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De cómo echar a una dictadura para poder continuar su política
económica
PPK : el Ministro de la Privatización
Por Raúl A. Wiener,
Exposición ante la Asamblea de Delegados de la Fentap
Hace ya un buen tiempo que llegué a la conclusión que la privatización era, ante todo, un estado
mental. No es una ironía. También hay ingeniería, economía, política y, por qué no, justicia y
policía, implicados en este tema. Pero de lo que ya existe como historia de estos procesos no
cabe duda que lo determinante es la actitud anímica de los líderes y los pueblos que se allanan a
la idea de que su destino no es forjar Estado y capacidad económica nacional, sino venderlas a
mejor postor. Conceptos como: el Estado es siempre ineficiente y corrupto, la inversión
extranjera nos dará trabajo, la clase empresarial nacional crecerá cuando el sector público se
retire de la economía; adquieren carácter de verdad solamente cuando ya no hay nada en que
creer.
La privatización y sus voceros parten de la afirmación de que el país se equivocó al elegir sus
caminos. Tal vez hubiéramos sido una nación feliz si el agua, la energía, los teléfonos, las minas, el
petróleo, hubieran permanecido siempre en manos particulares. Tal vez otro habría sido nuestro
destino si el Estado se hubiese limitado a cuidar el orden mientras las empresas nacionales y
extranjeras se encargaban de proporcionarnos las mejores opciones de trabajo. Claro que todo
esto suena un poco cándido. Pero, dicho en otras palabras, es lo mismo que dicen personas no tan
cándidas como Fujimori, Toledo, Alan García y la señorita Flores, eternos enamorados del Estado
que sin embargo le echan todas las culpas al objeto de sus amores.
Una historia, tres personajes
Ahora si queremos una interpretación un poco más seria de nuestro duro destino es bueno
considerar algunos acontecimientos ocurridos por lo menos en los últimos cien años y en los que
tomaron parte tres actores que son los mismos de los que estábamos hablando un poco más
arriba.
1. La inversión extranjera: una señora muy distinguida, con mucho más dinero que
escrúpulos, sentido de los negocios que le dicen, y que al comienzo de esta historia
aparece explotando recursos naturales: minas, petróleo, haciendas, en cerrados enclaves
exportadores considerados parte del territorio de las empresas, reacias a pagar
impuestos, mezquinas en salarios a sus trabajadores, depredadoras del ambiente y los

2. recursos, para extender poco a poco sus dominios a la banca, los servicios y comercio.
Por años fue criticada por llevarse utilidades en grandes alforjas mientras nos dejaban
un territorio cubierto de huecos vacíos, cerros pelados, ríos envenenados y gente
famélica. Nadie las defendió, por ello, cuando una parte de la inversión extranjera se
convirtió en propiedad estatal por arte de las expropiaciones. Y por algunos años se
debió especular mucho acerca de si existían nuevas formas de penetración externa
vinculada al control de marcas y tecnologías. Hubo que esperar, sin embargo, hasta los
años 90 para el regreso del capital extranjero clásico, recuperando el liderazgo de la
economía a través del proceso de privatización, ya no como el malo de la película, sino
como el salvador del país sin capitales propios.
1. La burguesía local: una dama de compañía, con mucho menos dinero que la anterior pero
idénticas aspiraciones al rápido enriquecimiento, que ingresa a la escena haciendo de
complemento, nunca de competencia, a la inversión extranjera; propietaria de las minas
pequeñas, de medianas casas comerciales y de finanzas, de algunas industrias en un país
sin industrialización, etc. Durante largos años se explicó su rol secundario por su
debilidad frente a la vigorosa presencia externa. Pero al crecer el sector empresarial
del Estado, se acomodaron a segundones de la inversión pública sin disputar hegemonías.
Durante la privatización hemos tenido finalmente no una burguesía conquistadora del
reclamado espacio propio, sino a unos resignados señores que se ajustaban muy bien a la
condición de socios menores de las transnacionales que se apropiaban de todo.
1. El Estado inversor: el malo de la historia oficial, que ya estaba presente en la economía
desde tiempos antiguos haciéndose cargo de proveer la infraestructura de transporte,
las fuentes de energía, los servicios de saneamiento, los insumos estratégicos en los que
nadie invertía, servicios sociales para la población trabajadora, todo lo cual
representaba una valiosa contribución al funcionamiento de la alianza capital extranjero-
burguesía local, sin contar por supuesto su papel de guardián del orden de los negocios y
represor de la protesta social. Esta fue la etapa del Estado bueno y servicial que
recaudaba impuestos a palos de la gente y facilitaba los negocios de los ricos. Pero este
mecanismo en un país cada vez más pobre se fue haciendo inviable. ¿Quién pagaba el
Estado constructor, educador, sanador y policía, si la población perdía ingresos y las
grandes empresas, principalmente las extranjeras, no querían contribuir?. Si se quiere
una explicación de por qué el Estado metió sus narices en la actividad empresarial ahí
tienen una respuesta. Para buscar controlar algunas de las fuentes principales de
ingresos. Esto significó una reducción del peso relativo del capital internacional que
debió compartir su hegemonía y llevó al planteamiento de una nueva alianza entre los
capitales nacionales y extranjeros y el Estado inversor. Bueno, ya se sabe que esto
tampoco fue una solución a la crisis de fondo y a las caídas cíclicas de la economía. Por
eso en la siguiente etapa pudo nacer una nueva explicación al drama de la historia
peruana. ¿Cuándo se jodió el Perú?. Cuando hubieron empresas estatales. Más o menos
veinte años de empresas estatales (incluyendo los años de gobiernos que intentaron
desestatizar sin conseguirlo), explicarían 180 de frustración republicana. Después de
una década de privatismo a ultranza la causa de nuestros males seguirían siendo las
empresas estatales. Ese es el poder de la ideología, para que lo sepan.

3. Un diálogo con el sentido común
◦ Las privatizaciones se hacen porque las empresas públicas generan pérdidas y lo
que le cuestan al Estado lo pagamos todos a través de nuestros impuestos.
◦ Pero si fuera así, nadie compraría empresas que hacen perder dinero.
◦ Es que son mal administradas.
◦ ¿Pero no pueden administrarse bien como empresas públicas?, ¿no se contratan
acaso gerentes y técnicos del sector privado para conducirlas?.
◦ Sí, pero el Estado es siempre mal administrador y tiende a la corrupción.
◦ O sea que si tu eres el Estado harías una mala y corrupta administración, pero
si eres un gestor privado la harías eficiente y honesta ¿es así, no es cierto?.
Estos son argumentos frecuentes de la privatización. Y lo repiten muchas personas de buena fe.
Pero son precisamente este tipo de ideas las que prueban que aquí se trata de una actitud hacia
las cosas. Quién no crea en las posibilidades del país para transformarse, quién haya perdido en
la fe en que podemos construir una sociedad capaz de cumplir sus objetivos y de manejar con
limpieza sus recursos, concluirá en que no queda más remedio que entregar el Perú a empresarios
extranjeros.
Y anótese la verdad histórica. Es muy fácil agitar cifras de tiempos de la hiperinflación alanista:
1988-1990 y llegar a demostrar que las empresas públicas, todas ellas, dejaron en esos años
inmensas pérdidas. Pero en ese tiempo la economía en su conjunto estaba en rojo. Todas las
empresas, privadas y públicas, perdían dinero y decenas tuvieron que cerrar sus puertas por
haber liquidado sus últimas reservas. Y con mucha mayor razón aquellas unidades que manejaban
servicios y productos de necesidad pública, en las que el gobierno metía subsidios y ordenaba
congelar precios para tratar de aminorar el impacto de la crisis, debían quedar exhaustas en
medio del despelote en que sucumbió el régimen aprista.
Pero cuando fueron vendidas o concedidas, apenas a unos dos o tres años del pico de la crisis, no
había una sola empresa que estuviese produciendo pérdida. Y a todos los compradores les
probaron documentadamente que estaban haciendo el negocio de su vida, mientras al resto de los
peruanos nos hacían creer que estábamos deshaciéndonos de los huesos.
Ingresos públicos y déficit fiscal
La década de los 80 tuvo un tema recurrente: el déficit fiscal. El Estado no lograba cubrir sus
gastos con sus ingresos y, sobre todo, no le alcanzaba para cumplir con los pagos de una
asfixiante deuda externa. El FMI propuso un diagnóstico: lo que existía en el Perú no era un yugo
financiero imposible de solventar, sino un “desequilibrio estructural” cuyo origen estaba en la
excesiva carga empresarial del Estado y en la derivación de recursos para sufragar las pérdidas.
De esto se deducía que la “reforma estructural” clave era la reducción de ese Estado, haciéndolo
menos costoso. Y, adicionalmente, permitiéndole obtener fondos nuevos por concepto de las
ventas que representarían reservas fiscales y monetarias, reduciendo la necesidad de recurrir al
endeudamiento público.

