Pronunciamiento del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe en relación a la Interrupción Legal del Embarazo.

1. Pronunciamiento a favor de la garantía de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres
Desde el Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe 1era
circunscripción, nos pronunciamos sobre la necesidad de “sostener la defensa,
reivindicación y promoción efectiva de los Derechos humanos y sociales” 1
.
En los últimos años, nuestro país comenzó un proceso histórico-político de ampliación
de derechos. En este contexto, la reivindicación y legitimación de demandas en
materia de salud integral de las mujeres y derechos de genero del colectivo LGBTIQ
(lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersex y queer),
permiten avanzar en la construcción de nuevos paradigmas de igualdad y diversidad,
con el objetivo de interpelar las estructuras de poder patriarcal, erradicar las
violencias, las inequidades y desigualdades de género existentes en todas las
dimensiones de la sociedad.
Es por ello que en este escenario, se torna indispensable y necesario reconocer el
potencial emancipador de las intervenciones profesionales, en el marco de estatalidad
que posibilitan las políticas públicas. Considerando que, como Trabajadorxs Sociales
tenemos la responsabilidad ética y el imperativo de garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres, entre ellos el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.
La legislación nacional a través del Código Penal y la ratificación de la Corte Suprema
mediante el caso F.A.L., legitimaron los Protocolos de Interrupción Legal del Embarazo
tanto a nivel nacional como provincial, desde el año 2012. En este sentido, la provincia
de Santa Fe desde los niveles y sectores de implementación de políticas públicas
constituye ámbitos no solo de inserción laboral sino también de acceso a derechos
estipulados mediante normativas que deben traducirse en servicios públicos en los
distintos efectores de salud.
Consecuentemente, los trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos la obligación
como funcionarios públicos, de garantizar el ejercicio del derecho al aborto legal,
seguro y gratuito cuando este ponga en riesgo la vida y la salud de la mujer o cuando
sea producto de una violación.
“La decisión de la persona gestante es incuestionable y no debe ser sometida por parte
de lxs profesionales a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o
religiosas”.
1
Ley 27072 de Ejercicio Profesional de Trabajo Social. 2014