2. INFORME DE AVANCE EN OBJETIVOS DEL MILENIO
Objetivo 1. Reducción de pobreza extrema y hambre
En este objetivo el Ecuador buscó reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son
inferiores a un dólar diario; Ecuador ha cumplido con la meta planteada. En 1987, el 12,8% de la
población presentaba ingresos inferiores a 1,25 dólares, para el 2012 esta situación ha cambiado
drásticamente, y el indicador se ubica en 3,4%. (INFORME EJECUTIVO ODM ECUADOR 2012
SENPLADES).
Respecto a datos sobre pobreza, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo,
(ENEMDU), para el año 2011 la pobreza por ingresos disminuyó a nivel nacional a un 28,6%,
llegando a un 50,9 % en la zona rural y al 17,4 % en la zona urbana. Si desagregamos este dato por
sexo, las mujeres en situación de pobreza, a nivel nacional, alcanzan un 29,27% y los hombres un
27,98%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Informe Panorama
Social de América Latina 2011 coloca al Ecuador como el segundo país de la región que más ha
disminuido su tasa de pobreza 1.
Una de las medidas importantes para combatir la pobreza es el Bono de Desarrollo Humano
(BDH), que representa un gran avance para apoyar a las personas que se encuentran en los
quintiles de pobreza más bajos, ascendió de 30 dólares en 2007, a 35 en el 2009. Este bono
constituye para las madres un pago por su trabajo productivo no remunerado. Adicionalmente, se
creó el Sub Programa de Pensión Asistencial para personas adultas mayores ubicadas en el 40%
más pobre de esta población y para personas con discapacidad. Por otro lado, el 20 de noviembre
de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Redistribución del Gasto Social, mediante la cual
se incrementó el BDH de 35 dólares a 50 dólares, dicho incremento rige a partir de enero de 2013.
Los datos de los años 2008 y 2009 indican que las mujeres representan el 89% y 86% del total de
beneficiarios del BDH respectivamente. Para el año 2011 el Ministerio de Finanzas reporta un
monto de 756’288.673,97 de dólares para atender a población de niveles críticos de pobreza. A
esto se suma el subsidio para personas con discapacidades por un monto de19’320.000 de
dólares.
Las mujeres beneficiarias del BDH tienen acceso al programa de micro crédito productivo de 2
formas: el Crédito de Desarrollo Humano, y el Crédito Productivo Solidario (MIES: 2013); créditos
donde mayormente se han beneficiado las mujeres, y sobre todo mujeres madres.
Vivienda
El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y crédito financiero se contempla en la
Constitución de la República y se vincula al derecho a un hábitat seguro y saludable y a una
1
Bárcena, Alicia et. al. “Panorama Social de América Latina”. CEPAL, 2011. Sobre la base de información con corte a
2010, los países que más han reducido su tasa de pobreza son Perú (3.5 puntos), Ecuador (3 puntos), Argentina (2.7
puntos), Uruguay (2 puntos) y Colombia (1.4 puntos).

3. vivienda adecuada y digna. Asimismo, la Constitución garantiza y prioriza el acceso a la vivienda de
grupos de atención prioritaria como personas adultas mayores, desplazadas, víctimas de violencia
y víctimas de maltrato infantil, además de jefas de hogar y personas de escasos recursos. En
cuanto a la propiedad, la Constitución garantiza la igualdad de derechos y oportunidades en el
acceso a la misma y la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal. 2
Según el censo de Población y Vivienda 2010, a nivel nacional existen 3.810.548 hogares, de los
cuales el 28,7% tienen jefatura femenina, 3 puntos porcentuales más que en el año 2001 (25,4 %)
y de estas el 70% se encuentran en el área urbana. Los hogares afroecuatorianos son los que
tienen mayor número de mujeres jefas de hogar (32,2 %), por encima del promedio nacional. Con
un 21,4 %, los montubios son el pueblo con menos porcentaje de mujeres con jefatura de hogar.
De los hogares con jefatura femenina, el 70,2% carece de cónyuge, es decir aproximadamente
770.000 mujeres están al frente del hogar y asumen solas la crianza de sus hijos/as. (INEC, 2012:
Revista e-Análisis, Mayo 2012, Pg. 4)
Por otro lado en el país 3.645.167 mujeres son madres (CENSO 2010), 339.656 son madres solteras
y 122.301 son madres adolescentes. El 51,3% de las madres solteras tiene un hijo, el 20,6% dos y
el 7,1% tiene más de seis hijos. (AGENDA)
Según el análisis comparativo inter-censal 2001-2010, se puede determinar que el acceso a la
vivienda por mujeres cabeza de familia se ha incrementado, de 25,41% en el año 2001, a 28,69%
en el año 2010. Frente a esta problemática, a partir del año 2006, se institucionalizó una política
de crédito para vivienda con recursos fiscales del presupuesto nacional. En el 2008, el bono para
vivienda se incrementó de 3.600 a 5.000 dólares y se unificó a nivel urbano y rural 3.
Entre los años 2006 y 2011, mejoraron las condiciones de habitabilidad, se incrementó el
porcentaje de viviendas en condición aceptable y se redujo el porcentaje de viviendas
irrecuperables. En el país, el 66% de la población tiene vivienda propia (Censo del 2010); sin
embargo, factores de precariedad como vivienda con piso de tierra, afecta al 6% de las mujeres en
general, al 33% de las mujeres indígenas y al 6% de la población afro-ecuatoriana.
Entre los años 2007 y 2011, el país invirtió cerca de 800 millones, a través de 240 mil bonos, de los
cuales fueron beneficiadas 118 mil mujeres que representan el 55% del total. Asimismo, las
mujeres han tenido mayor incidencia en algunos programas, representando el 78% de los bonos
del Programa Socio Vivienda, el 62% en el caso de vivienda urbana y el 51% de los bonos para
titulación. En el 2011, se entregaron 10.858 bonos de los cuales el 56% benefició a mujeres. De los
bonos entregados a familias de personas con discapacidad, 48% correspondieron a mujeres, en el
área rural el 58% y en el marco del Programa Socio Vivienda el 79% fue entregado a mujeres. Cabe
resaltar que si el bono se ha asignado al esposo, la vivienda se transfiere como patrimonio familiar
y ampara a la cónyuge y a su descendencia.
Paralelo al proceso de gestión del bono, acceso al crédito y a la titulación del suelo, el MIDUVI, en
un trabajo interinstitucional, desarrolla intervenciones que mejoran la cobertura de agua y
2
3
Art. 375 de la Constitución de la República de Ecuador.
MIDUVI. Informe Estadístico 2012. Anexo Nº15.

4. saneamiento en zonas rurales y prioritarias. En el sector de hábitat y vivienda se ha conformado el
Consejo Ciudadano Sectorial de Hábitat. 4
Disminución del hambre, Soberanía Alimentaria
Según el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000 (INEC, 2000), en el Ecuador existen
aproximadamente 13 millones de hectáreas de franja agrícola, la mayor superficie está dedicada
a pastos cultivados con un 27,2%, seguido de cultivos permanentes con el 11,0%, cultivos
transitorios y barbecho con el 10%, pastos naturales con el 9,1%, además un alto porcentaje está
destinado a montes y bosques con el 31,4%.
Existen 842.882 unidades de producción agrícola –UPAS-, de las cuales el 25,4% son productoras
mujeres y el 74,6% hombres. Del total de UPAS que están a cargo de las mujeres, el 46.7% tienen
una extensión menor a 1 Ha. y el 16,1% menos de 2 has, es decir el 62.8% de mujeres producen
en UPAS menores a 2 has. Las mujeres en general están articuladas a sistemas productivos de
pequeña escala orientada a la producción para el consumo nacional. Se evidencia una fuerte
concentración de la tierra, si consideramos que el 42.6% del total de UPAS son mayores a 100 has.
(INEC, 2000). (Agenda)
Desde el ámbito agroproductivo, las mujeres son las que en mayor medida aportan a la soberanía
alimentaria a través de las unidades agrícolas familiares, no sólo por la producción de bienes
agrícolas, crianza de animales menores y aves de corral, sino por el aporte que realizan con mano
de obra no remunerada en procesos productivos y trabajo doméstico no remunerado y de
cuidados. Por ejemplo el 86,1% de la totalidad de mujeres insertadas en actividades agro
productivas no perciben remuneración alguna, mientras que los hombres acceden en mayor
medida al trabajo remunerado.
Como respuesta de parte del Estado considerando la importancia de la mujer rural, como agente
clave en erradicación de la pobreza y el hambre una de las acciones relevantes ha sido la
propuesta realizada por la CDT, en el marco de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de
las Mujeres, que establece como tema prioritario a la mujer rural, como agente clave en
erradicación de la pobreza y el hambre. El Ecuador fue el primer país de la región en proponer e
impulsar esta aspiración de las mujeres indígenas, mediante la resolución individual operativa
adoptada en Nueva York 5.
En el año 2010, el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP) aprueba la Política Sectorial de
Género e interculturalidad 2011-2013, la cual está integrada por 7 políticas priorizadas. Las
mencionadas políticas establecen metas como la eliminación de brechas de exclusión, racismo y
de género; el fortalecimiento del diálogo intercultural con enfoque de derechos y género; el
fortalecimiento de los sistemas y conceptos sobre salud en las nacionalidades y pueblos; la
conservación de patrimonios naturales y sitios sagrados; la promoción de prácticas deportivas
ancestrales; la promoción de conocimientos ancestrales para el manejo de biodiversidad; la
participación social y política de mujeres y hombres en el sector patrimonial 6.
4
El representante principal a la Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir es hombre y la alterna mujer. En el
Comité coordinador hay 4 varones y 2 mujeres. De 147 delegados a las Asambleas Sectoriales Zonales 63% fueron hombres y 37%
mujeres. El 40% de representantes de los Comités de Vivienda son mujeres (315 de un total de 779), en el sector de Juntas de Agua
Potable por otro lado el 90% son hombres (554 de 613). En total 73% de los representantes de comités de vivienda y agua potable son
hombres y el 27% son mujeres.
5
6
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Resolución. 56 Período de Sesiones. Anexo Nº16.
Política Sectorial de Género e Interculturalidad 2011-2013.

