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La participación ciudadana en México llegó a una nueva etapa de crisis. Las instituciones han
perdido toda validez ante los ojos de las mayorías, la corrupción ha escalado en todas las esferas de
la política mexicana desde el ciudadano común hasta los más altos funcionarios. Los escándalos de
corrupción se han vuelto cosa de todos los días, “la casa blanca”, “los mirreyes”, “ el tren a
Queretaro”. Todos estos han sido casos de corrupción en ultimas fechas.
La ciudadanía parece estar ya en franco hartazgo con la clase dirigente política y los muchos
casos de corrupción que hemos tenido en los últimos años. Además nuestros dirigentes han llamado
“cuestión social” la corrupción la han vuelto un tema social y por tanto inherente a todos los
habitantes de nuestro país.
El hartazgo no es nuevo y viene reflejándose desde años anteriores a través del voto, el voto
nulo se ha vuelto un factor que ha dado sus frutos en las más recientes elecciones pues la ciudadanía
al demostrar el hartazgo dio medios de entrada política a la representación popular por parte de
ciudadanos independientes a los partidos políticos. Este es sin duda uno de los fenómenos más
interesantes. Pues ya el camino a la representación no es poseído únicamente por los partidos
políticos puesto que candidatos sin ese tipo de ataduras ocuparán curules en el siguiente período.
Estamos buscando instituciones duraderas y personas comprometidas para nuestra representación.
Uno de los fenomenos historicos sociales que es la desconfianza por parte de los mexicanos
nos ha trastocado los asuntos públicos. La frase de :”Todos son iguales” es común y parece un
argumento que dé respaldo al desinteres de nuestros ciudadanos por la vida pública.
Introducción:
Cuando en noviembre del 2011 el entonces diputado federal David Ricardo Sánchez Guevara
promovió una iniciativa para hacer obligatorio el voto electoral en México (1), lo único que logró
fue evidenciar la desesperación de los políticos por la baja asistencia de votantes a las urnas. Con su
acción hizo más evidente lo que ya se sabía: La participación ciudadana venía en picada, como lo
demuestra el hecho de que la pasividad de la gente fuera más allá de su ausencia en manifestaciones
sobre problemas sociales que bien se podrían catalogar de cotidianos, llegando a afectar hasta la
expresión máxima de la práctica democrática, como lo es el derecho a emitir un sufragio. Dicho de
otra manera: si la gente se estaba absteniendo hasta de votar, cómo podría esperarse su participación
activa en otros asuntos comunitarios.
Eso ya era grave; tanto así que hubo de surgir la ocurrencia de copiar modelos como el de
Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, donde se hace efectivo el voto obligatorio con sanciones. De
hecho, en México también el voto se considera una obligación en los términos del numeral uno del
artículo cuatro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que
inicia apuntando que “votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación…”(2), pero ya
en el establecimiento de las sanciones no refiere directamente que la abstención amerite
penalización alguna (3).
De ahí que el entonces legislador priista (hoy presidente municipal de Naucalpan de Juárez)
propusiera reformar los artículos 345 y 354 del Cofipe, para que los ciudadanos que no ejercieran su
derecho al sufragio recibieran una amonestación pública y sanciones de hasta seis días de salario
mínimo general vigente en la República Mexicana.
Dejando de lado lo cuestionable de pretender forzar el ejercicio de los derechos (que
precisamente por ello perderían su condición de prerrogativa), cabe apuntar que, ciertamente, la
preocupación de quienes pensaban como Sánchez Guevara no era para menos, ante el riesgo de que
el abstencionismo sobrepasara el 50 por ciento del padrón electoral y colocara al país en una de las
condiciones de vulnerabilidad que caracteriza a los llamados “Estados fallidos”: La erosión de la
autoridad para la toma de decisiones, producto de la deslegitimización de los gobiernos ante la poca
población por la que fueron elegidos.
En el 2012 se cernía tal amenaza en las elecciones federales en que se elegiría presidente de
la República, lo cual finalmente no ocurrió, al registrarse un repunte con el voto de 63.33 por ciento
de los electores posibles (50 millones 323,153 de un padrón de 79.4 millones), el cual si bien sigue
siendo bajo, no se compara con el 58.55 por ciento hasta el cual se había descendido en el año 2009,
luego de una participación de 63.97 por ciento en el 2000 y de 77.16 por ciento en 1994.
Peor aún la situación en el caso de las elecciones intermedias, pues si bien el abstencionismo
en comicios presidenciales ha llegado hasta 41 por ciento, en los procesos donde sólo se eligen
diputados federales ha sido de hasta 55 por ciento. El dato resulta revelador en cuanto es
precisamente la figura del diputado, una de las que de menor confianza ciudadana goza –como se
verá más adelante–.
De hecho los datos que se arrojan de las últimas elecciones son los siguientes:
l48 387 casillas de las 148 mil 836 que estaban previstas
Se elegieron 1,996 cargos de elección popular, estos son:
• 500 Diputados Federales(300 de los cuales se eligen por votación directa, mientras que los otros
200 se eligen bajo el principio de representación proporcional) • 9 Goberandores • 871 alcaldes •
600 Diputados Locales • 16 jefes de las delegaciones del Distrito Federal
3 millones de jóvenes en el país votaron por primera vez
87 millones de boletas electorales impresas
presupuesto del ine:
83 millones 563 190 mexicanos están aptos para votar en las elecciones 2015, de los cuales
40,219,635 son hombres y representa el 48% de la lista nominal y 43,343,555 sin mujeres y
representa el 52%
Hubo un 47% de abstencionismo en estas últimas elecciones.
Desconfianza:
Ante esta impactante realidad, la finalmente frustrada iniciativa del diputado Sánchez Guevara se
arrogaba la facultad de castigar el no ejercicio de una prerrogativa, sin considerar que el origen de la
ausencia de electores en las urnas era la pérdida de credibilidad de los ciudadanos hacia sus
instituciones políticas y los organismos partidistas.
Un indicativo del grado en que la desconfianza afecta la participación ciudadana, lo aporta –
retomando el caso de los procesos electorales– el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados, que en su análisis titulado Abstencionismo y cultura política en México
afirma que como causa del abstencionismo “… la pobreza y la marginación no parecen tener mayor
influencia. Los factores que explican en mayor medida el abstencionismo son una combinación de
escolaridad alta e ingresos medios; una mala evaluación del gobierno; desconfianza y escasa
representación atribuida a los partidos; y el predomino de una visión delegativa de la democracia,
que implica dejar a las autoridades toda la responsabilidad de los problemas”(4).
Y agrega el mismo estudio: “En las elecciones de 2009 los mayores niveles de
abstencionismo se encontraron entre los hombres, jóvenes y habitantes de zonas urbanas. Se trató de
los electores entre 20 y 39 años de edad y los de más de 80 años; hombres, particularmente en el
rango de 20 a 39 años; y población urbana de 20 a 39 años y de más de 80 años”.
Pero esta tesis de la desconfianza como causa de la baja participación ciudadana, alcanza
más sustento al revisar algunos resultados que sobre la confianza que los mexicanos sienten por sus
instituciones, arrojó una encuesta realizada en el 2012 por Consulta Mitofsky:
Los diputados tienen el grado de confianza más bajo entre los ciudadanos, con 5.9, al igual
que la policía; arriba, con 6 puntos, sindicatos, senadores y partidos políticos. En la media de la
tabla aparecen la presidencia de la República con 6.6, los bancos y el Instituto Federal Electoral con
6.7, los empresarios con 6.8, y la Suprema Corte de Justicia con 6.9. En la credibilidad alta están los
medios de comunicación con 7.2, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ejército con
7.5, la Iglesia con 7.6 y a la cabeza del grupo las universidades con 7.8 (5).
