Debate Sgae

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura Comisiones. Núm. 305
COMISIÓN DE CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIMAS
ANTONIO SAÑUDO AJA
celebrada el jueves,
25 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del Presidente de la
Asociación de Internautas, D. Víctor
Domingo Prieto, a petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado,
para explicar su postura en relación
con el último informe de la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC)
que, entre otras cuestiones, sostiene
que las sociedades de gestión de
derechos de propiedad intelectual
ejercen una posición monopolística.
(Número de expediente 715/000287).
(Página 2)

Debate y votación de las siguientes
mociones: (Página 13 y 20)

-- Del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que se insta al
Gobierno a reforzar su colaboración
con el Palau de les Arts Reina Sofía de
Valencia y a participar en sus órganos
de funcionamiento. (Número de
expediente 661/000483). (Página 13 y
20)

-- Del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que se insta al
Gobierno a abonar la cantidad invertida
por el Ayuntamiento de Roa (Burgos)
en la restauración de la muralla, así
como a evitar su deterioro. (Número de
expediente 661/000492). (Página 17 y
20)

-- Del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, por
la que se insta al Gobierno a realizar un
reconocimiento institucional y
subvencionar a la Confederación

Española de Sociedades Musicales
(CESM). (Número de expediente
661/000494). (Página 16 y 20)

Se abre la sesión a las nueve horas y
treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días,
señorías.

Se abre la sesión.

COMPARECENCIA DEL
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE INTERNAUTAS, D. VÍCTOR
DOMINGO PRIETO, A PETICIÓN DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, PARA EXPLICAR SU
POSTURA EN RELACIÓN CON EL
ÚLTIMO INFORME DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LA COMPETENCIA
(CNC) QUE, ENTRE OTRAS
CUESTIONES, SOSTIENE QUE LAS
SOCIEDADES DE GESTIÓN DE
DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL EJERCEN UNA

POSICIÓN MONOPOLÍSTICA (Número
de expediente 715/000287).

El señor PRESIDENTE: En primer
lugar, punto primero del orden del día:
Comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado,
del presidente de la Asociación de
Internautas, don Víctor Domingo Prieto,
para explicar su postura en relación
con el último informe de la Comisión
Nacional de la Competencia que, entre
otras cuestiones, sostiene que las
sociedades de gestión de derechos de
propiedad intelectual ejercen una
posición monopolística.

Tiene la palabra don Víctor Domingo.

El señor PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS
(Domingo Prieto): Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer este
llamamiento porque este es un tema
que desde Internet se ve con mucha

preocupación, hasta tal punto que
ahora hay un estado total de
beligerancia precisamente relacionada
con esta situación, concretamente con
la influencia que tienen en nuestro
mundo político, en nuestro Gobierno, y
por lo que se ve también en el
legislador, estas sociedades de
gestión, que no solamente están
influyendo para recaudar de una
manera absolutamente desmedida los
legítimos derechos de autor -eso nunca
lo ponemos en duda-, sino que,
además, está influyendo en el
legislador para llevar a esta sociedad a
una restricción de derechos
fundamentales, hasta tal punto que
está teniendo mucha fortuna la
creencia de que en esta sociedad se
está instaurando una especie de
dictadura del culturetariado que está
influyendo muy negativamente en el
desarrollo de nuestro Estado de
derecho y de las libertades civiles.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por

favor, les ruego que si deben tener
alguna conversación, la tengan fuera
de la sala.

(Domingo Prieto): Las relaciones de la
Asociación de Internautas con estas
sociedades de gestión datan del año
2000, aunque no fuimos conscientes
hasta septiembre de 2003 de que
habíamos entrado en una pelea y de
que teníamos enfrente el poderío, la
influencia y la total agresividad hacia el
mundo de la sociedad de la información
por parte de las sociedades de gestión
de los derechos de autor, siempre con
la Sociedad General de Autores y
Editores a la cabeza. Esta situación se
produjo en aquella legislatura con
ocasión de la negociación de la Ley de
comercio electrónico y para la sociedad
de la información, aquella ley que duró
dos años de negociación y se
debatieron hasta 60 anteproyectos, y
fue validada en octubre de 2002. Para

nosotros resultó muy interesante ver
cómo se tienen que hacer las leyes al
ser tan amplia su negociación.
Muchísimas entidades, colectivos
socioprofesionales e instituciones
participamos en su desarrollo, no
obstante era la primera ley de Internet.
Nosotros fuimos absolutamente
beligerantes en tres puntos y al final
nos salimos con la nuestra, creo que
para bien de la ley y de lo que se
pretendía. Los tres puntos eran los
siguientes: no sabíamos quién estaba
detrás de aquello ni por qué, pero luego
pudimos ver que eran precisamente las
sociedades de gestión las que
intentaban que en esa ley se
considerara que los proveedores de
servicio de Internet eran responsables
de los contenidos que se alojaban; se
pretendía con esa ley que cualquier
autoridad competente pudiera cerrar
páginas web sin permiso judicial; y que
se pudieran inspeccionar las
comunicaciones electrónicas también
sin permiso judicial. Fueron tres puntos

de choque absolutamente
innegociables por nuestra parte, que,
como decía, llegaron a los dos años de
negociación. Pero, afortunadamente,
en octubre de 2002 esos puntos no
salieron. Luego nos enteramos de que
quienes estaban al otro lado de la
cuerda sin dar la cara eran las
sociedades de gestión de los derechos
de autor. En septiembre de 2003
fuimos conscientes de este hecho
puesto que, además, se impuso el
canon digital para los CD y DVD
vírgenes grabables. Esta implantación
se hizo a raíz de un acuerdo privado
entre varias sociedades de gestión
-siempre con la SGAE a la cabeza
como máxima beneficiaria de este
canon- y por otro lado con la empresa
Asimelec. Este fue, desde luego, el
punto de partida de la beligerancia que
hoy tiene el mundo de Internet
prácticamente en su totalidad, al
margen de cualquier bandería,
intereses sociales, políticos o
económicos contra las imposiciones

que están haciendo las sociedades de
gestión. El canon digital empezó en el
año 2003, y a pesar de que apareció ya
en el Boletín Oficial del Estado en julio
de 2009, es un tema que aún no está
cerrado.

Se me preguntaba cuál era mi postura
ante el informe, y voy a contestar a
continuación, pero antes he querido
referirme a esas cuestiones. El informe
de la Comisión Nacional de la
Competencia dice, entre otras cosas,
que hay un monopolio, que falta
transparencia, que hay una fijación
unilateral y abuso de tarifas,
ineficiencia, e incluso llega al punto de
decir algo que es realmente
sorprendente y que no sé cómo puede
admitirse puesto que es una falta de
respeto no solamente hacia los autores
sino hacia todo el mundo, hacia la
sociedad en su conjunto que somos los
paganos de estas tarifas y de estos
cánones: que le ha sido

imposible saber en qué repertorio se
basa la Sociedad General de Autores y
Editores para cobrar esos cánones y
esas tasas. Digo que esto es una falta
de respeto, y a partir de ahí luego
pueden entenderse muchísimas cosas.
Y es que si no se sabe a quién van
destinadas las tasas, los cánones y las
compensaciones que se supone están
gestionando, los autores deberían
reclamarlo. Y como los que estamos
pagando todo este tipo de cánones
somos la sociedad en su conjunto, e
incluso lo pagamos repetidas veces -y
pongo el ejemplo del canon digital-,
resulta que todo falla desde el inicio; es
decir, la falta de transparencia es
evidente.

Para nosotros esto no fue ninguna
sorpresa porque ya el día 20 de febrero
de 2004 denunciamos ante Defensa de
la Competencia las actividades
prohibidas que creíamos se estaban
llevando a cabo desde las sociedades
de gestión, básicamente porque había

una imposición arbitraria e injustificada
del canon para todo tipo de soportes
digitales vírgenes, sin atender al uso o
finalidad de los mismos, como si todos
y cada uno de tales soportes fueran a
ser destinados a realizar copias
privadas de contenidos sujetos a
derechos de autor en claro perjuicio al
resto de los sectores del mercado que
hacen uso de tales soportes. Nos
referíamos a los usuarios, empresas,
administraciones y organismos de todo
tipo, tanto oficiales como privados, que,
pese a no destinar tales soportes a
copiar contenidos sujetos a derechos
de autor, se ven compelidos a pagar
por nada mediante el establecimiento
de esta condición comercial; también
por la imposición arbitraria e
injustificada del canon, el sector
informático y el software pese a la
exclusión legal de los programas de
ordenador del sistema de remuneración
compensatoria o canon por copia
privada en claro perjuicio de las
empresas del sector y en beneficio

exclusivo de las empresas integrantes
de Asimilec y las entidades gestoras de
derecho de autor que se lucran con el
esfuerzo y el trabajo de empresas
ajenas. Existe falta de fundamento
legal al establecer el sistema de
remuneración compensatoria por copia
privada por cuanto que los autores y
editores comercializan sus productos
con mecanismos informáticos dirigidos
específicamente a impedir la copia
privada pese a que se lucran con un
canon o compensación por algo que
impiden de forma metódica y
sistemática a la generalidad de los
usuarios finales.

Básicamente estos son los elementos
por los que llegamos a Defensa de la
Competencia, y después de un proceso
que duró hasta abril de 2006,
competencia efectivamente, nos quitó
la razón, pero nos decía algunas cosas
que recuerdan al informe al que nos
estamos refiriendo. Entre otras cosas
cabe destacar que la propuesta de

sobreseimiento, reconoce cómo una de
las partes del acuerdo, concretamente
la empresa Asimilec -se dice en el
informe ya en 2006-, se vio hostigada
por la otra si no cumplía con la
recaudación, impidiéndole continuar su
actividad comercial con normalidad y
abocándolo a los tribunales de forma
continuada. Habla de la existencia de
constantes demandas de una u otra
parte al decir que las relaciones entre
la SGAE y los fabricantes e
importadores de soportes y materiales
digitales eran de conflicto permanente.
Sin embargo, más adelante se dice que
no hay indicio que apunte hacia que las
condiciones del acuerdo pudieran
haber sido impuestas a una de las
partes de dicho acuerdo, pero después
reconoce que los intereses de Asimilec
están más ligados a los de los
consumidores que a los de dicha
entidad de gestión. Es probado y
reconocido que las entidades de
gestión aunaron esfuerzos en defensa
de sus propios clientes -los autores- y

de la protección de sus derechos, pero
también que lo hicieron en detrimento
de los intereses de los clientes de
Asimilec -productores, fabricantes y
usuarios o clientes finales de estos.

La propuesta de sobreseimiento -esto
es muy importante- acepta en un
momento dado que ha habido posición
de dominio, pero finalmente insiste en
equiparar sin distinción a los
consumidores de derechos de autor y
usuarios finales respecto de las
entidades de gestión con los
consumidores y usuarios finales de
soportes digitales, creándose aún más
grave y peligrosamente una situación
monopolística de dominio y
aprovechamiento sobre el mercado
digital por parte de los denunciados. La
Asociación de Internautas sigue
insistiendo en que el acuerdo
denunciado incurre en abusos, en que
su aplicación es arbitraria e
indiscriminada y, por tanto, injusta.

A pesar de esta pelea, como el
problema del canon digital es
absolutamente candente, llegamos a la
Fiscalía Anticorrupción para que
iniciara diligencias sobre una posible
actividad económica de carácter
delictivo de la SGAE. Esta denuncia la
firmamos la Asociación de Internautas,
la Asociación de Usuarios de Internet,
la Asociación Española de Pequeñas y
Medianas Empresas de Informática y
Nuevas Tecnologías -Apemit- y la
Asociación Española de Hosteleros
Víctimas del Canon -VACHE-.