4. Está acreditado que durante la década del 90 no se giró un centavo en subsidios ni se generaron
pérdidas contra el Estado por actividad empresarial. Las unidades vendidas se han reputado
además como las de más altas ganancias del período, contrastando con la tendencia recesiva del
resto de la economía. Muchas de estas empresas lograron resultados que en muy pocos años
llenaron su caja, bastante por encima del desembolso inicial de la compra. O sea se han repagado
en tiempo récord. El negocio del siglo. Un negocio que el Estado dejó de hacer, si se mira por ese
lado, y que representa una trasferencia neta de recursos del sector público al privado gracias a
la maravilla de la privatización.
Dos casos notables a analizar son los de Telefónica y Petroperú. En el primero hubieron luces de
neón para los dos mil millones de dólares abonados por la transnacional española casi
cuadriplicando el precio de base. Se dijo que era la devolución del rescate de Atahualpa. Pero en
menos de tres años los nuevos gestores recuperaron todo su capital y empezaron a realizar
formidables ganancias. Poco a poco se fue descubriendo la letra chica de los contratos que no
sólo aseguraban condiciones monopólicas de mercado sino que incluían un escalamiento de tarifas
tan acelerado como no existe memoria en otros países del mundo. Así que el tesoro del inca volvió
a España multiplicado varias veces mientras los peruanos éramos otra vez esquilmados en nuestra
pobreza por los representantes de la madre patria. En el caso del petróleo los registros del año
1995 señalan un excedente de 356 millones de dólares por diferentes conceptos (utilidades
netas, contribuciones especiales y regalías). Todo lo que se ha vendido dentro del proceso de
fraccionamiento y canibalización de esta importante empresa: refinerías, campos, depósitos,
etc., no suma ese ingreso de un solo año. A esto habría que añadir otras mermas como las que
resultan de tener un privado como intermediario en la cobranza del impuesto de combustibles
que les permite trabajar con el dinero del fisco. En resumen es muy difícil poder aceptar que la
privatización pueda ser catalogada como una modalidad de hacer que el Estado no pierda plata.
Todo indica que es más bien lo contrario.
Ahora, mírese por un momento el balance fiscal del decenio. Ya sabemos que se dejó de gastar en
empresas y que luego se quedó casi sin empresas, que se transformaron en dinero que se retuvo
por años como reserva pública hasta que se esfumaron en maniobras corruptas. También que el
Estado subió las tasas de impuestos y la SUNAT aumentó la presión tributaria sobre la gente,
logrando mejorar la recaudación. Y adicionalmente que la política de restricción de gastos se
mantuvo inflexible durante diez años: ningún aumento a los servidores públicos, ninguna inversión
de magnitud, reducción de locales estatales y de gasto corriente, etc.
Si todo eso fue así, ¿cómo se explica que hayamos terminado la década otra vez con un grave
forado en el presupuesto y que esta sea nuevamente la determinante de las decisiones políticas y
económicas del gobierno de turno?. ¿No se había hecho una sonora “reforma estructural” a
través de las privatizaciones para que el déficit quedase conjurado definitivamente?. ¿no
estábamos curados del espanto?. ¿De qué manera entender que el endeudamiento del país en vez
de tender a bajar se haya ido en espiral hacia arriba a pesar de no corresponder al modelo de
Estado inversor?. Entre 1992 y el año 2000 ingresaron alrededor de 9 mil millones de dólares
por efecto de la privatización (pudieron ser más, pero las subvaluaciones en los precios base y en
las subastas mermaron la cifra). Pero aún así la cifra daba para el presupuesto de un año
completo o, si se quiere, hubiera podido cubrir el 10% de los gastos estatales durante diez años.

5. Asimismo representaba poco menos de la mitad de la deuda pública y casi la quinta parte del
producto interno.
En el año 2001, el ministro Kuczynski tiene como tema recurrente el déficit que es como un
fantasma que nadie sabe como apareció. Sobre todo porque ya no pueden culpar a las empresas
que quedan, que son pocas y no le cuestan un centavo al fisco. Entonces mejor no explicar nada, o
sea no pasar por el incómodo trámite de reconocer que la falla estructural del presupuesto no es
la de un Estado gastador y empresario, sino la del Estado de un país pobre en el que grandes
empresas hacen increíbles ganancias. Es decir una sociedad donde la población casi no puede
pagar impuestos y las transnacionales no quieren pagarlos. Y en la que una enorme deuda
acumulada, mayormente corrupta e invisible, se traga la cuarta parte de los recursos disponibles
cada año. Esto es lo que los Kuczynski, Silva Ruete y Boloña no quieren reformar ni a patadas. Y lo
que han querido cubrir con la demonización del Estado empresario, que ya es un rollo cada vez
con menor vigencia
Si la privatización no resuelve el déficit histórico, por lo menos puede servir para los gastos que
no tienen financiamiento y que la gente reclama a gritos. Este es el nuevo invento del polaco, que
lo ha llevado a una heroica y persistente campaña para convencer a congresistas, alcaldes, líderes
regionales y al país en su conjunto de que sus esperanzas en nuevas obras públicas dependen
exclusivamente del dinero que venga de las empresas públicas vendidas o concedidas. Es la
transformación de la privatización en virtual caja chica, echando guarda abajo toda la teoría del
“desequilibrio estructural”, y confirmando el lugar de Pedro Pablo como agente de compras del
capital internacional, encargado de reabrir el ciclo privatista sea como sea, y con las razones que
sea.
Nostalgia de una época dorada
Es notable que muerto el gobierno de Fujimori que fue el motor de la privatización de la
economía con el sustento intelectual de un implacable Carlos Boloña, estrellada la política
económica neoliberal en una insufrible recesión, desencantado el país con la promesa de que
después del ajuste vendría la felicidad del mercado, los políticos criollos hayan seguido
insistiendo en el más manido discurso: sólo la inversión extranjera salvará al Perú, y sólo la
privatización traerá la inversión de fuera.
Esto que se dijo diez años, lo repitieron en la turbulenta campaña del año 2000, cuando estaba en
juego la re-reelección de Fujimori, los candidatos que decían ser alternativos y de oposición,
empezando por el cholo Alejandro Toledo Manrique que ofrecía un segundo piso a la casa
económica edificada por el viejo Kenya Fujimori; y lo volvieron a decir en el 2001 una “realista”
Lourdes Flores, acusada por Toledo de continuista económica, un penitente Alan García empeñado
en demostrar su madurez política, y un incoherente Pachacútec que ofreció políticas según los
sectores con los que trataba pero que luego entregó la manija de la economía a los liberales
extremos.
El lugar común es por supuesto una de las marcas distintivas de la política peruana; la otra es la
falta de voluntad e imaginación de la clase política y económica para buscar caminos propios.