5. En julio de 2011, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, establece en su
Estatuto Orgánico, planes, programas y proyectos orientados a apoyar emprendimientos a favor
de la mujer y la familia campesina. Entre estos proyectos se puede mencionar la “Construcción e
Implementación de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales en el Ecuador”, que se
ejecutó en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
Objetivo 2. Educación
Este objetivo busca alcanzar la enseñanza primaria universal. Durante el periodo 2003 – 2012, en
el Ecuador, la tasa neta de matrícula pasó de 89,1% a 93,2 %; el país se encuentra apenas a 6
puntos porcentuales de cumplir la meta. El cumplimiento de la meta requerirá realizar esfuerzos
adicionales para el acceso de los grupos más vulnerables, que son los que por ahora están
excluidos del sistema de educación.
En cuanto los avances relacionados con educación, los compromisos del estado ecuatoriano en
materia educativa es el acceso universal a la educación general básica (EGB) en la población
ubicada entre los 5 y 14 años de edad. Establecida como uno de los deberes primordiales del
Estado, la educación es garantizada en la Constitución a todas las personas sin discriminación
alguna. El PNBV señala dentro de sus políticas el garantizar los derechos del Buen Vivir para la
superación de todas las desigualdades entre las que señala la educación, y apunta a mejorar
progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural
e inclusiva.
En términos generales, según el Censo de Población y de Vivienda, del año 2010, el nivel promedio
de escolaridad en la población de 24 años y más se situó en 9,6 años, a diferencia del Censo 2001,
cuyo promedio se situaba en 8,17 años.
De acuerdo al II Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Ecuador 2007, el acceso a
la educación en el país está cerca de cumplir la meta. Por otro lado, según la ENEMDU, en el 2010,
la tasa neta de matriculación de niñas y niños se encontraba prácticamente en el mismo
porcentaje, con 95,04 % para ellas y 94,2 % para ellos. En el año 2011, la tasa neta de
matriculación de niños y niñas llegó al 97,2%.
Otro logro relevante tiene que ver con los esfuerzos realizados para contrarrestar el analfabetismo
en el país, en el marco de la Campaña Nacional Alfabetización que se inició en el año 1990. En ese
sentido, en el año 2008 se generaron nuevas estrategias de alfabetización con cobertura nacional
y con elementos de género, como es el programa de “Educación Básica para Jóvenes y Adultos
2011-2013” (EBJA), dentro del Plan Decenal de Educación aprobado para el período 2006 – 2015.
Los resultados del Programa EBJA se evidenciaron en el Censo de Población y de Vivienda del año
2010, que registró una tasa de analfabetismo de 6,8 %, esto es, 2.2 puntos porcentuales menos
que lo registrado en el Censo de 2001. El analfabetismo de las mujeres disminuyó del 13,8% en el
año 1990, al 7,7 % en el año 2010, lo que equivale a 6 puntos porcentuales menos; mientras el
analfabetismo de los hombres disminuyó de 9,5 % en el año 1990, a 5,8 %, en el año 2010; es
decir, aproximadamente 4 puntos porcentuales menos. Estas cifras denotan una disminución de la
brecha de género en el analfabetismo en los últimos años.

6. Objetivo 3. Promover la Igualdad entre los Géneros y la Autonomía de las Mujeres
En base la meta establecida para este objetivo: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes del fin del año 2015, incrementar la equidad económica y la participación pública
de las mujeres y reducir la violencia contra ellas; se analizaran indicadores de género relativos a la
tasa de matriculación, alfabetización, empleo, participación en cargos públicos y se amplía
también a la reducción de violencia.
El acercamiento al logro de este objetivo se empieza a materializar con la Constitución del 2008,
en la que se garantiza los derechos de hombres y mujeres sin discriminación y establece que el
Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la equidad de género, incorporando este
enfoque en los planes y programas del sector público. Bajo este marco, el Plan Nacional de
Desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir) recoge en sus políticas la superación de las inequidades y
la erradicación de prácticas de violencia y, especifica en sus lineamientos al género como parte
constitutiva de su formulación.
En concordancia, en el PNBV 2009-2013 se considera al enfoque de género como eje transversal a
cada uno de sus objetivos, con la finalidad de promover de esta manera la equidad de género en
diversos ámbitos. Es así como enuncia en su Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e
integración social y territorial en la diversidad estableciendo como política el reconocer y respetar
las diversidades socioculturales y erradicar toda forma de discriminación, sea ésta por motivos de
género, de opción sexual, étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen,
migratorios, geográficos, etáreos, de condición socioeconómica, condición de discapacidad u
otros. El lineamiento ejecutor de la política es el de fortalecer las capacidades para exigibilidad de
derechos a la no discriminación, favoreciendo acciones afirmativas hacia las mujeres diversas,
diversos sexuales, indígenas y afrodescendientes, entre otros, en todos los ámbitos de la vida
pública.
Educación.- En términos de igualdad, los retos del Estado están enmarcados en temáticas
puntuales de la educación: matriculación y alfabetización.
Matriculación: En el año 2006 se registró una tasa de matriculación femenina de 91,7% y de
hombres, 91,1%; al 2012, se observa que la brecha de género se inclina hacia a los hombres,
puesto que las mujeres alcanzan un 95,2% y los hombres el 95.0%, pero además en la tasa de
matriculación femenina se ve un incremento de matriculación de 3.5%.
Cuadro Nro.1
Tasas de matriculación en educación básica, según sexo

7. Años
Mujeres
Hombres
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
91,7%
91,8%
93,1%
93,5%
95,0%
95.40%
95.20%
91,1%
91,4%
93,3%
92,8%
94,2%
95.40%
95.00%
Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU
En cuanto a la educación, se puede afirmar, por un lado, que no existe discriminación hacia las
mujeres en las tasas de matrículación.
Los datos hacen referencia a las niñas y niños que están matriculados en el nivel que les
corresponde, sin reflejar el índice de abandono escolar. En este sentido, según información del
Ministerio de Educación (2009), la deserción escolar de niñas llega al 23% frente a los hombres
que alcanza el 18% este problema entre otros responde a factores de discriminación de género
tales como el cuidado de hermanos/as menores y personas mayores de la familia .
La deserción escolar de las niñas ocurre con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual
las niñas/os comienzan a asumir responsabilidades de trabajo no remunerado, lo cual se convierte
en un reto para el Estado, para lograr que las niñas culminen sus estudios bajo un criterio de
corresponsabilidad familiar y promoción de la educación.
En el nivel medio, Ecuador se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
alcanzar una matriculación equivalente al 75 % de la población en edades comprendidas entre 12
y 17 años hasta el año 2015. De acuerdo a los datos del INEC en el año 2013, la tasa neta de
matrícula en bachillerato es del 64,6%, en mujeres y el 59.5% en hombres en edades de 15 a 17
años.
Para los niveles de educación secundaria y superior, la tasa de matriculación (con excepción de la
educación superior en el año 1999) ha sido mayor para las mujeres en los últimos años. Si bien, la
matriculación de los y las jóvenes en el bachillerato es creciente en los últimos años, no así
respecto a la educación básica, ésta disminuye, en otras palabras se refleja un alto porcentaje de
abandono en el ámbito de la educación formal. Entre hombres y mujeres, la tendencia de mayor
acceso a la educación de las mujeres se repite respecto a la educación básica.
Esta “deserción” de las mujeres de la educación media que, lleva a que las jóvenes tengan una
situación desfavorable en lo laboral y se empleen en trabajos de muy baja remuneración.
Cuadro N° 2
Tasa neta de matrícula en bachillerato, según sexo

8. Años
dic 2006
dic 2007
dic 2008
dic 2009
dic 2010
dic 2011
dic 2012
jun 2013
Mujeres
51,13%
55,72%
56,11%
56,88%
62,78%
63,03%
65,96%
64,66%
Hombres
46,86%
47,99%
50,21%
52,27%
57,00%
62,01%
61,70%
59,51%
Fuente: INEC -ENEMDU 2006 - 2013
Elaboración: SENPLADES
En cuanto a la educación superior, se habla de la feminización de la educación superior y que el
acceso a este derecho cumple las expectativas planteadas, en efecto, si analizamos la estructura
del estudiantado por sexo, según datos proporcionados por el CEAACES (2013) de 9 universidades
de las 55 vigentes a nivel nacional, del total de estudiantes el 56% son mujeres mientras que el
44% son hombres. En la Universidad Central del Ecuador, la segunda más grande del país, en el
período 2010-2011el 61,8% (28.859) de estudiantes son mujeres mientras que el 38,2% (17.751)
hombres (UCE: 2011)
De manera general, en cuanto al acceso a la educación superior, el porcentaje es bastante menor
respecto a los niveles anteriores, por ejemplo en cuanto al nivel básico se reduce a la mitad como
se observa en el Cuadro 3 en el caso de las mujeres, del 95.20% matriculadas en educación básica,
esta disminuye al 42,0%. Pero es una propensión que afecta no solo a las mujeres, sino también a
los hombres, inclusive en mayor proporción respecto a las mujeres. Lamentablemente esta
relación no es directamente proporcional, o sea a mayor acceso de las mujeres a la educación
mayor acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, las brechas en este sentido son
todavía amplias en prejuicio de las mujeres, no sólo en acceso al mercado laboral, sino en los
salarios, como se verá más adelante.
Cuadro N°3
Tasa bruta de matrícula en educación superior, según sexo
Años
Dic 2006
Dic 2007
Dic 2008
Dic 2009
Dic 2010
Dic 2011
Dic 2012
Jun 2013
Mujeres
35,81
41,50
37,84
42,64
44,77
24,28
45,54
42,00
Hombres
30,32
35,02
33,10
35,43
36,36
22,19
34,15
34,47
Fuente: INEC -ENEMDU 2003 - 2013
Elaboración: SENPLADES, PNBV 2013-2017
Por otro lado, la brecha en la tasa neta de matriculación clasificada por etnia se presenta en el
gráfico a continuación. Como se puede apreciar, en el año 2009 prácticamente no existió brecha
para los niveles de instrucción básico y primario en ningún grupo étnico. No obstante, dentro en el

9. nivel secundario existió una diferencia considerable en el grupo de indígenas (0.9). En contraste,
en los otros grupos étnicos la tasa de matriculación fue superior para las mujeres.
Adicionalmente, y al igual que a nivel nacional, las tasas de matriculación para instrucción superior
son mayores para las mujeres. Esto es especialmente importante dentro del grupo de
afroecuatorianos donde la tasa femenina es 17.4% en comparación al 11.62% de los hombres, una
diferencia de alrededor del 50%. Esta brecha “inversa” es una situación que merece atención, ya
que implica inequidad de género en cuanto al acceso a la educación.
Gráfico N°1
Brecha en la tasa neta de
matrícula
Según Nivel de Instrucción y Etnia
Año 2009
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
Básica
Primaria
Indígena
Blanco
Secundaria
Mestizo
Afroecuatoriano
Superior
Equidad
Fuente: INEC_Enemdu 2009
Analfabetismo: El analfabetismo visto de manera más amplia, es un indicador que permite
evidenciar el desprestigio y desvalorización del conocimiento propio y aquel deslegitimado para la
colonialidad y la modernidad, así como también permite identificar las desigualdades en el
acceso, permanencia y culminación del proceso educativo en base a prejuicios de género, de edad,
de discapacidad, por pertenecer a pueblos y nacionalidades o por situaciones de movilidad
humana.
En los últimos 30 años se evidencian avances significativos en la erradicación del analfabetismo
estructural en el Ecuador; sin embargo persisten brechas de desigualdad de género. Uno de los