Básicamente, todo lo que aquí decimos
está en los medios de comunicación.
Estoy hablando de medios de
comunicación de una línea no
determinada -el Diario Público, Diario
El Mundo, Diario El País, El
Economista- o sea, de una diversidad
tal que es sorprendente que ningún
funcionario público o alguien no haya
hecho algo al respecto. Aquí se
concreta todo el informe de

Competencia y está teniendo esos
resultados.

A título de ejemplo, uno de los artículos
de los periódicos referidos asegura que
una filial de la SGAE, Iberautor, debe
en su facturación, que ha rondado
entre 2000 y 2005, los 10 millones de
euros anuales a SGAE, que aportó el
93% del total en 2004 y el 84% en
2005. La factura de 2005 equivale al
3,4% de todo el dinero recaudado ese
año por SGAE como derechos. No se
especifican las actividades de Iberautor
porque eso puede provocar perjuicios a
la sociedad; el 99% de su facturación la
obtiene de SGAE.

De ser ciertas estas cuentas, se podría
justificar que la actividad de la entidad
denunciada no cumple el mandato legal
que le exige que el reparto de los
derechos recaudados se efectuará
equitativamente entre los titulares de
las obras o producciones utilizadas,
pues, supuestamente, se estaría

destinando dicha recaudación a
mantener empresas privadas,
empresas, además, que lo son de sus
socios y que envuelven un ánimo de
lucro prohibido expresamente por la
ley. A la luz de lo difundido por la
prensa, pareciera que

la SGAE ha ignorado que el destino del
patrimonio o activo neto resultante en
los supuestos de liquidación de la
actividad en ningún caso podrá ser
objeto de reparto entre los socios.

Todo esto se presentaría aún más
injusto y grave si tenemos en cuenta
que la SGAE no deja de multiplicar los
beneficios obtenidos del canon digital,
dinero que obtienen directamente de
los consumidores, de la tecnología
digital.

En 1999 la entidad obtuvo 2,2 millones
de euros con el sistema de
remuneración compensatoria y en 2005
obtuvo 23,6 millones de euros. Según

las últimas cifras publicadas por la
propia SGAE, en 2008 distintas fuentes
han asegurado que la SGAE recaudará
100 millones de euros por ese
concepto, multiplicando por cincuenta
la recaudación obtenida en 1999.

Señala también la prensa que de la
recaudación de SGAE, no han
escapado ni Inditex, ni Televisión
Española, ni las bodas, ni lo van a
hacer los móviles, por citar algunos
ejemplos, y, sin embargo, parece que
dichas recaudaciones se destinan a
cualquier cosa menos a cumplir con su
principal obligación. Es más, podría
estar sucediendo que los únicos
beneficiarios de las recaudaciones no
solo no las estuviesen recibiendo, sino
que ni siquiera tuviesen claro que la
gestión de los derechos será
encomendada por sus titulares -los
autores- a la entidad mediante contrato,
cuya duración no podrá ser superior a
cinco años, indefinidamente renovable,
ni podrá imponer como obligatoria la

gestión de todas las modalidades de
explotación, ni de la totalidad de la obra
o producción futura -artículo 153 de la
LPI-.

Se podría estar realizando tanto el
reparto ilegal de beneficios como una
recaudación fraudulenta extralimitada a
las competencias que legalmente le
son atribuidas, y ello al considerar que
algunas de las obras por las que se
solicita el pago de derechos no
pertenecen al repertorio de esa
entidad. Son conocidos los casos en
que se ha condenado judicialmente a la
SGAE por intentar cobrar más allá de lo
autorizado por los autores e incluso
más allá de esos cinco años
legalmente previstos -generalmente,
hasta que el autor se opone
expresamente a ello.

En definitiva, esta es la segunda
denuncia anticorrupción que hemos
hecho. La primera fue en el año 2007, y
ni siquiera tuvimos acuse de recibo, y

ya en la segunda, eso sí, lo hemos
tenido. La cuestión está en que, a
pesar de todo esto, de ese trasfondo y
de la alarma social, ahora hay dos
entidades o dos mafias que en este
mundo tienen peor imagen en España,
una es Al Qaeda y la otra es ETA, y a
una distancia algo prudencial está la
SGAE, que es, posiblemente, la
sociedad que tiene peor imagen pero
merecidamente.

Y parto de la base de que -es mi
opinión- si la Sociedad General de
Autores de España -no tengo claro que
sea de Autores y Editores, juntos- no
existiera, habría que hacerla, pero,
desde luego, esta sociedad o sus
responsables no merecen esa
consideración.

El Gobierno, a pesar de todo lo
anterior, impone el canon digital en julio
de 2009. Quiero comentar que este
Senado por dos veces ha dicho no al
canon digital, una fue en mayo de 2005

y otra, en noviembre de 2008,
haciéndose caso omiso. Incluso, a la
hora de transponer la directiva de la
Ley de Propiedad Intelectual y poner el
canon, la petición del Senado de que
se eliminara el mismo en mayo ha sido
absolutamente desoída por el
Congreso de los Diputados -no sé si se
ha extraviado el expediente, pero,
desde luego, no se ha tenido en
cuenta.

A pesar de que hay tres millones de
firmas en contra del canon digital,
existe una auténtica protesta
generalizada en contra y no solo en
contra del sistema de recaudación de la
sociedad de gestión posiblemente por
injusto y arbitrario -según dice el
informe-. Ayuntamientos como el de
Palma de Mallorca, Hospitalet o
Leganés están pidiendo la exención del
canon digital. Hasta tal punto -y esto
también lo ha desoído el Gobierno y el
legislador a la hora de llevar el canon al
Boletín Oficial del Estado- que la

Comisión Europea da la razón -estoy
hablando del 28 de septiembre de
2007- a la plataforma Todos contra el
canon y afirma que el canon no puede
aplicarse de forma indiscriminada, en
especial, a empresas y
administraciones, solo deben gravarse
con cánones los soportes y equipos
que puedan utilizarse efectivamente en
medida apreciable para hacer copias
destinadas a uso privado.

La plataforma Todos contra el canon en
aquel momento solicitaba a los
ministerios de Industria y Cultura la
interrupción de la aplicación del canon
digital. El comisario europeo de
Mercado Interior y Servicios, Charlie
McCreevy, en nombre de la Comisión
Europea, ha respondido a las
cuestiones planteadas por el diputado
por Iniciativa per Catalunya Verds, don
Raúl Romera i Rueda, a petición de la
plataforma Todos contra el canon.

Europa dice que las empresas y las

administraciones públicas tienen que
estar exentas del canon y un año
después sale una ley en la que no se
tiene en cuenta esas exenciones.

Así las cosas, tenemos el canon; pero
en contra de lo que el presidente de la
Sociedad General de Autores y
Editores dijo públicamente con relación
a que el canon se paga y al que no le
guste que se aguante.

Recientemente, el 5 de marzo de este
mismo año, ha habido un juicio en
Luxemburgo para ver si el canon
español es legal. Aparte de eso,
existen varias impugnaciones hechas
por la sociedad de internautas y por la
plataforma de Todos contra el canon en
Europa. Ahora mismo el canon está en
revisión y está denunciado en la
Audiencia Nacional. Existen varias
demandas de impugnación del artículo
25 de la Ley de Propiedad Intelectual.
El canon está prácticamente en
revisión y además es motivo de

rebeldía y de protesta pues no es
aceptado por amplías mayorías
socioprofesionales dentro y fuera de
Internet. Aun así, y después de todo
esto, nos encontramos con que no
están contentas las sociedades de
gestión o que no les parece suficiente y
con que, una vez que tienen el canon
en la buchaca y asegurado en el
Boletín Oficial del Estado, recrudecen
una pelea que empezó en el año 2000
con el desarrollo de la Ley de comercio
electrónico. Persiguen tres objetivos
fundamentales dentro del mundo de
Internet: uno, que los proveedores de
servicios sean responsables de los
contenidos que alojan; dos, que
cualquier autoridad

competente pueda cerrar páginas web
sin permiso judicial; y tres, que puedan
expiar las comunicaciones de los
usuarios también sin permiso judicial.
Lo han intentado hasta dos veces y
estas pretensiones han sido
rechazadas en dos ocasiones por el

Consejo Asesor de
Telecomunicaciones del que formamos
parte por el artículo 17 bis de la Ley de
Impulso a la Sociedad de la
Información. Asimismo se quiso hacer
un proyecto especial, que también fue
rechazado. Paralelamente han
intentado -esto hay que decirlo, porque
lo valiente no quita no cortés- imponer
el canon digital en el ADSL y en los
discos duros. El que fue ministro de
Industria y es hoy presidente de la
Generalitat de Cataluña, José Montilla,
se negó de una manera taxativa a que
se incluyera en el proyecto. Y ahora
hemos llegado al paroxismo de esta
especie de dictadura del culturetariado.
Es lógico que la gente piense que esto
es así. Si hemos tenido tres ministros
de Cultura que desde el año 2004 han
obrado de parte -y para nosotros han
sido ministros de la SGAE-, y ahora el
nombramiento de la señora González-
Sinde en el paroxismo del desprecio
hacia el mundo de Internet y hacia el
conjunto de la población, porque se

interpreta de una manera muy clara
que la SGAE, las sociedades de
gestión, tienen a su ministra que hace
un trabajo de parte. Eso es algo muy
preocupante. Estamos convencidos de
que ahora mismo hay un problema
importante con la propiedad intelectual,
con el desarrollo de la sociedad de la
información y con el mundo digital y
que no se debe solucionar con
imposiciones como las de este
Gobierno. Me refiero concretamente a
la adicional primera de la ley de
Economía Sostenible, que insistimos,
debe ser retirada de forma inmediata
de esa ley que no debe tener éxito ni
prosperar; desde luego, vamos a hacer
todo lo posible para que no prospere,
vamos a ser absolutamente
beligerantes.

El Gobierno en este tema es un
completo autista y desprecia
plenamente todo lo que representa el
mundo de Internet y digital, nos
desprecia de tal manera que no

provoca el debate. Yo creo que el
legislador sí que tendría que provocar
ese debate, pero un debate
absolutamente claro y limpio y que se
cumplan una serie de condiciones:
primera, la eliminación del canon
digital, que es absolutamente
fundamental; segunda, que no
prosperen leyes liberticidas que
cuestionan derechos fundamentales: la
libertad de expresión, la privacidad de
las comunicaciones sin permiso judicial
o dar carta de naturaleza a una
determinada comisión para que se
abran expedientes administrativos
sobre páginas web, hecho que nos
puede acercar a modelos dictatoriales
como los de China, Cuba o Arabia
Saudí.

Todas estas consideraciones implican
que hay que hacer desde luego una
profunda revisión de los modelos de
gestión de las sociedades de gestión
de los derechos de autor. A nosotros
no nos importaría que determinadas

sociedades privadas funcionaran como
funcionaran si no fuera porque tienen el
aval y el apoyo legislativo del Gobierno
e incluso a veces del legislador. El
Gobierno y el legislador les procuran
dinero, les procuran que hagan una
gestión a su libre albedrío y la sociedad
se encuentra en una situación de
absoluta indefensión. Este es el
planteamiento.