6. Boloña, Silva Ruete y Kuczynski han sido puestos en el rol de ministros no por lo que puedan
saber, que no tiene importancia, sino por lo que representan: una garantía de que no habrán
variaciones de política económica y que los inversores externos podrán estar tranquilos porque
sus intereses no será afectados. De allí que no haya vergüenza en ponerse bajo la huella
económica de un gobierno que es cuestionado en todas las demás cosas. Tal vez piensen que el
ajuste y la privatización ocurren en una especie de limbo, donde no cuentan los resultados para el
país sino la sonrisa de aprobación de los funcionarios internacionales y los cobradores de la
deuda.
Inversión y diversificación productiva
¿Cómo hacen los países pobres para utilizar adecuadamente sus escasos recursos y atraer
sostenida inversión de desarrollo?. Buena pregunta que en los últimos años ha obtenido una
respuesta recurrente: privatizando todo lo que exista al alcance. Si alguna vez se creyó en el
Estado desarrollista, es hora de empezar a creer en uno abstencionista, que se dedica día y
noche a construirle espacios y privilegio para el avance incontenible del capital.
¿Y por qué serían tan buenas las privatizaciones?. Sus ideólogos afirman que es por lo siguiente:
(1) Porque deben permitir que los fondos públicos logren un mejor destino y vayan a aquellas
áreas dónde se les necesita y no allí donde puede actuar el sector privado. El campo del Estado
debería corresponder, según este argumento, a la inversión social y de infraestructura.
Generado, además, un excedente por las ventas y concesiones en manos del Estado, se podría
suponer que con más dinero y mejor criterio, la inversión pública mejoraría necesariamente en
cantidad y calidad. (2) Porque deben contribuir a asegurar nuevas inversiones en las empresas
privatizadas para la ampliación y modernización de sus instalaciones, lo que debería ser una
simple consecuencia del inicio de una nueva administración, pero que por seguridad se encuentra
también especificado en contratos exigibles sobre los términos de la transferencia. Todo esto
implicaría una inyección de “dinero fresco” desde las casas de origen de las empresas, que
serviría para ayudar a mover la economía nacional. (3) Porque deben servir para fortalecer el
llamado factor confianza. Un Estado que se retira cada vez más de la economía y deja todas la
actividades en control de los privados, una preeminencia clara del capital sobre el trabajo, una
igualación de lo extranjero con lo nacional (lo que favorece obviamente a lo primero), una
ausencia deliberada de regulaciones, deberían ser suficientes para desatar una oleada de
inversiones dirigidas al Perú como nuevo paraíso del capital. Y para convertir a la privatización en
el big bang desencadenante de este cambio trascendental.
Veamos entonces el detalle del asunto:
1. La teoría de la buena inversión pública, que alude a la reorientación de fondos estatales
con destino a los sectores sociales y la infraestructura, ha chocado fuertemente con las
antiteorías de no gastar así se tenga dinero y de seguir privatizándolo todo, incluido lo
social y la infraestructura.
Los lugares comunes de, por ejemplo, un Rafael Rey sobre que el Estado no necesita tener,
pues, cines, grifos, minas o refinerías, y más bien debería estar construyendo escuelas,
hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, se caen para abajo cuando se observa que

7. paralelo a la privatización de empresas económicamente estratégicas, se frenaba la inversión
del Estado en educación, salud, vivienda, transportes, y el gasto social cambiaba de concepto
para convertirse en “tratamiento de la extrema pobreza”, “acciones focalizadas” y mini gasto
social.
Pero mientras el cine de marras que pasa películas pornográficas y que era referido
constantemente como ejemplo del absurdo del Estado empresario, sigue siendo estatal y
pasando filmes de última categoría ( y a nadie se le ocurrió convertirlo en sala cultural), el
primer aeropuerto de Lima, varios puertos, diversos proyectos carreteros, proyectos de
agua, servicios educativos y de salud pública, ya se fueron a manos de grupos privados,
muchos de ellos extranjeros. Entonces: ¿qué mejora va a haber en la inversión estatal?,
¿digamos que construir con dinero público para después traspasarlo a piratas privados?. Si
fuera cierto que se trata de ordenar los espacios de inversión de lo estatal y lo privado no
ocurriría que en el paso del tiempo sea cada vez más larga la lista de las empresas y
actividades que forman parte de lo concesionable.
Indudablemente que el congelamiento impuesto por el FMI para que los ingresos de la
privatización no fuesen empleados para inversión nueva, llevaba implícita la consigna de
forzar la aceptación del criterio de que aún en los sectores sociales y en infraestructura el
Estado debía ser reemplazado, mientras hubiesen posibilidades de negocio susceptibles de
ser cambiadas de mano. No sabían, se supone, que mientras obligaban a consignar miles de
millones de dólares en cuentas europeas de bajo nivel de interés y recomendaban tomar
nuevo endeudamiento a tasas de castigo de país de riesgo (obvia pérdida de dinero), lo que
estaban haciendo era la camita para que una gavilla de mafiosos cargara en sus narices con
los fondos que al país tanto le costó generar. Si sabían, por cierto, que habían puesto mucho
dinero en manos de un Estado que ellos mismos llamaban corrupto y al que decían que no se le
debía confiar la conducción de empresas que trabajan con capitales.
Concretamente el escenario verdadero conformado a partir del proceso de privatización fue
para el sector público, de un lado, uno de desinversión, es decir tendencia al desmontaje de la
propiedad pública existentes; y de otro uno de no inversión, es decir mayor disposición de
fondos líquidos sin uso que se diluyeron hasta llegar a una nueva etapa de angustia fiscal.
2. El segundo criterio, doy la empresa y el comprador tendrá que invertir, y por añadidura
lo comprometeré por contrato a invertir, tampoco ha funcionado como podían decir los
libros o asegurar los ministros. En este punto se debe medir la verdad de la
privatización. Si se tratase, como se dice de una apuesta de largo plazo efectivamente
se verificaría en colocaciones de dinero a la antigua, tomando la “modesta” inversión
pública original como punto de partida para construir explotaciones de última tecnología
y proyectarse para muchos años.
3.
Pero si lo que hay en juego son movimientos especulativos del dinero, que se coloca en un
lugar como en el otro en busca de ganancias rápidas antes de vender lo comprado, sin que en
el camino se creen instalaciones nuevas de importancia, no habría que esperar dinámicas
inversoras significativas. Ni siquiera porque así lo digan los contratos.