10. programas más relevantes en cuanto a la erradicación del analfabetismo fue la Campaña Nacional
Monseñor Leonidas Proaño de 1990, que contribuyó a disminuir la tasa de analfabetismo del 16.5
% (1980) a 11.7 % (1990).
Según datos del INEC (2013) la tasa de analfabetismo desagregada por sexo muestra que
actualmente el 7.8 % corresponde a mujeres y el 5.6 % a hombres a nivel nacional. Si se analiza el
comportamiento de la tasa de analfabetismo por ubicación geográfica, se evidencia que las
mujeres rurales contemplan altas tasas, como se observa en el Gráfico 2. Se observa que un alto
porcentaje de la población rural es analfabeta, especialmente las mujeres, en cambio en el área
urbana la tasa es significativamente baja si comparamos con la otra área.
Gráfico N°2
Tasas de analfabetismo año 2013, según área y sexo
15,2
12,9
10,7
7,8
6,7
5,6
4,6
3,2
Urbana
3,9
Nacional
Rural
Hombre
Mujer
Total
Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU- Diciembre 2013
De acuerdo a la desagregación por la variable étnica, se evidencia que las mujeres indígenas son
las que presentan una mayor tasa de analfabetismo, con el 28,3%, luego las mujeres montubias
con el 14,7%; 7,9% afroecuatorianas, 6,2% mestizas y 3.1% blancas. Las brechas de género no solo
son respecto a los hombres sino entre mujeres, aunque las montubias y las blancas, son
ligeramente menos analfabetas que los hombres (Ver Gráfico 3).
Gráfico N°3
Tasas de analfabetismo, según etnia y sexo

11. 28,3%
16,7%
14,7%
14,1%
7,8%
8,4%
6,9%
6,2%
5,6%
4,4%
4,4%
Indígena
Af roecuatoriano/a
Montubio/a
3,1%
Mestizo/a
Mujeres
Blanco/a
Otro/a
Hombres
Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2013
Analfabetismo Funcional
El analfabetismo funcional se relaciona con una falta de entendimiento de la lectura y cálculo
matemático. En el gráfico a continuación se observa el promedio nacional entre mujeres y
hombres es el 13,9 y 11,3% respectivamente. A nivel rural las mujeres registran el 25,6% frente al
20.2% de los hombres. Mientras que en el área urbana las mujeres representan el 8.9% y los
hombres el 7.0%, profundizándose la brecha en las mujeres rurales.
Gráfico N°4
Tasas de analfabetismo funcional, según área y sexo
25,6%
20,2%
13,9%
11,3%
8,9%
7,0%
Urbana
Rural
Mujeres
Total
Hombres
Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2013
Las brechas aún marcadas en el ámbito de educación, son abordadas sin menor preocupación por
las entidades responsables del Estado, estableciendo acciones oportunas tanto a nivel normativo
como a nivel de política pública. Entre estos esfuerzos se puede mencionar principalmente: Ley

12. Orgánica de Educación Intercultural, en vigencia desde marzo de 2011, en la que se establece la
promoción de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo a las personas con diversa
orientación sexual e identidad de género, a fin de lograr un cambio de concepciones culturales
discriminatorias de cualquier orden. Se menciona también el derecho a recibir una formación
integral y científica, respetando los derechos de quienes estudien y promoviendo la igualdad de
género y la no discriminación.
Esto ha posibilitado la generación de acuerdos ministeriales que institucionaliza la educación de la
sexualidad integral, en la que se prohíbe la negación de matrículas a estudiantes embarazadas,
solicitar pruebas de salud sobre VIH/SIDA. Se aprobó además Acuerdo Reformatorio al
Reglamento Especial de Procedimientos y Mecanismos para el conocimiento y Tratamiento de los
Delitos Sexuales en el Sistema Educativo; el Acuerdo que expide el Plan Nacional de Erradicación
de los Delitos Sexuales en el ámbito educativo, modificado en el año 2011, que incorpora los
enfoques de género, generacional, intercultural, de discapacidad y de movilidad, a través de la
participación, prevención, protección, atención, sanción y restitución efectiva de los derechos de
los estudiantes en casos de violencia sexual y cualquier tipo de discriminación. La actualización del
Plan, tuvo como objetivo adoptar medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables
de infracciones sexuales, así como reforzar los programas de sensibilización y formación continua
sobre la problemática de la violencia sexual a docentes. A su vez, el Plan establece la obligación de
que todas las unidades educativas a nivel nacional incorporen en sus políticas y en la actividad
académica esta problemática, sobre la base del respeto de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes; y la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar que contempla el ámbito de
prevención de embarazo adolescente y la promoción de la política de educación sexual integral.
Para erradicar el analfabetismo que afecta fundamentalmente a mujeres indígenas y
afrodescendientes de las zonas rurales, el Ministerio de Educación, ejecuta tres programas que
cruzan en su tratamiento el principio de igualdad para la población hispana el programa Manuela
Sáenz, el Programa Dolores Cacuango, diseñado para atender las necesidades de la población
indígena quichua hablante y bilingüe, que consiste también en la formación en educación básica a
jóvenes y adultos de las comunidades shuar y quichuas. Programas que contaron con la
orientación pedagógica cubana del programa: Yo Si Puedo (ME: 2013).
En la educación superior se cuenta con la Ley Orgánica de Educación Superior, vigente desde el
año 2010, que establece como derecho del estudiantado el acceder, movilizarse, permanecer,
egresar y titularse sin discriminación alguna, conforme sus méritos académicos; a acceder a una
educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o
profesional en igualdad de oportunidades y el recibir becas y una educación superior laica,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la igualdad de género.
En este espacio instancias como el Consejo de Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN que se
convirtió en una universidad de postgrados para el sector público, con el apoyo técnico de la
Comisión de Transición, inician un proceso innovador y exitoso de transversalizar la perspectiva de
género en la educación superior. Para el cumplimiento de este objetivo el CEAACES realizó un
estado del arte de la educación superior y el género, e impulsa una investigación nacional sobre la
situación de género en la universidad ecuatoriana como elemento de la calidad de la educación.
Por otro lado, el IAEN cuenta con una estrategia de tranversalización que se encuentra en el
proceso de implementación a nivel normativo, curricular y de formación docente.

13. En articulación al proyecto Prometeo “Viejo Sabio” de intercambio científico de la SENESCYT
conjuntamente con la Comisión de Transición se transversaliza la perspectiva de género y
derechos humanos en las Escuelas del IAEN, y en el fortalecimiento de capacidades del Servicio
Consular; cuya ejecución exitosa se amplía hacia la formación de Jueces y Fiscales para el cambio
de la cultura jurídica en asocio con el Consejo de la Judicatura y Fiscalía.
Empleo: El artículo 331 de la Constitución Nacional indica que el Estado garantizará a las mujeres
igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la
remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Señala que se adoptarán todas las
medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Prohíbe toda forma de discriminación, acoso
o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el
trabajo.
La Constitución indica que el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las
personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud
reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de
hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe
el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la
discriminación vinculada con los roles reproductivos.
En ésta línea el PNBV incorpora en la Política 6.6. la promoción de condiciones y entornos de
trabajo seguro, saludable, incluyente, no discriminatorio y ambientalmente amigable. Especifica
en sus lineamientos la sanción de los actos de discriminación y acoso laboral por concepto de
género, etnia, edad, opción sexual, discapacidad, maternidad u otros motivos y el reconocimiento
y apoyo a las formas de organización del trabajo de las mujeres diversas, los pueblos y las
nacionalidades.
Adicionalmente, la Política 6.7 señala el impulso a los procesos de capacitación y formación para el
trabajo, estableciendo en una de sus líneas la definición de esquemas de capacitación y formación,
que incluyan la perspectiva de género, etárea e intercultural, y que garanticen la inserción
productiva en las diversas formas de trabajo.
En relación a la democratización de los factores de producción el artículo 334 de la Constitución de
la República señala que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción,
para lo cual le corresponderá, entre otras, desarrollar políticas específicas para erradicar la
desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de
producción. La definición de política en cuanto a los medios de producción busca generar
condiciones y oportunidades equitativas. Para ello se busca impulsar programas de titulación y
regularización de la tenencia de la tierra, con consideraciones de género, para asegurar la
legalización de la propiedad, la posesión o el usufructo, según los casos, en un esquema que
fortalezca diversas formas de propiedad y de acceso; y, generar mecanismos de apoyo financiero y
no-financiero que promuevan el ahorro y faciliten el acceso al capital productivo, creando líneas
especiales y oportunidades de financiamiento para mujeres del área urbana y rural, para pequeñas
y medianas productoras y productores así como para iniciativas asociativas.
Dentro de los señalamientos constitucionales y de las Políticas establecidas en el PNBV se
encuentra la promoción de la economía social y solidaria sostenible que permita impulsar la

14. actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas que genere condiciones de
equidad, con especial atención a las organizaciones de mujeres rurales y urbanas marginales, y
fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan.
La participación de las mujeres en las actividades económicas muestran un acelerado crecimiento
al pasar del 15,8% en 1974 al 18,1% en 1982, de 26,0% en 1990 a 30,5% en 2001 y 36,5% en el
2010 y . Los períodos 1982-1990 y 2001-2010 son los de mayor crecimiento, seguramente por las
fuertes crisis económicas que vivió el país, que obligo a las mujeres a articularse en mayor medida
al trabajo remunerado.
Según los datos de la encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC, 2013) la Tasa de
participación global7, de las mujeres en el período 2007-2013, oscila entre el 47,6% al 42,5%,
mientras que para los hombres es del 70,2% al 65,1% respectivamente, como se observa en el
Cuadro N°5. Los últimos años se denota un ligero descenso tanto en hombres como en mujeres
Cuadro N°5
Indicadores de mercado laboral, población de 10 años y más, años 2007-2013, según sexo
Años
Tasa de Participación
Global
Mujeres
Hombres
Tasa de Ocupación
Global
Mujeres
Hombres
Tasa de Desempleo
Mujeres
Hombres
2007
47,6%
70,2%
92,4%
95,1%
7,6%
4,9%
2008
47,7%
69,8%
90,4%
94,4%
9,6%
5,6%
2009
46,6%
68,5%
90,2%
93,4%
9,8%
6,6%
2010
43,8%
66,2%
92,8%
94,7%
7,2%
5,3%
2011
44,3%
67,4%
93,9%
95,7%
6,1%
4,3%
2012
44,4%
65,8%
94,5%
95,3%
5,5%
4,7%
2013
42,5%
65,1%
93,9%
96,0%
6,1%
4,0%
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU-Diciembre 2007-2013
Aproximadamente la mitad de la población femenina en edad de trabajar está articulada a
procesos productivos, a pesar de que esta participación ha crecido paulatinamente, todavía existe
un gran rezago respecto a la participación de los hombres.
En la misma línea, la Tasa de Desempleo progresivamente ha ido decreciendo especialmente de
las mujeres.
Igualmente la tasa de ocupación global de mujeres ha crecido de manera progresiva en los últimos
años, así mientras en el año 2007 fue del 92,4%, para el 2013 llega a ser del 93,9% en el ámbito
nacional (Ver Gráfico 5). Situación contraria sucede con las tasas de desempleo en los últimos 6
años estas tienden a la baja, sin embargo las tasas de desocupación son más altas para las mujeres
respecto a sus pares varones.
7
La Tasa de Participación Global.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa
(PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET) por cada grupo o por sexo (son tasas específicas). La pea son todas las
personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron,
tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar
(desocupados). La PET son todas las personas de 10 años y más.
Este indicador refleja la inserción de las mujeres mayores de 10 años al ámbito económico.