Quisiera hacer una pequeña reflexión
sobre la importancia del momento,
porque esta cuestión no es de índole
económica, sino de orden político. Si
Gutenberg tuviera hoy la posibilidad de
ver lo que ha pasado desde que puso
la primera piedra -recuerden que costó
300 años que llegara la Ilustración-, si
Gutenberg hubiera podido ver la
Ilustración, lo primero que constataría
sería que con su invento sacó de los
palacios y de la Iglesia la cultura;
hubiera visto muchos libros por la calle.
Si Gutenberg pudiera ver hoy lo que
nosotros sabría que la cultura corre

ahora mismo por todos los sitios
gracias a este fenómeno que supone
Internet, eso es importante, y vería
además que el agua llega a las casas y
que el botijo ha quedado atrás. Este
sería el modelo. En los últimos quince
años nos hemos basado en lo que hizo
Gutenberg. Pero ahora mismo la fe en
el libro se está perdiendo, ahora la
información va en archivos muy
pequeñitos. Si el legislador no abre un
debate amplio, si se pone a los pies de
los caballos de una industria que está
obsoleta y que está basada en unos
soportes que ya no tienen ningún
sentido, estará dando un mal paso y no
podremos ver esto con una cierta
esperanza y un cierto futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor Domingo.

Tiene la palabra el representante del
Grupo Parlamentario Popular en el

Senado, señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ REQUERO:
Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar la
bienvenida a esta comisión a don
Víctor Domingo y quiero pedir disculpas
por el estado lamentable en que se
encuentra mi voz hoy.

Independientemente de las notas que
he tomado, al hilo de la intervención del
señor Domingo, voy a centrar el debate
sobre el informe de la Comisión
Nacional de la Competencia, sobre los
debates que han tenido lugar en el
Congreso en este último período de
sesiones y en el anterior y como ha
señalado el interviniente, sobre la
importancia del momento, puesto que
cuestiones relacionadas con este
informe se han incluido en la ley de
Economía Sostenible que ha aprobado
el Gobierno en su última reunión del
Consejo de Ministros.

Por lo tanto, voy a empezar diciendo
que debemos tener posiciones
comunes, que se debe dar el debate
político, que no solamente debe haber
un diálogo por el afán de diálogo, sino
que hay que intentar que sea un debate
político lo más desideologizado posible
para acceder a posiciones comunes a
las que creo que podemos llegar. Voy
entonces a poner algunas cuestiones
encima de la mesa.

Lo primero que nos tenemos que
plantear es: ¿creemos que existe un
problema? Si hay grupos que creen
que no hay ningún problema en lo que
venimos tratando, difícilmente se van a
encontrar soluciones. Si estamos todos
de acuerdo en que hay un problema en
este tema, ¿se puede y se quieren
resolver y abordar los problemas que
ha puesto encima de la mesa el
informe de la Comisión Nacional de la
Competencia? Todos los grupos
políticos deberíamos

contestarnos, y pido también en este
caso la opinión del interviniente.

Hay una tercera cuestión que a mi
modo de entender es fundamental para
empezar. Si estamos de acuerdo en
que hay unos problemas que ha puesto
de manifiesto el informe y se quieren
resolver, hemos de saber si estos se
van a solucionar con los pasos dados
hasta ahora por el Gobierno o no. Esta
es una cuestión que debemos
contestar entre todos.

Por tanto, como digo, es una primera
oportunidad de centrar el debate sobre
este informe de gestión, que se le pidió
ya hace tiempo a la Comisión Nacional
de la Competencia y que vio la luz en
diciembre de 2009, sobre la gestión
colectiva de los derechos de la
propiedad intelectual. Se pidió el
informe porque se pensaba que podría
haber indicios de vulneración de la
competencia, cuyo control está entre

los objetivos de la citada comisión. Y
queda meridianamente claro que es
así, a lo largo de los 239 parágrafos y
de las 93 páginas del informe de la
comisión, que es un informe sólido, un
informe contundente, un informe
concienzudo, un informe serio y
razonado en todos sus extremos.
Explica hasta el paroxismo todos los
difíciles conceptos de los diversos, y
muchas veces escurridizos, derechos
dentro del derecho a la propiedad
intelectual. Además, es un informe
fundamentado, un informe que recoge
muchas resoluciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia, muchas
resoluciones de la Comisión de
Defensa de la Competencia, muchas
resoluciones de tribunales de justicia y
diversas resoluciones de instituciones
europeas de varios tipos: Parlamento,
Comisión, Tribunal de Luxemburgo,
etcétera. Es un informe, por tanto, que
merece respeto y al que hay que hacer
caso en lo que dice. Otra cosa muy
importante es que, por su estructura,

incide perfectamente en la
problemática que nos tenemos que
plantear aquí: la gestión colectiva de
los derechos de la propiedad
intelectual, el poder del mercado y las
barreras de entrada que tienen esos
derechos y los problemas tarifarios, a
los que ha aludido el interviniente y que
me gustaría concretar en alguna
medida.

Sin embargo, para mí, lo más
importante del informe, aparte del
hecho de que pone encima de la mesa
toda la problemática de los tres bloques
distintos que acabo de mencionar, son
las seis conclusiones y las ocho
recomendaciones que formula. Son
fundamentales a la hora de adoptar
una postura. Efectivamente, como ha
dicho el interviniente, recoge desde la
primera página, desde el resumen
ejecutivo previo a la introducción, que
las entidades de gestión de la
propiedad intelectual realizan
actividades desde una posición

monopolística. A este respecto, me
gustaría saber si los grupos
parlamentarios y el interviniente
-aunque ya he oído su opinión- están
de acuerdo en que esta posición
monopolística se siga manteniendo. Si
no es así, habría que llevar a cabo una
reforma legislativa. También me
gustaría conocer el análisis del
compareciente sobre los problemas
tarifarios y las restricciones de la
competencia del sector.

Todas estas no son cuestiones
baladíes, no podemos dejarlas sobre
las mesa, sin más. Y no las ha dejado
el Congreso de los Diputados que, el
año pasado por estas fechas,
concretamente en el mes de abril, creó
una subcomisión dentro de la Comisión
de Cultura, para estudiar precisamente
una posible reforma de la legislación en
materia de propiedad intelectual. Como
ustedes saben, el trabajo de la
subcomisión se alargó y, al final, vimos
que, seguramente por falta de tiempo,

no había requerido a ninguna de las
asociaciones de internautas que
existen en nuestro país, entre las 327
entidades y asociaciones a las que
consultó mediante cuestionarios o las
25 cuya comparecencia solicitó. Esa es
la razón de nuestra solicitud de
comparecencia de una, al menos, de
esas asociaciones de internautas, que
tiene un elevado número de asociados,
para conocer su opinión sobre todas
estas cuestiones de que estamos
tratando y que figuraban en el bloque
de preguntas de los cuestionarios que
la subcomisión envió a asociaciones y
entidades, como les he dicho. Por
supuesto, disculpo el olvido de la
subcomisión del Congreso, porque se
ciñeron, como les he dicho, a la
comparecencia de 25 entidades de las
327 que seleccionaron en principio,
pero nos parecía importante oír en el
Senado a una asociación de este tipo.

Nos parecía importante, porque en la
subcomisión del Congreso se llegó a

conclusiones fundamentales. Por
ejemplo, instar al Gobierno a la revisión
sistemática y coherente -leo
textualmente el informe de la ponencia-
de la vigente Ley de Propiedad
Intelectual. No nos parece que la ley de
Economía Sostenible sea el marco
adecuado para una revisión sistemática
y coherente de la Ley de Propiedad
Intelectual, porque incide únicamente
en un aspecto que no ha hecho sino
redundar en perjuicio de los problemas
que ya tenía el sector, a los que se ha
referido el interviniente en su
exposición.

Como decía al principio, deberíamos
desideologizar este debate. Con la
benevolencia del señor presidente voy
a enumerar lo que distintos medios de
comunicación, de todas las tendencias,
han dicho sobre el informe y de estas
cuestiones. El País, por ejemplo, critica
la posición monopolística de las
entidades de gestión: Competencia
ataca el monopolio de la gestión de los

derechos de autor. Y otros periódicos y
agencias informativas se refieren a las
mismas cuestiones. De modo que hay
que poner el problema encima de la
mesa y, si estamos de acuerdo en que
existe, tratar de resolverlo.

El informe objeto de nuestro análisis
hoy ha puesto el dedo en la llaga del
problema que está encima de la mesa.
No quiero extenderme mucho, pero son
necesarias algunas referencias. Desde
el principio, en el párrafo 7, dice que las
entidades de gestión abusan de su
posición de dominio, y se refiere a seis
resoluciones, del Tribunal de Defensa
de la Competencia anteriores al
informe y de la Comisión Nacional de la
Competencia. El sistema es de difícil
interpretación y la gestión de los
derechos de autor también, pero hay
que ver cómo se soluciona. En el
parágrafo 61 se refiere a algunas de las
cuestiones que ha mencionado el
interviniente, y se pregunta dónde va lo
recaudado. Esto es importante. Como

es lógico, se recauda con un objeto y
con un fin: atender a los derechos de
los titulares, y no a

los de la sociedad de gestión; a los
derechos de los titulares de los
derechos de la propiedad intelectual. Y
si la Comisión de Defensa de la
Competencia se pregunta dónde va lo
recaudado, yo me preocupo. Dice
también que no se reparte entre los
titulares lo que se recauda. Esto me
parece grave. Igualmente, incide, en el
parágrafo 66, en la posición
monopolística. Los últimos parágrafos
del informe se refieren a las tarifas.
Reconoce que no existe control ex ante
de las tarifas; es decir, que no se sabe
qué pasa. Sin embargo, todo requiere
tarifas: los taxis, el transporte público
en general, los ayuntamientos
aprueban las tarifas del agua, etcétera;
todo, incluso los servicios públicos de
la Administración, está sometido a
control. Pero aquí, no; la tarifa la pone
la sociedad, el ente gestor, ni siquiera

el titular del derecho. Es la sociedad de
gestión la que impone las tarifas. Pero
es más grave todavía: no existe
negociación de las tarifas, los
mecanismos de negociación son
ineficaces, dice textualmente el
informe, en el parágrafo 179. Y peor
todavía, ya lo he dicho anteriormente:
existe una ausencia total de control
tarifario ex post; es decir que, después
de haber cobrado la tarifa, sigue sin
saberse cómo se reparten los
derechos. El informe se refiere también
al derecho comparado, del que
deberíamos aprender algo. Aquí
estamos en una Cámara legislativa
para cambiar precisamente lo que sea
preciso. Por fin, los calificativos para
las tarifas se agotan: inequidad de las
tarifas, son discriminatorias, falta de
transparencia, etcétera. Todas estas
cuestiones que pone encima de la
mesa el informe de la Comisión
Nacional de Defensa de la
Competencia deben abordarse.

Precisamente mi grupo parlamentario
en el Congreso presentó dos
interpelaciones en este sentido, una en
diciembre de 2009 y otra en febrero de
2010, que no se han atendido. Y fíjense
en que han sido anteriores al debate
parlamentario en el Congreso del
propio anteproyecto de ley de
Economía Sostenible aprobado por el
Consejo de Ministros y mi grupo ponía
encima de la mesa, en primer lugar, el
rechazo a esta regulación que se
quiere introducir por la puerta trasera
de la ley de Economía Sostenible. Y en
segundo lugar, a la exigencia previa de
intervención judicial, porque
entendemos que son derechos
fundamentales de las personas que
afectan a los artículos 18.3 y 20 de la
Constitución.

El señor PRESIDENTE: Señor
Vázquez, le ruego que vaya acabando.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Voy
acabando, señor presidente.

