Declaración de intelectuales y juristas indicando que la forma de construir un cambio urgente, profundo e incluyente en Venezuela pasa por una Asamblea Nacional Constituyente.

1. DECLARACION
POR
LA
ASAMBLEA
NACIONAL
CONSTITUYENTE
Venezuela
se
encuentra
inmersa
en
un
proyecto
totalitario
que
dejó
de
ser
amenaza
para
convertirse
en
realidad.
De
manera
acelerada
el
régimen
controla
la
vida
individual
y
colectiva,
conduce
a
la
república
a
su
ruina
moral
y
material,
destruye
el
Estado
de
Derecho,
coloca
a
las
instituciones
al
servicio
de
su
poder
ilegítimo
y
ejerce
la
represión
como
instrumento
para
detener
la
protesta
social
y
perpetuarse
en
el
gobierno,
utilizando
el
terror
y
alimentando
la
desesperanza.
En
el
empeño
de
destruir
lo
que
llaman
el
viejo
modelo,
los
protagonistas
de
este
nefasto
proceso
han
desmembrado
el
Pacto
Social
que
normó
la
convivencia
y
nos
garantizó
una
sociedad
democrática
y
pluralista,
dejando
como
resultado
el
caos
que
sufre
el
país
en
todos
sus
órdenes.
El
régimen
practica
el
despilfarro
y
el
enriquecimiento
ilícito,
y
en
tiempos
de
la
mayor
bonanza,
luego
de
ser
dispendioso
y
regalón,
transforma
al
país
en
un
pordiosero,
amarrado
a
la
deuda
pública
más
grande
de
su
historia.
A
cambio,
petróleo
y
riquezas
básicas
quedan
hipotecados
en
oscuras
transacciones.
Las
ilegales
expropiaciones
y
la
pésima
administración
de
las
empresas
estatizadas,
extinguen
la
generación
de
riqueza
estable
y
de
bienes
y
servicios,
necesarios
para
garantizar
la
calidad
de
vida
de
la
población.
Se
destruye
la
industria
nacional,
la
producción
interna
y
el
empleo,
y
nuestro
signo
monetario,
el
Bolívar
Fuerte,
es
la
moneda
más
débil
de
todo
el
continente.
Mientras
tanto
los
índices
de
corrupción,
de
inflación
y
de
escasez

2. son
los
más
altos
de
la
región
situándose
al
lado
de
los
existentes
en
los
países
más
pobres
e
inseguros
del
mundo.
Nos
convertimos
en
una
economía
de
puerto
que
atrapada
por
las
mafias
cambiarias,
exhibe
la
más
espantosa
corrupción
conocida
en
nuestra
historia
republicana.
La
inseguridad
jurídica
y
la
concepción
estatista
del
régimen
liquidan
la
inversión
extranjera
y
nos
distancian
del
progreso
y
el
desarrollo
logrados
por
otros
países
de
América
Latina.
Y
ahora,
sin
recursos
que
aportar
al
festín
populista,
se
evidencian
en
su
verdadera
dimensión
el
crecimiento
gigantesco
de
la
pobreza
y
la
miseria,
con
graves
trastornos
sociales
que
se
materializan
en
el
auge
de
la
delincuencia,
el
crimen
y
la
inseguridad.
Las
protestas
laborales,
ante
el
incumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales
por
parte
del
Estado-­‐
Patrón,
paralizan
continuamente
a
nuestras
empresas
básicas,
sin
que
el
reclamo
de
la
clase
trabajadora
sea
escuchado.
Petróleos
de
Venezuela
sufre
el
deterioro
ocasionado
por
los
negociados,
por
la
ineficiencia
y
por
la
distorsión
de
los
fines
propios
de
la
industria.
Financiera
y
gerencialmente,
PDVSA
es
una
triste
caricatura
de
lo
que
ayer
fue
la
más
fuerte
y
más
sólida
base
de
nuestra
economía.
La
explosión
de
la
refinería
de
Amuay,
con
su
trágico
saldo
de
muerte
y
destrucción,
así
como
otros
graves
accidentes,
cuyas
causas
quedan
ocultas
en
la
maraña
de
las
complicidades,
son
pruebas
de
la
salvaje
ineficiencia
de
quienes
han
tomado
por
asalto
el
manejo
de
la
industria
petrolera.
La
revolución
que
enarboló
las
banderas
del
nacionalismo
deja
morir
nuestra
histórica
reclamación
en
el
Esequibo.
Y
la
calculada
indolencia
de
la