15. La inserción en el mercado laboral para las mujeres depende en mayor medida del nivel de
educación. Para el año 2013 (INEC: 2013) a nivel nacional hay un 24.9 % de mujeres con educación
superior dentro de la PEA ocupada, frente a un 16.9 % de hombres en igual condición. En el área
urbana la tendencia se mantiene, con 32.6% para las mujeres frente al 24,3%, de los hombres,
análogamente en el área rural los hombres representan el 3,9% y las mujeres el 6,9% (ídem: 2013).
Pero si bien la Tasa de Ocupación Global es alta, bajo la condición de ocupados plenos8 el 47,0%
son mujeres mientras que los hombres el 58,9%, y bajo la modalidad de subempleo el 52,6% son
mujeres y el 40,8% hombres (Ídem.: 2013). (Ver Gráfico N°5)
Gráfico N°5
Indicadores de mercado laboral, población de 10 años, según sexo y porcentajes
58,9%
52,6%
47,0%
40,8%
6,1%
Ocupados plenos
Subempleados
Mujeres
4,0%
Desocupados
Hombres
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU-Diciembre 2013
Analizando el subempleo el cual nos muestra un mayor porcentaje de mujeres en esta situación. El
subempleo es más acentuado en las mujeres del sector rural con el 85,3% mientras que en el área
urbana es del 49,8%. Respecto a los niveles de desocupación, el 6,1% son mujeres, mientras los
hombres el 4,0% (Ídem.: 2013) (Ver Gráfico N°6), situación que evidencia las relaciones desiguales
y de desventaja en el mercado laboral por género. La articulación de las mujeres al mercado
8
Tasa de Ocupados Plenos.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados plenos (OP)
y la Población Económicamente Activa (PEA).

16. laboral está centrada en su mayoría en torno al subempleo. Si esta tendencia comparamos con la
categoría ocupacional, el 34% de las mujeres están bajo la categoría de cuenta propia.
La participación de las mujeres en el ámbito económico en la actualidad, ha tenido avances
importantes, aunque respecto al principio de igualdad en cuanto a derechos, deberes y
oportunidades, todavía dista mucho para su cumplimiento.
Trabajo reproductivo y sostenimiento de la vida: Según la Constitución de 2008, el Estado
promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano,
que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial,
proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros
necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e
impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en
las obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva
a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las
condiciones generales del sistema y la ley.
Las manifestaciones de la Constitución se recogen en el Objetivo 6 del PNBV que busca garantizar
el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas: Política 6.2. Impulsar el
reconocimiento del trabajo autónomo, de cuidado humano, de cuidado familiar y de
autoconsumo, así como la transformación integral de sus condiciones /d. Implementar acciones de
apoyo dirigidas a mujeres prestadoras de cuidados especiales, en el ámbito doméstico, para
disminuir su carga laboral.
La economía así entendida incluye todos los procesos que tienen que ver con la sostenibilidad de
la vida desde una perspectiva amplia y multidimensional y aborda la producción de bienes y
servicios que se producen desde las esferas productivas y reproductiva. La reproducción social
comprende la reproducción biológica y de la fuerza de trabajo, la reproducción de bienes de
consumo y la reproducción de las relaciones de producción.
En cuanto a la distribución del trabajo en remunerado y no remunerado, la Encuesta del Uso del
Tiempo del año 2012 (INEC-CDT) revela que a nivel nacional, el tiempo total de trabajo-TTT
(trabajo remunerado más trabajo no remunerado) de las mujeres en promedio es de 77:39 horas
semanales mientras que el de los hombres es de 59:57 horas a la semana. En general las mujeres
trabajan 17:42 horas más que los hombres a nivel nacional, 14:53 horas más en el área urbana y
23:14 horas más que los hombres en el área rural.
Las mujeres en el área rural trabajan 81:36 horas a la semana; 5:48 horas más que las mujeres del
área urbana, el peso de las tareas domésticas y el tiempo demandado para su cumplimiento es
mayor, entre otras causas, producto de los limitados accesos; la diferente dotación de agua y otros
servicios en las viviendas. Estas diferencias en el tiempo total de trabajo guardan relación con
aspectos socioculturales ligados a costumbres y tradiciones, algunas como parte de la pertenencia
étnica de la población (INEC-CONAMU: 2008).
Gráfico Nº6
Tiempo Total de Trabajo por sexo y área

17. 77:39
81:36
75:47
60:54
59:57
58:22
Urbana
Nacional
Mujeres
Rural
Hombres
Fuente: INEC- CDT Encuesta Específica del Uso del Tiempo 2012
A nivel nacional los hombres ocupan el 13,9% de su tiempo en trabajo no remunerado y el 86,0%
en trabajo remunerado; mientras que las mujeres dedican el 40,4% a trabajo no remunerado y el
59,5% a trabajo remunerado. Se evidencia una brecha importante en cuanto al trabajo no
remunerado, las mujeres trabajan hasta tres veces más que los hombres sin remuneración,
mientras los hombres destinan más tiempo al trabajo remunerado.
Gráfico Nº7
Distribución del tiempo del trabajo remunerado y no remunerado
13,9%
40,4%
86,1%
13,8%
39,8%
59,6%
Mujer
Nacional
41,7%
85,8%
86,2%
Hombre
14,2%
58,3%
60,2%
Hombre
Mujer
Hombre
Urbano
Remunerado
Mujer
Rural
No remunerado
Fuente: INEC – CDT Encuesta Específica de Uso del Tiempo 2012
Con respecto al trabajo no remunerado (doméstico + cuidado de personas), el tiempo de trabajo
difiere entre hombres y mujeres, a nivel nacional las mujeres destinan 31:49 horas a la semana
frente a las 9:09 horas de los hombres, una diferencia de 22:40 horas a la semana dedicadas al
trabajo no remunerado. Esta doble jornada limita el tiempo de las mujeres que podría ser utilizado
en educación, necesidades personales, tiempo libre, actividades que le permitan mejorar su
calidad de vida.

18. Un aporte importante en este ámbito es la definición, medición y valoración del uso del tiempo y
carga global de trabajo desde la implementación de las encuestas del uso del tiempo 9 que
permitió visibilizar el trabajo no remunerado, quién lo desarrolla y el aporte de éste a la estructura
económica y en el PIB (creación de cuenta satélite).
En cuanto a la regulación del trabajo doméstico remunerado, se ha fijado un salario mínimo
unificado que ha sido incrementado paulatinamente, buscando dar un valor digno no reconocido
históricamente: a inicios del año 2010 se estableció 240 dólares mensuales para quienes trabajen
en el servicio doméstico, sector artesanal, sector agrícola y sector industrial. En el 2011, se
incrementó a 264 dólares y en el 2012 a 292 dólares. De la mano con el reconocimiento salarial, el
Ministerio de Relaciones Laborales emprendió el proyecto “Difusión de deberes y derechos en el
mundo laboral”, con el que se buscó erradicar la discriminación hacia el trabajo doméstico, a
través de capacitaciones a las trabajadoras y cursos para empleadores. El objetivo de este
proyecto consistió en concientizar tanto a trabajadoras nacionales y extranjeras, como a
empleadoras y empleadores, sobre la importancia de las relaciones laborales fundamentadas en
derechos y obligaciones de las partes.
Para garantizar en mayor medida los derechos del sector de la población con labores de cuidado y
ampliar el ámbito de protección, el Ecuador ratificó el Convenio N°. 189 de la OIT sobre el "Trabajo
Decente para las trabajadoras y los Trabajadores Domésticos" en octubre de 2013, con lo cual se
afirma el compromiso en cuanto a las normas laborales internacionales sobre todo de mujeres y
niñas que mayormente se dedican al trabajo doméstico, para garantizar sus derechos, en este caso
para fomentar la equidad, establecer reglas claras sobre las relaciones laborales y la prioridad del
trabajo como valor humano sobre el capital.
En lo que se refiere a la obligación del Estado de proporcionar servicios de cuidado, como apoyo
para la conciliación del trabajo remunerado y familiar, y para poder participar en la vida pública, se
establece la obligación de las empresas públicas y privadas, con más de cincuenta trabajadores y
trabajadoras, de proveer una guardería infantil para los hijos e hijas del personal. Este servicio
deberá ser suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá los rubros de alimentación,
infraestructura y todo relacionado con una adecuada prestación.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Política de Desarrollo Infantil, también
provee servicios de atención en centros de desarrollo infantil y sistemas de atención a través de
visitas domiciliarias y comunitarias, conocidas como “Creciendo con Nuestras Familias”. Estos
programas permanentes pretenden fortalecer y cualificar el apoyo familiar a las personas con
mayores necesidades de cuidado, en términos de igualdad y corresponsabilidad. La población
atendida durante el período comprendido entre los años 2008 – 2011, se acerca a los 125.000
niñas y niños menores de 5 años en los Centros de Desarrollo Infantil, actualmente Centros
Infantiles del Buen Vivir, los mismos que incorporan una visión integral de cuidado y que se
proyectan a ser 1000 hasta el año 2017, atendiendo a los sectores más pobres y vulnerables.
Al tener a la corresponsabilidad como un principio vigente, desde el Ministerio de Inclusión
Económica y Social se ha intentado fortalecer el mismo a través de acuerdos con los cooperantes
9
La Encuesta del Uso del Tiempo, impulsada desde la Comisión de Transición, en el contexto del trabajo
desarrollado por la Comisión de Estadísticas de Género; es parte del Programa Nacional de Estadísticas de
Género, por lo que se la realiza de manera periódica (Se ha desarrollado la EUT 2005, 2007, 2010, 2012).

19. de los servicios de desarrollo infantil, los que se ven reflejados en convenios firmados con los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, que pasaron del 40% en el año 2012 al 70% en el 2013.
El Bono de Desarrollo Humano ha tenido incrementos desde el año 2007 y en el 2012, la Asamblea
Nacional aprobó la Ley de Redistribución del Gasto Social, mediante la cual el Bono se incrementó
de 35 dólares a 50 dólares, dicho incremento rigió desde de enero de 2013. La transferencia se
entrega a la madre jefa de hogar, pues se considera que a través de ella el beneficio se extiende a
toda la familia, principalmente a sus hijos e hijas. Actualmente, alrededor de 1.2 millones de
personas, fundamentalmente madres, reciben esta transferencia monetaria.
Seguridad social: En cuanto al acceso a la Seguridad Social, tanto la Constitución como el PNBV
impulsan la protección social integral y seguridad social solidaria de la población con calidad y
eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. Para
ello se ha establecido la ampliación progresiva en la cobertura de la seguridad social con especial
atención para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidades y personas que realizan
trabajos no remunerados.
En cuanto a cobertura de la Seguridad Social se refiere, también podemos observar una alta
brecha, la misma aumentó considerablemente entre 2006 y 2007, sin embargo, a partir de
entonces se ha reducido y en 2009 la cobertura de las mujeres fue cercana al 80% de la de los
hombres. Para A partir del año 2011, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extendió la
cobertura de las prestaciones de salud para cónyuges o convivientes de los afiliados y las afiliadas,
cuya aportación mensual esté registrada en el sistema de historia laboral del IESS. Entre los
beneficios constan acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, recuperación y rehabilitación de la salud individual,
además de la atención prenatal, parto y puerperio.
Si bien el acceso a la seguridad social ha sido creciente en la última década, todavía existe un
fuerte déficit en el acceso a este derecho. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y
Desempleo (INEC: 2013), el 30,9 % del total de mujeres acceden a seguros de salud públicos y el
41,7% de hombres, según se observa en el Gráfico N°8
Gráfico N°8
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SEGUROS DE SALUD SOCIAL Y/O PRIVADO
Fuente: SENPLADES-SNI, INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2013