8. Lo que se ha visto en el Perú de los 90 se resume en los siguientes datos:
◦ Las empresas privatizadas han operado muy cerca de los niveles en que lo
hacían cuando eran del Estado, algunas se han mantenido vegetativas y no faltan
casos de retroceso productivo (Marcona, Sider, refinería de Pucallpa,
Petromar, etc.). No se han dado casos de inversión sustantiva de modernización
y/o ampliación.
◦ Los contratos de privatización, en la parte de compromisos de inversión, han
sido cumplidos en un promedio de 42% según cálculos recientes, en algunos
casos el desacato ha sido absoluto, pero no existen indicios de que se hayan
planteado sanciones y mucho menos que se haya puesto sobre la mesa la
posibilidad de rescindir la privatización.
◦ La inversión realizada se ha hecho principalmente con las utilidades de
operación de las propias empresas privatizadas, es decir los ganadores de las
licitaciones no han traído dinero de fuera, sino que se han servido de los
ingresos que en otro caso hubieran sido del Estado. Un caso reciente y
flagrante es el de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez de Lima que debía
hacerse según sus propugnadores por la urgencia de realizar obras para ponerlo
al día con los fuselajes y exigencias de los nuevos aviones. Obras que los
concesionarios han postergado ahora por tiempo indefinido, mientras van
haciendo caja por unos años.
◦ El razonamiento privatización crea confianza, y confianza trae de todos modos una
avalancha de inversión, no ha funcionado como podía haberse previsto. Podrá haber
habido confianza, mucha confianza en el bandido de Palacio y su asesor de inteligencia,
pero flujos de dinero, nuevas empresas, oportunidades de empleo: ¿dónde?. Decenas de
denuncios mineros importantes fueron concedidos en diez años, con un valor de producto
encerrado en el subsuelo realmente inconmensurable. Los cálculos eran una inversión
hasta 2002 de por lo menos 7,500 millones de dólares, que harían el milagro de
equilibrar la balanza comercial y permitir cumplir con la onerosa renegociación de la
deuda externa del ex ministro Camet. Pero de todo ello sólo se ha hecho realidad, con
tardanza, el proyecto Antamina en Ancash, que representa más o menos la quinta parte
de la inversión prevista.
En otros sectores: industria, agricultura, pesca, no se movió prácticamente nada. Salvo que
se considere la compra de empresas y marcas nacionales emblemáticas: Inka Kola, Donofrio,
Field, Lavaggi, etc., dentro de una lógica equivalente a la de la privatización. No se crea nueva
empresa, se traspasa lo existente al que tiene el dinero para llevárselo.
¿Diversificación?. La razón por la que la privatización no diversifica la estructura productiva
es tan obvio como decir que el proceso global de reforma neoliberal y liquidación de la
propiedad pública está inscrito dentro de una concepción del mundo globalizado en la que
cada país y economía ha sido especializado de antemano por los dueños del capital. Si el Perú
es visto como un territorio minero, un mercado liberado para movimientos financieros y una
economía de consumidores (productos importados, servicios caros), ése concepto será el que
guiará los desplazamientos del dinero. Nadie cree que aquí deban invertir en tecnología e

9. industria. Por lo menos nadie en el exterior y nadie que de los políticos y empresarios que
tienen el cerebro fuera del país.
Así que por más confianza que pueda generar Fujimori, Boloña, Silva Ruete, Dañino o
Kuczynski, lo que llegará como inversión al Perú no hará sino reforzar lo que hemos sido
históricamente, productores de productos no elaborados, economías de enclave, país
estructuralmente incapaz de producir empleo y buenos salarios para su pueblo.
Clase empresarial nacional
La sociología de la privatización imputa al Estado, las debilidades e inconsistencias de la
burguesía nativa , y su reiterada incapacidad para organizar un sistema económico viable en el
país. Esto querría decir que una privatización fuerte y con plena convicción daría una señal, e
infundiría una dosis de energía, para que los privados peruanos aumenten su participación en la
economía y construyan liderazgos de desarrollo. Uno puede ver cuánto tonifica a los líderes
gremiales de los empresarios la venta de empresas públicas. Es como una reivindicación íntima.
Sí, pues, los privados somos mejores que el estado. Pero hasta allí nomás. Porque en la
privatización verdadera los capitales peruanos no han tocado un pito. Definitivamente fuera. A lo
sumo convertidos en socios minoritarios o testas de las transnacionales. Esa es la verdad
elemental.
Los Roque Benavides, Julio Favre, Samuel Gleiser y otros, dan la impresión a primera vista de
odiar al Estado y desear tenerlo lo más lejos posible. Nada de gestión pública, nada de banca de
fomento, nada de impuestos a las utilidades. Casi anarquistas. Pero eso, otra vez, es ideología.
Porque la historia general y particular de los burgueses peruanos es mucho más matizada de lo
que aparenta. Para empezar recordemos nomás la actitud de los gremios ante distintos
gobiernos. Se verá que los empresarios siempre han sido gobiernistas; partidarios del gobierno
de turno se entiende. Eso que se pudo ver en tiempos del chino, con vicepresidentes, ministros,
parlamentarios y otros altos funcionarios reclutados de las filas de los empresarios más
notables; y que se ve ahora bajo la forma de una renovada y estrecha amistad con Toledo y su
gobierno, es historia vieja. En tiempos de Velasco abundaban los burgueses nacionalistas y
reformadores, como en los de Morales Bermúdez lo hacían los exportadores con CERTEX; con
Belaúnde, segundo gobierno, el mundo empresarial estaba de acuerdo con la apertura y la
liberalización a medias, siempre y cuando no se les quitara el crédito subsidiado; con Alan García
se hicieron heterodoxos hasta que se desmondongó el proyecto; y con Fujimori y Toledo, son
neoliberales y privatizadores. ¿De qué olvido u hostilidad estatal podrían quejarse estos
señores?.
Efectivamente aún el gobierno más estatista de la historia peruana, el de la revolución militar,
alimentó un contexto pro inversiones nacionales: seguridad de mercado (aranceles y
prohibiciones de aduana), crédito y servicios subsidiados, insumos estatales estratégicos (acero,
metalurgia, petroquímica, papel periódico, etc.). La estatizaciones de empresas que estaban en
manos de inversores extranjeros debían entenderse desde esta perspectiva como la
construcción de una aparato económico aliado del capital nativo y no como su rival. Se suponía que
la energía, el agua, los teléfonos en manos estatales abarataban costos de servicios (lo que

10. realmente ocurrió), y que la minería, petróleo, pesca en gestión pública facilitarían la
disponibilidad de divisas para orientarlas a adquirir los insumos de la industrialización.
En la década de los 80, efectivamente, había despuntado una fracción burguesa, mucho más
estrecha y hegemónica de lo que hubiera querido la reforma de Velasco, y que empezó a ser
conocida como la de los doce apóstoles, tal vez por el estilo mesiánico con que García los convocó
a su mesa presidencial. Estos se hicieron dueños de bancos, aseguradoras, industrias, minas de
tamaño intermedio, explotaciones agrarias modernas, constructoras, urbanizadoras, medios de
comunicación, etc. (Ver. Carlos Malpica, “El Poder Económico en el Perú”). Y, por cierto, en el
origen de cada una de estas fortunas: Romero, Brescia, Nicolini, Lavaggi, Bentín, Benavides,
Piazza, Graña, Rodríguez Banda, Donofrio, Lindley, Baertl, León Rupp, etc.; habían múltiples
entrecruzamientos con la intervención del Estado. Créditos y avales, subsidios directos o
indirectos, contratos de obras, normas con nombre propio, etc. ¿Por qué no ocurrió en el Perú lo
que pasó en Chile en dónde la privatización dio lugar a la consolidación de una burguesía propia
que ha expandido sus inversiones por el continente?. ¿No es acaso una evidencia de que la
imposición de la visión de fuera, más exacto: de la decisión de fuera, nos ha condenado a un
ordenamiento subordinado y a funcionar como receptores de inversiones, nunca como
generadores de ellas?.
Los poderosos apóstoles que se rebelaron a la charada de estatización de los bancos que ensayó
García, se hicieron políticamente poderosos en la coyuntura de comienzos de los 90,
precisamente por el fracaso de la intentona, no tuvieron ningún reparo en alejarse del famoso
escritor cuando fracasó como candidato, y de pegarse al chino que antes habían denigrado,
atravesaron la reforma de los 90 para quedar reducidos finalmente a acompañantes de las
transnacionales constituidas en el nuevo poder económico en el Perú. Hasta 1990 las primeras
empresas del país eran propiedad del Estado: Petroperú y otras; pero junto con ellas figuraban el
Banco de Crédito, el Banco Wiesse, la cervecería Backus, Textil La Unión, Minera Buenaventura,
etc; mientras que de las extranjeras sólo descollaba la Southern y la Occidental Petroleum. Hoy
la primera empresa es la Telefónica de España y entre los grupos grandes se anotan REPSOL-
IPF-Plus Petrol de España-Argentina (Refinería La Pampilla, Proyecto Camisea, explotaciones
selva), ENDESA de España (Edegel-Edelnor, generación de energía y distribución), NEWMONT
Estados Unidos (Yanacocha, minería del oro), PSEG Global de Estados Unidos (Electroandes,
electricidad a las minas de la región central), Banco Bilbao España (Banco Continental), Banco
Sudameris de Italia (Wiese), Banco Santander España, etc. ¿Por qué el capital nativo consintió,
aplaudió y se asoció a esta invasión extranjera?. Sin duda la carencia de una perspectiva nacional
verdadera ha abonado en una rapidísima asimilación a este proceso. El otro factor es que ahora
pueden pesar menos en la política pero ganan más en la economía. Elemental criterio rentista.
Veamos un último eslabón del alegato pro inversiones locales, que sustenta la privatización. Las
medianas y pequeña empresas nacionales proveedoras de bienes y servicios: ¿se beneficiaron
realmente de la entrada al Perú de poderosas transnacionales que deberían haberlas requerido
para apoyar sus actividades?. Bueno, que le pregunten a ellos. Pero lo que se conoce está en las
antípodas de la propaganda. La mayoría de contratistas del Estado fueron eliminados de las listas
y reemplazados por abastecedores externos, de las casas matrices o de empresas del país sede