3. Cancillería
pone
en
riesgo
el
ejercicio
de
la
soberanía
sobre
nuestro
mar
territorial,
hoy
diligentemente
reclamado
por
la
vecina
República
Cooperativa
de
Guyana.
En
nuestras
extensas
y
abandonadas
fronteras
el
gobierno
real
es
ejercido
por
las
FARC,
el
ELN
y
demás
grupos
irregulares
que
establecen
allí
paraísos
de
narcotráfico,
subversión
y
delincuencia
internacional.
Esto
lo
sufren
los
habitantes
de
esas
poblaciones
y
lo
saben
los
militares
a
quienes
se
les
impide,
por
orden
superior,
ejercer
la
protección
de
la
integridad
territorial.
Sin
duda,
la
negligencia
en
estos
temas
vitales
para
nuestra
soberanía,
forma
parte
del
tutelaje
que
la
dictadura
cubana
ejerce
sobre
la
nuestra,
en
atención
a
sus
intereses
geopolíticos
y
estratégicos.
La
violación
de
las
libertades
de
expresión
y
de
información
es
práctica
cotidiana
del
sistema
impuesto.
Durante
quince
años
hemos
derivado
hacia
la
institucionalización
de
la
autocensura
y
de
la
censura.
El
cierre
de
televisoras
y
emisoras
de
radio,
la
compra
de
medios
de
comunicación,
el
monopolio
partidista
de
televisoras
y
radioemisoras
del
Estado,
así
como
la
restricción
del
papel
periódico,
establecen
el
silencio
informativo
y
la
desinformación.
Estas
medidas
son
reforzadas
por
tribunales
que
penalizan
la
opinión
e
impiden
la
denuncia,
y
por
el
establecimiento
de
normativas
ilegales
que
agilizan
los
mecanismos
represivos
y
de
coacción.
Las
instituciones
partidistas,
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
los
gremios
estudiantiles,
obreros
y
profesionales
son
amenazados
e
impedidos
en
el
desarrollo
de
sus
actividades,
al
ser
perseguidos
y
detenidos
sus
dirigentes
y
militantes.

4. Como
consecuencia
de
la
ofensiva
represora,
más
de
cuarenta
venezolanos
murieron
en
las
jornadas
de
protesta
cívica
iniciadas
en
febrero
de
este
año.
Centenares
han
sido
heridos,
torturados
y
vejados
por
ejercer
sus
derechos,
y
miles
han
sido
apresados
o
sometidos
a
régimen
de
presentación.
Hace
apenas
unos
años,
el
compatriota
Franklin
Brito
murió,
testimoniando
con
su
protesta
la
resistencia
al
ilegal
despojo
de
sus
tierras.
Y
violentando
garantías
universalmente
consagradas,
se
niegan
medidas
humanitarias
a
prisioneros
del
régimen
enfermos
de
gravedad
e
ilegalmente
enjuiciados
y
condenados.
Hemos
vuelto
en
pleno
siglo
XXI
a
los
tiempos
de
la
cárcel,
la
tortura
y
el
exilio.
La
Asamblea
Nacional,
institución
que
de
acuerdo
con
la
Constitución
Bolivariana
debería
representar
a
la
voluntad
popular,
es
desvirtuada
de
su
legítimo
rol
y
convertida
en
cuota
de
poder
de
uno
de
los
más
intransigentes
e
iracundos
personajes
de
la
cúpula
oficialista.
Conformada
de
acuerdo
con
la
tramposa
matemática
del
CNE,
la
lista
menos
votada
en
las
elecciones
parlamentarias
pasó
a
ser
la
mayoría
que
impide,
mediante
métodos
infamantes,
el
ejercicio
legislativo
y
de
control
que
corresponde
al
parlamento.
Alcaldes
de
oposición,
electos
por
abrumadora
mayoría,
fueron
destituidos
y
condenados
a
prisión.
Los
recursos
que
corresponden
a
las
gobernaciones
y
al
poder
municipal
son
escamoteados
y
se
condicionan
de
acuerdo
a
los
intereses
y
caprichos
del
gobierno
central.
Por
encima
de
la
Constitución,
en
nuestro
país
se
ha
consagrado
un
rígido
centralismo
y
una
abusiva
concentración
del
poder
cuya
naturaleza
es
claramente
dictatorial.

