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UN RESCATE TOTAL.
Manfred Nolte
En apenas tres meses COVID19 ha irrumpido en nuestras vidas procurándonos
dos graves problemas simultáneos: el sanitario con el que agrede nuestra salud y,
de rechazo, el económico con el que destruye nuestro sistema productivo. A nivel
personal y a nivel de país. Hablamos de una insólita crisis médica que convive ya
con una grave crisis económica.
Sucede que la profundidad y duración de la segunda está en función de la
extensión de la primera. Vencer la pandemia se constituye en el objetivo número
uno no solo por la prioridad innegociable de la vida humana sino porque
condiciona directa y unívocamente la marcha actual y posterior recuperación de
la actividad económica.
En este contexto, los gobiernos de todo el planeta y en particular el de España, y
en su medida el de Euskadi, se mueven entre dos planteamientos que difieren en
la intensidad o en el grado. En ambos la derrota del virus se erige en la máxima
prioridad, pero la diferencia surge en el grado de confinamiento a que debe
someterse la población para lograr cuanto antes tal propósito. El aislamiento
social a su vez paraliza la producción y la demanda, por lo que ambos enfoques
tienen sus pros y sus contras. ¿Por qué modelo debemos pronunciarnos?
Las propuestas como las verdades no deben circunscribirse a un punto sino a un
intervalo. En dicho intervalo parece deseable que el confinamiento excluya a los
servicios esenciales y a aquellos que provean a los referidos servicios esenciales.
Perodebe cesarse cualquier actividad que siga implicando una cercanía personal
y por supuesto cualquier aglomeración, aunque sea transitoria. Todo aquello que
refuerzo el aislamiento, base probada del recorte de la pandemia, se constituye
en la primera prioridad. Analicen los responsables públicos con cautela las
empresas que aun mantienen su actividad.
Con la diferencia de grado señalada, el mayor o menor alcance del confinamiento
y en consecuencia la mayor o menor rapidez en la vuelta a una relativa actividad
económica, está produciendo estragos de gran calado tanto en la producción-
oferta como en la demanda de los agentes. Unos daños descomunales en el muy
corto plazo, que, no nos engañemos, se perpetuarán en un buen número de

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sectores. En estesentido, las medidas más radicales adoptadas por el ejecutivo de
Pedro Sánchez el día de ayer van en la buena línea en el plano sanitario
Aquí debe entrar, sin paliativos, la acción beligerante del estado. Formulemos
unas simulaciones que puedan darnos de forma aproximada las pautas de la
actuación del sector público.
Se cifra ya en más del 60% el porcentaje del sistema productivo en España que se
halla en cierre forzoso, cifra que aumentará con la radicalización del
confinamiento ayer adoptada. En euros de valor añadido -la caída de facturación
es muchísimo mayor- puede suponer del orden de 60.000 millones al mes, un
cinco por ciento del PIB anual. El doble en dos meses, el 10%, o sea 120.000
millones de euros de pérdida patrimonial. Son porcentajes que acaban de
registrarse en China o en Singapur, en tasa trimestral anualizada.
Como consecuencia del cierre de nuestros centros productivos, los perceptoresde
rentas dejarán de percibirlas. Muchos asalariados no cobrarán sus nóminas, que
suponen algo más del 50% de la renta nacional. Determinados rentistas recibirán
con retraso o nunca sus rentas o alquileres. Los empresarios perderán en dos
meses el beneficio de todo el año. Dejadas las cosas a su inercia, en un escenario
optimista, la caída del PIB será equivalente a 6 puntos porcentuales. En un
panorama menos risueño, la caída del PIB en 2020 podría oscilar entre el 7 y el
11%.
Ahora pasemos a la reacción gubernamental. ¿De verdad puede paliarse esta
crisis con avales para el endeudamiento bancario, con la mera demora en las
obligaciones fiscales, con un periodo de gracia en las cuotas de los préstamos
hipotecarios o cargando a las empresas el recién dictado permiso retribuido?
El deterioro patrimonial tanto de trabajadores como de empresas es de tal
envergadura que las pequeñas y medianas que sobrevivan no podrán devolver lo
prestado. No es un tema de liquidez, sino de patrimonio. La quiebra planea sobre
unos agentes económicos que carecen de toda culpa en el desarrollo de los
acontecimientos. Y no olvidemos el previsible impacto sobre el sector bancario.
La inevitable morosidad que surgirá de esta crisis sanitaria puede desencadenar
otra financiera, que deprimiría la economía durante muchos meses más.
Es el momento de la verdad. El de volcar ayudas directas -cash- a los perceptores
de rentas fallidas hasta el importe necesario. El coste será gigantesco y el límite
vendrá impuesto por el déficit público y el aumento de la deuda que está llamada
a financiar esta emergencia. El nuevo endeudamiento, tras las últimas decisiones
adoptadas por el Banco Central europeo, tendrá un coste cero. El déficit fiscal
puede situarse entre un 5 y un 10%, según la duración de la pandemia. Es aquí
cuando Bruselas debe mostrar su rostro equitativo y no objetar las medidas ni
lanzar después reproches a quienes las adoptan. Más aun: si Europa fuese lo que
pretendió ser, agruparía esfuerzos y acometería conjuntamente –a través de
Coronabonos, el MEDE u otro mecanismo mutualizador- lo que cada país tiene
que realizar de forma individual: un nuevo plan Marshall.
El orígen de esta crisis es totalmente nuevo y excepcional tiene que ser la
respuesta del gobierno. La política fiscal debe estar a la altura de la magnitud del

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shock. Lo que ahora haga el Estado será un test para medir su competencia y su
determinación.
La evaluacióndelos dañospuede verse detalladamenteenel siguiente
informe de BBVA Research: El Impacto Macroeconómico del Coronavirus y
de las Políticas de Estabilización en España . José E. Boscá / Rafael Doménech /
Javier Ferri. 27 de marzo de 2020.
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