Destaca entre estos resultados el hecho de que en el 2012 los diputados ocuparon la última
posición en confianza por cuarto año consecutivo. Pero más preocupante todavía es ver que de 15
instituciones calificadas, 13 de ellas han registrado variación a la baja entre los años 2008 y 2012,
incluyendo a las de más alta confiabilidad como la Iglesia, que bajó cuatro puntos, el Ejército y el
IFE con tres puntos menos en cuatro años, y curiosamente los que han ganado un poco de terreno
son los partidos políticos y los diputados, que en los mismos cuatro años avanzaron en promedio
tres y dos puntos, respectivamente (ello muy probablemente motivado por el año electoral del 2012,
donde a través de la propaganda se tiende a ganar un poco de confianza).
Las desventajas de la Democracia
"Los decretos del pueblo - escribió Aristóteles - son como los mandatos del tirano", porque pasan
siempre por encima de las leyes válidas para todos los ciudadanos.
Eso es culpa de los demagogos, agregaba, que resuelven los asuntos públicos con el apoyo de "una
multitud que les obedece".
3 Pero mucho tiempo después, en 1795, Kant repitió casi exactamente las mismas palabras: "
la democracia - escribió - es necesariamente un despotismo", porque las multitudes no están
calificadas para gobernar con la razón sino con sus impulsos. Y todavía en el primer tercio de
nuestro siglo,
Ortega y Gasset se seguía quejando de la "rebelión de las masas" como un mal signo para el futuro.
Y es que realmente han sido varios siglos para que se llegara a la masificación de la democracia. Si
vemos un poco en la historia nos daremos cuenta que jamás como en nuestra época la ciudadania
tuvo más poder e influencia en su vida politica. Sin embargo los datos revelan que no nos han
llevado a grandes resultados y la apatía ya es rayante en la insolencia. La mayoría de los ciudadanos
jamás han estado en una organización civil o fundación.
La apatia va mucho más allá de solo no creer en las instituciones que es ya de por sí preocupante
sino que incluso desconfian de sus conciudadanos y de ellos mismos , como queda claro en algunos
datos de la quinta edición de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas
(ENCUP), correspondiente al año 2012, los cuales a continuación se reseñan (6):
Sólo 45.65 por ciento de los encuestados creen que los ciudadanos influyen mucho en la
vida política de México, y el 15.15 por ciento consideran que no influyen en nada. En cuanto a la
influencia de las organizaciones ciudadanas, 41.58 cree que influyen bastante, y 13.44 dicen que su
influencia es nula. En contraste, la gente percibe que influyen mucho más el presidente de la
República, los partidos políticos, los sindicatos y hasta las grandes empresas, con porcentajes de
respuesta del 70.74, 71.24, 52.80 y 63.46, respectivamente.
En la ENCUP también se dibuja a la perfección la apatía ciudadana, con los siguientes datos:
56.61 dice estar poco interesado en los problemas de la comunidad.
79.45 por ciento nunca ha participado en manifestaciones a favor o en contra de cualquier causa
66.90 nunca ha participado en alguna actividad en beneficio de la comunidad.
87.93 no ha sido miembro de una organización estudiantil.
77.65 no pertenece a una asociación de padres de familia.
93.52 no está agremiado a algún sindicato.
92.42 no es miembro de un partido político.
88.12 no pertenece a alguna organización de ciudadanos.
La misma indolencia participativa aparece hasta en las más básicas formas de organización, como
son las agrupaciones deportivas, a las que jamás ha pertenecido el 86.58 por ciento de los
encuestados; y en el caso del activismo, es contundente el dato de que ni siquiera por Internet se
anima la gente a participar en alguna causa social, pues según la ENCUP 92.14 por ciento jamás ha
intentado enviar mensajes relativos a la causa en cuestión por las redes sociales, y 88.17 dice no
estar dispuesto a usar su computadora para tal fin.
SUSTENTO DE LA PROPUESTA.-
A menos que me interese:
A estas alturas puede quedar bien entendido que una de las principales razones de la baja
participación ciudadana es la desconfianza hacia las instituciones y organismos, pero sin duda es
igualmente provocada por factores agregados como la inseguridad pública y una época generacional
donde la mayoría de los derechos fundamentales ya se han conquistado, y a las actuales
generaciones les queda sólo el deber de conservarlos, lo cual no es menor –sino todo lo contrario–
pero evidentemente no se percibe así por la gran parte de las personas.
No es errado pensar que en la actualidad la gente participa o emprende acciones sociales
sólo cuando se ve directamente afectada. Para asentar tal dicho, vale reproducir unos cuantos
párrafos del ensayo Entre leyes e indolencias, la participación ciudadana (coautoría del firmante de
este mismo texto), insertado en el libro Hacia una participación ciudadana, que publicó la Unidad
Regional Sur de la Universidad de Sonora con motivo de sus VIII Jornadas Gubernamentales: “La
solidaridad para con ciertos grupos lastimados por algún suceso es sólo pasajera; se diluye como, de
hecho, en los periódicos se van perdiendo en páginas interiores las noticias que alguna vez fueron
de primera plana.
Comprueba la tesis un suceso lamentable: la desgracia de la Guardería ABC, en Hermosillo,
convocó en una marcha a 20 mil personas francamente horrorizadas – quién no, ante la muerte de
decenas de niños–; un año después, en una segunda marcha participaron 12 mil, que siguen siendo
un mundo de gente… con ocho mil menos. “Esto no debe asustar a nadie; es la naturaleza humana.
En realidad son muy pocos los que deciden por conciencia involucrarse en luchas sociales; más bien
lo hacen cuando –hay que subrayarlo– son directamente perjudicados. Si no, pensemos: ¿En qué
momento decidieron convertirse en activistas sociales personajes como la señora Isabel Miranda de
Wallace (presidenta de la asociación “Alto al secuestro” y ex candidata panista a la jefatura de
gobierno del Distrito Federal), o el señor Alejandro Martí (presidente de “México SOS” y creador
de la “Fundación Fernando Martí” para apoyar iniciativas contra la impunidad), o el poeta Javier
Sicilia (que convocó a una enorme marcha de protesta de tres días y que ha manifestado “tenemos
un dolor inmenso, una sed de justicia inmensa”); cuándo, pues, saltaron a la palestra de los
luchadores?: ¡cuando asesinaron a sus hijos!, o sea cuando los dañaron directamente. Y con esto no
pretendemos minimizar su aflicción ni la de nadie, sino soportar nuestro dicho, y ellos son tres
ejemplos” (7).
En cuanto a la inseguridad y violencia desatada por el crimen organizado en las calles del país, bien
puede concluirse que definitivamente ha mermado el ánimo participativo de los mexicanos, y a
partir de ello no sería errado pensar que si bien hasta hace poco las personas concebían la libertad
como su derecho a participar y manifestarse, ahora muchos la conceptualizan como el derecho a que
los dejen en paz y se respete su privacidad, sin querer saber más de otras cuestiones.
Tal afirmación se asienta con hechos en el ya citado ensayo Entre leyes e indolencias, la
participación ciudadana, del que vale traer a colación otros párrafos: “En junio del 2011 se dio a
conocer que el año anterior la tasa de rechazo de los mexicanos a responder encuestas y sondeos fue
del 42.9 por ciento, con la región centro del país con índice de 55 por ciento, el más alto, en tanto
que el más bajo se daba en la zona noroeste –Sonora incluido– con 30 por ciento, con rango de 53
por ciento en el nivel socioeconómico más alto, y del 35 por ciento en el segmento menos
favorecido. Por supuesto, los profesionales de este tipo de estudios adjudican esta situación a las
condiciones de tensión social, sin descartar, claro, el hartazgo de las personas ante la proliferación
de las encuestas.
