‘España fallida’, -en afirmativo y sin signos de interrogación-, es el título del libro que acaba de publicar John de Zulueta. Por subtítulo lleva: ‘cómo el fracaso de las elites nos ha convertido en un país irrelevante’.

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¿ESPAÑA FALLIDA?
Manfred Nolte
‘España fallida’, -en afirmativo y sin signos de interrogación-, es el título del libro
que acaba de publicar John de Zulueta. Por subtitulo lleva: ‘cómo el fracaso de las
elites nos ha convertido en un país irrelevante’. Subrayo lo de ‘sin signos de
interrogación’ porque mi columna sí los lleva. Conviene concederse en cualquier
caso el beneficio de la duda.
Se trata en ‘España fallida’ de un apasionado alegato pronunciado a vuelapluma
por un norteamericano que, habiendo tenido una relevante responsabilidad en
altos cargos de la gestión española desde su llegada a España en 1980, observa
con impaciencia los despechos de unos políticos poco proclives al empresariado,
lo que incide, como suele ser habitual, en mediocres resultados económicos en el
país. Resulta recomendable su lectura para sacudir el conformismo de quienes
callan ante la tibieza del país y se instalan en el triste confort del anonimato,
repitiendo el detestable mantra hispánico: ¡da igual! Pero nada da igual. Ya
Ortega aclaró que ‘estar en forma es que no te de lo mismo una cosa que otra’.
Si Juan de la Cruz escribía en voz baja, John de Zulueta clama en el desierto y
como Miguel de Unamuno, escribe en voz alta y clara, épico y patriótico, aunque
tenga pasaporte yanqui. Tan alto y claro, que necesariamente sus palabras no

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despertarán en lectores y personajes aludidos sino aplausos cerrados o críticas
feroces. Este repaso en formato de epopeya de lo que está sucediendo en la
vapuleada piel del toro, no dejará indiferente a nadie y levantará ampollas en
muchos. De él me distanciará, seguramente, el tono general de las proposiciones,
menos, quizá, que el contenido de las mismas.
John de Zulueta Greenebaum (Cambridge, Massachussets, 1947), tiene un
notable pedigrí político. Es nieto de Luis de Zulueta, ministro de Estado y
embajador en el gobierno de Manuel Azaña y sobrino nieto de Julián Besteiro,
dirigente socialista y presidente de la Cortes durante la Segunda República. El
primero, exilado en Nueva York, vivió en casa de sus padres donde murió en 1964.
El segundo falleció en la cárcel de Carmona en 1940 donde cumplía condena.
Zulueta es además licenciado en Historia por la Universidad de Stanford y MBA
por la Universidad de Columbia. Aunque ha tenido otros cargos muy destacados
en el tejido empresarial español, será particularmente recordado como
presidente del Círculo de Empresarios de 2018 a 2021, el gran contrapoder del
gobierno junto a CEOE y Cámara de Comercio de España, y con mayor
independencia que estos dos últimos, al no disfrutar de financiación pública. No
estamos, en consecuencia, ante un pasquín de izquierdas sobre guerrillas
callejeras, sino ante un debate sobre los grandes temas de la nación.
Zulueta comienza por denunciar que la mayoría de los emprendedores españoles
que conoce califican al actual gobierno de ‘peronismo light’, ‘el peor de la
democracia’, y látigo de los empresarios, que, a la postre, son considerados una
banda de sanguijuelas que fuman puros mientras repasan los extractos de sus
cuentas corrientes a la hora del desayuno.
Puede que sea verdad y ello sería muy grave. Pero a otros muchos nos escandaliza
aún más si cabe el desvarío de su ideario, su trueque reiterado de opinión y el
haber aupado al gobierno de la nación a quienes proclaman su troceo y por tanto
su destrucción, cambiando cuanto se ponga al paso, incluso las leyes penales.
Todo es posible en la Moncloa, donde a su morador le vale cualquier puesto en
unas elecciones, si después le cuadra la suma en la sopa de siglas, aunque sea un
potaje de sabores indescifrables.
El telón de fondo de la política reciente dibuja uno de los programas políticos más
dañinos de Zapatero y del ejecutivo actual, el programa de memoria histórica (Ley
de memoria democrática), que solo ha servido para hacer tambalear la seguridad
jurídica y abrir nuevas heridas entre los seguidores de la derecha y de la izquierda.
Como advierte el antiguo dirigente del Partido Liberal de Canadá Michael
Ignatieff: “para que las democracias funcionen los políticos tienen que respetar
las diferencias entre un enemigo y un adversario. Un adversario es alguien al que
quieres derrotar. Un enemigo es alguien al que quieres destruir.” Últimamente
España está profundamente dividida y cada vez surgen más enemigos en política,
incluso a nivel de calle.
El segundo ingrediente del desencanto de los empresarios es de orden
institucional. Una reciente encuesta del círculo de empresarios arrojó los
siguientes resultados: “los principales obstáculos a la competitividad en España
los lidera la carga regulatoria (77,5%), la calidad institucional (73,5%) y la
seguridad jurídica (72,6%)”. Y la acusación más grave contra la administración es