11. de la operadora. La economía libre pues volvió a fallarnos. Y es que no es tan libre como se dice.
En todo caso, libres son los grandes que no tienen ninguna obligación de contratar con nacionales.
Íbamos a vivir un auge de las empresas particulares, un país de empresarios como prometió
Vargas Llosa, una oportunidad para todos como dijo Fujimori. Pero lo que sucedió fue una
catástrofe de empresas. Centenares de quiebras, cierres y reducciones de personal. Ventas y
fusiones de crisis. Insolvencia. Deudas y más deudas, como lápidas sobre el sector productivo.
Microempresarios estancados en la sobrevivencia. ¿Alguien puede creer que esto no tiene nada
que ver con el modelo que se aplicó en el Perú, con la apertura y desprotección de la economía,
con la privatización y el mercado sin reguladores?.
Empleo y calificación laboral
Que la globalización neoliberal practica el doble discurso y la triple moral es algo de lo que no
deberíamos tener sombra de duda. Pero aún así nuestros país está plagado de políticos que sólo
escuchan lo que quieren, o lo que pueden. Así por ejemplo se recoge al desgaire la fórmula mágica
que pretende explicar que si se quiere elevar los niveles de empleo en nuestra época sólo se
puede hacer a partir de los flujos de inversión internacional privada vinculados a los programas
de privatización; y se es sordo a lo que se dice al mismo tiempo que la racionalidad actual del
capital requiere reducir y flexibilizar empleo, ajustar hacia abajo los promedios salariales y
acrecentar la productividad del trabajo a presión.
Todos, léase bien, todos los procesos de privatización en el mundo entero han significado
recortes radicales en el personal de las empresas que pasan al sector privado y han arrastrado
consecuencias de desempleo y subempleo para el resto de la economía. Pero todavía hay
gobernantes y aspirantes a serlo lo suficientemente idiotas como para ofrecer como solución al
problema del empleo, la privatización. Algo así como medicar purgante para calmar una diarrea.
Disculpen la comparación, pero me parece pertinente.
Pero despleguemos el argumento para que veamos como la realidad ya ha respondido largamente a
asuntos que todavía se mantienen incólumes en los textos oficiales y en las promesas de
eventuales candidatos presidenciales:
1. Tesis: si alguien va a invertir en una empresa es para hacerla crecer y prosperar, en
consecuencia va a necesitar más trabajadores;
Realidad concreta: más de 100 mil puestos de trabajo perdidos en la década de los 90
dentro de las empresas privatizadas, unos echados en la fase previa de preparación de
las ventas y concesiones, y otros cuando ya había nueva administración. Algunas
empresas, como Telefónica, han venido violando sus compromisos de preservar los
puestos de trabajos existentes al momento de la privatización y han desarrollado
programas de despido sistemático, año a año, sin ser sancionados por el ministerio de
trabajo ni ninguna otra entidad del Estado.
En los casos que se produjeron ampliaciones y modernizaciones y se demandó mayor mano
de obra, se recurrió normalmente a los sistemas de empleo temporal y subcontrata a
través de los llamados services. El número de empleados y obreros estables por empresas
cayó dramáticamente en todos los casos.

12. 2. Tesis: las transnacionales, que va, son grandes empresas y no van a querer contar con
trabajadores famélicos e ignorantes; lo que vendrá con la privatización son mejores
salarios y calificación intensiva;
Realidad concreta: las empresas privatizadas han optado claramente por mantener un
esquema de trabajador precario, de bajo salario, duración corta y ninguna
especialización. No se han visto programas de preparación de núcleos significativos de
trabajadores y las estrategias de desarrollo de las empresas no consideran un
fortalecimiento en este aspecto como se hace en otros países. Al contrario los listados
de personal muestran que la parte calificada es más pequeña que antes.
3. Tesis: los puestos de primer nivel se estandarizarán en niveles internacionales; los
gerentes, funcionarios y técnicos peruanos mejorarán sus ingresos espectacularmente y
se codearán con la elite mundial de las empresas;
Realidad concreta: gerentes sin trabajo o emigrantes; ingenieros de taxistas;
supervisores reciclados a microempresarios; técnicos al frente de una combi o
atendiendo en un puesto ambulante de mercado. A absoluta mayoría del staff peruano
fue despedido de las empresas privatizadas y en sustitución a ellos se colocó a personal
enviado por las casas matrices que se han convertido efectivamente en una elite de poder
dentro de la sociedad peruana.
4. Tesis: la privatización generará un efecto arrastre, por vía del empleo en actividades
conexas y asociadas a las empresas;
Realidad concreta: estadísticamente ha crecido es verdad el trabajo conexo, pero el dato
corresponde a ex trabajadores de las mismas empresas que ahora trabajan por fuera,
con subcontratas y servicios no personales, con remuneraciones mucho más bajas, sin
derechos laborales ni sindicalización.
No se han potenciado empresas con capacidad técnica y personal de primer nivel para
realizar trabajos por acuerdo con las transnacionales de la privatización. Los services son
intermediarios comisionistas que carecen de capacidad empresarial propia y que son un
disfraz de la precarización del empleo.
Competitividad y eficiencia
La palabra mágica del Perú neoliberal, que muchos repiten sin darle un significado claro, es
competitividad. Algunos piensan que es igual a ser eficientes. Es decir el que logra lo que se
propone. Otros que es vender más que los competidores. Hay quienes se les ocurre que el
desarrollo y el progreso, son más o menos iguales a ser competitivos. Y en el colmo, hay quienes
se atreven a decir que la “lucha contra la pobreza” depende que sepamos ser parte de un mundo
dominado por la competencia
Voy a proponer un decálogo de la competitividad para que sepamos de qué estamos hablando:
1. Todo debe ser privado.
2. Lo privado es más eficiente.
3. Nunca el Estado es eficiente.
4. El capital se salva sólo, al Estado hay que salvarlo con dinero del público.
5. El Estado equivale a gobierno.
6. La privatización desmonopoliza.