Y también a que se elabore un
anteproyecto completo de Ley de
Propiedad Intelectual. Es verdad que el
Gobierno lo ha fiado a que antes de
que se acabe la legislatura entre ese
proyecto en las Cámaras.

La ley de Economía Sostenible -a la
que no quiero juzgar en su conjunto,
sino únicamente en el preciso contexto
a que hace referencia el informe- dice
que uno de los tres ejes en los que se
basa ley es la mejora de la
competitividad. Entramos de lleno en la
mejora de la competitividad en un
sector tan importante como el que
estamos tratando y en uno de sus
puntos dice que se profundiza en el
impulso de la sociedad de la
información, que precisamente viene al
caso de hoy. Pero luego vas a mirarlo y
no regula absolutamente nada, ni en
relación con la mejora de la
competitividad, ni con el impulso de la
sociedad de la información, sino que se

refiere a bandas de frecuencias, a
espacios de espectros radioeléctricos,
a bandas de frecuencias de
megahercianas, a la televisión
analógica; es decir, no dice
absolutamente nada y sí dice, como ha
dicho el interviniente, en la disposición
final primera algunas cosas que nos
preocupan, porque ahonda en la
intervención extrajudicial, en dejar a las
sociedades de gestión las cuestiones
que estamos aquí debatiendo, que nos
parece que no debería ser así y
también a una comisión de la
propiedad intelectual, de la que ni dice
la composición y el propio informe
estima que debería ser independiente,
pero, según lo que establece el plan de
proyecto de ley, no va a ser así porque
lo va a hacer por decreto. No es que no
vaya a ser así, es que ya dice que
tienen que formar parte los
representantes de las entidades de
gestión, es decir, peor todavía, porque
ahora, por lo menos, es el ministerio
directamente el que lo hace.

De todas formas, seguramente en el
turno de portavoces -señor presidente,
gracias por su benevolencia- podré
aclarar más algunas de estas
cuestiones.

Muchas gracias.

gracias, señor Vázquez.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Muchas
gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Domingo, por
sus explicaciones. He de decir que
coincido bastante con algunas de sus
valoraciones, reconozco los derechos
de autor, y la necesidad de proteger la
propiedad intelectual, que usted
también ha defendido con una frase
taxativa, y es que si la Sociedad

General de Autores no existiera, habría
que inventarla.

Nosotros, como representantes de la
sociedad, no solo recibimos peticiones
de los internautas, sino también de
autores, empresas editoras, etcétera y
después de un cierto tiempo tengo una
percepción, y es que el canon no ha
resuelto la crisis, sobre todo de las
pequeñas empresas editoras, como
discográficas, etcétera. Así me lo están
comentando y seguramente por
diversos factores que creo que ha
dejado en evidencia el informe de la
Comisión Nacional de la Competencia.
El primero es que la cuota no repercute
en el autor y puede ser por dos
motivos: uno que ha comentado usted
y que apunta la comisión, es que
podría existir un fraude importante a
través de sociedades interpuestas.
Esto es muy grave y es un problema de
Fiscalía y de actuación judicial. Por
tanto, esperemos que su denuncia
llegue a buen puerto. Me imagino que

esto no sería el grueso de la
recaudación, pero lo que podría quedar
de la recaudación no repercute en
pequeños autores y en pequeñas
empresas editoras, es decir, hay un
oscurantismo sobre a dónde van los
recursos que recauda la SGAE y
pequeños autores así lo han
denunciado. Este es el primer asunto
que tendríamos que abordar.

Últimamente ha habido otras
denuncias, y es que se cobra por
actuaciones de autores que no están
registrados, por ejemplo, música
popular, pequeños grupos de
aficionados que tienen sus
composiciones propias, que las
interpretan, a los que les cobran
derechos de autor pero no perciben
estos derechos. Esta es otra cuestión.

Usted también ha hecho referencia a
que el canon es excesivamente
universal y se cobra a administraciones

públicas, empresas, etcétera. Yo soy
senador en representación del Bloc per
Mallorca, PSM-Verds, y algunos de los
concejales de mi formación política
están promoviendo una iniciativa,
solicitando que los ayuntamientos
estén exentos de pagar el canon. Les
anuncio que estoy estudiando una
iniciativa, en relación con las mociones
que ya están aprobando algunos
ayuntamientos y que se intentará llevar
al Parlamento balear, para que el
Senado, en forma de una moción, tome
algún tipo de acuerdo en este aspecto.
Me quedo con esta denuncia, muy
grave, de que aquí podría haber un
lucro indebido, y esto se tiene que
estudiar.

En todo caso, muchas gracias por sus
apreciaciones y espero que abunde en
sus comentarios posteriores sobre
estas tres cuestiones que me
preocupan especialmente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Sampol.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Zubero.

El señor ZUBERO BEASCOECHEA:
Buenos días a todas y a todos.

Tengo que empezar esta intervención
diciendo que me encuentro en una
situación extraña porque vamos a
dialogar sobre un informe referido a la
gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual, pero no
comparece quien ha elaborado ese
informe, tampoco comparecen las
entidades a las que el informe hace
referencia, ni siquiera comparecen los
autores y creadores permanentemente
aludidos por el informe como supuestos
damnificados por el actual sistema de
gestión de sus derechos y aunque es
verdad, por supuesto, que en última
instancia son los usuarios de los

productos culturales los que están
afectados por cualquier tipo de decisión
en relación con esta cuestión de la
propiedad intelectual, no es menos
cierto que el propio informe insiste
permanentemente, y lo dice así, en que
los usuarios que son objeto de la
atención de este informe son
básicamente usuarios institucionales,
llega a decir que el 50% prácticamente
afectaría a televisiones y radios. De ahí
la extrañeza a la que hacía referencia,
pero eso no obsta para agradecer la
comparecencia del señor Domingo; él
ha hecho lo que cree que tiene que
hacer y lo que viene haciendo, que es
dar su opinión, y eso es muy de
agradecer, la da en esta Cámara y, por
tanto, le recibimos con la hospitalidad
que se merece.

En todo caso, un compañero senador
socialista vasco, Mario Onaindia, tenía
una frase muy ocurrente cuando decía
que cuando alguien llama a un mariachi
es para que cante rancheras. En todo

caso, aquí hay una cuestión de
elección de compareciente y sí creo
-dadas las permanentes referencias
que se han hecho a una entidad de
gestión en concreto, a las entidades de
gestión colectiva en concreto- que
seguramente -sin intentar reproducir
aquí la subcomisión del Congreso
porque no ha lugar- sería oportuno
plantear alguna comparecencia más,
en la que algunas de las entidades
aludidas o incluso alguno de los
redactores del informe puedan darnos
su opinión.

Por cierto -y es la única referencia
expresa que voy a hacer a esa entidad
en concreto-, cuando se lee en
profundidad el informe, y lo hemos
hecho así todos los que estamos aquí
porque para eso veníamos en principio,
no es la SGAE la que peor parada sale
de la valoración del informe de la
Comisión Nacional de la Competencia,
porque, de hecho, el ámbito en el que
se mueve la SGAE es el único ámbito

en el que hay otra entidad con la que
puede competir, que es la entidad
DAMA. Además, la SGAE es la única
entidad que contempla la posibilidad
formal de que un titular pueda modificar
la exclusividad en la gestión de sus
derechos, además es, junto con DAMA,
una entidad que contempla que los
contratos se prorroguen anualmente y
no sean prórrogas indefinidas.

Me parece que tendríamos que
profundizar un poco más en estos
planteamientos, no por la intervención
del señor Domingo que, como digo, es
muy positiva y coherente con lo que
viene opinando desde hace mucho
tiempo, sino porque esta
comparecencia podría resultar un tanto
fallida, puesto que al final puede que no
hablemos suficientemente sobre el
objeto de la misma.

El portavoz del Grupo Popular decía
que hay que reconocer que tenemos un
problema. Por supuesto, hay un

problema con esta cuestión y lo hemos
reconocido todas y todos. Como digo,
la prueba es la subcomisión sobre
propiedad intelectual en el Congreso,
es decir, se ha hecho un esfuerzo
evidente por intentar abordar una
cuestión que nos descoloca a todos.
No creo que nadie tenga soluciones
perfectas ni las verdades absolutas.
Todos estamos buscando salidas en un
ámbito que es absolutamente nuevo
para gestionar derechos viejos. En todo
caso, sí parece que hay un acuerdo en
esa subcomisión, y es que alguna
forma de gestión colectiva de los
derechos de autor es necesaria, en
primer lugar porque los propios autores
lo demandan.

Por otra parte, aunque no corresponde
al objeto de esta intervención, quisiera
matizar lo que planteaba el portavoz
del Grupo Popular en su intervención,
porque, tal como lo decía, puede sonar
muy duro. Me refiero a su afirmación de
que puede quedar por ahí mucho

dinero que se recauda y no se sabe
adónde va. Siendo honestos con el
informe, este dice que, al final, las
cantidades no repartidas no superan el
4% de lo recaudado.

Este es un informe equilibrado, aunque
también dice lo que dice, también
porque le toca cantar rancheras. La
Comisión Nacional de la Competencia
necesariamente tiene que defender la
competencia. El informe dice que llama
la atención la desconfianza que el
marco legal actual deposita en el
mercado como elemento organizador
de la actividad de gestión de derechos
de propiedad intelectual. Viene a decir
que desconfiamos de que el mercado
pueda hacer esta labor. Y continúa en
otro apartado diciendo: No solo se
impide que esta actividad pueda ser
realizada por

entidades con ánimo de lucro y visión
comercial, sino que también estipula
que sea un ministerio el que organice

esta actividad, en vez de permitir que el
mercado dicte cuántos operadores
debe haber y si son eficaces o no. No
obstante, cabría también responder a
este informe diciendo que llama la
atención la desconfianza que
manifiesta en la capacidad de la
política para organizar
responsablemente y de forma eficiente
intereses contrapuestos y complejos
pero que hacen referencia a bienes
públicos muy importantes, como son el
derecho a la cultura, a la creación, a la
propiedad intelectual, etcétera.

En todo caso, como no es mi voluntad
ni la del grupo al que represento
establecer discusiones banales entre
lógicas mercantiles o lógicas políticas,
sino buscar sinergias, ni establecer
discusiones banales entre los intereses
de unos y de otros, debemos hacer un
esfuerzo por llegar a algún tipo de
acuerdo. Y hasta el momento creo que
en esta comisión ha habido demasiado
paroxismo -no utilizo el término de

manera provocadora, sino más bien
agradable-, siendo este un concepto
que se ha utilizado en varias ocasiones
al menos por dos personas.