“En este punto el riesgo arropa también a los encuestadores, como lo señaló en mayo pasado
(2012) Eduardo Sojo, presidente del INEGI, quien reveló que los encuestadores de ese organismo
han sufrido hasta secuestros en estados como Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. Durante la primera
„Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y
Justicia”, realizada en Aguascalientes, señaló que no se tienen pérdidas humanas, pero que aun así
es preocupante que les toque estar en medio de balaceras y levantones.
“El otro factor que revela el miedo de la gente lo podemos sostener en una investigación
conjunta del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede) y del Centro de
Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresa (Ipade), auspiciada por la PRIMER CONCURSO ESTATAL SOBRE ENSAYO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 37 Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos
(USAID). Ahí se afirma que, ante la delincuencia y el clima de violencia, 61 por ciento de los
mexicanos han optado por mejor no salir de sus casas en la noche, con niveles altísimos del 76 por
ciento en Chihuahua, del 70 en Nuevo León, del 67 en Guerrero, Jalisco y Michoacán, del 67 en el
Estado de México y 51 por ciento en el Distrito Federal”.
Sin cultura Cívica:
Las anteriormente descritas son razones de verdadero peso para entender el porqué de una escasa
participación ciudadana en los asuntos públicos, pero falta quizá comprender el porqué de esas
razones, es decir ¿de dónde surge la desconfianza hacia las instituciones y a la misma gente, el
miedo a manifestarse o el desgano a emprender nuevas luchas sociales?
La razón más sólida que puede expresarse es la falta de una conciencia cívica generalizada,
que en los últimos tiempos se ha acentuado de tal manera que presenta indicadores muy similares a
los que se tenían hace 50 años; y para muestra un solo dato contenido en el documento La Cultura
Cívica (The Civic Culture), de Gabriel Almond y Sidney Verba, publicado en el año de 1963, que
mediante una encuesta aplicada con técnicas de medición para estudiar actitudes y valores
ciudadanos, se realizó entre 1959 y 1960 en cinco países, siendo estos Estados Unidos, el Reino
Unido, Italia, Alemania y México.
Aquí el dato: En la tabla Confianza y desconfianza social por naciones se apunta que 78 por
ciento de los mexicanos está de acuerdo con la idea de que “nadie se preocupará mucho de lo que le
suceda a usted si cae en desgracia”, contra sólo 38 por ciento de los estadounidenses y 45 por ciento
de los británicos que estaban de acuerdo con esa percepción. Asimismo, 94 por ciento de los
mexicanos estaba de acuerdo en que “si no tiene cuidado, la gente se aprovechará de usted”(8).
Es de notarse que ambos reactivos guardan una estrecha coincidencia con los dos que en
similar sentido contiene la ENCUP 2012 –que en este mismo texto ya reseñamos–, correspondiendo
a la primera pregunta un porcentaje de 72.47 y a la segunda un 85 por ciento. Es decir, 50 años
después estamos igual y los mexicanos seguimos desconfiando de todo.
Pero es menester volver a la importancia de la convicción cívica para abatir esa actitud
desconfiada y temerosa que campea entre muchos de los ciudadanos, lo cual debe redundar en una
efectiva participación ciudadana incluso en los aparentemente pequeños asuntos, como el
planteamiento de opiniones, la aportación de ideas y la expresión a favor o en contra de ciertos
sucesos.
De ello, de la trascendencia del civismo, no cabe lugar a dudas, y más bien queda
reflexionar en cuándo y cómo fue que fuimos perdiendo ese valor. Sólo a partir de ello será posible
hacer un planteamiento viable para recuperarlo.
Civismo, la materia borrada:
Trascendental para la formación de niños y jóvenes, la materia cívica impartida en las aulas ha
vivido, no obstante, un accidentado devenir en la historia de México, con tintes que bien pueden
considerarse dramáticos en dos períodos presidenciales: el de Luis Echeverría Álvarez y el de
Vicente Fox Quezada.
Pero, como decimos, desde antes se sucedían los bandazos de la materia cívica, como
ocurrió en los tiempos de Jaime Torres Bodet, quien en su primer período como secretario de
Educación dotó al civismo de categoría académica en los grados de primaria y secundaria, pero fue
el mismo gran alfabetizador e impulsor de la educación mexicana quien desapareció la materia en
1959, ya durante su segundo período como secretario de Educación.
Luego se recuperaría la asignatura, aunque sin sobrepasar sus alcances de enseñanza sobre
normas de urbanidad y fomento de la disciplina escolar, con ciertos tintes de exaltación al fervor
patrio mediante las participaciones semanales de los alumnos en las ceremonias y festividades
cívicas en las escuelas.
Una radical reforma educativa se presentó a principios de la década de los setenta, en el
gobierno del presidente Luis Echeverría, que desapareció el civismo como materia y lo integró a la
enseñanza de las ciencias sociales, que formaba parte de las cuatro ramas del conocimiento que se
impartía entonces en las escuelas mexicana, junto a las ciencias naturales, las matemática y el
español.
Fue ahí cuando se tuvo el primer gran borrón o tachón –para estar acorde a los términos
escolares– de la materia cívica, aunque ya en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se
suscitó la reforma educativa de 1993, la cual planteó de nuevo el civismo como asignatura en las
primarias, incorporándole incluso enseñanzas prácticas sobre derechos humanos.
Esto último no surgía precisamente de un límpido sentido reformista del salinato, sino que
más bien obedeció a presiones externas que condicionaban el acceso de México a negociaciones
como las del Tratado de Libre Comercio, a que en el país se mejoraran las garantías fundamentales
de las personas. De hecho, fue así como tres años antes se creó la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
Esta reflexión nos da una idea de la poca profundidad con que la cívica se reincorporó a la
enseñanza y, por si fuera poco, sus contenidos se vieron hasta lastrados por los fuertes intereses del
sindicato magisterial. Para dar una idea: Esta materia se impartía sin contar con un libro de texto
específico, insertando sus variados temas en los libros de las demás asignaturas. En el gobierno de
Vicente Fox de nuevo la cívica sufrió un atentado, al desparecerse de los libros de ciencias sociales
los temas de civismo y ética.
Ya con Felipe Calderón como presidente, el civismo encontró de nuevo espacio como
asignatura en el nivel primaria, aunque ya no como tal –es decir, no como civismo– sino bajo el
título de formación cívica y ética.
Enseñanza cívica renovada:
Quizá ahí, en la pretensión de interrelacionar el civismo con la ética, se ha cometido otro de
los errores que impiden el pleno desarrollo de los individuos como ciudadanos participativos.
Sencillamente, las acepciones de civismo son “celo por las instituciones e intereses de la patria” y
“comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública”, en tanto que
para ética el diccionario dicta que es la “parte de la filosofía que trata de la moral y de las
obligaciones del hombre”. No es, pues, que una y otra se contrapongan, pero definitivamente la
ética y el civismo no son lo mismo, no al menos para su enseñanza práctica en cada uno de los
grados escolares.
Dicho de otra forma: Una plena enseñanza del civismo podría corresponder a los niños de
primaria, combinándolo luego con la ética en el nivel secundaria –aunque en materias por
separado–, para volver al civismo en la enseñanza media superior y superior, pero ya con
aplicaciones prácticas para la vida cotidiana.