13. 7. En todo caso un monopolio privado es menos malo que uno público.
8. Los consumidores siempre ganan por la competencia entre proveedores privados
9. Los precios y tarifas que se pagan son siempre un reflejo del mercado
10. Las regulaciones estatales alteran el mercado y debilitan la competitividad.
Definición de competencia: concurrencia de varios ofertantes sobre un mismo producto o
servicio frente a una demanda más o menos determinada, tratando de captar la mayor porción de
la misma a través del juego de precios, calidades y de la capacidad de convencimiento
(propaganda).
Que la competencia estimula a producir y vender, nadie puede dudarlo. Pero tampoco se puede
cerrar lo ojos a que la progresiva imposición de unos competidores sobre otros, conlleva en el
largo plazo una tendencia a la eliminación de los débiles y a la concentración del capital de los
más fuertes. La competencia puede ayudar, mientras no hay acuerdo de las partes (oligopolios),
reducir la velocidad de los precios. Pero cuando se conquista unilateral o concertadamente el
mercado por el que se está peleando se pasa a dominar el precio porque ya no hay nada que le
salga al frente. Algunos dicen que para balancear eso sirve el mercado global y la apertura
económica. Pero eso es verdad a medias, precisamente porque la tendencia es hacia monopolios
globales que funcionan al mismo tiempo sobre muchos países y en el extremo hacia el monopolio
total como es el caso de la Microsoft de Bill Gates, que está controlando mundialmente una de las
ramas más rentables y dinámicas de la economía mundial actual.
Corrijamos el decálogo con algunas evidencias:
• Lo privado ha coexistido siempre con lo público. Pretender que no haya sido así es
desconocer la complementariedad público-privado en la que han funcionado y progresado
los grupos burgueses locales. El supuesto “todo debe ser privado”, es enteramente
utópico y corresponde a la idea de una sociedad gobernada por poderes económicos
directos que lo controlan todo.
• Lo privado puede ser o no eficiente, en el sentido de producir resultados exitosos o
negativos a través de una gestión determinada. Hay empresas que crecen y arrollan. Hay
otras que fallan y quiebran. El Estado también da lugar a intervenciones buenas y
frustrantes. En Europa y otros países se cuentan demasiados casos de empresas
estatales eficientes, muco más que cualquier operador particular. Por ejemplo los
trenes, los servicios públicos y sociales. A la señora Thatcher le ocurrió que privatizó
empresas que eran orgullo de los ingleses y que se deterioraron en calidad de gestión y
servicio al pasar al sector privado. En el Perú podemos contar algunas epopeyas del
Estado emprendedor como lo fue la edificación del ferrocarril central, la construcción
de la hidroeléctrica del Cañón del Pato, los récords de producción de acero de
Siderperú, la apertura de la trocha a la selva de Petroperú y la construcción del
oleoducto, la refinería de La Pampilla construida por la Empresa Petrolera Fiscal en los
años 60, la hidroeléctrica y la línea de transmisión del Mantaro, etc.
• Eficiencia no es competencia. Son cosas distintas. La distorsión neoliberal lleva a
reducir las metas de las empresas a ganancia de corto plazo en el mercado. Pero
justamente la existencia del sector público empresarial responde a tros impulsos. Para
un privado puede ser un éxito lograr vender al mayor precio el cualquier adefesio que le

14. haya representado el menor costo. Pero de igual modo para el sector público puede ser
una meta a alcanzar desarrollar una o más líneas económicas como en el caso de la
industria médica de Cuba, la electrónica en países asiáticos, la agroindustria en Chile,
etc. También caben propósitos sociales como lograr que todas las familias tengas
servicios básicos, educación, salud, alimentación y vivienda. O ecológicos: recuperar y
proteger el medio ambiente para las nuevas generaciones. Todo esto puede hacerse
eficientemente sin que tenga que representar un éxito inmediato de mercado. Muchas
naciones han tenido que recorrer largo trecho para lograr sus objetivos, y lo han hecho
con sacrificios, transferencias y un fuerte liderazgo estatal.
• La privatización no ha nacido de la idea de corregir el capricho de los estatistas (muchas
veces apoyados por los privatistas de otras épocas), sino de la crisis global actual del
capitalismo que no es capaz de generar nuevas opciones de inversión y ha terminado
moviéndose parasitaria y especulativamente a la apropiación de lo existente.
• La privatización es el negocio más seguro que puede haber: empresas instaladas, marcas
conocidas, mercados garantizados; que adicionalmente han sido saneadas por el Estado
en tributos, deudas y otras obligaciones; racionalizadas para reducir las cargas
laborales; estabilizadas mediante contratos de largo plazo, etc. Todo esto se ofrece
enterito al que pueda poner el dinero y tenga los contactos para llevárselas. Es, como se
ve, el final del mito de las ideas e iniciativas empresariales y la consiguiente
instauración del reino de la plata manda.
• La privatización es normalmente un salvataje del capital en exceso, es decir cuando hay
plata que no se sabe donde colocarla, bien vale ponerla en una empresa que asegure
mayores utilidades. De igual modo, muchas de las estatizaciones fueron en su tiempo una
forma de salvar a los insolventes. Tómese el caso reciente de los bancos quebrados del
período de Fujimori. ¿No fueron los privados los que demandaron la estatización?, ¿no
fue un neoliberal neto como Richard Webb el encargado de representar al Estado en la
intervención al Latino que finalmente termino quebrando y quemando el aporte del
fisco?. Miremos, de otra parte, la doctrina Bush después del 11 de septiembre, y que
consiste en intervenir a fondo para salvar las líneas aéreas, el sector turismo y hasta la
industria del automóvil. ¿Y la competencia?. ¿De qué serviría en este momento?.
• La empresa estatal no puede ser confundida con una sección o un brazo de la
organización de gobierno. No es su función. La empresa municipal no es tampoco una
dependencia de la alcaldía. El sector empresarial del Estado debe situarse en la esfera
de lo permanente en el aparato público. Es lo que se espera de entidades como las
fuerzas armadas, la policía, el magisterio, el sector salud, y como ocurre en otros países,
de medios de comunicación estatales. Entidades de servicio y necesidad pública. Esto
les confiere neutralidad política y responsabilidad técnica. Y debería servirles para
abrirse a la participación de la sociedad civil, el mundo empresarial privado, los espacios
académicos y de investigación, los gremios, etc. El manejo politiquero; la ingerencia de
partidarios, familiares y allegados de la autoridad en los puestos de confianza; la
demagogia populista; son mortales para cualquier empresa, y la única manera de
contrarrestarlos es deslindando el campo entre gobierno y Estado.
• Paradójicamente muchas estatizaciones fueron hechas por la situación intolerable de
monopolio privado que venían existiendo hasta ese momento. Imagínense los casos del
petróleo, la energía eléctrica, los teléfonos, etc. El entendido fue que esto iba en bien

