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¿HASTA DONDE PUEDE RECUPERARSE EL EMPLEO?
Manfred Nolte
En repetidas ocasiones me ha sorprendido que nuestro país hermano, Portugal, tenga
una tasa de paro del 6,8%, situando a la economía en un estado cercano de lo que se
denomina paro friccional.
El pleno empleo es compatible con el llamado paro friccional, un proceso normal de
búsqueda de empleo por parte de trabajadores que abandonan puestos antiguos en
busca de nuevos, estudiantes o jóvenes que terminan sus estudios y quieren acceder al
primer empleo o despedidos que exploran otras oportunidades. Este tipo de paro está
relacionado con la eficiencia de los sistemas de información que faciliten el tránsito al
mercado de trabajo. El demandante valorará su ocio cesante en relación con los costes
en los que incurre y el salario que piensa obtener. El desempleo friccional, debido a que
es deliberado, puede ser el signo de una economía saludable.
La sorpresa da paso con posterioridad a la inquietud al comprobar que un país como
España, colindante con el de nuestros hermanos lusos, con un PIB per cápita y una mayor
productividad que los de ellos, duplique -12,9%- su tasa de desempleo. Y ello a pesar de
la proclamación del gobierno que tilda la evolución a la baja de nuestro porcentaje de
paro como excelente, y constitutiva de uno de los elementos que confieren a nuestra
trayectoria económica la deportiva velocidad de una moto.

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Pero si se analiza con detalle, la sorpresa no procede tanto del lado de la patria de Viriato
o del gran Sebastián I, ambos grandes héroes lusitanos, sino de la perversa posición de
la tasa de paro española en el ranking de países desarrollados.
Y es que hay algo en la genética de nuestra estructura productiva que nos confina a los
últimos lugares de la tabla del empleo de la OCDE, y en todo caso de la Unión Europea.
Esa propensión excesiva al paro queda reflejada en el periodo que discurre entre 1984 y
nuestros días. Quitando el boom de la construcción previo a la gran crisis de 2010, el
paro se ha situado en nuestro país en niveles superiores al 15% con máximos del 27% en
el primer trimestre de 2013. Lo que significa que nuestro desempleo es endémico y
persistente. Se trata de un paro estructural, que no responde a las variaciones cíclicas
cuando el PIB crece, desafiando de esa manera los postulados de OKUN referidas al paro
cíclico o coyuntural.
El desempleo estructural es un desempleo de larga duración que se produce debido a
cambios cualitativos en la economía.
El desempleo estructural se estudia asimismo en la literatura económica como un
porcentaje que no provoque aceleración de salarios o inflación (NAWRU, o NAIRU en sus
acrónimos ingleses, respectivamente) en condiciones de equilibrio de mercado. Bajo
estos supuestos la progresión de los salarios no iría nunca por encima de las variaciones
de la productividad laboral. También se identifica con una tasa ‘natural’ de desempleo.
Pero no es tema que nos ataña y se refiere a países con menor nivel de desempleo.
La seria restricción que afecta a nuestra economía ha sido analizada por Instituciones
Internacionales como la Comisión europea o el Fondo Monetario internacional. También
por Institutos de investigación y centros de estudios cualificados de nuestro país. Con
ligeras divergencias todos ellos concluyen en que la capacidad de reducción de nuestros

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porcentajes de paro actuales es muy escasa y que el sueño del pleno empleo, el del 8%
recientemente preconizado por la Sra. Calviño, es eso: un sueño de imposible
cumplimiento.
¿Cuáles son las principales causas de nuestro déficit estructural de ocupación?
En primer lugar, la España de las subvenciones. Las subvenciones, aunque se han
distribuido mal porque no han sido selectivas, han auxiliado al país a salir de las dos
graves crisis surgidas desde 2019. Pero las subvenciones son un poderoso anestésico que
ablanda la competitividad de los factores y demora sine die la adopción de las necesarias
reformas estructurales. En no pocos casos la subvención estimula el llamado riesgo
moral, que desalienta la búsqueda activa de trabajo. Este lamento es particularmente
habitual en el sector de la hostelería.
Nuestro déficit hoy es del 4,8% del PIB y la deuda pública está en un 113% del PIB. Desde
2019 cuando el déficit estaba en el 2,9% del PIB se ha disparado el gasto en un 5,5% del
PIB, la gran mayoría en gasto social. Se trata de la financiación de los macro
tranquilizantes sociales. Pero hay un matiz importante: nuestro mayor gasto en rúbricas
como pensiones, desempleo, dependencia y otros de naturaleza social, junto a uno
menor en epígrafes como la educación o la inversión pública es poco productivo. Existe
un consenso de que menores dotaciones a inversión y educación se asocian, a medio
plazo, con tasas inferiores de productividad de la economía. El cierre en falso de las
pensiones es singular. La Ley 21/2021, al facultar el traspaso de determinados gastos
contributivos de las pensiones al Estado, -una flagrante subvención- hace que el déficit
de la Seguridad Social haya dejado de ser un indicador fiable de su situación financiera,
agregando presión a nuestro déficit. La AIReF ha sido muy crítica con las subvenciones,
destacando la ausencia de vinculación entre políticas, planes sectoriales, programación
presupuestaria y planificación estratégica de las mismas.
En segundo término, nuestra famélica productividad laboral. Cuya raíz es el mediocre
nivel de capacidades de amplias capas de trabajadores. El sistema educativo español es
pobre, no es lo suficientemente atractivo para evitar que un alto número de estudiantes
abandone las aulas, y no se ajusta a las necesidades de la producción. Las tasas de
abandono escolar a nivel nacional se encuentran entre las más altas de la Unión
Europea, cercanas al 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años. Dos tercios de los
parados españoles no tienen formación universitaria ni de FP. Tampoco existe una
suficiente oferta de programas de formación profesional para prepararlos para el
trabajo. Como ha ironizado Francisco Belill ‘la oferta y la demanda, cuando cuadran es
por casualidad.’ Lo anterior conduce a un descuadre severo porque, aunque las
patronales advierten de la existencia de un amplio número de puestos de trabajo
disponibles, se produce un desajuste entre lo que necesitan las empresas y lo que
ofrecen los trabajadores en paro. En el caso de España varios centenares de miles que
no encuentran encaje en la nueva economía digital, ecológica y de transformación
social. Pero que tampoco acceden a sectores demandantes netos como la hostelería, el
agro o el comercio.

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Circula, finalmente, entre nosotros la sospecha de movimientos cíclicos de traslado de
empleo precario a la economía sumergida. Así lo denunció en su momento el que fue
acreditado secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. Resulta
complicado tanto el probarlo como el desmentirlo de forma tajante, pero sería
conveniente convocar la urgente fiscalización del asunto.
Una solución sostenible de nuestro paro estructural requerirá una racionalización de las
subvenciones y un enfoque radicalmente diferente de la educación y la formación. Dicha
reforma debe preparar el futuro de la oferta laboral de dos maneras. En primer lugar, la
capacitación y la educación para cada experiencia específica prevista de la fuerza de
trabajo debe ser anticipada y puntual, esto es, antes de que la necesidad de mano de
obra se vuelva crítica. En segundo lugar, la educación y la formación deben desarrollar
en las personas la motivación y las capacidades del aprendizaje requerido.
Como todos los temas estructurales, la solución a este problema no es de corto plazo.