Creo que hace falta también situar el
debate. Se ha hablado de atentado
contra la libertad, dictadura etcétera,
pero habría que modular bastante más
las expresiones. Volveré más tarde al
informe, porque, a la luz de la
intervención del señor Domingo, me
voy a desviar un instante, ya que, en el
fondo, de lo que estamos hablando no
es de atentar contra la libertad de
nadie, aunque no digo que no haya que
estar vigilantes siempre ante esta
posibilidad, que siempre existe,
también en las democracias. Un
investigador norteamericano, firme
defensor del dominio abierto, como es
Lessig, en su libro Código 2.0, que
prácticamente suscribiría en el 98% de
lo que dice, porque me parece muy
acertado, presenta una tipología de
usuarios de las redes de intercambio,

de las peer to peer, muy interesante.
Este autor dice que hay cuatro tipos de
usuarios: en primer lugar, aquellos que
utilizan estas redes como sustituto de
la compra de contenidos -descargan en
lugar de comprar, y seguramente
pueden estar afectando
económicamente a la industria cultural
y también a los derechos de autor-; en
segundo lugar, quienes utilizan estas
redes para probar el producto antes de
comprarlo; en tercer lugar, quienes
utilizan las redes para acceder a
material que no está a la venta, bien
por ser producto descatalogado, bien
porque nunca ha salido a la venta, de
modo que no están generando ningún
tipo de problema; y, en cuarto lugar,
usuarios que utilizan las redes de
intercambio para acceder a contenidos
que no tienen copyright. Creo que es
interesante hacer estas matizaciones,
porque seguramente en este caso el
intento del legislador -y no digo que no
pueda ser discutido, porque, de hecho,
la subcomisión del Congreso lo está

haciendo- no es actuar universalmente
contra todos los usuarios de redes de
intercambio, sino solo contra un tipo de
usuarios.

Para no entrar en una cuestión que no
es objeto fundamental de esta
comparecencia -insisto-, sencillamente,
me remito a lo que hace unos meses
publicaba una persona, que, por cierto,
es muy crítica con algunos aspectos de
la disposición adicional, especialmente
respecto del cierre administrativo de las
páginas, que, sin embargo, decía lo
siguiente -lo leo y vuelvo brevemente al
informe y termino esta intervención-: El
P2P, cuando es de obras no sujetas a
dominio público o bajo licencia Creative
Commons o con la autorización de todo
aquel que tenga derecho sobre la obra,
es una infracción de leyes civiles. Si los
contenidos son ilícitos, las páginas que
facilitan las pistas para acceder a ellas,
los Torrents, puede que no reciban una
condena penal, pero pueden ser
demandadas ante los tribunales civiles

con éxito y están obligados por la
legislación vigente, ya antes de la tan
traída y llevada modificación González-
Sinde, a retirar los enlaces que tan
sencillo hacen obtener esa película que
acaban de estrenar. Y esto me parece
importante. Creo que a cualquiera que
haya entrado en una página de
descarga tipo Torrent le costará
honestamente admitir que lo que en
ella se encuentra sea un verdadero
ejercicio del derecho a la libertad de
expresión o de información.
Simplemente, es un sitio donde se
infringe una ley, por criticable y
obsoleta que esta a muchos pueda
parecerles.

Seguro que se puede discutir esta
cuestión, pero insisto en que creo que
sobraría paroxismo, sobre todo en el
contexto actual, cuando hay una
subcomisión que ha intentado buscar
acuerdos fundamentales entre los
grupos. Además, es una subcomisión
en la que han estado presentes

asociaciones críticas con la actual
situación. (El señor Vázquez Requero:
No digo que no; no han estado
internautas.) Ha estado la Asociación
de Internautas. No estuvo su portavoz
como compareciente, pero usted envió
un informe que ha sido recogido. Y eso
le honra, porque mucha gente ha sido
consultada y no ha contestado. Por
tanto, han estado presentes aunque no
hayan comparecido. Se les ha
escuchado y, cuando se lee el Diario
de Sesiones correspondiente a estas
sesiones de la comisión, se observa
que realmente es muy interesante todo
lo que se ha discutido. En definitiva,
tenemos la ocasión de buscar un
terreno de acuerdo que no sea
excesivamente paroxístico ni
catastrofista. Además, supongo que
estaremos de acuerdo todas y todos en
que, aunque ahora estamos en política,
también formamos parte del conjunto
de la sociedad quienes aquí estamos e,
incluso, formamos parte del mundo de
Internet. Hay muchas más

posibilidades de transacción, de
acuerdo, de espacio de diálogo
siempre que se busque y se quiera que
las que a veces parece que existen.

En cuanto al informe, solo voy a
referirme a un aspecto más, para no
extenderme demasiado. Sorprende
muchísimo la defensa de la bondad del
mercado para gestionar los derechos
de propiedad intelectual, como se hace
en el informe, con tan escasa base
empírica, como luego aporta para
justificar esta opción. Sin duda, el
sistema actual de gestión colectiva de
derechos de autor -por otra parte,
fundamental para hacer reales y
efectivos los derechos derivados de la
propiedad intelectual- presenta
problemas. Y esto es algo que ha sido
reconocido en el informe final de la
subcomisión del Congreso. Pero de ahí
a defender el mercado como mejor
opción para defender estos

derechos media un abismo. Tal vez

pueda hacerse como hipótesis, pero,
desde luego, no como si fuera un
hecho. En su defensa del mercado, el
informe de la Comisión Nacional de la
Competencia señala textualmente:
Existen entidades de gestión
extranjeras que tienen finalidad
lucrativa. Sin embargo, solo cita una,
que es una entidad estadounidense,
SESAC, que solo gestiona los
derechos del 5% de los autores y
editores de obras musicales a pesar de
que tiene una historia de ochenta años.
Luego, no parece que haya mucha
base empírica para poder justificar lo
que dice la Comisión Nacional de la
Competencia de su elemento
fundamental, que es la defensa del
mercado como mejor opción para
defender estos derechos.

Además, hay otro informe de
evaluación de las entidades de gestión
colectiva de los derechos de propiedad
intelectual, al que no nos hemos
referido hasta ahora, que es el

elaborado en 2008 por la Agencia de
Evaluación de Calidad, donde se
plantea una posición algo distinta de la
que presenta el informe de la Comisión
Nacional de la Competencia. Dice: La
cuestión fundamental es si el actual
nivel de regulación del sistema de
entidades de gestión colectiva de los
derechos de propiedad intelectual es el
adecuado para que el sistema cumpla
sus objetivos con eficacia, eficiencia,
transparencia y equidad. Luego, la
orientación es la misma. Y añade: El
nivel de regulación adecuado puede
estar entre la actual situación, en la que
las principales decisiones de gestión se
toman de acuerdo con las fuerzas del
mercado y las decisiones de los
órganos competentes de las entidades
o un sistema más intervenido, en el que
las principales decisiones operativas y
el control estén en manos del
regulador. Luego, se puede optar
incluso por un sistema más intervenido
políticamente. Tenemos un amplio
terreno de juego para hablar, para

avanzar mucho, pero lo que sí les
rogaría es que hiciéramos todos un
esfuerzo por buscar elementos y
puntos de acuerdo en lugar de
discrepancias.

Por último, quiero plantear dos
preguntas relativas al informe, en
concreto sobre la competencia: en
primer lugar, cuál es su opinión como
responsable de la Asociación de
Internautas sobre la propuesta del
informe de optar por un sistema de
gestión individual de los derechos de
autor basado en los DRM -es decir, en
la gestión digital de estos derechos-; y,
en segundo lugar, por qué cuando ya
existen hoy alternativas a la gestión
colectiva a través del copyleft o de
creative commons, los autores y
creadores siguen todavía optando por
entidades de gestión colectiva, ¿quizá
la razón tenga que ver con la propia
entidad del producto cultural del que
estamos hablando?
Muchas gracias.

gracias.

Tiene la palabra el señor Domingo.

(Domingo Prieto): Gracias, señor
presidente.

El primer problema que existe ahora
mismo es la brecha que se ha creado -
como también reconoce la subcomisión
del Congreso de los Diputados- entre el
mundo de Internet, el mundo digital, el
mundo de la sociedad de la información
y el de la propiedad intelectual, y ese
problema se agrava porque el Gobierno
se ha situado en un lado de esa
trinchera; por decirlo de alguna
manera, está enfrentando. Ese es un
problema importante, porque no se
pueden buscar puntos de encuentro
cuando tu Gobierno está en contra de
un interés general.

Hay que tener en cuenta una cuestión,
y es que los derechos de autor y la
propiedad intelectual son derechos
legítimos, pero corporativos, y el
intentar situarlos a la altura de los
derechos fundamentales es un error
muy importante que solo se puede
explicar por connivencias, lo que hace
que expresiones como dictadura del
culturetariado tengan cierta fortuna en
muchos ambientes no solamente
dentro de la red sino también fuera. Es
un problema que hay que resolver, por
supuesto, pero los problemas no se
resuelven imponiendo cánones
digitales.

Se habla de los usuarios de P2P, pero
creo que no he mencionado en ningún
momento a los usuarios de intercambio
de archivos porque no estamos
hablando de tecnología sino de que lo
que hace el Gobierno y lo que hace el
legislador es poner en marcha
ordenanzas, normativas y leyes que

afectan a todos los ciudadanos. El
canon digital no afecta solo a los
usuarios de soportes digitales, afecta a
toda la ciudadanía porque toda la
ciudadanía lo paga, sea usuario de
soportes digitales o no lo sea. De ahí la
rebelión de los ayuntamientos de
Mallorca -y no solamente está pasando
en Mallorca-, y es que al no estar
exentas del canon digital las
autoridades autonómicas, las locales,
el Ministerio de Justicia, es decir, todas
las administraciones, los usuarios lo
están pagando a través de sus
impuestos, a pesar de no utilizar estos
soportes como usuario para
compensación por copia privada. Es
decir, que lo paga todo el mundo.

Si eso se lleva al Boletín Oficial del
Estado, ya no se trata de un problema
de usuarios de soportes ni siquiera de
usuarios de productos culturales sino
que es un problema general, que afecta
a las administraciones y a la
ciudadanía. Por eso, lo que puede ser

un problema derivado de la aplicación
de una tasa se convierte en un
importante desequilibrio democrático
que hay que corregir. ¿Quién lo tiene
que corregir? Lo tiene que corregir el
legislador, y ahora mismo tenemos esa
oportunidad.

Se ha hablado de la subcomisión del
Congreso de los Diputados, y el
problema es que la subcomisión para la
reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual, que lleva un año
trabajando, ha sido ninguneada por el
propio Gobierno. ¿A qué viene la
disposición adicional primera de la ley
de Economía Sostenible, cuando hay
una subcomisión que está trabajando
en el desarrollo de la Ley de Propiedad
Intelectual? Esa disposición no tiene
ningún sentido, no sabemos a qué
viene. Además, es la tercera ocasión
en la que el Gobierno trata de introducir
una ley de esas características: la
primera, en la Ley para el Impulso de la
Sociedad de la Información, y la

segunda, cuando incluso se quiso
establecer un punto concreto sobre
este tema, y en las dos ocasiones se
produjo un rechazo desde dentro y

desde fuera de la red. No tiene ningún
sentido. Los problemas no se resuelven
mediante imposiciones, y esto es una
imposición. Además, si este proceso
sigue adelante, se van a generar
muchos más problemas, porque con
esta actuación del Gobierno y, en
algunos casos, del legislador, se está
visualizando una deficiencia
democrática muy importante.
Independientemente de la seriedad del
informe, que ya recoge todos estos
puntos aunque de manera más
científica, la percepción generalizada -y
no de miles sino de cientos de miles de
personas de dentro y fuera de la red-
es que esto es un chanchullo y que el
Gobierno está tratando de sacar dinero
publicando leyes en el Boletín Oficial
del Estado para que unas sociedades
de gestión, que no los autores -porque

ese dinero no está llegando a los
autores, como está quedando claro-,
perciban un salario o vaya usted a
saber qué otras cosas, tal y como se
indica en el informe que determinadas
asociaciones hemos presentado ante la
Fiscalía Anticorrupción, que todavía no
nos ha respondido.