15. de los usuarios. Debía permitir un control de tarifas (e incluso su subsidio), y una
expansión de los servicios hacia sectores sin cobertura. La privatización actual se hace
con el discurso inverso. Supuestamente los privados están saliendo a detener los abusos
y sobrecostos, que afectarían a la sociedad civil. El caso Telefónica es el de un
monopolio que se hace privado. Véanse las consecuencias: tarifas estratósfericas,
servicios deficientes, control de nuevas tecnologías dificultando su ingreso, etc.
Después de esta historia el ingenio privatizador inventó el mecanismo de fraccionar
empresas para reducir el poder individual de las mismas. Pero este precepto está siendo
sobrepasado por las alianzas secretas entre operadores. En general vivismo bajo una
corriente de monopolización que es como decir que en pocos años tendremos una
economía de muy pocas y muy grandes empresas.
• Existe una maraña de organismos reguladores para cada un de los sectores y
subsectores privatizados que tienen que ver con el público. Pero ninguno regula nada. Las
tarifas suben 25% al año contra una inflación de menos de 5%. Los directivos de estas
entidades entienden su labor dentro de la lógica de promover la privatización y
mantener contentos a los operadores internacionales, de aquí que no se conozca una sola
pelea de los reguladores con las empresas, en relación a las quejas de los usuarios que
son cada día más fuertes. Al contrario estos directivos son voceros de las alzas
tarifarios y justificadores de las fallas de los servicios.
El agua nuestra de cada día
La noche del 3 de junio, cuando Toledo todavía dudaba de haber ganado la segunda vuelta, ya
había quien celebraba abiertamente como si la victoria fuera suya. Los canales lanzaron la noticia
que PPK se designaba ministro de economía y probable primer ministro. Al día siguiente por la
mañana Pachacútec quiso aclarar que decidiría más adelante su gabinete, pero en la tarde
informaba que efectivamente el polaco sería su ministro pero no estaba decidida la cartera.
Impertérrito el antiguo Peter Paul del colegio Markhan insistiría de inmediato: o economía o
nada.
No pasó una semana y en la sede del Banco Mundial al frente de la delegación peruana en gira por
el mundo el presidente electo hizo un anuncio que imaginó causaría una gran sorpresa: Kuczynski
sería ministro de economía. En ese mismo viaje, la escala siguiente era parís. Allí fue el otro
anuncio: Sedapal, empresa del agua de Lima, sería privatizada y había una importante firma
francesa interesada en tomar la administración. Esa empresa era la Lyonnaise des Eaux en cuyos
antecedentes está su participación en la concesión de la ciudad de Grenoble en Francia que duró
diez años después de los cuales fue expulsada al descubrirse que había tenido sobornados al
alcalde y autoridades de la ciudad y financiadas las campañas electorales sucesivas de varios
candidatos para poder manejar tarifas y servicios sin control del municipio. Es esta misma la que
lidera el consorcio de la concesión de Aguas Argentinas en el gran Buenos Aires en lo que
constituye la privatización récord del sector agua y desagüe, y la que ha colocado a la castigada
población del plata bajo implacables tarifas de servicio que son también otro récord en la
historia del mundo.

16. Ministro auto designado y confirmado ante el Banco Mundial, autoridades aún no juramentadas
que ya estaban repartiendo los bienes públicos a empresas extranjeras de reputación dudosa.
Presidente que dice una cosa en el extranjero y se desmiente cuando regresa al país declarando
que nada esta decidido y que en todo caso la población será consultada en referéndum. Este es el
comienzo del gobierno de Toledo. Y todo lo que ha seguido ha reproducido el esquema: PPK
definiendo por su cuenta, con la soberbia de quién se siente respaldado por el más fuerte; las
transnacionales y organismos internacionales tomándolo como alguien de los suyos; y el
presidente oscilando entre presiones económicas y sociales, incapaz de ejercer la autoridad que
le dio el pueblo. Y en el centro de todos los dilemas la privatización y la cuestión del agua potable.
A comienzos de los 90 la visión que había sobre Sedapal y las demás empresas del agua
distribuidas en las provincias del país, era la de ser parte del paquete de las empresas públicas,
todas ellas vendibles como si se tratara de sacos de papas y camotes en plena liquidación. El
destino de cada empresa era semejante al de los pavos de navidad, que de todas maneras serán
engullidos, en esta, o en la próxima pascua. Y poco importaba si una empresa daba luz, agua, o
laminaba acero u otros metales. Puede decirse que quizás otra hubiera sido la suerte si en la
coyuntura los privatistas hubieran contado todavía con la antigua Senapa (Servicio Nacional de
Agua Potable) con sus unidades regionales y locales, a la que de seguro hubieran cortado en
pedazos como hicieron con Electroperú y Petroperú.
Pero el cambio del régimen legal de las empresas creado al final del gobierno de Alan García: las
empresas de provincias fueron asignadas a los municipios de esa jerarquía, mientras que Sedapal
se mantenía asociada al poder central; se transformó en un rompecabezas para el gobierno. Esta
era la única propiedad empresarial significativa de los municipios y que vista en su conjunto
implicaba una problemática de orden nacional. Tratado políticamente el asunto Fujimori concluyó
que alcaldes y regidores provinciales no eran de confianza y que no valía la pena tratar de
concordar con ellos y dejarles una herramienta de poder. En 1994 se dictó por eso un nuevo
régimen para las empresas de agua, sometiéndolas a asambleas de alcaldes distritales
convertidos en una especie de accionariado difundido, que podía decidir los directorios contra la
autoridad provincial. Tal parece que fue una medida orientada y calculada a hacer ingobernables
las empresas y debilitarlas ante el poder central. A Sedapal en cambio la transformaron en
engreída de Palacio y postergaron su venta para poder liquidar los fondos de préstamos
internacionales para programas de agua en la ciudad de Lima y canalizar otros recursos del
Tesoro Público y del llamado FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda), que deben haber servido
para producir nuevos picotones dentro de la cadena de corrupción.
En plena agonía del fujimorato cuando el país ya no le reconocía autoridad alguna, el régimen de
salida tomó la extraña decisión de formar por fin la Cepri de Sedapal y retomar el debate de la
privatización del agua. No se puede menos que concluir que esta decisión estaba en suspenso de
tiempo atrás y que recibía presiones internacionales muy intensas. Sólo a partir de ello se
entiende, entonces, que Silva Ruete siguiera firme en la ruta y Toledo Kuczynski proclamaran
muy frescos que los franceses administrarían el agua de Lima. Hay una conspiración internacional
detrás de cada una de las grandes operaciones privatizadoras. Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo,
Trujillo, representan una enorme masa de consumidores listos para ser esquilmados con las