Se trata de incluir conceptos emergentes, acordes a la época particularmente difícil que vivimos;
porque si bien la enseñanza de los valores es primordial, no debe olvidarse que los mismos –los
valores– generalmente sucumben ante la realidad de las necesidades económicas de las personas.
Comprenderemos mejor la urgencia de dicha formación cívica dirigida a los jóvenes con tintes de
practicidad para la vida, si reparamos en los siguientes datos también obtenidos de la ENCUP 2012:
+59 por ciento no supo cuánto dura el período legislativo de los diputados federales.
+59% no supieron nombrar los tres poderes de la Unión.
Por supuesto, no todo es negativo en el actual plan de estudios del civismo y la ética. Sus ejes
formativos, que buscan desarrollar en los alumnos ocho competencias cívicas y éticas, constituyen
una excelente base para propiciar la participación ciudadana. Esto lo podemos ver al repasar las
mencionadas ocho competencias, que son:
1. Conocimiento y cuidado de sí mismo.
2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.
3. Respeto y valoración por la diversidad.
4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.
5. Manejo y resolución de conflictos.
6. Participación social.
7. Apego a la legalidad y sentido de justicia.
8. Comprensión y aprecio por la democracia.
Entonces cabe preguntarse, ¿si con estas ocho competencias cívicas y éticas que se enseñan en las
aulas sería suficiente para incentivar la participación ciudadana, por qué ello no ha ocurrido? Las
razones pueden ser varias, pero una de las que se antojan como principal es el poco tiempo que se le
dedica en horas-clase, lo cual puede constatarse fácilmente con el caso de la asignatura estatal
“Formación Civica y ética ”, que en el año 2011 para el nivel secundaria tenía asignada una carga
de apenas tres horas por semana.
La misma materia estatal reforzaba sólo tres de las ocho competencias cívicas, siendo éstas
las de sentido de justicia y legalidad, valoración de la democracia como forma de vida y de
gobierno, y la de respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación. Y este podría ser otro
posible factor para que las competencias cívicas aquí mencionadas, sean no del todo eficaces para la
formación integral de niños y jóvenes, puesto que son diluidas mediante una planeación que divide
su enseñanza por grado escolar, en lugar de aglutinarlas en cada uno de los grados, repitiéndolas
una y otra vez, pero aderezándolas con cuestiones prácticas según corresponda al nivel de interés de
los alumnos conforme a su edad.
Otro punto a destacar en el afán de comprender por qué el civismo no se ha constituido
como detonante de la participación ciudadana, estriba en que si bien su enseñanza ha sido más bien
limitada en los grados de primaria y en la secundaria, el balance es peor en los niveles de
preparatoria y de educación superior, donde el civismo ha estado prácticamente ausente, siendo que
es ahí, entre los jóvenes prestos a convertirse en los ciudadanos activos del futuro inmediato, donde
quizá más se le necesita como materia, como asignatura obligatoria, que refuerce aquellas
enseñanzas primarias sobre los valores como el respeto, la honestidad y la igualdad, pero ahora –
como ya lo dijimos– con tintes de aprovechamiento para la vida profesional y familiar.
Para rubricar este punto, encaja a la perfección lo escrito por José Jiménez Blanco, catedrático de
sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando presenta la edición traducida por
FOSSA del libro “La cultura cívica” –ya referida en este mismo texto–:
“No sé si será arraigado prejuicio de profesor universitario –prejuicio que afecta también a los
autores de la obra–, pero es mi firme convicción que la clave de la futura participación real de
todos los hombres –por encima de lo que hayan sido las trayectorias históricas de sus respectivos
países– se encuentra en la educación. No quisiera que después de haber señalado la simplicidad
con que se plantean las opciones políticas en nuestro mundo, diese yo ahora la impresión de
sacarme de la manga la panacea universal para solucionar los intrincados problemas que plantea
el logro de una sociedad realmente participante. Lo que sí quiero decir es que la educación para
todos puede ser la variable que haga posible que en transcurso de una generación las sociedades
encuentren ese “atajo” de que hablaba antes. Y, por supuesto, no se me oculta que la meta de la
educación para todos –ella misma– está estrechamente ligada a las mutaciones profundas de las
otras variables del sistema social. Pero sin ella –es decir, sin educación para todos– no se me
alcanza el camino que conduzca rápidamente a una “cultura cívica” de participación”. (9)
Retomar y eficientar el civismo: A la anterior cita del maestro Jiménez Blanco queda sólo
añadir: ¿Y qué mejor educación para promover la participación ciudadana, que el civismo? A partir
de tal premisa y considerando los datos y hechos anotados en este trabajo, es menester proponer el
rediseño de la materia cívica en todos los niveles educativos que operan en el Estado de Sonora,
replanteando contenidos donde la asignatura ya existe e incluyéndola en los planes de estudio de los
grados escolares de donde aún está ausente.
En esa tarea, es importante que la cívica se inserte bajo el principio de la utilidad práctica,
sin descuidar, claro ésta, las raíces teóricas, filosóficas e históricas que le dan sustento, pero sí
enfatizando en el máximo aprovechamiento para la vida sobre todo en los niveles educativos
superiores, que es de donde los jóvenes surgirán a actuar como ciudadanos. Pero vale insistir: El
carácter práctico de las enseñanzas debe estar presente en todos los niveles, como una forma de
asegurar que se arraiguen lo más posible antes de que ocurra la tendencia al parecer inevitable de la
deserción escolar, que alcanza tonos alarmantes a partir de la secundaria. Hay que prever que para
cuando se vayan –por el motivo que sea–, a esos cientos de miles de niños y jóvenes se les haya
inculcado la mayor cantidad posible de valores y herramientas cívicas.
La preocupación que aquí expresamos no es para menos. Según cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 100 alumnos de primaria, el 0.7 por ciento dejará la
escuela en algún momento; de la secundaria desertará en promedio el 5.6 por ciento; y de la
preparatoria un 14.9 por ciento; ya en la universidad, alrededor de la mitad de los inscritos deja la
escuela apenas en el primer año. No es difícil comprender que el civismo es la base de toda
educación, en el entendido de que se trata de formar ciudadanos útiles y capaces en lo laboral, pero
igualmente comprometidos con el desarrollo de su comunidad.
CONCLUSIÓN.-
Consulta cívica por el civismo:
Queda por último definir cómo es que la asignatura de cívica se retomaría con nuevos bríos
en las aulas. Obviamente es una acción que corresponde a las autoridades, con la intervención obvia
del magisterio y de las organizaciones de padres de familia. Sin embargo, ¿en qué momento es que
estos actores decidirán que resulta conveniente impulsar la educación cívica como el motor que
impulsará la participación ciudadana? Es impredecible. Por tanto, no está de más que los mismos
ciudadanos manifestemos nuestro parecer en torno a este asunto; y una de las mejores formas es
aprovechando alguno de los ocho instrumentos de participación ciudadana que nos dota la ley
estatal en la materia, siendo al parecer el más viable para este caso el de la Consulta Popular,
tomando en cuenta que es el medio para expresar opiniones y propuestas sobre temas de interés
público relacionados con las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo; y aunque entre sus
virtudes la consulta popular no cuenta con la de tener resultados vinculatorios hacia los actos de las
autoridades, sí resulta un avance el que se constituya como un elemento a considerar.
Bibliografía
(1) Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Número 3394-IV.
(2) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), artículo 4, Título
segundo - De la participación de los ciudadanos en las elecciones, Capítulo primero - De los
derechos y obligaciones.
(3) COFIPE. Artículo 345, Libro séptimo - De los regímenes sancionador electoral y disciplinario
interno, Título primero - De las faltas electorales y su sanción, Capítulo primero - Sujetos,
conductas sancionables y sanciones.
