La Ley de Participación Ciudadana establece los derechos de participación de los ciudadanos y colectivos en la toma de decisiones, organización y gestión pública a través de instancias como iniciativas populares, revocatoria de mandatos, organizaciones sociales, formación ciudadana y acción ciudadana basada en principios de igualdad, interculturalidad y democracia. El Estado debe promover la participación a través de consejos y asambleas nacionales, locales y sectoriales, así como audiencias públicas, cabildos y otros mecanismos de consulta