20. Ingresos: Una de las brechas de desigualdad más relevantes entre hombres y mujeres son los
ingresos monetarios. Según el INEC (2013) las mujeres en general perciben el 79.1% (Cuadro N°6)
de ingresos en relación a los hombres. Las mujeres del área rural son las que más desventaja
llevan, porcentaje de desigualdad es del 72,9% respecto a sus pares masculinos.
Cuadro N°6
Ingreso promedio de la ocupación, según área y sexo, en dólares
Ingreso promedio
Hombres
Nacional
Mujeres
455,5
593,4
540,2
Area
Urbana
Rural
Nacional
244,5
402,5
335,4
508,6
Desigualdad
76,8%
72,9%
79,1%
308,0
470,3
Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU- Diciembre 2013
Por área territorial, los datos históricos de 9 años muestran que la brecha del ingreso tiene una
ligera tendencia a una mejoría sobretodo en el área rural, donde la brecha se redujo de 52,9 a 27,1
puntos (Ver Gráfico N°9), en cambio en el área urbana pasó de 33,0 a 23,2. Existe una relación
directa entre los niveles de estudio y los ingresos. Las mujeres con niveles de instrucción
superior/posgrado son las que se posicionan mejor remunerativamente, aunque siguen por debajo
del promedio masculino (INEC: 2013).
Gráfico N°9
Porcentaje de brecha de ingresos en la ocupación, según área
52,9
34,3
33,0
27,1
23,2
Area Urbana
20,9
Area Rural
2013
Nacional
2003
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU-Diciembre 2013
Si miramos al desempleo de manera más integral que gira en torno a procesos económicos de
subsistencia, el gobierno nacional prevé el apuntalamiento y fortalecimiento de una nueva matriz
productiva fundada en la economía popular y solidaria que tiene como plataforma también la
creación de una nueva arquitectura financiera.

21. Para la construcción de esta nueva base productiva se creó la Ley Orgánica de la Economía Popular
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, tiene entre sus principios generales la
equidad de género. Para la operativización de esta nueva propuesta se creó el Instituto Nacional
de Economía Popular y Solidaria, como ente ejecutor de la política pública y que coordina,
organiza y aplica los planes y programas. Como parte de la nueva arquitectura financiera se creó la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que ejerce el control del sector crediticio
solidario y cooperativista para brindar servicios financieros acordes a esta nueva propuesta de
desarrollo económico.
Desde esta perspectiva desde el gobierno nacional crearon varios programas, entre los principales:
el sistema de compras públicas para la dotación de bienes y servicios para el sector público, con
énfasis en los pequeños y medianos productores. Privilegia la asociatividad con enfoque de
género. Apuntala la producción de bienes y servicios locales y varios programas, entre ellos:
Produce Pyme, es un Programa de cofinanciamiento creado por el Ministerio de Industrias y
Productividad para apoyar y promover la competitividad de las diferentes cadenas y sectores
productivos del país; a través de la asistencia técnica especializada y el acompañamiento en todos
los procesos productivos de las unidades empresariales, asociativas y artesanales; Renova
Industria, es para mejorar la productividad del sector manufacturero, a través de la renovación de
maquinaria y equipo obsoleto, apoyo para la dotación de uniformes para la educación pública y
programas de nutrición escolar, este último pone el énfasis en apoyar mujeres productoras.
Es a través de estos programas, que se puede visibilizar el esfuerzo del Ministerio de Industrias y
Productividad, implementando políticas tendientes a otorgar créditos a mujeres y asociaciones
dedicadas al trabajo en proyectos productivos y microempresas. A su vez, estas políticas viabilizan
el equipamiento, mejoramiento de oferta y producción, además de la obtención de certificaciones
de calidad que fortalezcan la rentabilidad.
Las mujeres beneficiarias del BDH tienen acceso al programa de micro crédito productivo de 2
formas: el Crédito de Desarrollo Humano, que procura incorporar a mujeres en extrema pobreza,
a procesos productivos sustentables micro-empresariales y que generen autoempleo,
aumentando los ingresos familiares, y el Crédito Productivo Solidario (MIES: 2013), orientados a
dinamizar la economía de los grupos vulnerables del país e incorporar a la población en extrema
pobreza a procesos productivos sustentables micro empresarial para la generación de autoempleo
y posibilitar el incremento paulatino de ingresos de las familias (MIES: 2013). En estos programas,
mayormente las madres fueron beneficiarias de los Créditos de Desarrollo Humanos, en la
actualidad aproximadamente el 90% de los beneficiarios de estos créditos son mujeres. A través
del Ministerio de Industrias y Productividad se apoya al fomento de las MIPYMES (MIP: 2013) y a
través del Ministerio de Relaciones Laborales el programa mi primer empleo para jóvenes y socio
empleo para el resto de la población (MRL: 2013).
Participación: En cuanto a la participación, se registra una mayor participación de la mujer en
puestos de representación pública, tanto en las de elección popular como en las designaciones
que realiza el Ejecutivo en la conformación de su Gabinete. Al 2013, la proporción de escaños
ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales es de alrededor del 50%. Estos datos
demuestran que cada vez más mujeres participan en puestos relacionados con la toma de
decisiones.

22. La actual Constitución promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos
de nominación o designación de la función pública, en las instancias de dirección y decisión, y en
los partidos y movimientos políticos, así como en las candidaturas a las elecciones pluripersonales,
alternada y secuencial (Constitución: 2008).
“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un
proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria (Constitución: 2008)”.
En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la
Democracia (2009), se reconoce el principio de paridad de género y de alternabilidad entre
hombres y mujeres en los procesos de elección pluripersonales. En la proclamación de dignidades
electas se ha considerado una acción afirmativa para asignar el escaño a una mujer en los casos
que exista empate entre un hombre y una mujer en el último escaño. También, se promueve la
representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus
instancias de dirección y decisión, así como en los partidos y movimientos políticos.
En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se han desarrollado procesos de
designación de autoridades, para que integren las instituciones de las distintas funciones del
Estado, para lo cual se han contemplado acciones afirmativas, con el objeto de lograr la paridad en
la conformación de distintos cuerpos colegiados como la Corte Nacional de Justicia, así como el
propio Consejo. Esto permite además que se incremente el número de mujeres en instancias de
representación y decisión a nivel nacional.
Por otro lado, en el ámbito del servicio público, se incorporó en la normativa correspondiente,
como prohibición especial para el desempeño de cargos, función o dignidad en el sector público, la
existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de acoso sexual, explotación sexual,
trata de personas, tráfico ilícito o violación 10.
Igualmente, en la garantía del derecho de la ciudadanía a participar de forma individual y colectiva
en la vida pública, en base a principios de igualdad, interculturalidad y respeto a la diferencia, en la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) se tienen establecidos espacios de participación
como los Consejos Ciudadanos Sectoriales, que toda entidad pública debe tener; las veedurías
ciudadanas para el control en la designación de autoridades públicas o la silla vacía de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otras. Desde El Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, como parte de la Función de Transparencia y Control Social, se lleva a cabo
procesos para la selección de representantes a las distintas instancias formales de participación en
las que se contempla los principios antes mencionados.
Pese a estos avances en políticas públicas sigue siendo un reto la participación de las mujeres en
procesos de elección unipersonales, especialmente a nivel local (Gobiernos Autónomos
10
Art. 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público (octubre 2010).

23. Descentralizados), así como el fortalecimiento de los mecanismos y espacios establecidos para la
participación ciudadana de tal manera que se cumpla con el principio de igualdad.
Mujeres en puestos de elección popular
En cuanto a puestos de elección popular, las mujeres han alcanzado del 24,6% en el año 2000 al
38,2% en el año 2013 (Ver Gráfico N°10). Es decir el promedio de participación política de más de
una década es del 26,7% aproximadamente encargos de elección en cumplimiento de lo
establecido en la Ley de cuotas. Pese a la cuota con alternancia y secuencia el avance de la
participación política electoral no logró una presencia significativa.
Gráfico N°10
Porcentaje de mujeres en puestos de elección popular, por años
38,2%
26,5%
24,6%
26,4%
23,3%
21,1%
2000
2002
2004
2006
2009
2013
Fuente: INEC, CONAMU (2005) y Consejo Nacional Electoral 2013
Respecto a los cargos de la función legislativa, la denominada Ley de Cuotas del año 1998, marcó
una tendencia en cuanto a la participación política de las mujeres en este ámbito. Como se
observa en el Gráfico N°11 a partir de la aplicación de este marco legal la incorporación de las
mujeres es importante si analizamos respecto a los años 90. Para el proceso electoral del año 2009
este porcentaje correspondió al 32,26% del total de asambleístas electos, mientras para el del año
2013 la participación llegó al 40.15% (CNE: 2013).
Gráfico N°11
Porcentaje de mujeres en puestos de elección popular, Años 1990-2013

24. 40,15%
32,3%
17,0%
13,2%
6,9%
1990
5,2%
1992
5,6%
1994
1996
6,1%
1998*
2002*
2009
2013
Fuente: archivo de la Función Legislativa y Friedenberg, obtenido de
(http://www.flacsoandes.org/generoycultura/?cat=45), y Consejo Nacional Electoral 2013.
En general respecto a los cargos de elección popular, los datos disponibles del proceso electoral
correspondiente al año 2013, se destaca de manera especial la elección de Asambleístas
Nacionales con el 46,7% y de asambleístas en el exterior con el 50,0%.A nivel de concejalías y
juntas parroquiales, los porcentajes de participación de las mujeres son del 28,61 % para las
concejalas y 21,93% para las vocalías de las juntas parroquiales (Consejo Nacional Electoral: 2010).
Los cargos de elección popular con déficit de mujeres electas son las alcaldías con apenas 6,3% y
las prefecturas con 8,7%. Como se observa, la participación en los gobiernos locales es bastante
baja en relación con las otras dignidades (Ibíd.; 2013). Esta tendencia, que no solo es local, sino
regional, según la CEPAL (2010) “obedecería a que las alcaldías concentran mayores recursos y
poder de decisión”.
Mujeres en cargos públicos de designación
Respecto del acceso de las mujeres a cargos públicos de designación, la Constitución del año 1998,
promueve la participación de las mujeres en instancias de dirección y decisión en el ámbito
público, en la administración de justicia en los organismos de control y los partidos políticos
(Constitución de 1998: Art. 102). La Constitución del 2008 en base a estos fundamentos amplia la
visión en la que incluye el criterio de igualdad y paridad de género entre los aportes más
importantes (Constitución 2008: Art. 61); y en el Art. 65 el Estado promueve la representación
paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación o designación de la función pública
en sus instancias de dirección y decisión, en este sentido el texto constitucional afianza a través de
la aplicación de medidas de acción afirmativa.
Desde este marco constitucional, instancias como la Función Judicial (Código orgánico de la
función judicial), Función Electoral (Código orgánico de la función electoral), Función de
Transparencia y Control Social (Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social), Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD´s-, entre otros, adecuaron sus marcos
legales a esta disposición.

