de la mercantilización y monetización será imposible para el Estado cumplir y la frustración generacional será enorme; ante lo cual vale la pena resaltar, que no hay ningún país en el mundo que haya dispuesto los recursos para atender a las víctimas como Colombia, pero no se puede correr el riesgo de que la política de reparación sea impracticable y solo de carácter indemnizatorio. <br />Se requiere de una política de reparación que mantenga un balance entre los derechos de las víctimas, pero también que de espacio para atender a otros grupos vulnerables de la sociedad, como la población pobre. Lo mismo que a la población que sigue siendo afectada por la violencia en las zonas donde mantienen presencia de grupos al margen de la ley. De otra forma, se generará más división, más odio y más insolidaridad con las víctimas. Debe ser balanceada para lograr restituir sus derechos pero que también estipule el asumir responsabilidades y definir límites, en particular para la población desplazada.<br />Se requiere que sea sostenible, las decisiones judiciales tienen que considerar la capacidad fiscal e institucional de la nación. Hay que avanzar en un proceso firme de reparación, pero progresivo para que no se lesione la estabilidad macroeconómica y le permita a las instituciones desarrollar capacidades institucionales innovadoras de justica transicional, como la planteada por el gobierno en la nueva política de restitución de tierras.<br />Finalmente, se requiere que la política de reparación sea práctica e integral, no solo enfocada en lo monetario. Se deben orientar los esfuerzos en acciones tangibles dentro de la oferta que ya tiene o puede desarrollar el gobierno para que la familia reconstruya su proyecto de vida. Sí las decisiones judiciales imponen programas imposibles de implementar o no se realizan ajustes adecuados para que toda la oferta social actual, contenga efectos reparadores; será muy difícil avanzar hacia una reparación integral, que por la magnitud del número de familias afectadas por la violencia, requiere ser ambiciosa, práctica y duradera.<br />Colombia ya tiene en su horizonte de mediano plazo los recursos dispuestos para reparar a las víctimas, debe ser esta una oportunidad para que en un marco de Unidad Nacional se avance en la consolidación de una política de reparación a las víctimas que sea balanceada, sostenible y efectiva.<br />