(4) Abstencionismo y cultura política en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados, página 6.
(5) Los números no mienten, reporte y referencias de estudios difundidos en el 2012 por Consulta
Mitofsky, sección “México: Confianza en instituciones”, páginas 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87.
(6)Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, ENCUP 2012,
Secretaría de Gobernación: http://encup.gob.mx
(7) (8) La cultura cívica, Gabriel Almond y Sidney Verba. 1963. Traducción de 1970 por la
fundación española Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) al original
de The Civic Culture; Princeton, New Jersey: Princeton University Press

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Crisis participación y desconfianza

  • 1. La participación ciudadana en México llegó a una nueva etapa de crisis. Las instituciones han perdido toda validez ante los ojos de las mayorías, la corrupción ha escalado en todas las esferas de la política mexicana desde el ciudadano común hasta los más altos funcionarios. Los escándalos de corrupción se han vuelto cosa de todos los días, “la casa blanca”, “los mirreyes”, “ el tren a Queretaro”. Todos estos han sido casos de corrupción en ultimas fechas. La ciudadanía parece estar ya en franco hartazgo con la clase dirigente política y los muchos casos de corrupción que hemos tenido en los últimos años. Además nuestros dirigentes han llamado “cuestión social” la corrupción la han vuelto un tema social y por tanto inherente a todos los habitantes de nuestro país. El hartazgo no es nuevo y viene reflejándose desde años anteriores a través del voto, el voto nulo se ha vuelto un factor que ha dado sus frutos en las más recientes elecciones pues la ciudadanía al demostrar el hartazgo dio medios de entrada política a la representación popular por parte de ciudadanos independientes a los partidos políticos. Este es sin duda uno de los fenómenos más interesantes. Pues ya el camino a la representación no es poseído únicamente por los partidos políticos puesto que candidatos sin ese tipo de ataduras ocuparán curules en el siguiente período. Estamos buscando instituciones duraderas y personas comprometidas para nuestra representación. Uno de los fenomenos historicos sociales que es la desconfianza por parte de los mexicanos nos ha trastocado los asuntos públicos. La frase de :”Todos son iguales” es común y parece un argumento que dé respaldo al desinteres de nuestros ciudadanos por la vida pública.
  • 2. Introducción: Cuando en noviembre del 2011 el entonces diputado federal David Ricardo Sánchez Guevara promovió una iniciativa para hacer obligatorio el voto electoral en México (1), lo único que logró fue evidenciar la desesperación de los políticos por la baja asistencia de votantes a las urnas. Con su acción hizo más evidente lo que ya se sabía: La participación ciudadana venía en picada, como lo demuestra el hecho de que la pasividad de la gente fuera más allá de su ausencia en manifestaciones sobre problemas sociales que bien se podrían catalogar de cotidianos, llegando a afectar hasta la expresión máxima de la práctica democrática, como lo es el derecho a emitir un sufragio. Dicho de otra manera: si la gente se estaba absteniendo hasta de votar, cómo podría esperarse su participación activa en otros asuntos comunitarios. Eso ya era grave; tanto así que hubo de surgir la ocurrencia de copiar modelos como el de Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, donde se hace efectivo el voto obligatorio con sanciones. De hecho, en México también el voto se considera una obligación en los términos del numeral uno del artículo cuatro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que inicia apuntando que “votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación…”(2), pero ya en el establecimiento de las sanciones no refiere directamente que la abstención amerite penalización alguna (3). De ahí que el entonces legislador priista (hoy presidente municipal de Naucalpan de Juárez) propusiera reformar los artículos 345 y 354 del Cofipe, para que los ciudadanos que no ejercieran su derecho al sufragio recibieran una amonestación pública y sanciones de hasta seis días de salario mínimo general vigente en la República Mexicana. Dejando de lado lo cuestionable de pretender forzar el ejercicio de los derechos (que precisamente por ello perderían su condición de prerrogativa), cabe apuntar que, ciertamente, la preocupación de quienes pensaban como Sánchez Guevara no era para menos, ante el riesgo de que el abstencionismo sobrepasara el 50 por ciento del padrón electoral y colocara al país en una de las condiciones de vulnerabilidad que caracteriza a los llamados “Estados fallidos”: La erosión de la autoridad para la toma de decisiones, producto de la deslegitimización de los gobiernos ante la poca población por la que fueron elegidos. En el 2012 se cernía tal amenaza en las elecciones federales en que se elegiría presidente de la República, lo cual finalmente no ocurrió, al registrarse un repunte con el voto de 63.33 por ciento de los electores posibles (50 millones 323,153 de un padrón de 79.4 millones), el cual si bien sigue siendo bajo, no se compara con el 58.55 por ciento hasta el cual se había descendido en el año 2009, luego de una participación de 63.97 por ciento en el 2000 y de 77.16 por ciento en 1994. Peor aún la situación en el caso de las elecciones intermedias, pues si bien el abstencionismo en comicios presidenciales ha llegado hasta 41 por ciento, en los procesos donde sólo se eligen diputados federales ha sido de hasta 55 por ciento. El dato resulta revelador en cuanto es precisamente la figura del diputado, una de las que de menor confianza ciudadana goza –como se verá más adelante–.
  • 3. De hecho los datos que se arrojan de las últimas elecciones son los siguientes: l48 387 casillas de las 148 mil 836 que estaban previstas Se elegieron 1,996 cargos de elección popular, estos son: • 500 Diputados Federales(300 de los cuales se eligen por votación directa, mientras que los otros 200 se eligen bajo el principio de representación proporcional) • 9 Goberandores • 871 alcaldes • 600 Diputados Locales • 16 jefes de las delegaciones del Distrito Federal 3 millones de jóvenes en el país votaron por primera vez 87 millones de boletas electorales impresas presupuesto del ine: 83 millones 563 190 mexicanos están aptos para votar en las elecciones 2015, de los cuales 40,219,635 son hombres y representa el 48% de la lista nominal y 43,343,555 sin mujeres y representa el 52% Hubo un 47% de abstencionismo en estas últimas elecciones. Desconfianza: Ante esta impactante realidad, la finalmente frustrada iniciativa del diputado Sánchez Guevara se arrogaba la facultad de castigar el no ejercicio de una prerrogativa, sin considerar que el origen de la ausencia de electores en las urnas era la pérdida de credibilidad de los ciudadanos hacia sus instituciones políticas y los organismos partidistas. Un indicativo del grado en que la desconfianza afecta la participación ciudadana, lo aporta – retomando el caso de los procesos electorales– el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que en su análisis titulado Abstencionismo y cultura política en México afirma que como causa del abstencionismo “… la pobreza y la marginación no parecen tener mayor influencia. Los factores que explican en mayor medida el abstencionismo son una combinación de escolaridad alta e ingresos medios; una mala evaluación del gobierno; desconfianza y escasa representación atribuida a los partidos; y el predomino de una visión delegativa de la democracia, que implica dejar a las autoridades toda la responsabilidad de los problemas”(4). Y agrega el mismo estudio: “En las elecciones de 2009 los mayores niveles de abstencionismo se encontraron entre los hombres, jóvenes y habitantes de zonas urbanas. Se trató de los electores entre 20 y 39 años de edad y los de más de 80 años; hombres, particularmente en el rango de 20 a 39 años; y población urbana de 20 a 39 años y de más de 80 años”. Pero esta tesis de la desconfianza como causa de la baja participación ciudadana, alcanza más sustento al revisar algunos resultados que sobre la confianza que los mexicanos sienten por sus instituciones, arrojó una encuesta realizada en el 2012 por Consulta Mitofsky: Los diputados tienen el grado de confianza más bajo entre los ciudadanos, con 5.9, al igual que la policía; arriba, con 6 puntos, sindicatos, senadores y partidos políticos. En la media de la tabla aparecen la presidencia de la República con 6.6, los bancos y el Instituto Federal Electoral con 6.7, los empresarios con 6.8, y la Suprema Corte de Justicia con 6.9. En la credibilidad alta están los medios de comunicación con 7.2, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ejército con