25. Por ejemplo en el gabinete ministerial, según se observa en el Gráfico N°12, desde el año 2007 se
incrementa la participación femenina, siendo el año 2010 el más dinámico.
Gráfico N°12
MUJERES INTEGRANTES EN EL GABINETE MINISTERIAL
Fuente: Presidencia de la República.
En otros ámbitos, también se constata avances, para el año 2012, por ejemplo en la Corte Nacional
de Justicia la participación femenina correspondió al 42,9%, en el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social el 57,1% y en el Consejo Nacional Electoral el 40,0%, como resultado
de la aplicación de medidas de acción afirmativa establecidas por la Constitución y las leyes, así
como por la decisión política de las autoridades.
Mujeres en otros espacios
Existe un déficit de registros oficiales que den cuenta de la participación política de las mujeres en
otros espacios de decisión. A partir de 2008 se establecieron distintas formas de participación
ciudadana, como los consejos ciudadanos sectoriales, que toda entidad pública debe tener. Así
también las veedurías ciudadanas para el control en la designación de autoridades públicas o la
silla vacía de los gobiernos autónomos descentralizados, entre otras. No existen bases de datos de
sindicatos, gremios profesionales, artesanales, organizaciones sociales, cámaras empresariales,
que tengan desagregado por sexo las listas de sus integrantes, así como la conformación de sus
directivas y en el caso de tenerlas que estén actualizadas y sean de acceso público. Por ejemplo en
el MIES se viene registrando hasta la fecha, a las organizaciones de mujeres. Su registro está
desconcentrado en cada zonal y no se cuenta con un estimado nacional.
Erradicación de la Violencia contra la Mujer: En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres (ver gráfico
13) ha vivido algún tipo de violencia de género (en diversos ámbitos y por diversas personas). Es
decir 3.260.340 de mujeres no tienen derecho a una vida libre de violencia, derecho consagrado
constitucionalmente (2008) y en instrumentos internacionales suscritos por el país.
Gráfico N°13
Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género a nivel nacional

26. Fuente: Encuesta Nacional sobre violencia contra las mujeres, INEC-CDT- 2011
Elaboración: INEC-CDT
De este 61% de mujeres violentadas, la agresión más frecuente es la psicológica y que afecta al
53.9% de estas le sigue la violencia física que afecta al 38.0% de las mujeres del país. En lo que se
refiere a las estadísticas sobre violencia sexual, pese a ser la menor en términos porcentuales, no
deja de ser preocupante ya que 1 de cada 4 mujeres (25.7%) ha sido violentada sexualmente.
Pese a lo relativamente nuevo del concepto de violencia patrimonial esta afecta a un 16.7% de las
mujeres a nivel nacional. Y que sumada a las otras violencias, se convierte en determinante contra
la autonomía de las mujeres.
Según el Censo de Población y vivienda del año 2010 (INEC), las mujeres de 15 años y más se auto
identificaron según su cultura y costumbres, un 6,5% como indígenas, un 6,8% como
afroecuatorianas/afrodescendientes, un 6,9% como montubias, un 73,2 como mestizas, un 6,2%
como blancas y un 0,4% como otras.
En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres independientemente de su autoidentificación étnica han vivido
algún tipo de violencia de género; presentándose un mayor porcentaje en las mujeres indígenas
con un 68% y en las afroecuatorianas con un 67%, en las cuales no existen una diferencia
significativa. Le siguen las montubias con un 63%, las blancas con un 60% y las mestizas con un
59,1%. De todos modos la violencia sigue siendo alta en todas las autoidentificaciones.
En cuanto a la violencia extrema hacia las mujeres que causa su muerte, un estudio realizado por
la Comisión de Transición sobre Femicidio revela que en el Ecuador (2010), en el cual se destaca
que de un total de 80 homicidios de mujeres, el 77,5% se catalogaron como femicidios, y un 16,3
% de estos fueron perpetrados por sus esposos o convivientes.
Por otro lado, de acuerdo a los registros de las Comisarías de las Mujeres se puede identificar una
tendencia creciente a denunciar los hechos de violencia intrafamiliar, tal como se lo puede
observar en el Gráfico N°14 Sin embargo, ese aumento no implica necesariamente un repunte de

27. la violencia, el mismo puede obedecer a la implementación de políticas dentro del Plan Nacional
para la Erradicación de la Violencia de Género contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres que
entró en vigencia en 2007.
Gráfico N°14
Denuncias receptadas en las comisarías de la mujer y la familia, datos absolutos
83.115
79.090
72.848
65.075
67.178
2006
2007
64.801
57.385
2005
2008
2009
2010
2011
Fuente: Dirección Nacional de Género – DINAGE
Frente a la situación de violencia del país, la actual Constitución garantiza el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, lo que incluye la
integridad física, psíquica, moral y sexual. Por lo tanto, los avances se han visto enfocados en
cumplir con este mandato para proteger a las mujeres, activando todas las instancias de garantía y
protección de derechos. De esta manera, se ha buscado cumplir con las observaciones realizadas
por el Comité en cuanto a la aplicación de una legislación adecuada para combatir la violencia y
reforzar los mecanismos de protección de derechos. Uno de estos esfuerzos constituye el impulso
del Proyecto del Código Integral Penal, en el que se están debatiendo temáticas impulsadas por el
bloque de mujeres, para que se contemplen sus derechos.
En el 2007, la lucha contra la violencia de género se plasmó como Política de Estado mediante un
Decreto Ejecutivo que estableció el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes (PNEVG), lo cual responde a la recomendación del Comité,
en cuanto a la implementación de una estrategia global para combatir y erradicar todas las formas
de violencia.
El PNEVG contempla un trabajo de coordinación interinstitucional para avanzar hacia la
prevención, eliminación y sanción de la violencia de género. Sus ejes estratégicos son:
transformación de patrones socio culturales, sistema de protección integral, acceso a la justicia,
sistema de registro y desarrollo institucional. Su ejecución está a cargo de cinco Ministerios: Salud,
Educación, Interior, Justicia e Inclusión Económica y Social, y dos Consejos Nacionales de Igualdad:

28. de Género (actual Comisión de Transición)
adolescencia).
e Intergeneracional (actualmente de Niñez y
Una de las acciones relevantes del PNEVG dentro del eje de transformación de patrones
socioculturales, consistió en la implementación de la Campaña “Reacciona Ecuador, el Machismo
es Violencia”, la misma que fue liderada por el Ministerio del Interior y la Comisión de Transición
desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2010, basada en herramientas educativas y
comunicacionales y en la difusión de mensajes en medios masivos de comunicación nacional y local
y medios alternativos como festivales, concursos, teatro-debate, grafitis, gigantografías, etc .
En el eje del PNEVG referente a la implementación de un Sistema de Registro Único, se creó un
software para las Comisarías con la finalidad de facilitar la recopilación y la información estadística
sobre denuncias recibidas en las mismas. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y
Censos conjuntamente con el Ministerio del Interior y la Comisión de Transición llevaron a cabo la
Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género para recoger información
estadística sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de los distintos tipos de violencia hacia las
mujeres en el país. Esta encuesta constituye la primera información estadística oficial que pone en
evidencia un fenómeno social que no había sido registrado a nivel nacional. Cabe mencionar que
se la incorporó al Programa Nacional de Estadísticas para que sea realizada periódicamente.
En el eje del sistema de protección integral, relacionado a la protección y asistencia a las víctimas,
se ha priorizado la creación e implementación de casas de acogida y centros de atención a mujeres
víctimas de violencia en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se han creado Centros de Protección de
Derechos para receptar denuncias y conocer casos de vulneración de derechos de mujeres, niños,
niñas y adolescentes.
Desde el Ministerio de Salud, en el marco del programa de atención integral a la violencia basada
en el género, se crean e implementan Salas de primera acogida para víctimas de delitos sexuales y
violencia intrafamiliar, espacios diseñados en hospitales públicos para dar atención integral y
especializada de carácter médico, psicológico, social y jurídico, con calidad y calidez, a víctimas de
violencia sexual e intrafamiliar. Adicionalmente, se han desarrollado acciones de capacitación
permanente, tales como: el proceso de capacitación sobre la Norma de Atención en Violencia, el
adiestramiento en pericias médico - psicológicas para personal de salas de primera acogida, el
Curso Introductorio de Pericia Médico Legal, entre otros.
En cambio, desde la Policía Nacional, a través del Departamento de Violencia Intrafamiliar DEVIF,
se implementa una serie de actividades, entre las cuales se encuentran la asesoría legal y
psicosocial, charlas de prevención de la violencia intrafamiliar y otras acciones emanadas de las
Comisarías de la Mujer y otras dependencias policiales (como Migración y Dirección Nacional de
Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN). De igual manera, dentro de las
Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) administradas, por el Ministerio del Interior en
coordinación con el MJDHC, se han incorporado servicios integrales de justicia y policía
especializados.
Un tema fundamental para la prevención y erradicación de la violencia es el acceso a la justicia,
que también ha sido contemplado en el tercer eje del PNEVG. Al respecto, se puede mencionar
que en la Fiscalía General del Estado (FGE) se trabaja en la construcción de procesos de atención

29. en peritaje integral, para acortar los tiempos del proceso y conocer la mayor cantidad de
expedientes, con la finalidad de evitar la impunidad.
Por otro lado, en el proceso de transformación del Sistema de Justicia, llevado a cabo desde el
Consejo de la Judicatura se ha avanzado en la implementación de unidades judiciales contra la
violencia hacia la mujer y la familia 11, así como en el diseño de protocolos de atención para evitar
que exista una re-victimización de las mujeres que acceden al sistema judicial, y el diseño de un
sistema geo-referenciado de servicios para las instituciones involucradas, a fin de atender a
mujeres víctimas de violencia 12.
Otras acciones que se han ejecutado en los últimos años para prevenir y erradicar la violencia
hacia mujeres y niñas se encuentran establecidas en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015,
como la expedición de normativas para el tratamiento de la violencia de género y la incorporación
de la educación sexual en el sistema educativo. Se ha implementado un módulo de capacitación
para el curso de formación a docentes “SI PROFE” sobre género y erradicación de los delitos
sexuales en el ámbito educativo, cuyo objetivo es sensibilizar a docentes en su rol de garantes de
derechos.
Entre las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Fiscalía
General del Estado, se encuentra un programa denominado “Recorrido Participativo”, que tiene la
finalidad de generar protocolos de investigación, detección y actuación en casos de violencia
sexual. Por otro lado, el Ministerio de Educación, en coordinación con el MIES, elaboró y socializó
Kits de recorrido participativo, que comprenden una serie de folletos, información y material
didáctico sobre la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, con el objetivo de
implementarlos dentro del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género.
En relación a tipos de violencia extrema como el femicidio, en el 2011 la CDT realizó una
investigación sobre el abordaje de esta problemática en los fallos judiciales y las publicaciones de
los medios de comunicación, y con la incidencia del movimiento de mujeres se logró incorporar la
tipificación de este delito en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal que está por ser
aprobado en la Asamblea Nacional.
De igual manera, desde la Secretaría Técnica del Plan se trabajó para la incorporación de la política
“Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas” en el Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017 (objetivo 6, política 6.7), y desde la coordinación interinstitucional del Plan Nacional
para la prevención, investigación y sanción de la Trata de personas y la protección integral a
víctimas, se incidió para que se incorporen lineamientos de políticas en el PNBV (6.5.f, 6.5.g,
12.2.j).
Sin embargo, se requiere profundizar y fortalecer las medidas existentes, así como adoptar nuevas
para garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes, asegurando la
protección, atención integral y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas.
Objetivo 4. Mortalidad Infantil
11
Unidades que reemplazan a las Comisarías de la Mujer y la Familia.
Proceso en el cual la CDT participó elaborando insumos y asistencia técnica como parte de la Mesa Mujer
y Justicia creada para el efecto.
12