Por lo que respecta a las tarifas, no
conozco otro tipo de tasas, pero hay un
absoluto descontrol. Un supuesto
inspector o una franquicia en nombre
de una sociedad de gestión van a un
bar, a un hotel, a una peluquería, a un
concierto benéfico de apoyo al pueblo
saharaui -organizado en Málaga por
Comisiones Obreras- o a un festival
para discapacitados y establecen las
tarifas que les parecen convenientes y
las cobran cuando les da la gana.

Conozco las tarifas que se recogen en
el Boletín Oficial del Estado con
respecto al canon digital, y el sistema
tarifario es una auténtica aberración

desde el punto de vista de la justicia
distributiva. ¿Por qué? Porque todos
los soportes soportan una tarifa, y esa
tarifa es unitaria. Por ejemplo, todos los
discos duros extraíbles soportan una
tarifa que creo que es de 1,30 euros,
pero da igual que el disco duro tenga
una capacidad de 80 megas que de
8000 megas. Si me compro el de 8000
megas, que vale 500 euros, estaré
pagando 1,30 euros, y si compro el de
80 megas, también pagaré 1,30 euros.
Si alguien se compra el de 80 megas
no es porque le dé la gana sino porque
a lo mejor no puede pagar el de 8000
megas, pero se le cobra igual a uno
que a otro, cuando lo lógico sería que
fuese porcentual. Así, si me compro un
soporte con una capacidad de 800
megas, es lógico que sea más caro que
si compro un soporte de 8 megas, pero
es que esas cantidades van
directamente a las sociedades de
gestión de los derechos. Aparte de que
muchos de esos soportes, como el
USB que tengo aquí para el portátil -y

esa es la crítica fundamental a las
tarifas-, solamente sirven para eso, y
en la factura figura 1,90 euros de
canon. Insisto en que el problema es
de justicia distributiva, porque no se
puede cobrar la misma cantidad por
elementos que tienen prestaciones
distintas.

Por otro lado, el canon no ha resuelto
los problemas y, de alguna manera, se
ha reproducido todo lo que veníamos
advirtiendo porque desde 2003 hasta
2008 tenemos la experiencia de lo que
ha sucedido con la implantación de los
CD vírgenes grabables. ¿Qué es lo que
ha ocurrido? Pues que las pequeñas
tiendas de informática se han sentido
hostigadas, se han ido al traste y,
además, muchas están todavía en
trámites judiciales y con problemas
muy serios con las sociedades de
gestión de los derechos de autor, que
les están reclamando el canon con
efecto retroactivo. Se ha generado un
mercado negro impresionante. ¿Por

qué? Porque la gente compra los CD
por Internet, y, sobre todo, como se
dice vulgarmente, se va al chino o
donde no tenga que pagar canon. Se
ha generado un mercado negro muy
importante, y la industria de los CD, de
los DVD vírgenes grabados, de todo
este tipo de soportes se ha ido
completamente al garete; ha
desaparecido, porque se le ha puesto
una tasa impositiva que la ha
estrangulado, y la gente los compra en
otro sitio.

Esa es una de las cuestiones, pero lo
que se está generando ahora mismo
son problemas como los que se han
citado aquí: ayuntamientos que están
pidiendo la exención, porque están
pagando una partida y, como ahora hay
problemas económicos en todos los
lados, todo el mundo está buscando las
partidas. En un momento de desarrollo
económico importante esas partidas a
lo mejor no tienen ninguna importancia,
pero ahora sí la están teniendo.

Nosotros un día publicamos un artículo
que decía que el canon era una tasa
que podía agravar la crisis de alguna
manera en determinados sectores, y
eso no se ha solucionado. Por
supuesto, lo que sí se está
comprobando de una manera palpable,
y no solamente porque lo digamos
nosotros, sino porque hay informes que
se han pedido por los propios autores
al Ministerio de Cultura, es la gestión
de los derechos de autor. El dinero que
se está recaudando no está llegando a
los autores, primero, porque ellos no
son los que ponen el precio; el precio
de esos derechos los pone la sociedad
de gestión de los derechos de autor.
No tiene ningún sentido -y lo dije al
principio de mi intervención-, porque si
el repertorio que se está gestionando
no es transparente y no se conoce es
imposible que esos titulares tengan
esos derechos.

Esto, que parece algo sin importancia,

una tontería, que prácticamente puede
ser una estupidez, es el fondo el
problema. No debería sobrar ningún
dinero, debería ser una cifra
absolutamente anecdótica, pero hay
dinero que no se está dando a los
autores. Y cuidado, la propia Sociedad
General de Autores está diciendo que
tiene no sé si 90 000 socios, y que
cobran en compensación 30 000 o 35
000, es decir, solo una parte -cuando
hablamos de dictadura del
culturetariado todo va cogiendo forma-,
el resto de los socios no tienen voto. Se
genera así una especie de ambiente en
el que solamente votan los que más
cobran y nunca votan los que no
tienen. ¿Qué sucede? Que cobran,
efectivamente, los que más tienen, y
otros no cobran, pero ahí se está
generando una raza aparte -o una
casta aparte- que son los que
gestionan esos derechos y son los que
deciden lo que cobran unos y lo que
cobran otros, quién vota o quién no
vota. Ahí es donde se ha generado

esta lamentable situación. Además,
tienen la posibilidad y la capacidad de
influir en el Legislativo hasta el punto
de decidir el nombramiento de los
ministros de Cultura, algo que ya
resulta inconcebible.

El señor PRESIDENTE: Termine, por
favor.

(Domingo Prieto): Termino.

Respecto a si no hay soluciones, yo
creo que sí las hay. Hay soluciones,
pero la manera de buscarlas -insisto-
no está en la imposición. En este
momento nos estamos encontrando
con un problema que requiere un
debate amplio, abierto, tranquilo,
moderado, modulado y, desde luego,
con un Gobierno neutral, cosa que en
este momento no existe. Hay un amplio
debate acerca de cómo debemos hacer

esto. Yo estoy mucho más en la línea -
y contesto a la pregunta del senador
del Grupo Socialista- de que los
autores tengan el contacto y vendan su
producto directamente a sus clientes, y
creo que Internet es un medio de
comunicación que lo puede permitir,
porque no hay que olvidar que nosotros
somos clientes, somos fans de esos
autores, y no queremos que se mueran
de hambre ni les queremos robar;
vamos a sus conciertos, les
compramos camisetas, etcétera. Eso
abre muchísimas posibilidades, el
problema es saber dónde está esa
sociedad de gestión.

El papel que Internet está
cuestionando, y no solamente en el
mundo de la propiedad intelectual, sino
también en el mundo de la política y en
otros órdenes de la economía, es el
papel del intermediario. ¿Dónde queda
ese intermediario? Lo que está
haciendo ahora mismo el intermediario
es imponer sus criterios, imponer sus

modelos de negocio, que están
completamente obsoletos.
Ya no vale la fórmula del disco de Elvis
Presley, eso se ha acabado. Ya nadie
compra discos, porque no hace falta, es una
cuestión absolutamente antediluviana, ahora
una canción va de una cosa que
prácticamente no existe, porque es un
archivo. Eso lo tenemos que debatir y ver las
experiencias de todos, pero de todos, no de
los que están defendiendo un modelo de
mercado que se ha acabado. Como dije
antes, la industria del botijo se acabó el día
que llegó el agua a las casas. Ahora es una
cuestión de cerámica, de arte, y
absolutamente anecdótica, como van a ser
los discos de vinilo o los CD o los DVD.
Vamos por otro lado. Esto hay que debatirlo;
no se trata de influir. No es una cuestión de
usuarios ni de intercambio de archivos, es
una cuestión de modelo democrático y de
desarrollo democrático de toda la
ciudadanía. Es importante lo que se haga
desde el ámbito legislativo, porque, aunque
vaya dirigido a los usuarios de P2P, eso se

refleja en el Boletín Oficial del Estado y
puede afectar a los derechos fundamentales,
no solamente de sus usuarios, sino de todos
los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Al no estar presente el senador Sampol,
tiene la palabra el senador Zubero.

El señor ZUBERO BEASCOECHEA:
Gracias.

Quiero únicamente insistir en que hemos
hablado poco del informe de la comisión,
pero no por ningún tipo de mala voluntad del
compareciente, porque él ha hablado de lo
que tenía que hablar. Es importante, ya que
hemos abierto esta puerta, que dediquemos
alguna sesión con tranquilidad a profundizar
en el informe que, como digo, matiza un
poco más algunas cosas que aquí se han
dicho.

También quiero insistir en que tenemos la
obligación de buscar algún tipo de acuerdo
entre elementos cuyo equilibrio es muy
complicado, lo ha sido siempre. Es verdad
que hay una modificación en el contexto de
la producción, de la distribución de la
industria cultural, eso es evidente. Lo
expresaba de una forma bastante ocurrente
mi compañero, Andrés Torres Mora,
justamente en la subcomisión del Congreso,
que decía: Mi familia es una familia de
agricultores que ha estado toda la vida
dedicándose al campo y, al final, se ha
acabado su trabajo, pero no se ha acabado
porque alguien les haya quitado las tierras o
los haya obligado a irse, se ha acabado
porque se ha agotado. Insisto de nuevo en
que hay un elemento importante de
reconocimiento de la dificultad que tiene la
creación. Usted decía que no quiere que los
artistas desaparezcan, lógicamente; pero a
veces, cuando hablamos de acción colectiva
siempre surge un problema, y es que cuando
las acciones dependen de la actuación no
coordinada de muchos, hay una tentación
que podemos tener todas y todos, que en los

estudios de ciencias sociales se define con
un concepto muy bonito -free rider-, pero
cuando se traduce al castellano es un
concepto un poco peor: gorrón.

Hay un problema, pero toda acción colectiva
tiene ese problema, y también lo tiene esta.
Es importante que reconozcamos que
cuando alguien dice: yo no quiero que tú
utilices mis creaciones, de cualquier manera
habría que decirle: ¿qué parte del no no has
entendido? En todo caso -insisto- lo más
interesante es que aprendamos a
escucharnos, como creo que hemos hecho
aquí, y que busquemos puntos de encuentro.
Evidentemente, si su diagnóstico es que la
política no sirve para ello, o al menos esta
política que representamos en esta parte…
(El señor Domingo Prieto: Este Gobierno.)
Supongo que quiere decir que sea otro
Gobierno; es su opción ideológica. En todo
caso, creo que podemos entendernos si no
con usted sí con muchos de los internautas -
y creo que con usted también-, porque todos
y todas somos internautas en esto y
tenemos que ir en esa dirección.

Desde luego, campañas como «Puta SGAE»
y otras no sirven para que nos entendamos.
En la medida en que esté en mis manos,
haré un esfuerzo por entenderme siempre de
la mejor manera posible con el mundo de los
internautas, del que yo también formo parte.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Zubero.

Tiene la palabra el señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas
gracias, señor presidente.

El Grupo Popular siempre va a pedir la
comparecencia de la sociedad civil en el
Senado, y así lo hemos hecho, por cierto.
Hemos pedido también la comparecencia de
la señora ministra, que algo tendrá que decir
sobre este tema, aunque comprendo que por
cuestiones de agenda comparezcan unas
personas antes que otras.