  • 4. 7.5, la Iglesia con 7.6 y a la cabeza del grupo las universidades con 7.8 (5). Destaca entre estos resultados el hecho de que en el 2012 los diputados ocuparon la última posición en confianza por cuarto año consecutivo. Pero más preocupante todavía es ver que de 15 instituciones calificadas, 13 de ellas han registrado variación a la baja entre los años 2008 y 2012, incluyendo a las de más alta confiabilidad como la Iglesia, que bajó cuatro puntos, el Ejército y el IFE con tres puntos menos en cuatro años, y curiosamente los que han ganado un poco de terreno son los partidos políticos y los diputados, que en los mismos cuatro años avanzaron en promedio tres y dos puntos, respectivamente (ello muy probablemente motivado por el año electoral del 2012, donde a través de la propaganda se tiende a ganar un poco de confianza). Las desventajas de la Democracia "Los decretos del pueblo - escribió Aristóteles - son como los mandatos del tirano", porque pasan siempre por encima de las leyes válidas para todos los ciudadanos. Eso es culpa de los demagogos, agregaba, que resuelven los asuntos públicos con el apoyo de "una multitud que les obedece". 3 Pero mucho tiempo después, en 1795, Kant repitió casi exactamente las mismas palabras: " la democracia - escribió - es necesariamente un despotismo", porque las multitudes no están calificadas para gobernar con la razón sino con sus impulsos. Y todavía en el primer tercio de nuestro siglo, Ortega y Gasset se seguía quejando de la "rebelión de las masas" como un mal signo para el futuro. Y es que realmente han sido varios siglos para que se llegara a la masificación de la democracia. Si vemos un poco en la historia nos daremos cuenta que jamás como en nuestra época la ciudadania tuvo más poder e influencia en su vida politica. Sin embargo los datos revelan que no nos han llevado a grandes resultados y la apatía ya es rayante en la insolencia. La mayoría de los ciudadanos jamás han estado en una organización civil o fundación. La apatia va mucho más allá de solo no creer en las instituciones que es ya de por sí preocupante sino que incluso desconfian de sus conciudadanos y de ellos mismos , como queda claro en algunos datos de la quinta edición de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), correspondiente al año 2012, los cuales a continuación se reseñan (6): Sólo 45.65 por ciento de los encuestados creen que los ciudadanos influyen mucho en la vida política de México, y el 15.15 por ciento consideran que no influyen en nada. En cuanto a la influencia de las organizaciones ciudadanas, 41.58 cree que influyen bastante, y 13.44 dicen que su influencia es nula. En contraste, la gente percibe que influyen mucho más el presidente de la República, los partidos políticos, los sindicatos y hasta las grandes empresas, con porcentajes de respuesta del 70.74, 71.24, 52.80 y 63.46, respectivamente. En la ENCUP también se dibuja a la perfección la apatía ciudadana, con los siguientes datos: 56.61 dice estar poco interesado en los problemas de la comunidad. 79.45 por ciento nunca ha participado en manifestaciones a favor o en contra de cualquier causa 66.90 nunca ha participado en alguna actividad en beneficio de la comunidad.
  • 5. 87.93 no ha sido miembro de una organización estudiantil. 77.65 no pertenece a una asociación de padres de familia. 93.52 no está agremiado a algún sindicato. 92.42 no es miembro de un partido político. 88.12 no pertenece a alguna organización de ciudadanos. La misma indolencia participativa aparece hasta en las más básicas formas de organización, como son las agrupaciones deportivas, a las que jamás ha pertenecido el 86.58 por ciento de los encuestados; y en el caso del activismo, es contundente el dato de que ni siquiera por Internet se anima la gente a participar en alguna causa social, pues según la ENCUP 92.14 por ciento jamás ha intentado enviar mensajes relativos a la causa en cuestión por las redes sociales, y 88.17 dice no estar dispuesto a usar su computadora para tal fin. SUSTENTO DE LA PROPUESTA.- A menos que me interese: A estas alturas puede quedar bien entendido que una de las principales razones de la baja participación ciudadana es la desconfianza hacia las instituciones y organismos, pero sin duda es igualmente provocada por factores agregados como la inseguridad pública y una época generacional donde la mayoría de los derechos fundamentales ya se han conquistado, y a las actuales generaciones les queda sólo el deber de conservarlos, lo cual no es menor –sino todo lo contrario– pero evidentemente no se percibe así por la gran parte de las personas. No es errado pensar que en la actualidad la gente participa o emprende acciones sociales sólo cuando se ve directamente afectada. Para asentar tal dicho, vale reproducir unos cuantos párrafos del ensayo Entre leyes e indolencias, la participación ciudadana (coautoría del firmante de este mismo texto), insertado en el libro Hacia una participación ciudadana, que publicó la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora con motivo de sus VIII Jornadas Gubernamentales: “La solidaridad para con ciertos grupos lastimados por algún suceso es sólo pasajera; se diluye como, de hecho, en los periódicos se van perdiendo en páginas interiores las noticias que alguna vez fueron de primera plana. Comprueba la tesis un suceso lamentable: la desgracia de la Guardería ABC, en Hermosillo, convocó en una marcha a 20 mil personas francamente horrorizadas – quién no, ante la muerte de decenas de niños–; un año después, en una segunda marcha participaron 12 mil, que siguen siendo un mundo de gente… con ocho mil menos. “Esto no debe asustar a nadie; es la naturaleza humana. En realidad son muy pocos los que deciden por conciencia involucrarse en luchas sociales; más bien lo hacen cuando –hay que subrayarlo– son directamente perjudicados. Si no, pensemos: ¿En qué momento decidieron convertirse en activistas sociales personajes como la señora Isabel Miranda de Wallace (presidenta de la asociación “Alto al secuestro” y ex candidata panista a la jefatura de gobierno del Distrito Federal), o el señor Alejandro Martí (presidente de “México SOS” y creador de la “Fundación Fernando Martí” para apoyar iniciativas contra la impunidad), o el poeta Javier Sicilia (que convocó a una enorme marcha de protesta de tres días y que ha manifestado “tenemos un dolor inmenso, una sed de justicia inmensa”); cuándo, pues, saltaron a la palestra de los luchadores?: ¡cuando asesinaron a sus hijos!, o sea cuando los dañaron directamente. Y con esto no pretendemos minimizar su aflicción ni la de nadie, sino soportar nuestro dicho, y ellos son tres ejemplos” (7).