5. Acosado
por
la
presión
popular
que
tomó
las
calles
y
enfrentó
la
maquinaria
represiva,
Nicolás
Maduro
simuló
unas
jornadas
de
diálogo,
utilizando
a
gobiernos
socios
con
el
fin
de
cubrir
la
apariencia
democrática
y
de
quitarles
los
efectos
políticos
a
las
manifestaciones
de
descontento
colectivo.
Las
exigencias
de
los
grupos
económicos
y
sociales,
y
de
los
dirigentes
de
oposición
fueron
desestimadas,
y
tan
sólo
días
después
de
ocurridos
los
encuentros,
el
régimen
continuó
su
política
de
persecución
y
la
implementación
de
sus
planes
totalitarios.
Frente
a
estos
hechos,
que
forman
parte
del
proceso
de
destrucción
de
la
vida
democrática,
queremos
asumir
ante
el
país
y
ante
nuestra
conciencia
la
responsabilidad
de
trabajar
por
la
recuperación
de
la
legalidad,
por
el
retorno
a
la
libertad,
por
la
reconciliación
nacional
y
el
progreso
con
justicia
social
como
derechos
comunes
de
todos
y
cada
uno
de
los
venezolanos.
La
inexistencia
del
Estado
de
Derecho,
la
violación
permanente
de
la
Constitución
y
de
las
leyes,
y
el
caos
generalizado
en
el
que
se
hunde
aceleradamente
nuestra
patria
nos
imponen
la
necesidad
de
promover
una
poderosa
corriente
de
opinión
que
canalice,
a
través
de
un
proceso
constituyente,
los
anhelos
mayoritarios
de
cambio
democrático
y
constitucional.
Nos
encontramos
a
las
puertas
de
una
gran
conmoción.
Una
salida
de
fuerza
pudiera
producirse
si
el
liderazgo
civil
no
asume
firmemente
la
conducción
de
este
difícil
momento.
En
la
crucial
hora
histórica
que
vivimos
no
hay
una
tarea
distinta,
ni
más
importante.
La
vía
constituyente
promovida
por
iniciativa
popular,
de
acuerdo
con
lo
que
establecen
los
artículos
347
y
348
de
la
Carta
Magna,
es
el
mecanismo

6. mediante
el
cual
una
vasta
movilización
ciudadana
puede
lograr
la
restructuración
del
Estado,
la
relegitimación
de
las
instituciones,
el
retorno
de
los
miles
de
venezolanos
ausentes
de
su
patria,
la
libertad
inmediata
de
los
presos
políticos
y
la
normalización
plena
de
la
vida
nacional.
Afianzados
en
esos
valores
avanzaremos
hacia
el
Estado
Federal
de
Poder
Descentralizado
que
ha
permitido
a
naciones
de
primer
mundo
alcanzar
la
más
alta
calidad
de
vida
y
los
mejores
niveles
de
desarrollo
humano.
Sólo
así
superaremos
el
modelo
centralista
y
clientelar
que
ha
sido
una
de
las
más
importantes
causas
históricas
de
nuestro
atraso
y
subdesarrollo.
La
Asamblea
Nacional
Constituyente,
producto
de
la
iniciativa
popular,
es
el
único
mecanismo
viable
en
el
marco
constitucional
para
unir
a
los
venezolanos
en
el
esfuerzo
impostergable
de
un
cambio
urgente,
profundo,
incluyente,
participativo
y
descentralizador.
La
Asamblea
Nacional
Constituyente,
así
concebida,
representa
el
verdadero
encuentro
y
el
auténtico
diálogo
nacional,
en
el
que
el
pluralismo
y
la
democracia
resurgen
desde
su
fuente
primaria:
la
voluntad
popular.
Frente
a
quienes,
con
razón,
afirman
que
los
procesos
constituyentes
venezolanos
han
sido
instrumentos
de
legitimación
de
actos
de
fuerza
o
de
construcción
de
hegemonías,
nosotros
creemos
que
hoy,
por
primera
vez
en
nuestra
historia
y
precisamente
mediante
ese
mecanismo,
la
sociedad
plural
puede
reconstruirse
por
sí
misma
y
consagrar
por
sus
propias
manos
un
verdadero
modelo
democrático
y
participativo.
Y
en
relación
con
la
propuesta
de
concentrar
todos
los
esfuerzos
en
ganar
la
elección
de
la
Asamblea
Nacional
el
próximo
año,
estimamos
que
aun
en
el
caso
de
una
contundente
victoria
en
esas
votaciones,
una
Asamblea
Nacional

7. electa
sin
alterar
y
superar
la
ilegitimidad
institucional
impuesta
por
el
régimen,
no
tendría
ni
fuerza
ni
competencias
suficientes
como
para
enderezar
el
rumbo
tormentoso
que
lleva
el
país,
y
seguramente
desde
las
trincheras
de
los
otros
poderes
públicos
secuestrados
por
el
régimen
se
burlarían
las
decisiones
de
ese
débil
y
acosado
poder
legislativo.
Igualmente
expresamos
nuestro
desacuerdo
con
aquellos
que
proponen
esperar
el
año
2016
para
intentar
un
referéndum
revocatorio
del
mandato
presidencial.
Esta
propuesta
desestima
la
gravedad
de
la
tragedia
venezolana
y
pone
de
relieve
la
insensibilidad
y
la
resignación
de
algunos
sectores
frente
a
la
destrucción
de
la
república.
Reiteramos
la
necesidad
de
sustituir
al
actual
gobierno
y
al
actual
sistema
en
el
tiempo
más
cercano
posible,
y
dentro
de
los
términos
que
de
forma
meridianamente
clara
establece
la
Constitución.
Sólo
así
podremos
impulsar
la
reconciliación
nacional,
la
recomposición
del
Estado
Democrático
y
la
construcción
de
un
país
soberano
y
digno.
CARACAS,
AGOSTO
DE
2014