Le tomo la palabra al señor Zubero. Es más,
si quiere pedimos de manera conjunta todas
las comparecencias que hagan falta. No
tengo ningún problema en que se hable de
estas cosas. A lo mejor otros intervinientes
han hablado poco sobre este informe. La
verdad es que los que más hemos hablado
del asunto hemos sido el interviniente, que
ha hecho una exégesis total de ese informe,
y yo. La única mención que ha hecho el
señor Zubero -no ha dicho de dónde lo ha
sacado, pero tengo aquí el parágrafo 61, de
donde procede- ha sido para coger, como se
suele decir, el rábano por las hojas y decir:
es que solo falta un 4% por repartir a los
autores. Por cierto, no he dicho ni que se
reparta ni que se deje de repartir, siempre he
citado frases textuales del informe. Es
verdad que otros intervinientes que me han
precedido en el uso de la palabra, como el
señor Sampol, sí han mostrado su
preocupación porque la cuota no repercute
en el autor o porque, según ha dicho
textualmente, se cobra por autores no
registrados.

Respecto a los ayuntamientos, cuando
quiera hablamos de ellos. Además, las
diferentes federaciones regionales de
municipios y la Federación Española de
Municipios y Provincias ya se han
pronunciado sobre este asunto. Cuando
quiera hablamos del canon que se les cobra
a los ayuntamientos por estos conceptos. No
he hecho referencia alguna a ello porque no
era el objeto de la comparecencia. Tampoco
he nombrado a ninguna entidad gestora
concreta, ni he hecho ninguna referencia al
canon. Me he ceñido estrictamente a la
comparecencia, lo que sucede es que no he
visto referencias de otros comparecientes a
cuestiones sustanciales del informe, lo han
pasado de soslayo. Ya sé que no les gusta,
pero tengo que hacer esas referencias que
he hecho. Por tanto, los problemas que he
planteado al principio -de algunos me cabe
la duda de si se quieren resolver después de
los pasos dados por el Gobierno- se
resuelven hablando y no imponiendo.

El señor Zubero ha utilizado alguna frase de
sociología política. Si me lo permiten,

respecto a lo que ha dicho el compareciente
sobre la libertad, les voy a citar otra frase: El
precio de la libertad es su eterna vigilancia.
Los demócratas siempre debemos estar
vigilantes contra los liberticidas. Esa no es
una frase mía, es de Thomas Jefferson. De
esto estamos hablando, fundamentalmente
de la libertad en el acceso a la información y
de la libertad en los derechos de la
propiedad intelectual. Ustedes deben ser
conscientes de que aquí hay que traer las
cuestiones más candentes, y hay una
desconfianza sobre algunos puntos que se
deben aclarar, y la hay no porque lo digamos
nosotros, porque se han puesto múltiples
informes encima de la mesa, el último es que
hemos traído de la Comisión Nacional de la
Competencia. Pero también tenemos
sentencias de los tribunales, como la última,
del 9 de marzo, del Juzgado de lo Mercantil
número 7 de Barcelona. Es decir, el asunto
está en los tribunales y hay que resolver
estos problemas. Pero cuando nos
encontramos con respuestas como la del
anteproyecto de ley de Economía
Sostenible, recientemente aprobado por el

Consejo de Ministros, se me plantean dudas,
como las que he manifestado en mi tercera
pregunta, sobre si esos problemas se
resuelven con los pasos dados por el
Gobierno. Creo que no, y la sociedad está
respondiendo igualmente que no.

Lo más importante son todas las soluciones
y las recomendaciones que aporta el informe
y que no se pueden soslayar, aunque otros
grupos parlamentarios no quieran entrar en
el fondo de la cuestión. Una de las
recomendaciones es la revisión general de la
Ley de Propiedad Intelectual, también
acordada por la subcomisión. Por cierto,
subcomisión a la que se ha hecho un flaco
favor -o ningún caso- después del último
anteproyecto aprobado por el Gobierno.
También se recomienda eliminar las barreras
de entradas legales para terminar con las
cuestiones monopolísticas. Se ha pasado de
soslayo sobre ello. Tampoco se ha querido
hablar de la cuestión tarifaria, que es un
asunto muy candente en el informe, y que no
quiero calificar de más, porque ya con las
calificaciones de unilaterales,

discriminatorias, que no se dirigen al uso
efectivo del repertorio -como ha demostrado
el compareciente en el último ejemplo que
ha puesto-, no tienen en cuenta el valor
económico del repertorio donde están
contenidas ni los criterios tarifarios, y que no
tienen simplicidad, transparencia, ni
publicidad, no se puede decir más.

Nosotros sí que hemos entrado en el fondo
del asunto que analiza este informe. A otros
grupos parlamentarios no les ha interesado
porque no quieren discutir sobre estas
cuestiones, pero tendremos posibilidad de
hacerlo en futuras ocasiones con los
comparecientes, que no mariachis, que
ustedes quieran, empezando por la propia
ministra, porque no tenemos ningún
problema en que comparezca.

Gracias.

señor Vázquez.

Hacemos una pausa de un minuto para

despedir al compareciente. (Pausa.)
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS
SIGUIENTES MOCIONES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR
SU COLABORACIÓN CON EL PALAU DE
LES ARTS REINA SOFÍA DE VALENCIA Y
A PARTICIPAR EN SUS ÓRGANOS DE
FUNCIONAMIENTO (Número de expediente
661/000483).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se
reanuda la sesión.

Antes de pasar al debate de las mociones,
anuncio que procederemos a su votación no
antes de las 12.

Punto segundo del orden del día: Debate y
votación de mociones. Moción del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por la
que se insta al Gobierno a reforzar su
colaboración con el Palau de les Arts Reina

Sofía de Valencia y a participar en sus
órganos de funcionamiento.

Se me ha anunciado que hay una
transaccional firmada por todos los grupos
políticos que todavía no se me ha entregado.

Para su defensa, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario
Popular.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA:
Gracias, señor presidente.

Efectivamente, no tiene usted todavía la
transaccional porque todavía no la hemos
firmado físicamente, pero sí que hemos
llegado ya a un entendimiento. De cualquier
modo, esta es una cuestión que, como el
turrón, llega cada año por Navidad -este año
lo hemos adelantado un poco al mes de
marzo-, porque en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado el
Grupo Parlamentario Popular siempre hace
referencia a este asunto, pues es de estricta

justicia. Como cada año se habla de esta
cuestión, creo que es bueno que en la
Comisión de Cultura del Senado hayamos
podido llegar a un acuerdo, que,
naturalmente, no es el que yo quisiera, pero
que por lo menos ya plantea la aceptación
por parte de todos de que existe un
problema y hay que afrontarlo.

Como sus señorías saben, y si no lo saben
se lo digo yo, el Palau de les Arts Reina
Sofía de Valencia fue inaugurado en 2005.
Con este edificio, uno de los espacios
musicales más grandes de Europa, se
añadía un nuevo hito arquitectónico al
conocido complejo de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, integrado además de por el
Palau de les Arts Reina Sofía, por el
Hemisfèric, el Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe y el Oceanogràfic. El edificio,
creado por Santiago Calatrava, cuenta
además con cuatro auditorios diferentes
preparados para la representación de todo
tipo de espectáculos, con capacidad para
acoger a más de 4000 personas
simultáneamente. El Palau de les Arts se ha

convertido en muy poco tiempo, solo en
cuatro temporadas, en un centro artístico de
referencia mundial indiscutible.

El Palau de les Arts es, por tanto, uno de los
buques insignia de la política cultural de la
Generalitat Valenciana. Nació con tres
objetivos fundamentales: potenciar el arte y
la cultura como elemento de dinamización
social, crear un enclave vanguardista para
albergar representaciones de artes
escénicas y contribuir a la difusión de
diversas manifestaciones artísticas y
culturales.

Tenía preparada una intervención mucho
más larga, que voy a reducir, pero quiero
resaltar el hecho de que el Palau de les Arts
tiene una orquesta propia, la Orquesta de la
Comunidad Valenciana, reconocida hoy por
todos los críticos como una de las mejores
del mundo, que se ha convertido en
embajadora cultural de la comunidad gracias
a su participación en los teatros de ópera y
salas de conciertos más importantes del
mundo. Además de ello, el Palau de les Arts

cuenta con un coro propio dependiente
orgánicamente del Instituto Valenciano de la
Música, que está formado por sesenta y
siete cantantes.

Como decía al principio, además de su
espectacular auditorio principal, concebido
como recinto para representaciones de
óperas, ballet y otras artes escénicas, tiene
otros espacios, como el Aula Magistral, el
auditorio superior, la sala Martín y Soler y
varias salas de ensayos.

Para hacer un resumen rápido les diré que
en estos apenas cinco años, realmente tres
temporadas completas de ópera, han
pasado por el Palau de les Arts más de 475
000 personas, y en total se han ofrecido en
estas tres primeras temporadas 35 óperas
de primerísimo nivel, con más de un
centenar de representaciones. Todo esto lo
digo -podría extenderme muchísimo más-
para poner el énfasis en la razón por la que
se presenta esta moción y en por qué
presentamos constantemente estas
peticiones en los debates presupuestarios y,

en este caso, en la Comisión de Cultura.

Les voy a hacer un resumen fácil de
entender. Yo no estoy planteando que otros
teatros de la ópera españoles tengan más ni
menos, sino que el teatro de ópera de
Valencia, el Palau de les Arts Reina Sofía,
sea tratado de un modo similar al resto de
los teatros de ópera españoles. Les voy a
dar un dato: los tres grandes teatros: el Liceo
de Barcelona, el Teatro Real de Madrid y el
Palau de les Arts Reina Sofía, los tres,
reciben aproximadamente una subvención o
unas aportaciones similares de las
administraciones públicas. En el caso del
Liceo de Barcelona, la Administración
autonómica, es decir, la Generalitat de
Catalunya, y la Administración del Estado
aportan aproximadamente el 50% cada una
de una cantidad cercana a los 30 millones de
euros al año. En el caso del Teatro Real de
Madrid, que cuenta con una cifra un poco
inferior, 25 millones de euros entre ambas
administraciones, es la Administración del
Estado la que paga la parte del león, es
decir, el 75% aproximadamente de esos 25

millones de euros. Como acabo de decir, la
Administración del Estado paga el 50% al
Liceo de Barcelona y el 75% al Teatro Real
de Madrid. Pero en el caso del Palau de les
Arts Reina Sofía -asómbrense, señorías- la
Administración del Estado aporta el 5% de
una cifra exactamente igual: 25 millones de
euros; por tanto, el 95% lo está aportando la
Administración autonómica, la Generalitat de
la Comunidad Valenciana. Yo creo que esta
es una situación abiertamente injusta. Las
cifras son muy claras. La realidad es que el
anterior ministro de Cultura, César Antonio
Molina, ya en el mes de noviembre de 2008 -
ha trancurrido un año y medio- se
comprometió con el Presidente de la
Generalitat, don Francisco Camps, a
equiparar las aportaciones del ministerio a
las del resto de los teatros de ópera
españoles y aceptó la invitación del
president de la Generalitat para formar parte
del Patronato del Palau. Luego hubo un
cambio de ministro, en este caso entró una
ministra nueva, y las cosas se han vuelto a
dormir, con el agravante, además, de que en
los Presupuestos Generales del Estado para

el año 2010 no solo no se ha incrementado
la aportación del Estado para irse acercando
a la normalidad en comparación con el resto
de los teatros españoles sino que ha
disminuido; con lo cual, la cantidad, que ya
era pequeña, en el caso que nos ocupa, 1
200 000 euros, se ha reducido -repito-
alrededor del 10%. Por tanto, no solo no
hemos avanzado sino que hemos
retrocedido.

Estas son las cifras, esta es la realidad, y lo
que la moción persigue es concienciar a la
Cámara y también al Gobierno de España de
esta situación, que yo creo que es
claramente mejorable.