  • 6. En cuanto a la inseguridad y violencia desatada por el crimen organizado en las calles del país, bien puede concluirse que definitivamente ha mermado el ánimo participativo de los mexicanos, y a partir de ello no sería errado pensar que si bien hasta hace poco las personas concebían la libertad como su derecho a participar y manifestarse, ahora muchos la conceptualizan como el derecho a que los dejen en paz y se respete su privacidad, sin querer saber más de otras cuestiones. Tal afirmación se asienta con hechos en el ya citado ensayo Entre leyes e indolencias, la participación ciudadana, del que vale traer a colación otros párrafos: “En junio del 2011 se dio a conocer que el año anterior la tasa de rechazo de los mexicanos a responder encuestas y sondeos fue del 42.9 por ciento, con la región centro del país con índice de 55 por ciento, el más alto, en tanto que el más bajo se daba en la zona noroeste –Sonora incluido– con 30 por ciento, con rango de 53 por ciento en el nivel socioeconómico más alto, y del 35 por ciento en el segmento menos favorecido. Por supuesto, los profesionales de este tipo de estudios adjudican esta situación a las condiciones de tensión social, sin descartar, claro, el hartazgo de las personas ante la proliferación de las encuestas. “En este punto el riesgo arropa también a los encuestadores, como lo señaló en mayo pasado (2012) Eduardo Sojo, presidente del INEGI, quien reveló que los encuestadores de ese organismo han sufrido hasta secuestros en estados como Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. Durante la primera „Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia”, realizada en Aguascalientes, señaló que no se tienen pérdidas humanas, pero que aun así es preocupante que les toque estar en medio de balaceras y levantones. “El otro factor que revela el miedo de la gente lo podemos sostener en una investigación conjunta del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede) y del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (Ipade), auspiciada por la PRIMER CONCURSO ESTATAL SOBRE ENSAYO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 37 Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). Ahí se afirma que, ante la delincuencia y el clima de violencia, 61 por ciento de los mexicanos han optado por mejor no salir de sus casas en la noche, con niveles altísimos del 76 por ciento en Chihuahua, del 70 en Nuevo León, del 67 en Guerrero, Jalisco y Michoacán, del 67 en el Estado de México y 51 por ciento en el Distrito Federal”. Sin cultura Cívica: Las anteriormente descritas son razones de verdadero peso para entender el porqué de una escasa participación ciudadana en los asuntos públicos, pero falta quizá comprender el porqué de esas razones, es decir ¿de dónde surge la desconfianza hacia las instituciones y a la misma gente, el miedo a manifestarse o el desgano a emprender nuevas luchas sociales? La razón más sólida que puede expresarse es la falta de una conciencia cívica generalizada, que en los últimos tiempos se ha acentuado de tal manera que presenta indicadores muy similares a los que se tenían hace 50 años; y para muestra un solo dato contenido en el documento La Cultura Cívica (The Civic Culture), de Gabriel Almond y Sidney Verba, publicado en el año de 1963, que mediante una encuesta aplicada con técnicas de medición para estudiar actitudes y valores ciudadanos, se realizó entre 1959 y 1960 en cinco países, siendo estos Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Alemania y México. Aquí el dato: En la tabla Confianza y desconfianza social por naciones se apunta que 78 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la idea de que “nadie se preocupará mucho de lo que le suceda a usted si cae en desgracia”, contra sólo 38 por ciento de los estadounidenses y 45 por ciento
  • 7. de los británicos que estaban de acuerdo con esa percepción. Asimismo, 94 por ciento de los mexicanos estaba de acuerdo en que “si no tiene cuidado, la gente se aprovechará de usted”(8). Es de notarse que ambos reactivos guardan una estrecha coincidencia con los dos que en similar sentido contiene la ENCUP 2012 –que en este mismo texto ya reseñamos–, correspondiendo a la primera pregunta un porcentaje de 72.47 y a la segunda un 85 por ciento. Es decir, 50 años después estamos igual y los mexicanos seguimos desconfiando de todo. Pero es menester volver a la importancia de la convicción cívica para abatir esa actitud desconfiada y temerosa que campea entre muchos de los ciudadanos, lo cual debe redundar en una efectiva participación ciudadana incluso en los aparentemente pequeños asuntos, como el planteamiento de opiniones, la aportación de ideas y la expresión a favor o en contra de ciertos sucesos. De ello, de la trascendencia del civismo, no cabe lugar a dudas, y más bien queda reflexionar en cuándo y cómo fue que fuimos perdiendo ese valor. Sólo a partir de ello será posible hacer un planteamiento viable para recuperarlo. Civismo, la materia borrada: Trascendental para la formación de niños y jóvenes, la materia cívica impartida en las aulas ha vivido, no obstante, un accidentado devenir en la historia de México, con tintes que bien pueden considerarse dramáticos en dos períodos presidenciales: el de Luis Echeverría Álvarez y el de Vicente Fox Quezada. Pero, como decimos, desde antes se sucedían los bandazos de la materia cívica, como ocurrió en los tiempos de Jaime Torres Bodet, quien en su primer período como secretario de Educación dotó al civismo de categoría académica en los grados de primaria y secundaria, pero fue el mismo gran alfabetizador e impulsor de la educación mexicana quien desapareció la materia en 1959, ya durante su segundo período como secretario de Educación. Luego se recuperaría la asignatura, aunque sin sobrepasar sus alcances de enseñanza sobre normas de urbanidad y fomento de la disciplina escolar, con ciertos tintes de exaltación al fervor patrio mediante las participaciones semanales de los alumnos en las ceremonias y festividades cívicas en las escuelas. Una radical reforma educativa se presentó a principios de la década de los setenta, en el gobierno del presidente Luis Echeverría, que desapareció el civismo como materia y lo integró a la enseñanza de las ciencias sociales, que formaba parte de las cuatro ramas del conocimiento que se impartía entonces en las escuelas mexicana, junto a las ciencias naturales, las matemática y el español. Fue ahí cuando se tuvo el primer gran borrón o tachón –para estar acorde a los términos escolares– de la materia cívica, aunque ya en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se suscitó la reforma educativa de 1993, la cual planteó de nuevo el civismo como asignatura en las primarias, incorporándole incluso enseñanzas prácticas sobre derechos humanos. Esto último no surgía precisamente de un límpido sentido reformista del salinato, sino que más bien obedeció a presiones externas que condicionaban el acceso de México a negociaciones como las del Tratado de Libre Comercio, a que en el país se mejoraran las garantías fundamentales de las personas. De hecho, fue así como tres años antes se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
  • 8. Esta reflexión nos da una idea de la poca profundidad con que la cívica se reincorporó a la enseñanza y, por si fuera poco, sus contenidos se vieron hasta lastrados por los fuertes intereses del sindicato magisterial. Para dar una idea: Esta materia se impartía sin contar con un libro de texto específico, insertando sus variados temas en los libros de las demás asignaturas. En el gobierno de Vicente Fox de nuevo la cívica sufrió un atentado, al desparecerse de los libros de ciencias sociales los temas de civismo y ética. Ya con Felipe Calderón como presidente, el civismo encontró de nuevo espacio como asignatura en el nivel primaria, aunque ya no como tal –es decir, no como civismo– sino bajo el título de formación cívica y ética. Enseñanza cívica renovada: Quizá ahí, en la pretensión de interrelacionar el civismo con la ética, se ha cometido otro de los errores que impiden el pleno desarrollo de los individuos como ciudadanos participativos. Sencillamente, las acepciones de civismo son “celo por las instituciones e intereses de la patria” y “comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública”, en tanto que para ética el diccionario dicta que es la “parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre”. No es, pues, que una y otra se contrapongan, pero definitivamente la ética y el civismo no son lo mismo, no al menos para su enseñanza práctica en cada uno de los grados escolares. Dicho de otra forma: Una plena enseñanza del civismo podría corresponder a los niños de primaria, combinándolo luego con la ética en el nivel secundaria –aunque en materias por separado–, para volver al civismo en la enseñanza media superior y superior, pero ya con aplicaciones prácticas para la vida cotidiana. Se trata de incluir conceptos emergentes, acordes a la época particularmente difícil que vivimos; porque si bien la enseñanza de los valores es primordial, no debe olvidarse que los mismos –los valores– generalmente sucumben ante la realidad de las necesidades económicas de las personas. Comprenderemos mejor la urgencia de dicha formación cívica dirigida a los jóvenes con tintes de practicidad para la vida, si reparamos en los siguientes datos también obtenidos de la ENCUP 2012: +59 por ciento no supo cuánto dura el período legislativo de los diputados federales. +59% no supieron nombrar los tres poderes de la Unión. Por supuesto, no todo es negativo en el actual plan de estudios del civismo y la ética. Sus ejes formativos, que buscan desarrollar en los alumnos ocho competencias cívicas y éticas, constituyen una excelente base para propiciar la participación ciudadana. Esto lo podemos ver al repasar las mencionadas ocho competencias, que son: 1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. 2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 3. Respeto y valoración por la diversidad. 4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 5. Manejo y resolución de conflictos. 6. Participación social.