30. La meta establecida para este objetivo es “Reducir en dos terceras partes entre 1990 y 2015,
la mortalidad de los niños menores de 5 años”. En Ecuador, la mejora de la calidad de los
sistemas de salud y atención integral, han permitido alcanzar importantes avances en temas
de reducción de la mortalidad de la niñez, la misma que pasó de 43,05 muertes por cada 1.000
nacidos vivos en 1990, a 13,6 muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 2011, con lo que se ha
cumplido la meta.
La natalidad ha disminuido con el paso de los años, de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo, de la misma manera la tasa bruta de mortalidad ha disminuido en el año
2012 (4,09) en comparación con el año 1991 (5,08).
Gráfico N°15
Gráfico N°16

31. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, la mortalidad infantil se relaciona con la nutrición
en el sentido en que “La ingesta adecuada de micronutrientes, especialmente hierro, vitamina A,
yodo y zinc desde la concepción hasta los 24 meses es crítica para el crecimiento de los niño/as y
su desarrollo mental. Sin embargo, dieciséis por ciento de los/as niño/as ecuatorianos tienen un
bajo peso al nacer comparado con el nueve por ciento de los niño/as en Colombia y el ocho por
ciento en Brasil. El bajo peso al nacer predispone a lo/as niño/as a la desnutrición crónica y a un
desarrollo deficiente. Los niño/as con bajo peso son más propensos a la mortalidad infantil.” 13 Del
mismo modo, su Estrategia señala que:
Los niño/as que tienen un bajo peso al nacer o los niño/as con atrofias pueden tener
mayores riesgos de contraer enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades
coronarias que los niño/as que inician su vida con una buena alimentación. Las causas
subyacentes de la malnutrición en el Ecuador se encuentran en las dietas que han sido
restringidas tradicionalmente, prácticas deficientes de alimentación infantil y acceso
limitado a alimentos nutritivos. Estas circunstancias se agrandan a nivel local en las áreas
indígenas y rurales, básicamente debido a los hábitos culturales y de consumo, pobreza y
exclusión. Un factor agravante es la violencia en contra de las mujeres y la exclusión de
las mujeres de la toma de decisiones y los mercados formales. La violencia y la
discriminación en contra de las mujeres afecta la seguridad alimentaria y nutricional de
toda la familia. 14
Frente a esta realidad, a partir del 2007 se ha buscado garantizar la calidad en la provisión de
servicios, humanizando la atención a las mujeres a través de la concurrencia de recursos humanos
calificados que garanticen calidad y calidez en el trato, con impactos positivos en la disminución de
la morbi-mortalidad materna, embarazo no deseado ni planificado, en la prevalencia de
infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, cáncer uterino y en la violencia intrafamiliar, de
género y sexual, actuando con transparencia en la toma de decisiones y fomentando la
participación a través de las veedurías sociales.
13
“Estrategia de País 2012-2016” Ecuador oficina de país, Progarma Mundial de
Alimentos,http://es.wfp.org/sites/default/files/es/file/ecuador_estrategia_de_pais_2012-2016.pdf, párr., 29
14
Idem. ,párr. 30

32. También se incrementó la inversión pública en salud, destinando USD$ 757 millones (31.42% de
incremento respecto al año anterior) y se consiguió mejorar la infraestructura y equipamiento de
unidades de salud, el número de profesionales médicos y la accesibilidad de medicamentos para la
población de escasos recursos. El Programa de Maternidad Gratuita entregó en el 2007 un total de
12´506.108 prestaciones. Según la Unidad Ejecutora de la Ley, en el 2005 el número de
beneficiarias fue de 2’733.608, de las cuales 1’281.177 fueron mujeres y 1’452.431 niñas y niños
menores de 5 años.
El incremento más importante en el gasto social se ha dado en salud, el cual aumentó a más del
doble en 2008, en comparación con los niveles históricos. Entre 1990 y 2004, el gasto social en
salud promedió un 1,1 por ciento del PIB. En 2007, llegó al 1,5 por ciento del PIB. En 2008, el gasto
público en salud se incrementó a 3,5 por ciento del PIB (alrededor de USD 1,8 mil millones). La
cobertura de atención de salud gratuita se ha ampliado especialmente para los niños y las mujeres
embarazadas, así como el suministro de vitaminas y otros nutrientes a los ecuatorianos en estos
grupos.
La ingesta adecuada de micronutrientes, especialmente hierro, vitamina A, yodo y zinc desde la
concepción hasta los 24 meses es crítica para el crecimiento de los niño/as y su desarrollo mental.
Sin embargo, dieciséis por ciento de los/as niño/as ecuatorianos tienen un bajo peso al nacer
comparado con el nueve por ciento de los niño/as en Colombia y el ocho por ciento en Brasil. El
bajo peso al nacer predispone a lo/as niño/as a la desnutrición crónica y a un desarrollo deficiente.
Los niño/as con bajo peso son más propensos a la mortalidad infantil. La tasa de mortalidad
infantil en Ecuador ha disminuido de 28,1 a 15,2 entre 1986 a 200913. En Ecuador, la tasa de
mortalidad infantil es de 21 x 100 nacidos vivos comparadas con el 16 x 100 nacidos vivos en
Colombia; la mortalidad para niño/as menores de cinco años es de 25 por 1000 mil nacidos vivos,
comparado con 20 por 1000 en Colombia o 51% en Bolivia.
Los niño/as que tienen un bajo peso al nacer o los niño/as con atrofias pueden tener mayores
riesgos de contraer enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades coronarias que los
niño/as que inician su vida con una buena alimentación. Las causas subyacentes de la malnutrición
en el Ecuador se encuentran en las dietas que han sido restringidas tradicionalmente, prácticas
deficientes de alimentación infantil y acceso limitado a alimentos nutritivos. Estas circunstancias
se agrandan a nivel local en las áreas indígenas y rurales, básicamente debido a los hábitos
culturales y de consumo, pobreza y exclusión. Un factor agravante es la violencia en contra de las
mujeres y la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y los mercados formales. La
violencia y la discriminación en contra de las mujeres afecta la seguridad alimentaria y nutricional
de toda la familia.
Objetivo 5. Salud Materna
Como parte de los compromisos adquiridos, se busca la reducción de la razón de mortalidad
materna en tres cuartas partes entre 1990 y el 2015. Para el Ecuador este compromiso significa
pasar de 84,6 a 21,1 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, para el caso
de nuestro país, la razón de mortalidad materna es uno de los indicadores más sensibles de
valorar, fundamentalmente por la complejidad en el cálculo del denominador (estimación de
nacidos vivos) y por la mejora en el registro de las muertes que ha tendido a aumentar las tasa y
los esfuerzos no se pueden ver reflejados.

33. Al hablar de la mortalidad materna, nos vinculamos directamente con el ejercicio y goce de los
derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos en el
Ecuador, han sido tratados durante las dos últimas décadas por el Estado a través de distintos
mecanismos de carácter normativo y mediante la formulación de políticas públicas. Aún cuando
en el país se ha avanzado con un amplio marco jurídico contemplado en la Constitución del 2008,
que estipula el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la situación de la salud
sexual y salud reproductiva continúa siendo un tema que debe ser atendido prioritariamente.
Adicionalmente se pone en cuestión un tema trascendental que tiene que ver con el poder y el
derecho a decidir sobre el cuerpo. En este sentido, otro de los problemas que ha dificultado el
ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres, es el hecho de disfrutar plenamente la
autonomía de sus cuerpos en cuanto al placer sexual y la definición de su destino reproductivo.
Conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos
En el Ecuador, el 92,5% de las mujeres en edad fértil conoce sobre algún método anticonceptivo
pero apenas el 49,4% utiliza alguno de ellos. Los métodos más utilizados por las mujeres son:
ligadura 35,7%, píldora 18,5%, ritmo o calendario 15,6%, DIU 13,9%, inyección 9,9%, y solo un
4,3% condón. (INEC–ECV, 2006).
Cuadro N°7
Conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos
Área
Conocen
N° de
%
mujeres
Utilizan
N° de
%
mujeres
Mujeres
de 15 a 49 años
Área urbana
96,3%
2.188.366
48,7%
1.066.701
2.272.667
Área rural
84,4%
907.499
50,9%
462.087
1.075.195
92,5%
3.095.866
49,4%
1.528.788
Total Nacional
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Mujeres de 15 a 49 años
3.347.862
En cuanto al uso, se observa que las mujeres del área rural son las que más utilizan, a pesar que
conocen menos sobre su uso que las del área urbana.
Fecundidad
La tasa global de fecundidad (TGF) la cual corresponde al número de hijos que en promedio tiene
una mujer en edad fértil, evidencia una tendencia a la disminución a partir de la década de los
ochenta. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 1982, el promedio total de hijos
por mujer en el Ecuador era de 5,3 y 2,4 en el 2010; este descenso se aprecia tanto en el área
urbana como rural, siendo esta última la que registra mayor disminución de 4,4 en el 2001 a 2,7 en
el 2010. (INEC – Censo de Población y Vivienda 2010)
Gráfico N°17
Tasa global de fecundidad

34. 6,9
5,4
4,4
4,0
2,7
3,2
2,9
2,2
1982
1990
2001
Fuente: INEC - Censos de Población y Vivienda 1982 - 2010
Urbano
Mortalidad materna
2010
Rural
En Ecuador la tasa de mortalidad materna nacional experimenta una importante disminución
hasta el año 2006; no obstante, la tendencia aumenta a partir del año 2009, llegando en el 2012 a
87,15 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos (INEC - Anuario de Nacimientos y
Defunciones 2012). La crisis económica y financiera acontecida durante los años 1999-2000 tuvo
repercusiones en el deterioro de los servicios de atención médica a las mujeres, lo que podría
explicar en parte la tendencia al aumento de la mortalidad materna.
Grafico N°18
Tasa de Mortalidad Materna
125,23
120,48
124,43
117,22
86,81
87,15
80,04
78,34
69,43
56,58
56,69
2012
2011
2010
2009
2008
48,46
2006
2004
50,72
2003
2002
2000
54,12
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
55,44
1991
61,98
53,05
2001
62,65
1990
69,72
67,23
2007
68,46
59,61
2005
71,70
* El 2012 excluye las inscripciones tardías de nacimientos ocurridos en el año 2011
Fuente: Base de datos de nacimientos y defunciones 2012
Morbilidad de las mujeres
Existe una tendencia marcada a que las mujeres se enfermen por causas vinculadas al
cumplimiento de roles que se asocian a su feminidad. Los embarazos terminados en aborto, la
atención materna relacionada con el feto y con la cavidad; y otras complicaciones relacionadas con