17. tarifas que definan los concesionarios. ¿Quién se pondría a hacerle ascos a una negocio de estas
proporciones?.
Ahora nos enteramos, por ejemplo, que diversas agencias de cooperación y desarrollo que han
estado actuando en el Perú atendiendo la ayuda a productores agrarios de sierra, conservación
de recursos, asistencia a la pobreza, tenían bajo la manga los expedientes de la privatización del
agua. Ya los tenemos en casa convenciendo a todo el mundo que habrán más conexiones y mejor
servicio con dirección privada. Es el caso de la GTZ del gobierno alemán. Como para sacar la
lección de que no hay ni puede haber inocencia respecto al modelo económico imperante en el
país.
El agua en el blanco, equivale a colocar la vida de las personas en el centro de la próxima etapa de
la privatización. Por paradójico que parezca es jugar con fuego, como lo prueban las rebeliones
sociales de Cochabamba (Bolivia) y Tucumán (Argentina) que hicieron historia obligando por
primera vez a rescindir las concesiones y a recuperar para el Estado y los municipios la gestión
de este vital servicio. No se puede saber si en el Perú el conflicto escalará a esos niveles. Lo que
sí se puede decir por adelantado es que el contexto de transición que vive el país corresponde a
un tiempo de definiciones. Es eso lo que se expresa en las vacilaciones de Toledo y lo que debería
convencer a todo el mundo que es ahora cuando hay que cambiar la lógica con la que han estado
manejándose las cosas. Defender las empresas de agua y demostrar que pueden ser distintas sin
entregarlas a los corsarios de la privatización es un reto que tenemos inmediatamente por
delante.
Moralidad y privatización
Tesis original (hace diez años): toda gestión pública es proclive a la corrupción, es decir no
tratándose bienes propios que se tienen a cargo temporalmente, por efecto del factor político,
existe naturalmente una propensión a aprovecharse de ellos. Los privados que administran bienes
propios y se encuentran inmersos en un mundo competitivo, están obligados a minimizar o
eliminar el mal manejo, porque se trata de su propia plata y de costos adicionales que los sacarían
del mercado. Ergo: la economía de mercado no necesita proclamar la honestidad, como no lo hace,
sino que objetivamente está interesada en que la corrupción desaparezca.
Nueva tesis (año 2001): el proceso de privatización ha sido la madre de todas corrupciones de los
años 90. Casi todas las privatizaciones que en el mundo han habido han tenido derivaciones
corruptas: Argentina, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela. Pero en el Perú el cuadro se
agravó por la circunstancia que los fondos líquidos de las ventas fueron guardados en vez de
invertirlos justamente porque no se quería, no quería el FMI, que el Estado tomará liderazgo en
la movilización de la economía. Por otra parte el trato que se hizo con empresas transnacionales,
encerraba la opinión a priori de que se estaba haciendo negocios con un Estado corrupto.
Entonces: bienes físicos cambiados por dinero, junto con disposición de los demás participantes
de aceptar algún grado “inevitable” de corrupción para lograr sus objetivos, dieron paso al
resultado que conocemos y que parece sorprendente porque nadie imaginó una degradación tan
profunda: de 9 mil millones de dólares ingresados más tasas de interés, quedaban menos de 500

18. millones al final de Fujimori; hoy no queda nada y nadie puede explicar dónde se fue tamaña
montaña de dinero.
Todo indica que el allanamiento a todas las condiciones de los inversores por parte del gobierno
de la época, era parte de una modalidad de relación en la que las autoridades empezaban
recibiendo comisiones y sobornos, y terminaban fraguando mecanismos para cargar con el dinero
del principal, que estaba allí como esperándolos. Con los recursos de privatización, fingiendo
“emergencias”, se pudo financiar el fraude la compra de armas (aviones MIG-29), se desfalcaron
los programas sociales y probablemente se tuvo recursos para tomar parte en el negociado de
papeles de la deuda. El robo de cientos de millones de dólares, tal vez miles, ocurrió a la vista de
todo el mundo, sin que nadie se diera cuenta, porque el sistema fue organizado por el FMI y el
Banco Mundial para que la opinión pública no pudiese controlarlos. Tanto proclamar las ventajas
de la privatización frente a las empresas públicas para concluir convirtiendo el patrimonio estatal
en la fortuna particular de Fujimori, Montesinos, Hermoza Ríos, Elesván Bello, Víctor Malca, y
otros saqueadores de camino.
Voy a presentar algunas perlas de la corrupción privatizadora:
1. La subvaluación de las empresas al momento de colocarlas a la venta o concesión
cotizándolas con precios de base muy por debajo de su valor real;
2. Las extraordinarias comisiones encima y debajo de la mesa recibidas por los
participantes de cada privatización ( un total de casi 2,500 millones de dólares que
circularon entre ministros y autoridades, funcionarios COPRI y Cepris, asesores
diversos, bancos de inversión, negociadores, etc.);
3. Las subastas que tenían ganadores amarrados de antemano y postores ficticios (varios
han declarado no haber concursado nunca pero se usó su nombre para aparentar
competencia); que produjeron cambios en los resultados (como fue el caso de Aeroperú
que se volvió a asignar para que ganen los mexicanos, asesorados por el jefe del gabinete
del ministerio de economía, Roberto Abusada, y que destruyeron la empresa);
licitaciones con un solo candidato (aeropuerto Jorge Chávez), etc.
4. La falsificación de información para sustentar la privatización; dualidad en los datos
utilizados: se reportaban ganancias para animar a los compradores mediante documentos
confidenciales; se declaraban pérdidas a toda voz para convencer al público de que la
venta debe darse; se saboteaba a su vez el servicio para crear malestar entre los
usuarios y acelerar el proceso;
5. Se suscribieron contratos secretos de privatización, con letra chica incluida (cláusulas
que nadie conoce), y se concedieron beneficios y privilegios que sobrepasaban la
Constitución y las leyes; se otorgó garantía del Estado para las empresas privatizadas,
en disputas tributarias, laborales y otras, contra la sociedad (como ha sido el caso de las
empresas eléctricas que no pagan impuestos y son apañadas por los ministros);
6. Los funcionarios de la privatización que se hacen cargo de las empresas para venderlas o
concederlas, cuelen pasar de una transacción a otra, o dupletear y tripletear en varias
comisiones, cobrando sueldos y pagos extraordinarios; de estos tipos hay un número
importante que proviene del sector empresarial público y que fueron estatistas de una
época y luego se hicieron privatistas a ultranza de acuerdo a las ventajas para sus
bolsillos; muchos además van teniendo como destino final las mismas empresas

19. privatizadas (como es el caso del actual ministro de energía y minas Jaime Quijandría
que de Petroperú pasó a IPF de Argentina, más tarde socio de Repsol de España ) o
hacia los bancos de inversión que conducen estos procesos, como pasó con los
vendedores directos de la empresa petrolera;
7. Finalmente está, por supuesto, la malversación, desfalco y robo directo de los fondos
ingresados por venta y concesión. Esta operación ha sido descrita como si se hubiesen
robado un elefante en las narices del FMI que cautelaba estas reservas sin que el
guardián se percatase de lo que estaba sucediendo; pero el FMI sigue dictando política
en el Perú y alabando abiertamente lo sucedido en la etapa fujimorista en términos de
estabilización y reformas estructurales. Como si la hipercorrupción hubiese sido uno de
esos efectos colaterales de las guerras de los que nos olvidamos al día siguiente.
Cuando el presidente de la CONFIEP dice que ha sido muy mal que haya habido corrupción porque
eso impide ver las “bondades” de la privatización. O cuando el ministro que ya sabemos anota que,
bueno, la privatización era correcta pero, que lástima, se tiraron la plata. Nos tratan de
convencer que aquí hubo mala suerte, que el sistema es noble pero los hombres malos. Pero esto
supondría imaginar que la otra parte, los compradores, los asesores externos, los financiadores,
los acreedores, estaban mirando para un solo lado y que jamás concertaron dentro del esquema
de la corrupción existente. Nunca les propusieron algo deshonesto y nunca aceptaron, pero igual
les dieron el premio. Pero la verdad es que estamos bastante creciditos para creernos esa.
A PPK lo han puesto de ministro el Banco Mundial, el FMI y su matriz el Banco de Boston, y lo
sostienen las empresas eléctricas, las mineras, las petroleras, la Telefónica, los postulantes a
nuevas compras y concesiones, entre ellos las empresas del agua, y todos los demás ángeles del
libre mercado, no sólo porque promete cautelar sus intereses y seguir privatizando, sino porque
es el garante de la reescritura de una historia fallida y corrupta. Es el ministro que está allí para
hacer la operación de convertir la caída heroica de una dictadura en el continuismo de la misma
política económica y el taparrabos de la peor corrupción. Si no fuese por él los peruanos ya
habríamos barrido el andamiaje neoliberal que nos dejó la dictadura. Es la responsabilidad
histórica de Alejandro Toledo haberlo puesto donde está y sostenerlo hasta las últimas
consecuencias. Allá él. Porque pagará las consecuencias.
Diciembre de 2001