  • 9. 7. Apego a la legalidad y sentido de justicia. 8. Comprensión y aprecio por la democracia. Entonces cabe preguntarse, ¿si con estas ocho competencias cívicas y éticas que se enseñan en las aulas sería suficiente para incentivar la participación ciudadana, por qué ello no ha ocurrido? Las razones pueden ser varias, pero una de las que se antojan como principal es el poco tiempo que se le dedica en horas-clase, lo cual puede constatarse fácilmente con el caso de la asignatura estatal “Formación Civica y ética ”, que en el año 2011 para el nivel secundaria tenía asignada una carga de apenas tres horas por semana. La misma materia estatal reforzaba sólo tres de las ocho competencias cívicas, siendo éstas las de sentido de justicia y legalidad, valoración de la democracia como forma de vida y de gobierno, y la de respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación. Y este podría ser otro posible factor para que las competencias cívicas aquí mencionadas, sean no del todo eficaces para la formación integral de niños y jóvenes, puesto que son diluidas mediante una planeación que divide su enseñanza por grado escolar, en lugar de aglutinarlas en cada uno de los grados, repitiéndolas una y otra vez, pero aderezándolas con cuestiones prácticas según corresponda al nivel de interés de los alumnos conforme a su edad. Otro punto a destacar en el afán de comprender por qué el civismo no se ha constituido como detonante de la participación ciudadana, estriba en que si bien su enseñanza ha sido más bien limitada en los grados de primaria y en la secundaria, el balance es peor en los niveles de preparatoria y de educación superior, donde el civismo ha estado prácticamente ausente, siendo que es ahí, entre los jóvenes prestos a convertirse en los ciudadanos activos del futuro inmediato, donde quizá más se le necesita como materia, como asignatura obligatoria, que refuerce aquellas enseñanzas primarias sobre los valores como el respeto, la honestidad y la igualdad, pero ahora – como ya lo dijimos– con tintes de aprovechamiento para la vida profesional y familiar. Para rubricar este punto, encaja a la perfección lo escrito por José Jiménez Blanco, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando presenta la edición traducida por FOSSA del libro “La cultura cívica” –ya referida en este mismo texto–: “No sé si será arraigado prejuicio de profesor universitario –prejuicio que afecta también a los autores de la obra–, pero es mi firme convicción que la clave de la futura participación real de todos los hombres –por encima de lo que hayan sido las trayectorias históricas de sus respectivos países– se encuentra en la educación. No quisiera que después de haber señalado la simplicidad con que se plantean las opciones políticas en nuestro mundo, diese yo ahora la impresión de sacarme de la manga la panacea universal para solucionar los intrincados problemas que plantea el logro de una sociedad realmente participante. Lo que sí quiero decir es que la educación para todos puede ser la variable que haga posible que en transcurso de una generación las sociedades encuentren ese “atajo” de que hablaba antes. Y, por supuesto, no se me oculta que la meta de la educación para todos –ella misma– está estrechamente ligada a las mutaciones profundas de las otras variables del sistema social. Pero sin ella –es decir, sin educación para todos– no se me alcanza el camino que conduzca rápidamente a una “cultura cívica” de participación”. (9)
  • 10. Retomar y eficientar el civismo: A la anterior cita del maestro Jiménez Blanco queda sólo añadir: ¿Y qué mejor educación para promover la participación ciudadana, que el civismo? A partir de tal premisa y considerando los datos y hechos anotados en este trabajo, es menester proponer el rediseño de la materia cívica en todos los niveles educativos que operan en el Estado de Sonora, replanteando contenidos donde la asignatura ya existe e incluyéndola en los planes de estudio de los grados escolares de donde aún está ausente. En esa tarea, es importante que la cívica se inserte bajo el principio de la utilidad práctica, sin descuidar, claro ésta, las raíces teóricas, filosóficas e históricas que le dan sustento, pero sí enfatizando en el máximo aprovechamiento para la vida sobre todo en los niveles educativos superiores, que es de donde los jóvenes surgirán a actuar como ciudadanos. Pero vale insistir: El carácter práctico de las enseñanzas debe estar presente en todos los niveles, como una forma de asegurar que se arraiguen lo más posible antes de que ocurra la tendencia al parecer inevitable de la deserción escolar, que alcanza tonos alarmantes a partir de la secundaria. Hay que prever que para cuando se vayan –por el motivo que sea–, a esos cientos de miles de niños y jóvenes se les haya inculcado la mayor cantidad posible de valores y herramientas cívicas. La preocupación que aquí expresamos no es para menos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 100 alumnos de primaria, el 0.7 por ciento dejará la escuela en algún momento; de la secundaria desertará en promedio el 5.6 por ciento; y de la preparatoria un 14.9 por ciento; ya en la universidad, alrededor de la mitad de los inscritos deja la escuela apenas en el primer año. No es difícil comprender que el civismo es la base de toda educación, en el entendido de que se trata de formar ciudadanos útiles y capaces en lo laboral, pero igualmente comprometidos con el desarrollo de su comunidad. CONCLUSIÓN.- Consulta cívica por el civismo: Queda por último definir cómo es que la asignatura de cívica se retomaría con nuevos bríos en las aulas. Obviamente es una acción que corresponde a las autoridades, con la intervención obvia del magisterio y de las organizaciones de padres de familia. Sin embargo, ¿en qué momento es que estos actores decidirán que resulta conveniente impulsar la educación cívica como el motor que impulsará la participación ciudadana? Es impredecible. Por tanto, no está de más que los mismos ciudadanos manifestemos nuestro parecer en torno a este asunto; y una de las mejores formas es aprovechando alguno de los ocho instrumentos de participación ciudadana que nos dota la ley estatal en la materia, siendo al parecer el más viable para este caso el de la Consulta Popular, tomando en cuenta que es el medio para expresar opiniones y propuestas sobre temas de interés público relacionados con las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo; y aunque entre sus virtudes la consulta popular no cuenta con la de tener resultados vinculatorios hacia los actos de las autoridades, sí resulta un avance el que se constituya como un elemento a considerar.
  • 11. Bibliografía (1) Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Número 3394-IV. (2) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), artículo 4, Título segundo - De la participación de los ciudadanos en las elecciones, Capítulo primero - De los derechos y obligaciones. (3) COFIPE. Artículo 345, Libro séptimo - De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno, Título primero - De las faltas electorales y su sanción, Capítulo primero - Sujetos, conductas sancionables y sanciones. (4) Abstencionismo y cultura política en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, página 6. (5) Los números no mienten, reporte y referencias de estudios difundidos en el 2012 por Consulta Mitofsky, sección “México: Confianza en instituciones”, páginas 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87. (6)Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, ENCUP 2012, Secretaría de Gobernación: http://encup.gob.mx (7) (8) La cultura cívica, Gabriel Almond y Sidney Verba. 1963. Traducción de 1970 por la fundación española Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) al original de The Civic Culture; Princeton, New Jersey: Princeton University Press