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que “el 95% de los encuestados consideran ineficiente el uso de los recursos
públicos en España.” Como epílogo resuenan amenazadoras las palabras de Ion
Juaristi: “estamos en un momento crítico: si Sánchez vuelve a ganar será el final
del sistema constitucional.”
Pero pasemos a lo económico.
Comparto con tristeza el diagnóstico de Zulueta sobre la irrelevante
representación económica del país. Figuramos en la zona irrelevante de las
clasificaciones económicas mundiales más significativas, en los puestos 25 o
inferiores, con algunas excepciones. Nuestro lugar natural -con esfuerzos- es la
Europa league y nos hallamos aun muy lejos de poder disputar partidos en la
Champions, la competición de los excelentes. En términos económicos, se
entiende, sin que haya lugar a chirigotas. Ningún atisbo de potencia mundial.
-Índice de competitividad global, (IGC, World Economic Forum), puesto 23.
-Índice de competitividad digital, (Centro de Competitividad Mundial de IMD),
puesto 28.
- Índice ‘Doing business’, (Banco Mundial), puesto 31.
- Índice de libertad Económica, (Hermitage Foundation), puesto 47.
- ‘Business Friendly’, (Banco Mundial), puesto 28.
-Índice de desarrollo humano, (PNUD, Naciones Unidas), puesto 27.
-Índice de percepción de la corrupción, (Transparencia Internacional), puesto 35.
-Índice mundial de fragilidad, (Fund for Peace), 149.
-Índice de Miseria, Índice Okun, (Cato Institute), puesto 1.
- Índice mundial de Innovación, (WIPO), puesto 29.
Varias y conocidas son las razones que nos empujan hacia los lugares grises de
los rankings internacionales. Citemos tres, extraordinariamente relevantes.
Para empezar, el sistema educativo español es pobre, no es lo suficientemente
atractivo para evitar que un alto número de estudiantes abandone las aulas, y no
se ajusta a las necesidades de la producción. No existe una suficiente oferta de
programas de formación profesional para prepararlos para el trabajo. Como ha
dicho Francisco Belill ‘la oferta y la demanda, cuando cuadran es por casualidad.’
En segundo término, nuestra productividad famélica. Parte del problema es que,
en un país con gran peso en los servicios de escaso valor añadido, carecemos de
suficientes corporaciones multinacionales. El 94,6% de las empresas españolas
tiene de media dos empleados y el 60% no alcanza los 5 años de vida. Según
Cepyme ello se debe a que “la empresa se ve como un actor al que hay que

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controlar. Se fiscaliza a la empresa partiendo de un principio de culpabilidad que
es falso”. Pero el tamaño es importante. Ello se debe a que las grandes empresas
tienen economías de escala con capacidad para producir más a un menor coste.
Una empresa con economías de escala invierte más fondos en I+D y en la
formación continua y es más competitiva en una economía cada vez más
globalizada. Obtiene mejores condiciones de financiación que las pequeñas y está
en ventaja sobre estas para atraer el talento laboral.
En tercer lugar, está la España de las subvenciones. Las subvenciones de Sánchez,
aunque se han distribuido mal porque no han sido selectivas, han auxiliado al
país a salir de las dos graves crisis surgidas desde 2019. Pero las subvenciones son
un poderoso anestésico que, a la larga, impiden acometer las necesarias reformas
estructurales. Nuestro déficit hoy es del 4,8% del PIB y la deuda pública está en
un 113% del PIB. Desde 2019 cuando el déficit estaba en el 2,9% del PIB se ha
disparado el gasto en un 5,5% del PIB, la gran mayoría en gasto social. Ahora
Bruselas nos conmina a recortarlo y Sánchez promete hacerlo en un año. ¿Es esto
creíble? Hay un matiz adicional: nuestro mayor gasto en rúbricas como
pensiones, desempleo, dependencia y otros de naturaleza social, junto a uno
menor en epígrafes como la educación o la inversión pública es poco productivo.
Existe un consenso de que menores dotaciones a inversión y educación se
asocian, a medio plazo, con tasas inferiores de crecimiento potencial de la
economía. Del cierre en falso de las pensiones no vamos a hablar. Estamos, como
ha notado el Profesor Maldonado, “ante un episodio de superación del Estado
por la política” constitutiva de una clara injusticia intergeneracional. Además,
la Ley 21/2021, al facultar el traspaso de ciertos gastos contributivos al Estado,
hace que el déficit de la Seguridad Social haya dejado de ser un indicador fiable
de su situación financiera. Con las proyecciones del último ‘Ageing Report’ y las
estimaciones de FEDEA sobre los efectos incrementales de la reciente reforma de
José Luis Escrivá, el gasto total en pensiones públicas alcanzará en 2050 el 17,8%
del PIB donde las previsiones del gobierno dicen el 13%.
¿España fallida? No necesariamente. Como señala Jesús Cacho, ahí está el
ejemplo de Irlanda, un país sin recursos naturales, cuya renta per cápita alcanzó
los 98.260 euros en 2022, frente a los 27.870 españoles, menos de la tercera
parte, no obstante haber registrado niveles similares de renta por habitante en
los años noventa. Ningún milagro. Simplemente buena gestión.
Resumiendo: España fallida es una bofetada a la conciencia colectiva. Que sea
para bien.