Y el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, don Ángel Gracia, que además es
alcalde de una importante población de una
provincia cercana a la comunidad, Teruel, y
hay muchos lazos de todo tipo entre ambos,
me

ha ofrecido amablemente una enmienda
transaccional que, sin recoger lo que a mí

me gustaría, al menos tiene la virtud de
reconocer la realidad, por lo que por primera
vez todos los grupos aceptamos que esa
realidad existe y se va a empezar a trabajar
para poner los medios para resolver esta
cuestión. Realmente volvemos a la situación
que teníamos hace un par de años, pero
menos da una piedra.

Con el ánimo de que el debate algunas
veces sea constructivo y por lo menos nos
podamos poner de acuerdo en estas
cuestiones, con mucho gusto, el Grupo
Popular aceptará esa transacción.

Muchas gracias, señor presidente.

senador Agramunt.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias,
señor presidente.

Intervengo solo para manifestar el voto
favorable del Grupo de Convergència i Unió
a esta propuesta. También habríamos
votado favorablemente la propuesta inicial
del Grupo Popular, porque podemos avalar
el trabajo extraordinario que se hace desde
el Palau de les Arts de Valencia. Pero se ha
llegado a una transacción, estoy
absolutamente de acuerdo con ella y, por lo
tanto -repito-, la votaremos favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Gracia.

El señor GRACIA LUCIA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la intencionalidad de esta moción
que presenta el Grupo Popular es instar al
Gobierno a reforzar la aportación económica
del Ministerio de Cultura al Palau de les Arts
Reina Sofía de Valencia, equiparándola así a

la de los principales coliseos de ópera de
nuestro país, y participar en los órganos de
funcionamiento del Palau de les Arts. Entre
los grupos representados hoy en esta
comisión hemos sido capaces de
transaccionar un texto que viene a mejorar el
contenido de la propuesta inicialmente
formulada por el Grupo Popular, lo que
también demuestra la voluntad política de
trabajar para alcanzar el objetivo que
promueve la transacción respecto del Palau
de les Arts de Valencia.

Pero yo quiero aclarar algunas cuestiones
tras lo dicho por el portavoz del Grupo
Popular respecto de las consignaciones y
dotaciones presupuestarias y el respaldo
económico que ofrece el Ministerio de
Cultura a distintos coliseos operísticos de
nuestro país. El Grupo Parlamentario
Socialista quiere señalar que, como
consecuencia de la coyuntura económica
actual, los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2010 tienen un
marcado carácter restrictivo y se han
elaborado con criterios de contención del

gasto que afectan a toda la Administración
Pública y, en concreto, al Ministerio de
Cultura. Las reducciones llevadas a cabo en
el presupuesto del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música para 2010
con respecto al de 2009 afectan en general a
todo el apartado de subvenciones, no solo a
la dotación que se consigna para el Palau de
les Arts de Valencia. Y con relación a las
aportaciones -de las que también ha hablado
el portavoz del Grupo Popular- al Teatro
Real y el Liceo de Barcelona, vienen
determinadas por la pertenencia a los
respectivos patronatos, desde 1997 y 1986,
respectivamente, estando fijados ya en los
estatutos los sistemas de participación
ordinaria; y también estas han
experimentado una reducción en su
presupuesto con respecto a lo consignado
en el ejercicio de 2009, una cuestión a tener
muy en cuenta para lo que en este momento
nos ocupa.

Por otra parte, las líneas de ayuda del
INAEM, el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, están orientadas a

primar las subvenciones que otorgan por
convocatoria pública en todos los sectores,
es decir, en la música, el teatro, la danza, el
circo, etcétera, frente a aquellas
subvenciones de carácter nominativo.

Estamos, por tanto, ante la ejecución de un
presupuesto que la Administración General
del Estado ha elaborado con criterios de
austeridad y que trata de equilibrar las
dotaciones al sector en función de sus
necesidades. Pero en materia
presupuestaria hay que explicitar y no
ignorar las aportaciones y cómo han
evolucionado los recursos que ha recibido la
Fundación Palau de les Arts de Valencia en
los últimos años con respecto a lo que la
Generalitat Valenciana aporta, que tampoco
es ajena a la situación económica en la que
nos encontramos. Así, en el año 2008 la
aportación fue de 31 millones de euros; en el
año 2009 fue de 25,8 millones de euros, y en
este ejercicio se ha vuelto a recortar la
aportación, dejándola en 23,8 millones de
euros, una cifra, señorías, que habla bien a
las claras de las reducciones

presupuestarias, que también se ha tenido
que imponer la propia Generalitat
Valenciana. En esta misma línea ha actuado
asimismo el Ayuntamiento de Valencia, que
ha recortado su asignación.

Por ello, señorías, la petición de mayor
dotación económica para el Palau de les Arts
de Valencia también debería estar en la
sintonía necesaria con las actuaciones de la
Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia.
No obstante, la transaccional a la que hemos
llegado va a permitir que el Ministerio de
Cultura pueda formar parte definitivamente
de ese patronato y tenga también una
participación significativa en la gestión y las
aportaciones económicas.

Por lo que se refiere a la gestión del Palau
de les Arts, he de señalar que está regido
por una fundación cuya finalidad es subrayar
el carácter de escenario artístico y
dinamizador de las artes líricas, musicales y
coreográficas en todas sus variedades. Se
constituyó en los primeros meses del año
2005, y ya en aquel momento sus creadores

la conformaron sin la implicación del
Ministerio de Cultura. Hoy nos encontramos
ante la demanda que presenta el Grupo
Popular, solicitando la participación del
Ministerio de Cultura en el Palau de les Arts
de Valencia para que tenga como
consecuencia una mayor aportación
económi-

ca a sus presupuestos. Pero yo me
pregunto, ¿con qué nivel de implicación en el
funcionamiento y en la toma de decisiones
se pretende este objetivo? Se trata de una
cuestión tremendamente importante y
significativa desde el punto de vista
institucional.

Somos conscientes del gran auge lírico que
tiene actualmente nuestro país y que ha
experimentado en los últimos años, con una
importancia creciente de nuevos teatros y
festivales operísticos, por lo que nos consta
que el Ministerio de Cultura quiere proponer
una reflexión sobre su participación, tanto
económica como institucional, en estos
nuevos ámbitos de programación; y, entre

ellos, el Palau de les Arts Reina Sofía, de
Valencia, ocupa, por supuesto, un papel
relevante. En este sentido, lo procedente es
que, con la debida transparencia, se
pormenorice con detalle al Ministerio de
Cultura la situación de los órganos de
gestión de la Fundación Palau de les Arts
Reina Sofía, de Valencia, su realidad
económica y presupuestaria, los gastos de
personal y asistencias técnicas, los costes
de programación, etcétera. En definitiva, que
se conozca perfectamente y con
transparencia y claridad la realidad sobre la
que se busca la implicación y participación
del Ministerio de Cultura, y también qué
planteamientos se formulan para su
incorporación a esta fundación y qué nivel de
implicación, a la hora de tomar decisiones,
se está dispuesto a ofrecer al ministerio.

En mi opinión, estos son los elementos
fundamentales que permitirán al ministerio
adoptar un pronunciamiento formal al
respecto, abriendo así unas vías de diálogo
importantes para conseguir el objetivo de la
iniciativa que ahora estamos debatiendo.

Desde una óptica responsable y sensata, es
fundamental el análisis global tanto del Palau
de les Arts Reina Sofía como de la nueva
realidad operística española, como un paso
previo a la participación del ministerio. Y en
ese sentido va a seguir trabajando el Grupo
Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Gracia.

¿El señor Agramunt quiere intervenir?
(Denegación.)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UN
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y
SUBVENCIONAR A LA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES MUSICALES
(CESM) (Número de expediente
661/000494).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la
siguiente moción, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por la que se insta al Gobierno a
realizar un reconocimiento institucional y
subvencionar a la Confederación Española
de Sociedades Musicales. A esta moción se
ha presentado también una propuesta de
modificación del texto.

Tiene la palabra el señor Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias,
señor presidente.

En nombre del Grupo de Convergència i
Unió voy a defender esta moción que,
efectivamente, pretende el reconocimiento a
la actuación de la Confederación Española
de Sociedades Musicales, que desde hace
ya bastantes años está haciendo una labor
extraordinaria para fomento, la ayuda y el
desarrollo de la música no profesional por y
para las bandas de música.

Y a pesar de que se dedica a este tipo de

música, se debe hacer un reconocimiento
absoluto porque es la auténtica cantera de
muchos músicos que luego acaban
nutriendo las principales orquestas de
España y del mundo, como la Filarmónica de
Londres, la Orquesta de la Ópera de Berlín,
etcétera. Hay músicos que nacen gracias a
estas sociedades musicales, de estas
bandas; es más, su composición como
confederación hace que las federaciones
territoriales abarquen en estos momentos
prácticamente todo el territorio español, en el
que realizan -insisto- un trabajo
extraordinario.

Por tanto, pedimos que el ministerio la
reconozca, que haya un diálogo positivo y
sincero, y que se avance para buscar
soluciones y apoyos al trabajo que está
llevando a cabo. Porque repito que si alguien
se merece un reconocimiento por su trabajo,
por su estructura organizativa, por su
calidad, por su trascendencia y por su
incidencia en la música española, es la
Confederación Española de Sociedades
Musicales.

Como ha dicho el señor presidente, todos los
grupos hemos llegado a una transacción,
basada en el compromiso y la voluntad del
Gobierno para buscar mecanismos que
ayuden en este extraordinario trabajo que
está realizando la Confederación Española
de Sociedades Musicales. La hemos
aceptado, porque consideramos que es un
avance importante.

Como saben sus señorías, los miembros de
Convergència i Unió somos muy tenaces
-pesados, en el lenguaje popular-; por tanto,
haremos un seguimiento del acuerdo al que
hemos llegado, que incluye, aunque no se
refleja, la celebración de una reunión
inminente con el ministerio, en la que
lógicamente exigiremos el cumplimiento -no
lo dudo- de la moción.

Por nuestra parte, nos sentimos satisfechos
porque entendemos que con esta moción
que hoy vamos a aprobar, parece ser que
por unanimidad, se ha dado un avance
importante para el reconocimiento de esta

música que se hace prácticamente -insisto-
en todo el territorio español.

Muchas gracias.

señor Roig.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la senadora Fuentes.

La señora FUENTES GARCÍA: Gracias,
señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al
representante del Grupo de Convergència i
Unió, el señor Roig, que hayamos llegado a
un acuerdo, a una transaccional, por el bien
de la música.

Quiero manifestar que el Grupo
Parlamentario Socialista siempre ha
apoyado y valorado el movimiento musical
asociativo de ámbito nacional, estatal y local.
Reconocemos su desarrollo y su

contribución a la diversificación, y las
actividades culturales que desarrollan, entre
otras, sus asociaciones y, cómo no, la labor
formativa de los jóvenes y el enriquecimiento
cultural que eso supone para la sociedad.

Sabemos que el Consejo Estatal de las Artes
Escénicas y de la Música es un órgano de
participación y asesoramiento que
conforman representantes de los sectores de
la música, la danza, el teatro y el circo,
nombrados por su Presidencia, cuyo titular
es el Ministerio de Cultura. Todos sabemos
que el número de vocalías es limitado por
especialidades, por lo que la selección ha de
responder a criterios de presencia estatal y
de evolución histórica de la asociación y las
federaciones.

También quiero recordar en esta comisión
que la Confederación Española de
Sociedades Musicales ha percibido del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, adscrito al Ministerio de
Cultura, ayudas durante los años 2008 y
2009, a través de esta modalidad, que

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