35. el embarazo y el parto son las principales causas de morbilidad de acuerdo a las estadísticas del
Anuario de Egresos Hospitalarios 2012 del INEC.
Cuadro N°8
Diez principales causas de morbilidad femenina año 2012
Causas
Colelitiasis
Aborto no especificado
Neumonia, organismo no especificado
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso
Falso trabajo de parto
Atención materna por anormalidades conocidas o
presuntas de los órganos pelvianos de la madre
Apendicitis aguda
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo
Otros trastornos del sistema urinario
Leiomioma del útero
Parto Único Espontaneo
Parto Único por Cesárea
Otros Partos
Signos y hallazgos anormales clínicos y de
Las demás causas de morbilidad
Total de egresos hospitalarios
Población Estimada Año 2012 1/
Número de
egresos
24696
20725
17002
3,22%
2,70%
2,22%
Tasa
**
31,54
26,47
21,72
15837
2,07%
20,23
14373
1,88%
18,36
14296
1,87%
18,26
13607
1,78%
17,38
11325
1,48%
14,47
9844 1,28%
9661 1,26%
111265 14,52%
67680 8,83%
798,00
0,10%
17255 2,25%
418036 54,55%
766.400,00 100,00%
7.829.061
12,57
12,34
%
Fuente: INEC - Anuario de Egresos Hospitalarios 2012
a)1/ Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de la Población 2010 – 2020 INEC
** Tasas por 10.000 mujeres
Maternidad y embarazo adolescente
La incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, entre otros aspectos, con limitaciones
e insuficiencias en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la falta de
información y educación sexual oportuna.
Aunque el embarazo adolescente en el 2013 ha declinado ligeramente con respecto al 2003, sigue
siendo un problema preocupante; pues, del total de mujeres adolescentes de 12 a 19 años de
edad, el 5,0% son madres o están en período de lactancia a nivel nacional
Si analizamos solo a las adolescentes de 15 a 19 años de edad podemos ver que el 8,2% de ellas
son madres o están en periodo de lactancia (ENEMDU 2013).
Cuadro N°9

36. Embarazo y maternidad en adolescentes como porcentaje del total de adolescentes de
12 a 19 años y 15 a 19 años
De 12 a 19 años
2003
2013
5,5%
5,0%
4,9%
4,9%
6,5%
5,3%
Área
Nacional
Urbana
Rural
De 15 a 19 años
2003
2013
8,7%
8,2%
7,5%
7,9%
11,2%
8,8%
Fuente: INEC- SIEH 2003, Encuesta de Empleo, Desempleo y subempleo 2013
Por otro lado, del total de hijos nacidos vivos en el Ecuador, el 19,4% sus madres son adolescentes
entre 15 y 19 años de edad (INEC-Anuario de Nacimientos y Defunciones 2012); situación que
ubica al Ecuador dentro de los países de la región con más altos índices de embarazo adolescente.
Esto puede deberse a múltiples causas, como la escasa información y falta de acceso oportuno a
métodos anticonceptivos. De acuerdo a información de la Estrategia Nacional Intersectorial de
Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes ENIPLA en Ecuador el promedio
de edad de la primera relación sexual para las adolescentes fluctúa entre los 14 y 16 años de edad.
Cuadro N°10
Niñas y niños nacidos vivos por años, según grupos de edad de la madre
Grupo de
edad de la
madre
< de 15
De 15 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
Edad
ignorada
Total
2009
Número
2010
%
Número
2012*
2011
%
Número
%
Número
%
1.358
42.554
62.732
49.771
33.006
16.832
5.110
567
0,6%
19,7%
29,1%
23,1%
15,3%
7,8%
2,4%
0,3%
1.505
42.930
62.117
51.212
35.070
17.629
5.088
587
0,7%
19,6%
28,3%
23,4%
16,0%
8,0%
2,3%
0,3%
1.559
44.149
64.986
53.720
37.602
18.659
5.372
550
0,7%
19,2%
28,3%
23,4%
16,4%
8,1%
2,3%
0,2%
1.630
45.607
65.134
54.475
39.483
19.556
5.593
547
0,7%
19,4%
27,7%
23,2%
16,8%
8,3%
2,4%
0,2%
3.976
1,8%
3.024
1,4%
3.183
1,4%
3.212
1,4%
215.906
100,0%
219.162
100,0%
229.780
100,0%
235.237
100,0%
Fuente: INEC-Anuario de Nacimientos 2009- 2012 * Excluye las inscripciones tardías de nacimientos
ocurridos en el año 2012
Entre los problemas urgentes en cuanto a la salud sexual y reproductiva, está el desconocimiento
e irrespeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la falta de educación sobre ellos y
la limitada cobertura que aún existe en el país para atender la salud de la población. Quienes se
ven mayormente afectadas por estos problemas son las mujeres, pero principalmente las que
están en los quintiles más bajos de pobreza, las adolescentes, las madres solteras, las que padecen
alguna discapacidad, las indígenas, afro descendientes, portadoras de VIH, trabajadoras sexuales,
mujeres lesbianas, personas transgéneros, transexuales, travestis y hombres gays.
Frente a esta realidad, el Estado ha respondido paulatinamente durante los últimos quince años,
mediante la implementación de normativas y políticas públicas en materia de salud sexual y
reproductiva.

37. Desde la normativa, existen varios proyectos de ley por los cuales se pretende garantizar el
derecho a la salud, particularmente en el caso de las mujeres que se encuentran en una doble
situación de discriminación. En cuanto a la salud reproductiva de mujeres indígenas y afrodescendientes, mediante el Proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado
en el Sistema Nacional de Salud, se plantea el reconocimiento del parto intercultural como una
opción garantizada por el Estado; al momento el CAL calificó el documento y existe el informe para
el primer debate. A su vez, se presentó un Proyecto de Ley de Protección y Asistencia a las madres
adolescentes, pendiente de calificación. Por otro lado, se presentó un proyecto de ley que busca
aumentar la protección a las familias en casos de partos múltiples y otro para el tratamiento y
control del cáncer de mama. Ambos proyectos han sido calificados por el CAL.
Adicionalmente se encuentran el Proyecto de Ley de Protección y Asistencia a Madres
Adolescentes, presentado en junio 2012, pendiente de calificación por el Consejo de
Administración Legislativa; Proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado en
el Sistema Nacional de Salud, presentado en julio 2011; Proyecto de Ley para la Protección de las
Familias con Partos Múltiples, presentado en julio 2011, calificado por el Consejo de
Administración Legislativa; y Proyecto de Ley para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el
control y la vigilancia epidemiológica del Cáncer de Mama, presentado en marzo 2012, calificado
por el CAL.
Los avances del Estado en materia de políticas públicas de salud sexual y reproductiva se aprecian
en la construcción de la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en el año
2004, la cual se concibió como una respuesta a la necesidad de reducir la tasa de fecundidad. En
este mismo tema, se han promulgado leyes como la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la
Infancia. En cuanto a la anticoncepción, el Ministerio de Salud ejecuta el programa de
Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos DAIA. De igual forma, desde el año 1998 se
regula la utilización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia –PAE la cual es de bajo costo y
eficaz. Así mismo, mediante el Art. 21 de la Ley Orgánica de Salud en el Suplemento del Registro
Oficial Nro. 423 del 22 de Diciembre del 2006 se establece la muerte por abortos como asunto de
salud pública.
Por otra parte, el avance normativo en cuanto al tema de derechos sexuales y derechos
reproductivos, se recoge en la Constitución actual. El artículo 11 numeral 2 establece el principio
jurídico de igualdad y no discriminación ante la ley de todas las personas. El artículo 66 numeral 9
menciona: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su
sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios
para que estas decisiones se den en condiciones seguras”.
De este avance normativo se desprenden las políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 20132017 PNVB, las mismas que dan la pauta para el trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública
– MSP -, el cual tiene como parte del Plan de Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, el
Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal que constituye un
conjunto de políticas y estrategias costo-efectivas, encaminadas a lograr la reducción de la
mortalidad materna en el Ecuador.
En cuanto a salud sexual y reproductiva las metas del MSP son:
 Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público al 2013

38. 



Disminuir en 35% la mortalidad materna al 2013
Disminución de tasa de fecundidad de un 7% anual
Disminución en un 25% del embarazo en adolescentes al 2013
Disminución de mortalidad materna en un 2% anual (directo)
En relación al crecimiento del embarazo en las adolescentes, el Ministerio de Salud Pública en
coordinación con los Ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social y Coordinador de lo
Social, con apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la Sociedad Civil y la ciudadanía
implementó en el año 2010 la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y
Prevención de Embarazos en Adolescentes ENIPLA. Esta estrategia constituye la primera política
pública desarrollada por el Estado para garantizar los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de mujeres y hombres ecuatorianos. De esta manera se ha posicionado el tema del
embarazo en adolescentes en el debate público y se ha logrado constituirlo en uno de los temas
prioritarios de la agenda estatal. Es prioritario también para la ENIPLA la transformación de
patrones socioculturales relacionados con la sexualidad y la planificación familiar, con el objetivo
de que los hombres se involucren y corresponsabilicen en la salud sexual y salud reproductiva.
“Habla Serio sexualidad sin misterios” la campaña oficial de la ENIPLA, es una propuesta para
abrir espacios de comunicación en las personas, la familia, la sociedad y el Estado sobre
sexualidad, con información clara, para promover el derecho de las personas a tomar decisiones
informadas sobre su sexualidad.
Estas metas y avances generados desde la política pública, dan cuenta de cómo en el nuevo
modelo de Estado se está priorizando la atención integral de la salud sexual y reproductiva. El
avance de estas políticas se pone en evidencia con la aprobación del Acuerdo Ministerial 2490 en
marzo del 2013, para regular el acceso de métodos anticonceptivos, donde se establece la entrega
gratuita de métodos anticonceptivos orales de emergencia para toda persona que lo requiera, una
vez que haya recibido la asesoría necesaria por un profesional médico. La progresividad de los
derechos sexuales y derechos reproductivos se ve plasmada en la ejecución de este tipo de
políticas de salud, que aportan al ejercicio y cumplimiento de estos derechos.
El MSP ha creado espacios específicos para brindar atención especializada a mujeres y
adolescentes, por ejemplo el área de Salud de la Adolescencia. El área mencionada ha
implementado y fortalecido servicios de atención integral y diferenciada, con énfasis en salud
sexual, salud reproductiva y prevención del embarazo no deseado (hasta julio de 2012, existen 36
servicios a nivel de país). De igual manera, se creó la Dirección Nacional de Interculturalidad,
Derecho y Participación Social de la Salud, que mantiene protocolos y tratamientos adecuados por
pertenencia étnica. En particular, en octubre de 2010, a través del Subproceso de Medicina
Intercultural, se implementó la Política de Salud Intercultural para las mujeres rurales, lo cual
representa un avance que da respuesta a la recomendación del Comité de velar para que las
mujeres indígenas y de ascendencia africana tengan pleno acceso a los servicios de salud.
Todas las estrategias y acciones para el mejoramiento de la salud materna provienen del PNBV y
del Plan de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal, que integra operativamente
los componentes normativos materno neonatal, la Guía del Parto Culturalmente Adecuado, la
Norma y Protocolo de Planificación Familiar, apoyados con la implementación del sistema de
mejora continua de la calidad, mediante la medición de los estándares de calidad de la atención